Aldair Arvizu Tapia
Expediente 64/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 64/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Aldair Arvizu Tapia
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de abril de dos mil veintitrés. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por ALDAIR ARVIZU TAPIA; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. SE ORDENA ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg.
- Principal
ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL EXPEDIENTE I-64/2023, Y CELEBRADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LAS ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, CON LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES EN LA PROPIA ACTA SE DESCRIBEN. CONSTE. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretaria, dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo I-64/2023, promovido por Aldair Arvizu Tapia, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se hace constar y certifica: Que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, fue omiso en rendir su respectivo informe justificado aun y cuando obra acuse de recibo del oficio 1098 por el que se le requirió su informe justificado, mismo que fue entregado en data veinticinco de enero de dos mil veintitrés, transcurriendo el término de quince días otorgado para tal efecto del veintiséis de enero al dieciséis de febrero, ambos de dos mil veintitrés, excluyendo de dicho término los días inhábiles correspondientes, sin que la autoridad haya cumplido con lo requerido. EL JUEZ: Con relación con la certificación de cuenta, se tiene como omiso en rendir su respectivo informe justificado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, sin que dicha omisión sea obstáculo resolver el presente asunto. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar ninguna de las partes ofreció pruebas. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL JUEZ: Se tiene por perdido el derecho de las partes de formular alegatos; y, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número I-64/2022, promovido por Aldair Arvizu Tapia, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinte de enero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno, a este juzgado federal, Aldair Arvizu Tapia, promovió demanda de amparo indirecto contra el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. La quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8°, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante proveído veintitrés de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo registrándose con el número de expediente I-64/2023; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En el mismo proveído se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos de la presente actuación, previo diferimiento; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, además de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva cuyos efectos son de imposible reparación. TERCERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que el acto reclamado consiste en: ? La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de acordar la promoción presentada por el quejoso el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual solicitó la apertura al incidente de liquidación ordenado en el laudo del expediente laboral 108/2017 de su índice. CUARTO. PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en la audiencia constitucional, se le tuvo como omisa en rendir el informe solicitado. Por tanto, se presume cierta la omisión reclamada, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 750, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 831, Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal, Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Materia Común, Novena Época, registro 1002816, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías". QUINTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede analizar si en el caso se actualiza alguna causa que torne improcedente el juicio constitucional, bien porque se advierta de oficio o la haga valer parte legítima. Es aplicable al caso la siguiente jurisprudencia que establece lo siguiente: Época: Octava Época Registro: 222780 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Mayo de 1991 Materia(s): Común Tesis: II.1o. J/5 Página: 95 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, de oficio, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo, la cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia"; El supuesto normativo trascrito establece la improcedencia del juicio en tratándose de actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, es decir, porque no se produzca afectación real y actual en su esfera jurídica. Bajo ese contexto legal, en el caso, la improcedencia del juicio sobreviene por cuanto el quejoso no aportó medio de prueba para acreditar que la omisión reclamada en el juicio laboral de origen, trasciende de manera que perjudique su esfera de derechos. Por supuesto, conforme la carga demostrativa que establece el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, corresponde a la parte quejosa acreditar los siguientes extremos: a) La existencia de un juicio en el que sea parte; b) Que se encuentre en la etapa de pruebas; y, c) Que hubiese transcurrido el plazo que tenía la autoridad laboral para emitir el acuerdo de admisión y/o desechamiento de pruebas. Lo anterior, con independencia de la presunción de certeza del acto reclamado, debido a que la falta de informe no releva al quejoso de acreditar la inconstitucionalidad del mismo, habida cuenta que la falta de desahogo de diligencias o emisión del proveído correspondiente, no constituye un acto inconstitucional en sí mismo, por lo que era necesario que la parte quejosa aportara los medios idóneos para demostrarlo. Sobre el particular, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J.50/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación, la página 304, del Tomo VI, Octubre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197499, del tenor siguiente: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo." Asimismo, la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación, la página 356, Tomo I, segunda parte-1, enero a junio de 1998, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 231468, del siguiente tenor: "INFORME JUSTIFICADO. SU OMISIÓN SOLO PRESUME LA CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO