Alcides Sánchez Martínez
Expediente 924/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 924/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alcides Sánchez Martínez
- Alcides Sánchez Martínez y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido el auto dictado por este Juzgado el nueve de octubre de dos mil veintitrés, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Archivo y valoración documental. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este Órgano Jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción II (Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado, ni este juzgador así lo estima, atendiendo a la importancia del asunto; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, procédase a su destrucción; d) Dentro de los treinta días siguientes a la destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Documentos originales. Finalmente, respecto a las documentales, que obran en fojas siete y ocho, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de noventa días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente en días y horas hábiles ante este órgano jurisdiccional, a recuperar dichos documentos; apercibida que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, será destruido junto con el presente expediente, en términos del artículo 19, segundo párrafo, del citado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA POR CONDUCTO DE LA ACTUARIA PATRICIA ELENA RAMÍREZ.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese el oficio y anexo de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial número treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado y anexa diversas documentales. En ese tenor, de las constancias que integran este asunto, se colige que ****, por conducto de su apoderado legal *** y/o ****, reclamó de la citada autoridad responsable el siguiente acto: La omisión de darle prosecución al juicio laboral **** y acumulado *****, que permita a mis representados obtener una justicia completa, pronta e imparcial, es decir, una tutela judicial efectiva hasta la emisión del laudo respectivo. Ahora, de las documentales que remitió la autoridad responsable al oficio de cuenta, a las que se otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte los siguientes antecedentes: 1. En acuerdo de ocho septiembre de dos mil veintitrés, al no haber pronunciamiento por la parte aquí tercera interesada respecto de las pruebas supervinientes ofrecidas por la parte aquí quejosa, la Junta responsable desechó las pruebas ofrecidas mediante escrito de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, además, ordenó notificar la referida determinación mediante boletín. 2. En auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, al no haber formulado alegatos las partes dentro del expediente laboral **** y acumulado *****, la Junta responsable, les tuvo por perdido su respectivo derecho para formular alegatos, y ordenó notificar a las partes mediante boletín de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. 3. Por proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, se declaró cerrada la instrucción, ordenándose turnar el expediente para formular el laudo correspondiente, auto que le fue notificado a las partes por boletín de fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. En ese orden de ideas, en atención al contenido del referido informe justificado se advierte que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De tal dispositivo se deduce que el juicio de amparo carece de razón cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica. En efecto, la citada causa de improcedencia se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o son destruidos en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo cual el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; por lo que resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, con número de registro digital 193758, de epígrafe y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo anterior se colige que el acto de autoridad ha dejado de dañar la esfera jurídica de la parte agraviada, puesto que, ha quedado acreditado que ya fueron dictados y notificados los acuerdos recaídos dentro del expediente laboral *** y acumulado *****, mismo que se encuentra turnado para dictar el laudo correspondiente, mismo que fueron dictados en el proceso de la presentación de la demanda esto es, (once de septiembre de dos mil veintitrés). Ante tales circunstancias, resulta evidente que al dejar de subsistir los actos reclamados y de producir efectos, se constituye una situación jurídica que hizo finalizar la que dio origen a este amparo; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, habida cuenta que el acto reclamado cesó en sus efectos. Lo cual conlleva a sobreseer en el juicio fuera de audiencia, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, y acorde al principio de celeridad procesal consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal. Funda lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, con número de registro digital 184572, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las diez horas con veinticinco minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, ya que no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer en el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del invocado artículo 17 de la Constitución Federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
PREVIO AVISO A LA PARTE QUEJOSA.--San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese el oficio y anexo de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial número treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado y anexa diversas documentales. En ese tenor, de las constancias que integran este asunto, se colige que ****, por conducto de su apoderado legal *** y/o ****, reclamó de la citada autoridad responsable el siguiente acto: La omisión de darle prosecución al juicio laboral **** y acumulado *****, que permita a mis representados obtener una justicia completa, pronta e imparcial, es decir, una tutela judicial efectiva hasta la emisión del laudo respectivo. Ahora, de las documentales que remitió la autoridad responsable al oficio de cuenta, a las que se otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte los siguientes antecedentes: 1. En acuerdo de ocho septiembre de dos mil veintitrés, al no haber pronunciamiento por la parte aquí tercera interesada respecto de las pruebas supervinientes ofrecidas por la parte aquí quejosa, la Junta responsable desechó las pruebas ofrecidas mediante escrito de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, además, ordenó notificar la referida determinación mediante boletín. 2. En auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, al no haber formulado alegatos las partes dentro del expediente laboral **** y acumulado *****, la Junta responsable, les tuvo por perdido su respectivo derecho para formular alegatos, y ordenó notificar a las partes mediante boletín de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. 