Albino Gómez Ayala

Expediente 2225/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 20 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2225/2015
Año
2015
Actuaciones
20
Última actuación
26/07/2019

Partes del expediente

  • Albino Gómez Ayala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Incidental

    Visto el contenido de la certificación que antecede, y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. En consecuencia, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo y la fracción III, del diverso vigésimo primero, capitulo quinto, de las disposiciones generales, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el veinticinco de noviembre de dos mil nueve, en el que se establecen los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo, se ordena destruir el original y duplicado del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. Cambio de Titular. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese.

  2. Principal

    TODA VEZ QUE YA TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO DE 15 DÍAS OTORGADO A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE SE INCONFORMARA RESPECTO DEL AUTO EN QUE SE DECLARÓ CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO, ARCHÍVESE ESTE JUICIO DE AMPARO COMO ASUNTO CONCLUIDO, EL CUAL CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL Y SERÁ SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que en proveídos de dieciséis de julio de dos mil dieciocho y veintidós de marzo de dos mil diecinueve, se tuvieron por recibidos los oficios signados por los Delegados de la Fiscalía del Estado de Jalisco, mediante el cual remitieron copia certificada del acuse de recibo del cheque 0119937, así como el original del acuse de recibo del cheque 0231204, ambos expedidos a favor de la parte quejosa. Con el segundo de los citados oficios y anexo, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de acuerdo a las constancias que obran en autos, procedería a resolver si la sentencia se encuentra o no cumplida. En esas condiciones, en virtud de que a la fecha la parte quejosa desahogó dicha vista, y por tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: por sentencia de catorce de diciembre de dos mil quince, este Juzgado de Distrito, por una parte sobreseyó y por la otra concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Albino Gómez Ayala, contra actos de la Fiscalía General del Estado, y otras, cuyos efectos son los siguientes: ". para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo. Ahora bien, debido a que no se puede ordenar la reincorporación del quejoso como elemento adscrito a una institución de seguridad pública, al puesto que ocupaba antes de la violación reclamada, por existir prohibición expresa en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo de la Carta Magna; en consecuencia, se ordena que las autoridades responsables, a través de la dependencia correspondiente, le pague al solicitante del amparo la indemnización y demás prestaciones a que tiene derecho, por el puesto que desempeñaba al momento en que se dio la terminación jurídica en comento". Por acuerdo de cinco de enero de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento del fallo protector. Posteriormente, mediante resolución de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el incidente innominado para determinar cantidad liquida a pagar en cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, se estableció que la autoridad responsable debía cubrir el siguiente monto: Concepto Cantidad Indemnización constitucional $43,715.7 Remuneración diaria ordinaria $340,011.00 Vacaciones $17,972.01 Prima vacacional $4,493.00 Aguinaldo $46,143.09 Veinte días por año de servicio laborado $263,022.7 Sumatoria del concepto reconocido por la autoridad, a foja 618 (día del Policía) -y con el que l parte quejos estuvo de acuerdo al no haber formulado manifestación en su contra- $7,809.00 Total $723,166.59 En esas circunstancias, la autoridad responsable realizó las siguientes actuaciones: - A fin de cubrir la cantidad establecida en el aludido incidente, mediante oficio FGE/DGCJCI/AMP/2596/2018, remitió copia certificada del acuse de recibo del cheque 0119937, expedido a favor de Albino Gómez Ayala, por la cantidad liquida de $522,824.27 (quinientos veintidós mil ochocientos veinticuatro 27/100 moneda nacional), de fecha doce de julio de dos mil dieciocho. Dicha cantidad resultó de restar el impuesto sobre la renta, así como a las aportaciones al Fondo de Pensiones, tal y como se advierte del desglose que informó la autoridad responsable, mismo que a continuación se reproduce: Deducciones $200,324.34 Fondo de Pensiones $31,600.01 Impuesto sobre la renta $168,742.31 Liquida entregada al quejoso $522,824.27 Total $723,166.59 - Luego, en relación a la actualización de los montos que le correspondían al quejoso del período comprendido entre el veintiséis de agosto de dos mil diecisiete al doce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio FE/DGJ/AMP/1360/2019, remitió