ALDAHI ARRIAGA ROJAS y Otros.
Expediente 1199/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1199/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- ALDAHI ARRIAGA ROJAS y Otros.
Actuaciones
- Principal
Escrito de demanda promovida por ********************quien se ostenta como madre y representante legal del directo ********************. Vista la demanda de amparo en copia simple que promueve ********************quien se ostenta como madre y representante legal del directo quejoso******************** contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en funciones de Juez de Control y otra autoridad; atento a su contenido, regístrese y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado como 1199/2023. Se ordena formar expediente físico, únicamente con las constancias presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). La documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas), constará únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre siguiente, no así en el expediente impreso. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes, como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad del expediente electrónico. Vista la demanda de amparo que promueve ********************quien se ostenta como madre y representante legal del directo quejoso******************** contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en funciones de Juez de Control y otra autoridad, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que tenga un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente la Jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que exista un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En los preceptos antes trascritos está previsto el principio de instancia de parte agraviada, que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales de la parte quejosa. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3º, 6° y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma del promovente (original) o al haberlo presentado por medios electrónicos la evidencia criptográfica del sujeto autorizado para enviarla por dicho medio. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En este orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de voluntad, sino solo aquel que revela la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital (y la rúbrica de quien firma a su ruego), o como ya se dijo la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. Ahora bien, del análisis del escrito de demanda se advierte que se trata de una copia simple en la que está estampado el nombre de la promovente ********************quien refiere ser madre y representante legal del directo quejoso, pero no obra firma de la promovente (original) o signo manifiesto a favor de dicho quejoso, es decir carece de evidencia criptográfica y/o autógrafa conforme a la certificación secretarial de cuenta, pues únicamente se trata de una copia simple de su escrito, lo que si bien podría equipararse a una manifestación de su voluntad, no se observa que dicho individuo haya firmado a su ruego, siendo que, con la firma autógrafa, las partes expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente. En ese contexto, en atención a los diversos razonamientos antes esgrimidos, es inconcuso que no se le puede dar valor alguno a la demanda de cuenta, por haber sido presentada con firma facsimilar. Se precisa que las promociones que carecen de firma original, como en el caso que nos ocupa (demanda en copia simple), no son una manifestación de la voluntad del suscriptor, es decir, al ser una copia simple, la cual no tiene ningún valor probatorio, puesto que no se está avalando mediante el nombre y firma original de quien promueve, y a nadie puede responsabilizarse de su contenido, por lo que este juzgador está impedido para acordar lo que en derecho corresponda respecto de dicho libelo. En ese tenor, no se advierte la manifestación de voluntad de ********************quien refiere ser madre del directo quejoso, de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que con la firma electrónica y/o autógrafa original expresa su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Sin que se esté en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo del artículo 3° de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo sin el requisito de la firma original o Electrónica (evidencia criptográfica), toda vez que de la lectura en su integridad al escrito de demanda no se advierte que se estén ejecutando actos contra la promovente o el directo quejoso, así como que le ocasione una afectación a su persona de forma real y de inmediata, o que se trate de alguno de los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En tales condiciones, es dable concluir que ante la falta de firma autógrafa por haberse presentado el escrito de demanda en copia simple no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo en relación al directo quejoso******************** de ahí que se desecha de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6° y 108, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo. se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el inmueble que cita en su escrito inicial de demanda. Asimismo, téngase como forma especial y expedita de contacto, el correo electrónico y digito telefónico que se menciona en su escrito que se atiende, el cual servirá para entablar comunicación no procesal. Se tienen por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que cuenta con registro de su cédula profesional que la acredita como licenciado en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Respecto a ********************se tienen por autorizados en términos restringidos del artículo 24 de la propia legislación de la materia, toda vez que no tienen registrada su cedula profesional que los acredita como licenciados en Derecho, en el citado Sistema de Registro. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en un lugar visible de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Por otra parte, con fundamento en los artículos 257 y 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.
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