Alcibiades Calleja Mendoza
Expediente 109/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 109/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Alcibiades Calleja Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, residente en la Ciudad de México; sin embargo, no se hace mayor pronunciamiento respecto de su contenido, toda vez que en auto de veintisiete de febrero del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, por lo que deberá estarse a lo ahí resuelto. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, residente en la Ciudad de México; sin embargo, no se hace mayor pronunciamiento respecto de su contenido, toda vez que en auto de veintisiete de febrero del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, por lo que deberá estarse a lo ahí resuelto. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a tres de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, residente en la Ciudad de México, así como el alegato número ******************** presentado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal; sin embargo, no se hace mayor pronunciamiento respecto de sus contenidos, toda vez que en auto de veintisiete de febrero del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, por lo que deberá estarse a lo ahí resuelto. Con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia se tienen como sus delegados de la autoridad responsable las personas que menciona en el telegrama de cuenta. Por otra parte, respecto a la copia certificada que solicita el Agente del Ministerio Público, expídasele copia del referido auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en proveído de dieciséis de febrero del año en curso, remite copia certificada de la respuesta que dio al quejoso el diez de febrero de dos mil veintitrés. En tales circunstancias, se determina innecesario continuar con la tramitación del juicio de amparo, por las razones que se explican a continuación: Es así, porque de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, en la especie sobreviene la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Conforme al citado texto legal, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó vestigio en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es ilustrativa la jurisprudencia número 2ª./J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 193758, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar correctamente el acto reclamado, en atención a la integridad de la demanda de amparo y sus anexos, en congruencia con todos sus elementos, incluso con el informe justificado y la totalidad de las constancias que obran en el sumario. Lo anterior, encuentra fundamento por identidad de razón, en la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Tomo XI, abril de 2000, página 32, registro 192097, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." De igual forma, es aplicable la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, registro 181810, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, de la lectura integra al escrito de demanda y del análisis de los elementos a que hacen referencia las tesis invocadas, en atención además a la causa de pedir, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de dar contestación a lo solicitado mediante escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veintidós. En ese contexto, de las constancias enviadas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que por oficio de fecha diez de febrero del año en curso, dio respuesta al folio de gestión número 2401 de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en la que le hizo de su conocimiento la imposibilidad para poder llevar a cabo lo ordenador en la resolución emitida por el Tribunal Unitario Agrario, en el expediente número ********************, misma que se encuentra a disposición del titular en el área de atención al público de dicha dependencia. Por tanto, queda acreditado que la autoridad responsable emitió el acto cuya omisión se reclamó, puesto que la pretensión final de la peticionaria del amparo, fue que dicha responsable se pronunciara sobre el escrito presentado en la data indicada, lo que ya aconteció, por lo que es claro que cesaron los efectos de la omisión reclamada, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya citado. Por ende, en tal evento se surte la causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia a que se hizo referencia; por tanto, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo con apoyo en lo dispuesto por el diverso numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con el trámite del juicio constitucional y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de catorce de febrero de dos mil tres, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, con registro digital 184572, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las ONCE HORAS DEL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS; comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales conducentes; y hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno. Cabe precisar que no es obstáculo para tomar la determinación que antecede, el hecho de que no se dejen transcurrir los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del informe y las constancias que remitió la autoridad responsable oficiante, puesto que la vista es para que éstas se encuentren en aptitud de conocer las razones que tuvo la autoridad para emitir el acto reclamado y en su caso, desvirtuar tanto el contenido del informe como las razones aludidas; sin embargo, al ser indudable y manifiesta la causal invocada, ningún sentido tiene dejar transcurrir dicho término. Sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa a efecto de que manifieste si es su deseo ampliar la demanda de garantías, en contra de la respuesta que recayó a la petición, ya que en todo caso, ello sería reclamable en la vía laboral correspondiente. Tiene aplicación por identidad de razón la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), de la Segunda Sala, del Alto Tribunal, con registro digital 2011948, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 898, que establece: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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