original del acuse de recibo del cheque 0231204, expedido a favor de Albino Gómez Ayala, por la cantidad liquida de $89,677.58 (ochenta y nueve mil seiscientos setenta y siete 58/100 moneda nacional). Dicha cantidad resultó de restar el impuesto sobre la renta, así como a las aportaciones al Fondo de Pensiones, tal y como se advierte del desglose que informó la autoridad responsable, mismo que a continuación se reproduce: Deducciones $104,417.72 Fondo de Pensiones $22,117.42 Impuesto sobre la renta $82,300.30 Liquida entregada al quejoso $89,677.58 Total $194,095.30 En consecuencia, debe decirse que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se declara cumplida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, párrafos segundo, tercero y cuarto y 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este órgano jurisdiccional no advierte que exista exceso o defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable. Orienta lo anterior, la tesis: 2a. XCVI/2013 (10a.), de epígrafe y contenido: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema de materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento, debe ser total, sin excesos o defectos, por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Por tanto, en su oportunidad, una vez que transcurra el término de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto. Lo anterior, sin que pase inadvertido que la autorizada de la parte quejosa señaló que en relación al último de los pagos en mención la autoridad responsable no había reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, las retenciones respectivas realizadas al promovente. Sin embargo, no es procedente que se realice el requerimiento respectivo, en virtud de que no le asiste la razón ya que estos conceptos corresponden a deducciones o retenciones y no a pagos o enteros a recibir. En tanto, que en relación a la interpretación de tal enunciado, que fue uno de los efectos de la concesión de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que en seguida se citará, indicó que debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios; en lo que no se incluye la obligación de las autoridades de demostrar el entero a las instituciones correspondientes de las retenciones efectuadas. La jurisprudencia citada es la número 2a./J. 110/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página: 617, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2 , del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO "Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO", CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.- El citado precepto prevé que si la autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los miembros de instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio. Ahora bien, en el proceso legislativo correspondiente no se precisaron las razones para incorporar el enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho"; por lo cual, para desentrañar su sentido jurídico, debe considerarse que tiene como antecedente un imperativo categórico: la imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su separación; por tanto, la actualización de ese supuesto implica, como consecuencia lógica y jurídica, la obligación de resarcir al servidor público mediante el pago de una "indemnización" y "demás prestaciones a que tenga derecho". Así las cosas, como esa fue la intención del Constituyente Permanente, el enunciado normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho" forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la reforma constitucional privilegió el interés general de la seguridad pública sobre el interés particular, debido a que a la sociedad le interesa contar con instituciones policiales honestas, profesionales, competentes, eficientes y eficaces, también lo es que la prosecución de ese fin constitucional no debe estar secundada por violación a los derechos de las personas, ni ha de llevarse al extremo de permitir que las entidades policiales cometan actos ilegales en perjuicio de los derechos de los servidores públicos, sin la correspondiente responsabilidad administrativa del Estado.". Si bien, la deducción o retención que debe realizar la autoridad responsable, derivan de la prestación de los servicios ante la institución policial responsable; lo cierto es, que la obligación de ésta de enterar las retenciones que realiza, no formó parte de los efectos de la ejecutoria de amparo; y por tanto, no es viable requerir a las autoridades responsables para que cumplan con su obligación de enterar las retenciones efectuadas. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de abril de dos mil diecinueve, la licenciada Sagrario Torres Velázquez, funge como Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en funciones de Juez de Distrito, de conformidad con lo estipulado en el oficio CCJ/ST/1068/2019, de fecha veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo además en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y para los efectos legales consiguientes.

