Alda Nubia Corrella Fierro
Expediente 89/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 89/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Alda Nubia Corrella Fierro
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio firmado por la la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en Hermosillo, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada por ese Tribunal, dentro del conflicto competencial 5/2018. Ahora, de la citada resolución se desprende que se declaró legalmente competente para conocer de la presente demanda de amparo al Juez Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, en los términos siguientes: "PRIMERO. Existe conflicto competencial. SEGUNDO. Es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo a que se alude en el resultando primero, el Juez Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. TERCERO. Remítanse los autos al Juez declarado competente para que se avoque al conocimiento del asunto."
- Principal
Mexicali, Baja California, dos de marzo de dos mil dieciocho. Agréguense a los presentes autos los oficios firmados, respectivamente, por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito y el Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, ambos con sede en Hermosillo, mediante los cuales informan, el primero de ellos, que se admitió el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo y este órgano jurisdiccional, registrándolo bajo el número 5/2018, de su índice; y el segundo de ellos, que remitió los autos del presente juicio al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito en turno, con sede en Hermosillo, a efecto de que resolviera lo conducente entre el conflicto competencial por razón de territorio suscitado. A lo que este Juzgado toma el debido conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Mexicali, Baja California, doce de febrero de dos mil dieciocho. Recepción. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, que por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, remite la Secretaria del Juzgado Decimosegundo en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, Sonora, el cual contiene trascripción del auto de siete de febrero de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio de amparo 181/2018 de su índice, promovido por Alda Nubia Corrella Fierro contra actos de la Comisión Ejecutiva del Fondo de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (FOVISSSTESON), con sede en Hermosillo, y otras autoridades, por el que el Juzgado oficiante declara carecer de legal competencia para conocer del juicio de referencia,; al que se anexan los autos originales de dicho juicio, así como cinco copias de la demanda de amparo. Demanda. Por tanto, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno que corresponda y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 89/2018-5, y acúsese el recibo correspondiente. Ahora, una vez analizada en su integridad la demanda de amparo de referencia, así como las constancias remitidas por la autoridad oficiante relativas al juicio de amparo 181/2018 de su índice estadístico; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, no se acepta la competencia planteada por el órgano jurisdiccional declinante. En efecto, debe precisarse que del contenido de dicho numeral, se desprenden tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponde, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, porque conocerá ante el que se presente la demanda; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Es decir, el legislador contempló tres hipótesis de competencia, cuya distinción radica en que las primeras dos giran en torno al lugar de ejecución y la última que ante la falta de ejecución estatuye la competencia en el lugar de la presentación de la demanda. Por tanto, para que el Juez de Distrito con sede en esta ciudad, -en este caso por cuestión de turno el que suscribe- deba conocer de la aludida demanda de amparo, los actos reclamados, deben tener ejecución material, tratar de ejecutarse, estar ejecutando o se hayan ejecutado, en donde ejerce jurisdicción territorial este órgano; de lo contrario no se actualiza la regla competencial en que funda la autoridad declinante su determinación. Ahora, el promovente de la acción constitucional hace consistir los actos reclamados en lo siguiente: " A).- Tanto de la H. Comisión Ejecutiva del FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (FOVISSSTESON), como de la C. Vocal Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva del FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE GURIDAD y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (FOVISSSTESON), reclamo lo siguiente: 1).- El Oficio número FOVI/18/98 de fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, signado por la LIC. PAMELA GARCIA MUNGUIA, en su carácter de Vocal Ejecutiva del FOVISSSTESON. Mediante este Oficio, se me negó la devolución de los saldos que, durante mi vida laboral activa, mi patrón aportó en mi favor al Fondo de la Vivienda del lSSSTESON (el FOVISSSTESON). 2).- La aplicación d la Ley número 38, (Ley del ISSSTESON), que regula la operación y funcionamiento del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. Esa aplicación quedó materializada en el Oficio número FOVI/18/98, de fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, signado por la LIC. PAMELA GARCIA MUNGUIA, en su carácter de Vocal Ejecutiva del FOVISSSTESON. B).