Albino González Hernández

Expediente 1470/2017 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1470/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
21/12/2017

Partes del expediente

  • Albino González Hernández

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS, ASI COMO LA IMPRESION DE SEGUIMIENTO DE LA ESTAFETA 4015015443324A501102647, POR LA CUAL SE REMITIO AL JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ACTOPAN, EL OFICIO 11822,CUADERNO DE AMPARO Y CAUSA PENAL 138/2011 EN DOS TOMOS; MISMO QUE FUERON RECIBIDOS EL SIETE DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; EN CONSECUENCIA, CONSERVESE LA DEMANDA Y LA SENTENCIA, CON EXCEPCIÓN DE LAS RESTANTES ACTUACIONES.

  2. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN DE DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EN CONSECUENCIA; SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. DEVUELVANSE LOS AUTOS A SU LUGAR DE ORIGEN SOLICITANDO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE, EN SU MOMENTO PROCESAL, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.

  3. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PRECISADA EN EL CITATORIO QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el oficio de la Jueza Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Actopan, Hidalgo, por ministerio de ley, registrado en oficialía de partes con el número 8741/2017, mediante el cual remite cuaderno de amparo por duplicado, que contiene escrito de presentación, original de la demanda de garantías promovida por Albino González Hernández, acuerdo de diecinueve de septiembre de la presente anualidad, copia de la razón actuarial de dos de octubre de la presente anualidad, constancias de notificación, los oficios 2036/2017 y 2142/2017, así como razón actuarial antes citada, el diverso 2036/2017, antes mencionado y la causa penal 138/2011 en dos tomos; fórmese expediente, regístrese y acúsese recibo; fórmese expediente, regístrese y acúsese recibo. Ahora bien, en el caso a estudio este tribunal colegiado estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de oficio y aun preferente, por ser una cuestión de orden público, en términos de lo dispuesto por el numeral en cita. Lo anterior es así, pues de la lectura íntegra de la demanda de garantías presentada ante el juzgado penal responsable el dieciocho de septiembre del presente año, como consta en el escrito de presentación visible a foja uno del cuaderno de amparo remitido, se desprende que el acto reclamado se hace consistir efectivamente en la sentencia de tres de julio de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Actopan, Hidalgo, emitida en la causa penal 138/2011 de su índice, en donde se declaró al hoy quejoso Albino González Hernández, como responsable del delito de despojo cometido en agravio de Sebastiana Santiago García. Así, cabe precisar que de los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2°, 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Es por ello, que este órgano colegiado estima que el presente juicio de garantías debe desecharse por notoriamente improcedente. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia 6/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada el viernes 10 de abril de 2015, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor.". En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en la sentencia de tres de julio de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal 138/2011, donde se declaró al ahora quejoso responsable del delito de despojo en agravio de Sebastiana González García; por lo tanto, en contra de dicha resolución, procede el recurso de apelación, en términos del artículo 337, fracción I, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Hidalgo; es inconcuso que si el ahora quejoso no agotó ese medio de impugnación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, razón por la que se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Albino González Hernández. Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j) y III; de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo a las partes, para su conocimiento. Para el solo efecto de notificar la presente resolución al quejoso, téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el libelo constitucional de cuenta; y, como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que refiere. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.

  4. Juicio de Amparo Directo

    NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA.

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