EL CONTENIDO DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la autoridad responsable no rindió su informe justificado, ello no implica que deba tenerse como cierto el contenido de la demanda de amparo sino únicamente que se presuma cierto el acto reclamado, puesto que la Ley de Amparo, en su artículo 149, sólo establece esta última presunción, pero de ninguna manera la de las manifestaciones contenidas en la demanda." En tales condiciones, no se advierte prueba de que el quejoso haya presentado la promoción ante la autoridad responsable el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, por la cual solicitó la apertura del incidente de liquidación ordenado en el laudo del expediente laboral 108/2017 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. De igual forma, el quejoso tampoco acreditó la existencia del citado juicio de origen; de ahí que no demostró que es parte en el procedimiento laboral de origen, por lo que deviene claro que no se configura afectación alguna sobre el derecho alegado por la parte quejosa. Consecuentemente, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse el juicio en términos del numeral 65, fracción V, de la propia legislación. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Décima Época, página 206 (Registro 2006144), que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo." En tales condiciones, toda vez que el acto que se reclama en esta vía no es en sí mismo violatorio de derechos humanos y derechos constitucionales, ni de disposición legal secundaria alguna; lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. En esa medida, con base en las consideraciones antes expuestas, debe precisarse que en el caso no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo 1 , esto es, no era procedente que el Juez de 1 "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Adicionalmente, en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. Distrito recabara oficiosamente las pruebas que estimara necesarias para la resolución del asunto, ya que de la lectura del aludido precepto, se advierte que tal posibilidad se circunscribe a los casos en que deben analizarse pruebas aportadas ante las autoridades responsables, con base en las cuales tales autoridades resolvieron, de modo que en el juicio de amparo el acto reclamado sea estudiado a la luz de ese acervo probatorio. Sin embargo, como ya se mencionó, en este caso, no se está en ese supuesto, toda vez que al controvertirse la omisión precisada en el considerando tercero de la presente resolución atribuida al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, sin que el peticionario de amparo haya demostrado la existencia de la promoción que refiere presentó ante la autoridad responsable el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, y ni siquiera la existencia del juicio natural; de ahí que es evidente que debe la autoridad justificar su omisión. Se cita la tesis por ser aplicable al caso, con datos de localización, rubro y texto siguiente: Registro digital: 171439 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común El Órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. En materia penal, se estará a lo dispuesto en la última parte del párrafo anterior. Además, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados." Tesis: I.15o.A.29 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 2541 Tipo: Aislada "INFORME JUSTIFICADO. LA OMISIÓN DE RENDIRLO PRODUCE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA EN CUANTO A LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, PERO NO IMPONE AL JUEZ DE DISTRITO LA OBLIGACIÓN DE RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS QUE NO OBREN EN AUTOS. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo señala que cuando no se rinda el informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado. Por otra parte, el diverso 78, párrafo tercero, de la misma legislación establece que el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos; lo que indica que tal numeral se aplica sólo cuando la responsable tenga en su poder esa prueba pero no la haya remitido y, por su estrecha vinculación con el acto reclamado, resulta necesaria para resolver sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. En ese orden de ideas, es patente que el párrafo tercero del citado artículo 78 establece una obligación para el juzgador de garantías que no se encuentra condicionada por la hipótesis prevista en el párrafo tercero del artículo 149, sino relacionada directamente con la establecida en el párrafo segundo de este último numeral, es decir, con aquella en la que la autoridad responsable acepta la existencia del acto reclamado y no remite las constancias relativas a fin de demostrar su constitucionalidad. Luego, en la hipótesis de que la autoridad responsable no rinda su informe justificado, el Juez de Distrito no está obligado a recabar oficiosamente pruebas sobre los hechos que pudieran determinar la inconstitucionalidad del acto reclamado; lo que deja a salvo su facultad para hacerlo voluntariamente, de estimarlo necesario para la resolución del asunto". Tampoco la suplencia de la queja fundaría la decisión de recabar constancias requiriendo a la autoridad responsable, pues aparte de las razones indicadas, aquella no implica colmar cargas probatorias o procesales dentro del juicio de amparo. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 7/2006, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7, tomo XXIII, febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro digital 175753, con el epígrafe y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con el proceso legislativo que culminó con la reforma al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1967, el fin inmediato de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional una ley es salvaguardar y asegurar la supremacía de la Constitución. Ahora bien, una vez integrada la jurisprudencia, si fuera el caso de suplir la queja deficiente en el juicio de amparo en términos del artículo 76 Bis, fracción I, de la ley de la materia, aquélla podrá aplicarse, pero sin soslayar las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que la suplencia de mérito opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo." Ahora bien, dado el sentido de la presente determinación no se impone a la autoridad responsable la multa que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, no obstante la presunción de certeza del acto reclamado. Por otro lado, el hecho de que este juzgado no imponga la multa dada la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe justificado no afecta de manera directa el interés jurídico del aquí peticionario de amparo, pues la sanción económica se aplicaría a favor del erario de la Federación y no en su beneficio. Se comparte en lo conducente, la tesis XX.2o.23 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Enero de 2007, página 2313, Novena Época, con registro digital 173481, que se lee: "QUEJOSO. