Albor Vázquez Ventura

Expediente 1133/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1133/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
15/12/2023

Partes del expediente

  • Albor Vázquez Ventura

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Alfredo Odilón Flores Alcántara quien se ostenta como mandatario judicial de Albor Vázquez Ventura, su sucesión; por medio del cual promueve demanda de amparo directo en contra del auto de veintidós de noviembre del año en curso, que desechó su demanda. En atención a lo anterior, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en turno, el escrito de cuenta para la substanciación del mismo. Por otra parte, se hace constar que al desecharse la demanda de amparo, no se reconoció a persona alguna el carácter de tercero interesado, ni de autoridad responsable, por lo tanto no ha lugar a correr traslado a parte alguna con el escrito de cuenta. Finalmente, se hace del conocimiento a la superioridad que conozca del escrito de demanda, que mediante auto de siete de diciembre de dos mil veintitrés, se declaró que quedó firme el auto que desechó la demanda de amparo, al no haberse interpuesto dentro del término correspondiente el recurso de queja, establecido en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de la Materia. Por otra parte, se comunica y se hace del conocimiento de la superioridad que corresponda conocer del escrito de cuenta, que en este acto se ordena hacer disponible el expediente electrónico para su respectiva consulta. Notifíquese; por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno. MESA II

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos de los que se desprende que ha transcurrido el plazo para recurrir el proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, sin que se hubiese hecho con fundamento en los artículos 97 fracción I inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, y el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE HA QUEDADO FIRME EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Alfredo Odilón Flores Alcántara, quien se ostenta como mandatario judicial de la sucesión a bienes de. En las relatadas condiciones, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al quince de diciembre de dos mil veintitrés. Asimismo, de conformidad con los artículos 6, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional procede hacer la valoración del archivo judicial. Notifíquese y por oficio al Juez Quinto Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. MESA II