- Del H. CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA, con domicilio en el "Palacio Legislativo" ubicado en: CALLE TEHUANTEPEC ESQUINA CON PEDRO MORENO, COLONIA LAS PALMAS, EN HERMOSILLO, SONORA, reclamo lo siguiente: 1).- La aprobación y expedición de la Ley número 38 del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (ISSSTESON), por la inconstitucionalidad de sus artículos 50-C, 50-E, 92, 111-C, fracción II,113, fracción III, y 114. 2).- La omisión legislativa de establecer el mecanismo e trabajadores bajo el régimen de seguridad social del ISSSTESON, puedan disponer de las aportaciones hechas su favor por parte de sus patrones, en materia de Fondo de Vivienda y con destino al FOVISSSTESON. C),- De la C. GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA, con domicilio en el "Palacio de Gobierno" ubicado en: CALLE DO OR PALIZA #26, ESQUINA CON COMONFORT, COLONIA CENTENARIO, EN HERMOSILLO, SONORA, reclamo lo siguiente: 1).- La promulgación y publicación de los artículos 50-C, 50-E, 92, 111-C, fracción II, 113, fracción 111,y 114 de la Ley número 38 del ISSSTESON, que hoy vengo tildando de inconstitucionales." Como se observa, por su naturaleza, dichos actos constituyen una negativa simple (negativa de devolución de saldos aportados al Fondo de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, contenida en el oficio FOVI/18/98, y una omisión legislativa, ambos carentes de ejecución material. En el caso de la omisión legislativa, se considera que no requiere justificación esa afirmación, por ser una cuestión de conocimiento general que no hay materia de ejecución. Ahora, en cuanto a la negativa simple, aquella conclusión de que carece de ejecución material, obedece a que se trata de una determinación meramente declarativa que no alteró el estado de las cosas, ni modificó el entorno o la esfera jurídica de la quejosa, es decir, con el sentido de esa respuesta quedó en una situación idéntica a la que tenía antes de la solicitud de devolución de saldos aportados por su patrón al Fondo de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, esto es, la indisponibilidad de la solicitante respecto de los recursos que pidió. Ello, a pesar de que efectivamente para fundamentar el sentido de la determinación, la responsable haya invocado los numerales que tilda de inconstitucionales la impetrante, sin embargo, esa "aplicación" o fundamentación, no constituye por sí una "ejecución material" de las normas reclamadas con motivo de la respuesta negativa, a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo, sino que en todo caso, constituye parte de la propia actividad declarativa del acto reclamado conforme a las obligaciones de las autoridades responsables (fundar y motivar), por lo que la indicada "aplicación" de los artículos combatidos, se debe ver desde una óptica integral en el contexto del acto reclamado, es decir, sin desmembrarlo tal y como fue planteado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 68/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 604, libro XI, agosto de dos mil doce, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2001260, con rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA. La negativa referida constituye un acto negativo carente de ejecución y, por tanto, la competencia para conocer del juicio de amparo promovido en su contra corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que la dictó, al actualizarse la regla competencial establecida en el tercer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, porque constituye un acto meramente declarativo. Lo anterior es así, ya que los actos negativos con efectos positivos o los de carácter estrictamente positivo producen un cambio en la realidad o modifican un estado de cosas existente, en cambio, los declarativos no alteran el estado de las cosas ni modifican el entorno o la esfera jurídica de un particular. De ahí que, cuando la autoridad se niega a acordar favorablemente la solicitud de devolución de depósitos existentes en una subcuenta de vivienda ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no se provoca cambio alguno en el estado de las cosas, pues se mantiene la indisponibilidad del solicitante respecto de los recursos que solicita y se trata de un acto declarativo que no amerita una ejecución material". [énfasis añadido] En ese orden, si los actos reclamados constituyen una negativa simple y una omisión legislativa, y por ello no conllevan una ejecución material, consecuentemente, no encuadran en el supuesto que hace valer el juzgador oficiante previsto en el primer párrafo del numeral 37 antes citado, por lo que no son aplicables al caso las jurisprudencias que cita como sustento. De ahí que, en el particular se colma la diversa hipótesis contemplada en el tercer párrafo de ese artículo, esto es, que será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, es decir, ante el juez declinante, pues el referido texto debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Conclusión a la que arribó la Primera Sala de nuestro máximo