Alberto Villarreal Villarreal Fernández

Expediente 798/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
798/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
19/12/2016

Partes del expediente

  • Miguel Ángel Villarreal Fernández
  • Alberto Villarreal Villarreal Fernández

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con el acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 134 a 138), que desechó la demanda de amparo presentada ante este Juzgado de Distrito; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda de garantías, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

  2. Principal

    El día de hoy queda debidamente notificada la parte quejosa por medio de lista de acuerdos del auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, auto que dice: "I. Se presenta demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. II. Formación de expediente. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo 798/2016, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). III. Acto reclamado. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente reclama al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, el acto consistente en: ".De la autoridad ordenadora C. JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL, del Distrito Judicial de Río Grande con residencia en esta ciudad, Reclamo la sentencia Interlocutoria número 22/2016, que Declara la confirmación y plena eficacia del Auto de fecha 2 del mes de febrero del año dos mil diez y seis, pronunciado dentro juicio ordinario de nulidad Expediente número 91/2016 apareciendo como actor Miguel Ángel Villarreal Fernández y como demandado el suscrito quejoso; juicio de nulidad Radicado ante la autoridad responsable, reclamo concretamente la parte del mismo donde ordena requerir al quejoso para que dentro del plazo de 3 días exhibiera los documentos privados de fecha 2 de marzo del año dos mil cinco que contengan la firma original del contrato y que se contienen en las escrituras (438), (441) ambas de fecha 24 de noviembre del dos mil cinco y escritura (480) de fecha 21 de diciembre del año dos mil cinco. Lo anterior con el apercibimiento que en caso de no ser así, seria acreedor a un medio de premio consistente en una multa por la cantidad de $1,460.80, equivalente a 20 días de salario mínimo vigente en la región. Autoridades Ejecutoras: De los CC. ACTUARIOS Primero y Segundo, ambos adscritos al H. Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad y con el mismo domicilio y código postal, Reclamo el cumplimiento que pretendan dar en mi perjuicio a la Sentencia Interlocutoria número 22/2016, esto como consecuencia de los actos reclamados. A todas las autoridades responsables les reclamo las consecuencias de hecho y de derecho que de los Actos Reclamados se deriven". IV. Desechamiento. Se desecha de plano la demanda de garantías que se analiza. Al respecto el precepto 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, se emitió la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos tres, tomo XIV, octubre de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196923, cuyo rubro y texto dicen: *** Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Establecido lo anterior, y analizadas las constancias de autos, se advierte que en el caso opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Los citados preceptos disponen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;(.)" De los preceptos antes transcritos, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedentes contra actos que no causen una afectación actual, real y directa en contra del gobernado ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Al analizar la demanda de amparo, se aprecia que el acto reclamado se hace consistir en la resolución 21/2016, de uno de abril de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, que resuelve el recurso de reconsideración interpuesto por el aquí quejoso, contra el proveído de veintidós de febrero de la misma anualidad, emitido dentro del juicio ordinario civil 91/2016, promovido por ***, en contra del aquí quejoso y otros, en el cual se admite a trámite la demanda civil y se requiere a *** (aquí promovente), para que dentro del plazo de tres días, exhiba los contratos privados que contengan las firmas originales del contrato que contienen las escrituras públicas número (438) cuatrocientos treinta y ocho, (441) cuatrocientos cuarenta y uno, ambos de veinticuatro de noviembre de dos mil cinco, y (480) cuatrocientos ochenta, de veintiuno de diciembre de dos mil cinco; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se hará acreedor a una medida de apremio, consistente en una multa por la cantidad de $1,460.80 (mil cuatrocientos sesenta pesos 80/100 moneda nacional), equivalente a veinte días de salario mínimo vigente en la región. Por tanto, el requerimiento de la autoridad, para el efecto de que el quejoso exhiba determinados documentos, con el apercibimiento que de no hacerlo se impondrá una multa, no causa una afectación actual, real y directa a su esfera jurídica. En efecto, no se advierte cual es la afectación actual, real y directa, que dicho suceso le causa a la parte promovente, lo anterior en virtud de que el apercibimiento de multa en caso de incumplimiento al mandato judicial no constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, dado que la imposición del apercibimiento de multa no conlleva necesariamente su imposición; en virtud de que este acto está condicionado a que la parte promovente que es la obligada a cumplir con el mandato judicial, sea omisa a tal determinación y orden judicial; por lo cual no existe el agravio personal y directo que se requiere para la procedencia del juicio de amparo. Esto es, el acto reclamado no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos del peticionario, pues en todo caso, solo cuando se haga la multa efectiva, es cuando se produciría eventualmente el acto de molestia o privación que otorga al gobernado la legitimación para acudir al juicio constitucional para impugnarlo. En otras palabras, el acto que se reclama hasta este momento consiste en un requerimiento de la autoridad para efecto de que el promovente exhiba determinados documentos con un apercibimiento de multa, que no conlleva necesariamente su imposición. Sirve de apoyo a la anterior determinación la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página dos mil trecientos veintiuno, libro 26, tomo III, enero de dos mil dieciséis, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2010813, que dice: *** Asimismo, en lo conducente, la tesis I.3o.C.121 K (9a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, perceptible en la página dos mil ciento setenta y siete, libro XIX, abril de dos mil trece, tomo III, Decima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 159858, que es del tenor literal siguiente: *** Por consiguiente, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia invocada, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. V. Habilitación de días y horas inhábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo . VI. Domicilio y autorizado. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida 16 de Septiembre, número 221, Fraccionamiento Las Fuentes, en esta ciudad, y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Jesús Antonio Cortinas Gómez. VII. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporadas al expediente impreso. VIII. Protección de datos personales. De conformidad con los artículos 1 , 9 , 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , difundida mediante el decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que hasta antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales que aparecen en resoluciones, pruebas y demás constancias del expediente, ello en el momento de hacerse pública la misma; asimismo, en la etapa de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, todo lo anterior, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente."; lo anterior, por no acudir a notificarse de manera personal.

  3. Principal

    Notificación personal

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