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente. MESA II

  4. Principal

    CITATORIO: México, Ciudad de México, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el escrito de desahogo de prevención de cuenta signado por Alfredo Odilón Flores Alcántara, quien se ostenta como mandatario judicial de la sucesión a bienes de Albor Vázquez Ventura, por medio del cual en cumplimiento a lo ordenado en auto de trece de octubre de dos mil veintitrés, desahoga la prevención formulada por este órgano jurisdiccional; en tal virtud, se tiene por desahogada la citada y toda vez que no hay desahogo pendiente de resolver, se provee en los términos siguientes: FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de garantías, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. ACTO RECLAMADO Así las cosas, el solicitante del amparo señala medularmente como actos reclamados los siguientes: Auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio intestamentario expediente 382/2023 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Sentencia de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el toca 1498/2023 del índice de la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad México. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO De la demanda de amparo, desahogo de prevención e informe del Juez, se advierten como antecedentes del acto reclamado, los siguientes: El acto reclamado deriva del juicio intestamentario a bienes de Ventura Albor Vázquez, radicado ante el Juez Quinto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, expediente 382/2023. Por auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés, no se admitió a trámite el recurso de apelación intentado por Alfredo Odilón Flores Alcántara, en su carácter de mandatario judicial de María Eugenia Garnica Vigil, Raymundo, Antonio, José Juan y Laura de apellidos Albor Garnica; en contra del auto de trece de julio de dos mil veintitrés, a través del cual se tuvo por sabedores del juicio sucesorio, sin que se haya resuelto cuestión alguna sobre el reconocimiento de derechos hereditarios. Inconforme con dicha determinación, el hoy promovente interpuso recurso de queja, así admitido y tramitado este por la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, bajo el toca de apelación 1498/2023, el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se dictó resolución por la que confirmo el auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA Atento a lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 107 fracción V, interpretada a contrario sensu, y 171 ambos del mismo ordenamiento. En efecto, el citado precepto dispone que el juicio de amparo es improcedente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El artículo 107 de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo procede contra los siguientes actos: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Finalmente el artículo 171 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 171.- Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo." Atento a lo antes transcrito, resulta pertinente precisar que los actos dictados dentro de juicio que admiten su impugnación en vía indirecta, son únicamente aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, atento a lo dispuesto por la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. En la especie, el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación para efectos del juicio de amparo, porque de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Federal, los actos intraprocesales tienen una ejecución de imposible reparación, sólo cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado o de las personas, que tutela la Constitución, tales como la integridad personal, la propiedad, la libertad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quienes las sufren obtengan una sentencia favorable a sus intereses. En cambio, las violaciones a los derechos intraprocesales, no tienen el carácter de actos de ejecución irreparable, ya que no lesionan por sí los derechos sustantivos del gobernado, puesto que únicamente originan la posibilidad de que tales violaciones puedan trascender al resultado del fallo y ocasionar que éste resulte adverso a los intereses del agraviado. Por tanto, son violaciones procesales cuando con los actos se conculcan los denominados derechos adjetivos o procesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, ya que estos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal - emplazamiento del demandado-, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del juicio o en la ejecución en el trámite de ésta, con el objeto de lograr un fallo favorable; por lo que, en los casos en los que la parte agraviada logra el objetivo principal, tales efectos y consecuencias perecen sin ocasionar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado. Dentro de este último supuesto se encuentra el acto reclamado consistente en la resolución de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, dictada por la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el toca 1498/2023, la cual confirmó el auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Quinto de lo Familiar de dicho Tribunal, ya que únicamente tiene efectos de carácter intraprocesal, que pueden o no trascender al resultado de la primera sección del juicio sucesorio de origen, en virtud de que no le irrogan un agravio inmediato y directo. En ese sentido, resulta improcedente la demanda de amparo indirecto para reclamar la resolución de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, ya que la misma no constituye un acto de imposible reparación, puesto que no producen de manera directa e inmediata afectación alguna a cualquiera de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la Constitución Federal mediante las garantías individuales, sino que solamente genera efectos formales o intraprocesales, los cuales podrán ser reclamados al momento de impugnarse la resolución que decida la primera sección del juicio de origen, ya que se trata de una actuación intraprocesal en la propia tramitación de dicho juicio que se encuentra en la sección primera. Lo anterior apoyado en la tesis VII.2o.T.1 CS (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página 1676 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Décima Época, con registro digital: 2011299, del tenor literal siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN DENTRO DEL JUICIO. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, AL DEFINIR QUÉ SE ENTIENDE POR ELLOS, NO ES INCONSTITUCIONAL. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al señalar que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no viola el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en éste se establece una hipótesis de procedencia del amparo indirecto, como lo es el que se promueva contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, sin precisar propiamente qué debe entenderse por "imposible reparación", en tanto que, precisamente, es en el primero de estos numerales en donde el legislador ordinario, en su afán reglamentario, define cuáles son esos actos de imposible reparación, y señala que son aquellos que afecten materialmente "derechos sustantivos" tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, no existe una antinomia entre lo preceptuado por dichos preceptos, esto es, que sus consecuencias jurídicas sean incompatibles entre sí a cierto supuesto fáctico, impidiendo su aplicación simultánea; pues el contenido de la ley reglamentaria, al dejar puntualizado cuáles son esos actos de imposible reparación acaecidos durante un procedimiento jurisdiccional, más que contravenir lo establecido por la Constitución complementa el fin esencial de reglamentar la procedencia del propio amparo. Incluso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", determinó que, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, da precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los "actos de imposible reparación", y que con esta aclaración, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para promover el amparo indirecto contra actos dentro de juicio, al establecer la fórmula legal de que esos actos deben calificarse como irreparables. Por tanto, la Ley de Amparo no es contraria a la Constitución Federal en el aspecto destacado, ya que la complementa, al dejar precisado cuáles son los actos de "imposible reparación" acaecidos durante un procedimiento jurisdiccional." También resulta aplicable en lo conducente la tesis consultable en la página 201, del Tomo XIMarzo, del Semanario Judicial de la Federación, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, que es del tenor siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACION. PROCEDIMIENTO JUDICIAL. Los actos irreparables revisten la característica de que la afectación que produzcan dentro del procedimiento judicial trascienda a los derechos fundamentales tutelados por las garantías individuales del quejoso y no que solamente tengan una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo. Luego, no basta que un determinado proveído y la posible violación que en él se cometa en juicio ya no sean materia de la sentencia que en dicho procedimiento se dicte, sino que es necesario, además, que tal cuestión afecte inmediata y directamente los derechos fundamentales protegidos por las garantías individuales que la ley suprema tutela en favor del quejoso, para que sea susceptible de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto; por tanto, mientras los actos dictados en el procedimiento judicial no produzcan una afectación tal, sino que sólo entrañen una nueva posibilidad de hacerlo al resolverse la controversia (en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado) se estará en presencia de una afectación a derechos adjetivos, que sólo producen por regla general, efectos de carácter formal o intraprocesal". Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona respecto del acto reclamado, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, promovida por Alfredo Odilón Flores Alcántara, quien se ostenta como mandatario judicial de la sucesión a bienes de Albor Vázquez Ventura. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la peticionaria de amparo promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos del impetrante de amparo o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses del solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la Ley de Amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este Juzgado federal. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Notifíquese personalmente a la parte promovente. NOTIFÍQUESE EL PRESENTE PROVEÍDO AL QUEJOSO POR LISTA

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