tribunal, al resolver la contradicción de tesis 389/2013, en el que sustentó lo siguiente: "Por consiguiente, es posible arribar a la conclusión de que la intención del creador de la norma quedó plasmada claramente en el precepto normativo estudiado; de ahí que con independencia de las primeras propuestas contenidas en las iniciativas de que se trata, el texto del artículo 37 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, debe aplicarse conforme a la letra contenida en el precepto, sin emplear algún método sistemático teleológico o lógico o algún otro para desentrañar su sentido y alcance, esto es, para conocer la verdadera intención de su creador. Lo anterior tiene justificación también en que al aplicarse textualmente el precepto analizado, se evita en gran medida la existencia de conflictos competenciales, lográndose de ese modo una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de acceso expedito a la administración de justicia y de audiencia, los cuales implican la posibilidad de que los justiciables puedan acudir a la tutela jurisdiccional con el mínimo de obstáculos para ser oídos en su defensa, cumpliendo siempre los requisitos constitucionales y legales de procedencia; así como la prontitud en la emisión de la determinación jurisdiccional a través de la cual se soluciona el pleito sometido a la jurisdicción de los jueces; en el entendido de que al realizarse esa interpretación de la norma legislativa, no pueden dejarse de considerar aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, el turno, grado y vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo. En suma, de conformidad con los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, previstos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al diverso 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; se concluye que el texto del artículo 37 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, debe aplicarse de manera estricta a su texto, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico para desentrañar su sentido y alcance, pues en la condiciones anotadas, la intención del legislador quedó plasmada con toda claridad en el contenido de la norma. Por tanto, en la hipótesis de impugnaciones de actos carentes de ejecución material, el juez competente para resolver el conflicto es aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no puede dejar de considerase aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto. Así, como lo determinó nuestro máximo tribunal de justicia, es competente para conocer del juicio de constitucionalidad, en los supuestos en que se reclamen actos que no requieren ejecución material -omisivos-, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se hubiese presentado la demanda, es decir, el juez de amparo que haya previsto la demanda de amparo en primer término, en el caso que nos ocupa es el Juez Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo. Sirve de apoyo lo anterior, la Jurisprudencia 17/2014 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Asimismo, sirve de apoyo, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "COMPETENCIA. DEBE DECIDIRSE EN FAVOR DEL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMAN OMISIONES. En términos del artículo 36, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de un juicio de amparo, debe decidirse en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad señalada como ordenadora, cuando se reclame una omisión y no sus consecuencias, por tratarse de un acto negativo carente de ejecución material, sin que importe el sentido del acuerdo que llegara a dictar la autoridad, el resultado del cual, frente a su omisión, constituye un acto completamente distinto que, por no existir, no puede ser materia del amparo cuyo conocimiento esté a discusión." En ese tenor es que no se acepta la competencia planteada. Se suma a lo anterior, para robustecer el sentido adoptado, que de la causa que motiva a la quejosa (devolución del total de los saldos aportados por su patrón al Fondo de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora); ya conoció un Juez de Distrito con residencia en Hermosillo, Sonora, pues así lo manifestó la impetrante en los antecedentes de la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, al precisar que ante la omisión de la autoridad responsable Comisión Ejecutiva del Fondo de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, de dar respuesta a su solicitud de devolución de esas aportaciones, interpuso demanda de amparo indirecto 1428/2017, misma que fue tramitada y resuelta por el Juzgado declinante. Manifestación que constituye una confesión expresa, a la que se confiere valor probatorio pleno de conformidad a lo que disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Sin que en ese caso evidentemente haya tenido incidencia sobre la competencia territorial, la cuestión que ahora invoca el juez declinante relativa a la ubicación del domicilio particular de la quejosa (presuntivamente en San Luis Río Colorado, Sonora), bajo el argumento de que en ese lugar recaerían las consecuencias materiales de los derechos pensionarios; ya que, se insiste, atendiendo a la naturaleza negativa del acto reclamado, dichas consecuencias naturales en