3. Por proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, se declaró cerrada la instrucción, ordenándose turnar el expediente para formular el laudo correspondiente, auto que le fue notificado a las partes por boletín de fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. En ese orden de ideas, en atención al contenido del referido informe justificado se advierte que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De tal dispositivo se deduce que el juicio de amparo carece de razón cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica. En efecto, la citada causa de improcedencia se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o son destruidos en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo cual el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; por lo que resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, con número de registro digital 193758, de epígrafe y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo anterior se colige que el acto de autoridad ha dejado de dañar la esfera jurídica de la parte agraviada, puesto que, ha quedado acreditado que ya fueron dictados y notificados los acuerdos recaídos dentro del expediente laboral *** y acumulado *****, mismo que se encuentra turnado para dictar el laudo correspondiente, mismo que fueron dictados en el proceso de la presentación de la demanda esto es, (once de septiembre de dos mil veintitrés). Ante tales circunstancias, resulta evidente que al dejar de subsistir los actos reclamados y de producir efectos, se constituye una situación jurídica que hizo finalizar la que dio origen a este amparo; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, habida cuenta que el acto reclamado cesó en sus efectos. Lo cual conlleva a sobreseer en el juicio fuera de audiencia, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, y acorde al principio de celeridad procesal consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal. Funda lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, con número de registro digital 184572, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las diez horas con veinticinco minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, ya que no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer en el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del invocado artículo 17 de la Constitución Federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ** y ***, por conducto de su apoderado legal *** y/o ***,"-personalidad que acredita con la copia autentica del auto de nueve de marzo de dos mil dieciséis, dictada dentro del expediente laboral ***, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese el expediente correspondiente, y regístrese con el número 924/2023. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por ** y ***, por conducto de su apoderado legal *** y/o ***," contra actos de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Incidente de suspensión. No ha lugar a tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado expresamente por la parte quejosa sin que se tramite de oficio, ya que lo reclamado no encuadra en los supuestos previstos en los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo. Requerimiento de informes. Pídase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, y acompañe copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia de este juicio de amparo, las cuales deberán remitirse digitalizadas y físicamente, aunado a que se exhorta a que sean remitidas mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de la fracción II del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Apercibida que de no rendir el informe, o de no acompañar las constancias relativas, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, cualquiera de las partes, deberán informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. De igual forma, requiérase a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado, de ser cierto el acto reclamado, manifieste si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente, del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señale ante qué autoridad federal se radicó y remita las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndola que de no hacerlo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 259 del mismo ordenamiento Audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS DEL VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Notificación a la autoridad. En la inteligencia, de que las notificaciones diversas al presente proveído deberán realizarse a la autoridad responsable por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que se envíen oficios para hacer del conocimiento determinaciones de mero trámite, como lo son los autos que agregan informes y difieren audiencia; a menos que, según el caso, sean trascendentales y necesaria su notificación por oficio, como si fuera de manera personal. Sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la autoridad responsable, dado que la fecha inicial señalada para la celebración de la audiencia constitucional, le será notificada en este auto inicial y, por lo tanto, de no celebrarse, estará en aptitud de consultar la nueva fecha a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este Juzgado o en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Representante común. De igual forma, de conformidad con el numeral 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a ****. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales de la parte quejosa, la que anexan a su escrito de demanda, mismas que se tienen por desahogada en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa y autorizado en términos del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a la persona que menciona, sin que obste a lo anterior el hecho de que no todos proporcionen su cédula profesional, ya que dicho precepto no lo exige tratándose del trabajador en materia laboral. Tercero interesado: Ahora, toda vez que señala al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), en términos del artículo 5°, fracción III, incisos a) Ley de Amparo, con una copia de la demanda de garantías y mediante oficio que al efecto se gire, emplácese a juicio al citado tercero interesado por conducto de quien legalmente lo represente. Exhortación a tramitar el asunto en línea. Se exhorta a las partes para que durante la tramitación de este asunto, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; para lo cual deberán proporcionar el nombre de usuario con que se encuentra registrados en el citado portal; además, del acceso al expediente electrónico, soliciten la práctica de notificaciones electrónicas con su nombre de usuario, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, a efecto de continuar con el trámite de este asunto en "Línea". Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Intervención. Dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Uso de medios electrónicos. Como lo solicitan y toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Solicitud de copias. Hágase del conocimiento de las partes que podrán comparecer y solicitar copias de las constancias que obren en el presente asunto -sujetándose al proceso de fotocopiado- en la Secretaría de este Juzgado, y sin ulterior acuerdo, serán expedidas a su costa, previa identificación, así como razón que de su entrega y recepción que se deje en autos. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración del expediente físico y electrónico. En términos del artículo 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 252, 253 y 63 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; fórmese el expediente físico y electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica Firel. 2. Únicamente formaran el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las veinticuatro horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaría de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización de los documentos y constancias en los términos de los artículos indicados. Consulta del expediente electrónico. Las partes autorizadas podrán consultar el expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para el caso de acudir físicamente a consultar el mismo, podrán hacerlo mediante el uso del equipo de cómputo que se encuentra instalado a la entrada de acceso a este juzgado, en términos del artículo 261 del Acuerdo General del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Para lo cual, se instruye al Coordinador Técnico adscrito a este juzgado, preste el auxilio necesario a las partes para ese efecto. Asimismo, se hace saber a las partes que en el área de atención al público de este juzgado, se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los secretarios adscritos, a efecto de que pueden entablar contacto y solicitar la atención correspondiente. NOTIFÍQUESE.
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