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA SOLICITAR EN LA REVISIÓN LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE POR NO HABER RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. Si el Juez de Distrito no aplica una multa a la autoridad responsable que omitió rendir su informe justificado, la parte quejosa carece de legitimación para solicitar en el recurso de revisión la aplicación de dicha sanción, ya que tal proceder no afecta de manera directa su interés jurídico, pues la sanción económica se aplicaría a favor del erario de la Federación y no en su beneficio. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Aldair Arvizu Tapia en relación con el acto reclamado y autoridad responsable referida en el considerando tercero de la presente sentencia, por las razones y consideraciones jurídicas vertidas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, catorce de febrero de dos mil veintitrés. SE DA CUENTA CON AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que la autoridad señalada como responsable rinda su informe justificado. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número l-64/2023 en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Admítase la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en términos de lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo. FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, con apoyo en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicite. Deberá acompañar en el término señalado las constancias necesarias para apoyar su informe en copia certificada completa y legible, en términos del arábigo 260, fracción II de la ley de la materia, así como remitir archivo electrónico del acto reclamado, esto último conforme la circular 5/1995 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse ciertos los actos reclamados, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia. Se autoriza el envío del informe solicitado vía fax, al número 01 44 33 22 69 60 extensión 1152, con la precisión que de hacerlo por este medio, será innecesario se emita vía postal, excepto cuando se deban enviar constancias que sustenten el acto reclamado. Requiérase a la autoridad responsable para que informen si la parte quejosa, ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del acto reclamado, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa en los términos de los párrafos precedentes, en relación a los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, de conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. SE AUTORIZA LA CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la consulta del expediente en que se actúa vía electrónica, bajo el usuario que corresponda; por tanto, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice las gestiones necesarias; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NO HA LUGAR A EMPLAZAR A TERCERO INTERESADO Sin que haya lugar a tener como terceros interesados a persona alguna, toda vez que no encuadra en ninguno de los supuestos que refiere el artículo 5°, fracción III de la ley de la materia, toda vez que de la lectura íntegra de la demanda no se obtiene que tenga un interés contrario al de la parte quejosa; aunado a que su llamamiento a juicio sólo retardaría el procedimiento dentro del mismo, sin pasar por alto que el acto reclamado en la presente instancia constitucional es de carácter omisivo. CONSIDERACIÓN RESPECTO DE LA APLICABILIDAD DE JURISPRUDENCIA No pasa inadvertido para el suscrito juzgador la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2011580 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) Página: 1086 AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. " Criterio transcrito que de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo resulta de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional; sin embargo, de los antecedentes narrados por la parte quejosa, se obtiene indiciariamente que se estaría en presencia del caso de excepción que prevé dicha jurisprudencia, ello en atención a que la parte promovente del amparo refiere, bajo protesta de decir verdad, que en el juicio laboral de donde emana el acto reclamado la autoridad responsable ha sido omisa en administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley, toda vez que fue omiso para acordar la promoción presentada el veintiséis de octubre del año próximo pasado, mediante el cual se le solicitó diera apertura al incidente de liquidación ordenado mediante laudo; de ahí que el suscrito considera que posiblemente exista una abierta dilación del procedimiento y, por tanto, la causal de improcedencia no es notoria e indudable en este momento procesal, motivo por el cual, resulta procedente la admisión de la demanda de garantías. Lo anterior, sin prejuzgar sobre la posible actualización de la misma ni sobre las cuestiones relativas al fondo del asunto que permitan medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla el juicio laboral del que emana el acto reclamado. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión por duplicado y cuerda separada, por no haberlo solicitado la parte quejosa. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. La parte promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones en la calle ********************, de esta ciudad, de Morelia, Michoacán. AUTORIZADOS. Por otro lado, se tiene a la parte quejosa designando como autorizados, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona para tal efecto. REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en días hábiles, con lo dispuesto en el artículo 6° del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de Trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. NOTIFICACIONES A LA RESPONSABLE. Se ordena notificar a la autoridad responsable únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
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