el caso no existen. Pero en cualquier caso, debe dejarse establecido, que no hay constancia fehaciente en autos que demuestre que la quejosa efectivamente habita en la actualidad en San Luis Río Colorado Sonora, pues los documentos que se adjuntaron a la demanda de amparo, son copias simples carentes de valor probatorio alguno; y, en caso de que fueran los originales o copia certificada, sólo son aptos para demostrar lo que en ellos se contiene al momento de su expedición, lo que en modo alguno evidencia que actualmente habite ahí la impetrante, sólo que ese domicilio registró en ese entonces. Lo anterior, tiene relevancia para sostener la competencia del juez declinante, si se toma en consideración que en los propios antecedentes de la demanda, la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que todas las gestiones y trámites de devolución de los saldos al Fondo de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, fueron realizados en Hermosillo, Sonora, no así en San Luis Río Colorado, Sonora. Lo que tiene sustento en lo que dispone la Jurisprudencia VI.1o.C. J/26, con rubro y texto siguientes: "DOMICILIO. NO PUEDE DEMOSTRARSE SÓLO MEDIANTE UNA CREDENCIAL DE ELECTOR. Como es un hecho notorio que para efectos de obtener una credencial de elector, la entidad respectiva no exige que ante ella se acredite fehacientemente el domicilio pues basta la simple manifestación del interesado, resulta evidente que ese medio de suyo es ineficaz para comprobar esa circunstancia, toda vez que si bien es cierto que se trata de un documento público, también lo es que debe contemplarse y valorarse a la luz de lo dispuesto por el artículo 202, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria." Aunado a lo anterior, en el supuesto sin conceder, que el acto reclamado consistente en el oficio FOVI/18/98, de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, tuviera una ejecución material; en todo caso, al reclamarse también una omisión legislativa, en el presente asunto convergerían dos tipos de actos distintos que trascienden en la actualización de dos reglas de competencia, a saber: del lugar de ejecución y de presentación de la demanda. En ese contexto, aun considerándose que no fuera un acto negativo como ya quedó demostrado y, que si pudiera tener ejecución material el oficio reclamado, con base en la propia naturaleza de los actos reclamados es factible determinar -dependiendo de la regla que se aplique- que ambos juzgadores tienen competencia legal por razón de territorio para conocer del juicio constitucional, ya sea por la ejecución o por la presentación de la demanda. Ahora, si bien, ante una pluralidad de actos de distinta naturaleza, el problema jurídico en particular, no lo dilucida el dispositivo en análisis, puesto que este únicamente contempla los supuestos de competencia, empero, no establece la regla para determinarla en tratándose de un supuesto en que existen dos o más actos de esas características. Luego, ante la falta de regulación expresa para definir cuál debe avocarse a su conocimiento, se estima que la competencia se surte a favor del juez del lugar donde se presentó la demanda de amparo, con base en la aplicación analógica del último criterio del citado artículo 37 y, además, para facilitar el acceso a la justicia de la quejosa que optó por presentar su demanda de amparo en esa localidad. Sin que ello implique que quede a la voluntad de las partes la determinación de la competencia, puesto que, en el caso en particular, es el acto omisivo el que da la pauta para que el quejoso opte por la última regla de competencia ya descrita. Se invoca al efecto la Jurisprudencia 1a./J. 22/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro 2003502, consultable en la página 293 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, cuyo rubro y texto señala: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO EJECUTADO MEDIANTE EXHORTO EN UN DISTRITO DISTINTO AL EN QUE SE LLEVA EL PROCESO, Y TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL QUE CULMINÓ CON SENTENCIA EJECUTORIA DE CONDENA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ QUE PREVINO. Cuando el quejoso en el amparo indirecto señala como actos reclamados tanto el auto de exequendo ejecutado mediante exhorto en un Distrito distinto al en que se lleva el juicio ejecutivo mercantil de origen, como todo lo actuado en éste en el que ya existe sentencia ejecutoria de condena, resulta inconcuso que acorde con el artículo 36 de la Ley de Amparo, por un lado, la ejecución del citado auto constituye un dato que sirve para sostener que la competencia para conocer del juicio corresponde al juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde se ejecutó ese acto y, por otro, que las actuaciones que no requieren de ejecución material ocurridas durante la tramitación del juicio ejecutivo mercantil de origen en el que ya hay sentencia ejecutoria de condena, también sirven para sostener que la competencia para conocer del amparo corresponde al diverso juez de distrito con jurisdicción en el lugar de tramitación del juicio de origen, esto es, donde reside la autoridad que dictó las resoluciones reclamadas que no requieren ejecución material; de donde se sigue que ambos juzgadores