  4. Principal

    DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que en proveídos de dieciséis de julio de dos mil dieciocho y veintidós de marzo de dos mil diecinueve, se tuvieron por recibidos los oficios signados por los Delegados de la Fiscalía del Estado de Jalisco, mediante el cual remitieron copia certificada del acuse de recibo del cheque 0119937, así como el original del acuse de recibo del cheque 0231204, ambos expedidos a favor de la parte quejosa. Con el segundo de los citados oficios y anexo, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de acuerdo a las constancias que obran en autos, procedería a resolver si la sentencia se encuentra o no cumplida. En esas condiciones, en virtud de que a la fecha la parte quejosa desahogó dicha vista, y por tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: por sentencia de catorce de diciembre de dos mil quince, este Juzgado de Distrito, por una parte sobreseyó y por la otra concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Albino Gómez Ayala, contra actos de la Fiscalía General del Estado, y otras, cuyos efectos son los siguientes: ". para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo. Ahora bien, debido a que no se puede ordenar la reincorporación del quejoso como elemento adscrito a una institución de seguridad pública, al puesto que ocupaba antes de la violación reclamada, por existir prohibición expresa en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo de la Carta Magna; en consecuencia, se ordena que las autoridades responsables, a través de la dependencia correspondiente, le pague al solicitante del amparo la indemnización y demás prestaciones a que tiene derecho, por el puesto que desempeñaba al momento en que se dio la terminación jurídica en comento". Por acuerdo de cinco de enero de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento del fallo protector. Posteriormente, mediante resolución de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el incidente innominado para determinar cantidad liquida a pagar en cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, se estableció que la autoridad responsable debía cubrir el siguiente monto: Concepto Cantidad Indemnización constitucional $43,715.7 Remuneración diaria ordinaria $340,011.00 Vacaciones $17,972.01 Prima vacacional $4,493.00 Aguinaldo $46,143.09 Veinte días por año de servicio laborado $263,022.7 Sumatoria del concepto reconocido por la autoridad, a foja 618 (día del Policía) -y con el que l parte quejos estuvo de acuerdo al no haber formulado manifestación en su contra- $7,809.00 Total $723,166.59 En esas circunstancias, la autoridad responsable realizó las siguientes actuaciones: - A fin de cubrir la cantidad establecida en el aludido incidente, mediante oficio FGE/DGCJCI/AMP/2596/2018, remitió copia certificada del acuse de recibo del cheque 0119937, expedido a favor de Albino Gómez Ayala, por la cantidad liquida de $522,824.27 (quinientos veintidós mil ochocientos veinticuatro 27/100 moneda nacional), de fecha doce de julio de dos mil dieciocho. Dicha cantidad resultó de restar el impuesto sobre la renta, así como a las aportaciones al Fondo de Pensiones, tal y como se advierte del desglose que informó la autoridad responsable, mismo que a continuación se reproduce: Deducciones $200,324.34 Fondo de Pensiones $31,600.01 Impuesto sobre la renta $168,742.31 Liquida entregada al quejoso $522,824.27 Total $723,166.59 - Luego, en relación a la actualización de los montos que le correspondían al quejoso del período comprendido entre el veintiséis de agosto de dos mil diecisiete al doce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio FE/DGJ/AMP/1360/2019, remitió original del acuse de recibo del cheque 0231204, expedido a favor de Albino Gómez Ayala, por la cantidad liquida de $89,677.58 (ochenta y nueve mil seiscientos setenta y siete 58/100 moneda nacional). Dicha cantidad resultó de restar el impuesto sobre la renta, así como a las aportaciones al Fondo de Pensiones, tal y como se advierte del desglose que informó la autoridad responsable, mismo que a continuación se reproduce: Deducciones $104,417.72 Fondo de Pensiones $22,117.42 Impuesto sobre la renta $82,300.30 Liquida entregada al quejoso $89,677.58 Total $194,095.30 En consecuencia, debe decirse que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se declara cumplida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, párrafos segundo, tercero y cuarto y 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este órgano jurisdiccional no advierte que exista exceso o defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable. Orienta lo anterior, la tesis: 2a. XCVI/2013 (10a.), de epígrafe y contenido: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema de materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento, debe ser total, sin excesos o defectos, por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Por tanto, en su oportunidad, una vez que transcurra el término de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto. Lo anterior, sin que pase inadvertido que la autorizada de la parte quejosa señaló que en relación al último de los pagos en mención la autoridad responsable no había reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, las retenciones respectivas realizadas al promovente. Sin embargo, no es procedente que se realice el requerimiento respectivo, en virtud de que no le asiste la razón ya que estos conceptos corresponden a deducciones o retenciones y no a pagos o enteros a recibir. En tanto, que en relación a la interpretación de tal enunciado, que fue uno de los efectos de la concesión de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que en seguida se citará, indicó que debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios; en lo que no se incluye la obligación de las autoridades de demostrar el entero a las instituciones correspondientes de las retenciones efectuadas. La jurisprudencia citada es la número 2a./J. 110/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página: 617, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2 , del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO "Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO", CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.- El citado precepto prevé que si la autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los miembros de instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio. Ahora bien, en el proceso legislativo correspondiente no se precisaron las razones para incorporar el enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho"; por lo cual, para desentrañar su sentido jurídico, debe considerarse que tiene como antecedente un imperativo categórico: la imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su separación; por tanto, la actualización de ese supuesto implica, como consecuencia lógica y jurídica, la obligación de resarcir al servidor público mediante el pago de una "indemnización" y "demás prestaciones a que tenga derecho". Así las cosas, como esa fue la intención del Constituyente Permanente, el enunciado normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho" forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la reforma constitucional privilegió el interés general de la seguridad pública sobre el interés particular, debido a que a la sociedad le interesa contar con instituciones policiales honestas, profesionales, competentes, eficientes y eficaces, también lo es que la prosecución de ese fin constitucional no debe estar secundada por violación a los derechos de las personas, ni ha de llevarse al extremo de permitir que las entidades policiales cometan actos ilegales en perjuicio de los derechos de los servidores públicos, sin la correspondiente responsabilidad administrativa del Estado.". Si bien, la deducción o retención que debe realizar la autoridad responsable, derivan de la prestación de los servicios ante la institución policial responsable; lo cierto es, que la obligación de ésta de enterar las retenciones que realiza, no formó parte de los efectos de la ejecutoria de amparo; y por tanto, no es viable requerir a las autoridades responsables para que cumplan con su obligación de enterar las retenciones efectuadas. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de abril de dos mil diecinueve, la licenciada Sagrario Torres Velázquez, funge como Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en funciones de Juez de Distrito, de conformidad con lo estipulado en el oficio CCJ/ST/1068/2019, de fecha veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo además en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y para los efectos legales consiguientes.

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