Albino May Sanchez
Expediente 1216/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1216/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Tribunal de Conciliacion Y Arbitraje Dle Estado de Tabasco
- Albino May Sanchez
Actuaciones
- Principal
MESA III. ha causado estado la sentencia de sobreseimiento dictada en autos, tomando en cuenta que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra ésta. 1.- DESTRUIR el expediente, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2.- TRANSFERIR el expediente, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
MESA III.-ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por los quejosos, contra el acto precisado reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, Presidente y Actuario de su adscripción, por los motivos expuestos en el último considerativo de la presente sentencia.
- Principal
MESA III. Se agrega a los autos, el alegato ministerial signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para los efectos precisados en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en relación con la solicitud de expedición de copias de la sentencia que se dicte en el presente juicio; dígasele que en términos del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su 2° numeral, que dispone que las partes pueden pedir, en todo tiempo, a su costa, copia de cualquier constancia o documento que obre en autos; interpretado a contrario sensu, no ha lugar a acordar de conformidad su petición, puesto que la actuación solicitada aún no obra en autos, por lo que una vez que dicha resolución obre en actuaciones podrá formular su petición.
- Principal
MESA III.- Vista la demanda de amparo promovida por **, por su propio derecho, y atendiendo a que los impetrantes de amparo señalan como autoridades responsables a: 1. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. 2. Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. 3. Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. 4. Secretario General del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Por lo que, es pertinente determinar, que en relación a la autoridad que señala como responsable de los actos que combate en esta vía, y que recae en el Secretario General del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, no ha lugar admitir la demanda, teniendo en consideración que entre las obligaciones de éste se encuentra únicamente la de llevar el procedimiento en cada una de las audiencias durante la tramitación de los juicios laborales; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el titular y demás funcionarios que integran el Tribunal de Conciliación y Arbitraje; consecuentemente, en forma autónoma no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías. Es aplicable al caso, la jurisprudencia visible en la página 463 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo V, Enero-Junio 1990, Tribunales Colegiados de Circuito, segunda parte-1, que dice: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del Secretario de Acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictada por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente el referido Secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama". Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia, en términos de los artículos 5 fracción II, 61 fracción XXIII y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo únicamente por lo que respecta al SECRETARIO GENERAL DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO. ADMISIÓN Ahora bien, con fundamento en los artículos 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda que promueve **, por su propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades: 1. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. 2. Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. 3. Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente; se captura su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y bajo número 1216/2015-III. APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No se forma incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO. Con fundamento en el artículo 5 fracción IV de la Ley de Amparo, dese la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En términos del artículo 115 de la Ley de Amparo, para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con diez minutos del veintinueve de septiembre del presente año. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del término de quince días contado a partir de la notificación del presente proveído, debiendo anexar copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, apercibidas que en caso de omisión, se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en términos de lo dispuesto en el numeral 260 fracción II, de la ley de la materia. De conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 119 de la Ley de Amparo y 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de su numeral 2°, infórmese a las autoridades responsables que están en aptitud de aportar como prueba toda clase de elementos provenientes de los descubrimientos de la ciencia, por lo que, podrán adjuntar a su informe justificado el disco que contenga el archivo electrónico de la resolución reclamada, o bien, podrán remitirlo al correo electrónico 2jdo10cto@correo.cjf.gob.mx; lo anterior permitirá, además, agilizar el trámite y resolución del presente asunto y cumplir con el principio constitucional de impartición de justicia pronta y expedita. COMUNICACIÓN DE CAUSA DE SOBRESEIMIENTO Asimismo, se hace del conocimiento a las partes que, en caso que tengan conocimiento de alguna causa notoria de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato, apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de treinta días de salario mínimo vigente en el Distrito, Federal, en términos de los numerales 64, 238 y 251, en relación a los diversos 61, fracción XXI y 63 de la Ley de Amparo. Ahora, cabe señalar que de conformidad con el artículo 64, párrafo segundo, de la ley de la materia, se debe dar vista al quejoso con la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; empero, la referida vista es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así como de los Tribunales Colegiado de Circuito, según sea el caso, en razón de la facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que, este órgano jurisdiccional no se encuentre en el supuesto de dar vista con alguna posible causa de improcedencia en los términos reseñados, pues -como se adelantó- la obligación de hacerlo corresponde específicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiado de Circuito. Se afirma lo anterior, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 426/2013, sostuvo que para que se actualice el supuesto normativo de que se trata se deben presentar ambas hipótesis, es decir, (que la causa de improcedencia no sea alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior) para que surja la obligación del juzgador de dar vista al quejoso con la actualización de la causal de improcedencia detectada de oficio; lo anterior, debido a que la palabra inferior a que se refiere la parte final de la segunda frase cuestionada, se puede interpretar que se refiere a jerarquía de órganos desde el punto de vista jurisdiccional; en ese sentido, en primera no existe órgano inferior dado que en su categoría se encuentran los juzgadores que conocen de primera mano del juicio de amparo de que se trate, es decir, es con los que inicia el juicio, en este medida los Tribunales Colegiados tratándose del amparo indirecto y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo, tendrán el carácter de superior, cuya característica principal es que por mandato legal conocerán y resolverán de algunos de los recursos de impugnación previstos en la ley en segunda instancia, para que en su caso se revoque, modifique o confirme la decisión revisada, siendo que al órgano inferior se le conoce como juez a quo, dado que su fallo controvertido ante el tribunal superior, cuya denominación de éste es de Ad Quem, pues será el tribunal de alzada que conocerá del recurso interpuesto. De lo expuesto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que la obligación prevista en el precepto 64, párrafo segundo, está dirigida particularmente a la segunda instancia de las dos vías de tramitación del juicio de amparo a que alude el numeral 2, párrafo primero de la ley de la materia. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J.51/2014 (10a.) sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 24, Décima Época, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO.". EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO Sin que pase desapercibido para este órgano jurisdiccional que podría estimarse que le asiste el carácter de terceros interesados a la parte demandada en el juicio de origen; acorde a la jurisprudencia 90/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO"; empero, en el caso concreto, de la lectura integral de la demanda se advierte que uno de los actos reclamados por la parte quejosa consiste en la falta de notificación y emplazamiento de los demandados al expediente laboral del que deriva el acto reclamado, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco; por ende, al no haberse constituido la relación procesal, no pueden resentir menoscabo en su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 67/2009, de la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, visible en la página 265, tomo XXIX, mayo de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente señala: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender". PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 del ordenamiento legal antes invocado, se tiene por ofrecida como prueba de la parte quejosa la presuncional legal y humana. Respecto a las señaladas en el inciso 1 y 3, no es procedente tenerlas por ofrecidas ya que hasta el momento no obran en autos, sin perjuicio que pueda ofrecerlas en el momento procesal oportuno. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto.
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