tienen competencia legal por razón de territorio para conocer del juicio constitucional, sin embargo, ante la falta de regulación expresa para definir cuál debe avocarse a su conocimiento, se estima que la competencia se surte a favor del juez que previno, con base en la aplicación analógica del criterio contenido en el segundo párrafo del citado artículo y, además, para facilitar el acceso a la justicia del quejoso que optó por presentar su demanda de amparo en esa localidad." Asimismo, es aplicable la Tesis Aislada I.16o.A.9 K (10a.), del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, registro 2010698, consultable en la página 1223 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo II, cuyo rubro y texto señala: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALE UNA PLURALIDAD DE ACTOS RECLAMADOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRE UNO QUE DEBA TENER EJECUCIÓN MATERIAL, QUE INCLUSO YA SE EJECUTÓ, ASÍ COMO OTROS QUE NO LA REQUIERAN, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas de competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio en la materia, en razón del acto reclamado, a saber: a) si requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; b) si puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; y, c) si no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, acorde con el contenido integral, armónico y coherente del precepto citado, aunado al principio de continencia de la causa, se colige que cuando en el amparo indirecto se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que deba tener ejecución material, que incluso ya se ejecutó, por ejemplo, la orden de bloqueo de una cuenta bancaria y su materialización, así como otros que no la requieran, en principio, serán competentes para conocer del asunto, en su integridad, tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado, como aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda, respecto de los actos reclamados que no requieren ejecución material. Sin embargo, ante la falta de regulación expresa para ese tipo de supuestos, en observancia del principio pro persona, contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el diverso numeral 17 de la referida Carta Magna, se concluye que la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado, la circunstancia de que el quejoso haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto del otro, dado que el promovente optó por acudir ante él y no con el otro. Igualmente, resulta aplicable la Tesis Aislada XVIII.4o.4 K (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, Décima Época, registro 2005274, consultable en la página 2980 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, cuyo rubro y texto señala: "AMPARO INDIRECTO. EN LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS REGLAS DE COMPETENCIA RELATIVAS, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, DEBE PRIVILEGIARSE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL. El artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, establece diversas hipótesis conforme a las cuales debe distribuirse la competencia en el juicio de amparo indirecto, las cuales deben interpretarse y aplicarse de modo que se facilite el acceso a dicho juicio. Así, para aplicar alguna regla de competencia, debe ponderarse si con ello se provocaría al quejoso un perjuicio mayor con la promoción del juicio de amparo, que el que le genera el propio acto reclamado, al tener que tramitar aquél ante un juzgado federal situado fuera del lugar en donde reside. No se desconoce que, entre otras cosas, el legislador tomó en cuenta que si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecutará el acto, contará con amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio, ventajas que son apreciables, no sólo en materia de desahogo de pruebas sino, especialmente, en lo que ve al cumplimiento de los autos y resoluciones que se dicten, tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del asunto, al evitarse dilaciones que ocasionarían tener que librar exhortos o despachos para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podrá realizar el juzgado del conocimiento. Sin embargo, si por razones de agilidad procesal en el trámite del juicio de amparo, debe conocerlo el Juzgado de Distrito con sede fuera del lugar de residencia del promovente, ello no sería razón suficiente para considerarlo competente, si tal determinación resultaría más gravosa para éste, que soportar el acto reclamado, por lo que, en esas circunstancias, debe privilegiarse su derecho de acceso a la justicia constitucional." En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia para conocer de la demanda de amparo que se trata y, se considera que el juez de distrito para conocer de la demanda de amparo, lo es el que previno, esto es, el Juez Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo. En esas condiciones, devuélvase el juicio de amparo al juzgado de origen, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo que se deje en este juzgado para constancia. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno; y solicítese el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.
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