Alberto Vicente Rojas Sandoval

Expediente 802/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
802/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
08/04/2022

Partes del expediente

  • Alberto Vicente Rojas Sandoval

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    Córdoba, Veracruz, ocho de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la resolución dictada el catorce de marzo de dos mil veintidós, mediante la cual se SOBRESEYÓ EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. TANIA ISABEL LÓPEZ ALFONSO Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR UNA PARTE SE CONCEDIÓ Y POR LA OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otra parte, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias remitidas por la autoridad responsable, Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado remitió copia certificada del expediente civil número 497/2020; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Finalmente, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que obra en autos documentos exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto los artículos 20, párrafo segundo, y 21, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquéllos en el término de NOVENTA DÍAS, contado a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, dichas constancias, correrán la misma suerte que este expediente. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y electrónicamente a la tercero interesada, por así estar ordenado en autos.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, ocho de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la resolución dictada el catorce de marzo de dos mil veintidós, mediante la cual se SOBRESEYÓ EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. TANIA ISABEL LÓPEZ ALFONSO Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR UNA PARTE SE CONCEDIÓ Y POR LA OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otra parte, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias remitidas por la autoridad responsable, Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado remitió copia certificada del expediente civil número 497/2020; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Finalmente, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que obra en autos documentos exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto los artículos 20, párrafo segundo, y 21, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquéllos en el término de NOVENTA DÍAS, contado a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, dichas constancias, correrán la misma suerte que este expediente. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y electrónicamente a la tercero interesada, por así estar ordenado en autos.

  3. Principal

    NO ATENDIO AVISO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA EL AUTO QUE DICE: Córdoba, Veracruz, ocho de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la resolución dictada el catorce de marzo de dos mil veintidós, mediante la cual se SOBRESEYÓ EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. TANIA ISABEL LÓPEZ ALFONSO Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR UNA PARTE SE CONCEDIÓ Y POR LA OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otra parte, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias remitidas por la autoridad responsable, Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado remitió copia certificada del expediente civil número 497/2020; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Finalmente, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que obra en autos documentos exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto los artículos 20, párrafo segundo, y 21, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquéllos en el término de NOVENTA DÍAS, contado a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, dichas constancias, correrán la misma suerte que este expediente

  4. Principal

    Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 802/2021, promovido por. contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Córdoba, Veracruz, y otra autoridad, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 8°, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito depositado el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba. solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y las autoridades que a continuación se precisan. SEGUNDO. PREVENCIÓN, ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y TRÁMITE DEL JUICIO. Por razón de turno correspondió conocer del asunto a este Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia Córdoba, Veracruz, donde por acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, se radicó la demanda bajo el número 802/2021, y previno al quejoso para que manifestara si también señalaba como acto reclamado "la resolución del juez responsable que decreta la pensión alimenticia provisional", por los motivos ahí expuestos; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se tramitaría el juicio únicamente respecto del acto reclamado señalado en su demanda. Mediante escrito recibido el ocho de octubre de dos mil veintiuno, el promovente desahogó la citada prevención, en los términos siguientes. En consecuencia, por auto de once de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito admitió la demanda de amparo; por ende, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio al agente del Ministerio Público adscrito la intervención legal, ordenó emplazar a la tercera interesada y, finalmente, citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LA TERCERA INTERESADA. En proveído de tres de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por emplazada a juicio a la tercera interesada. CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Seguido que fue el trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos. debido a que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este Juzgado Federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda de amparo y su aclaración, se advierte que aquéllos consisten en. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, 1. Juez y 2. Actuaria Judicial, ambos adscritos al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Córdoba, Veracruz, precisados en el considerando anterior, así lo manifestaron al rendir su informe justificado de forma conjunta. Lo que, además, se corrobora con las copias certificadas de las constancias deducidas del juicio ordinario civil. remitidas por las citadas responsables en apoyo a su informe, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. CUARTO. ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Para mejor comprensión del asunto, resulta pertinente reseñar algunos antecedentes relevantes de los actos reclamados, que se desprenden de las constancias remitidas por las autoridades responsables en vía de informe, relativas al juicio ordinario civil. las cuales cuentan con el valor probatorio antes precisado, a saber. En principio, este Juzgado de Distrito advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, este último aplicado contrario sensu, toda vez que el impetrante carece del carácter con el que acude a este controvertido constitucional, esto es, el de persona extraña al juicio. En efecto, los referidos artículos disponen. De la fracción transcrita del último precepto en cita deriva que el juicio de amparo procede contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Luego, a partir de la aplicación contrario sensu de ese mismo precepto en relación con la fracción XXIII, del diverso 61, de la ley de la materia, es válido concluir que el juicio de amparo es improcedente cuando se acredite que el quejoso carece del carácter de persona extraña a juicio con el que se ostenta. En el caso, el impetrante. reclama el emplazamiento al juicio ordinario civil. del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad. Ello implica que acude a esta vía constitucional ostentándose como persona extraña por equiparación. Sin embargo, dicho promovente no puede ser considerado persona extraña al juicio de origen, pues del análisis del sumario natural se advierte en lo que trasciendeque aún no se ha dictado sentencia y el inconforme evidentemente ya tiene conocimiento de la existencia del juicio seguido en su contra. Lo anterior trae como consecuencia que no se pueda considerar al peticionario persona extraña a dicho procedimiento, en la medida de que, al no haberse dictado sentencia en el mismo y tener ésta pleno conocimiento de su existencia, se encuentra en plena posibilidad de interponer los medios ordinarios de defensa previstos en la ley para hacer valer su garantía de audiencia. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. Sumado a lo anterior, este Juzgado de Distrito advierte -de oficio-, que en la especie también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso previo a acudir a esta vía constitucional, debió observar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la citada Ley de Amparo, dispone. En el precepto transcrito se encuentra inmerso el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual ordena que antes de promoverlo se deben agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que se estime ilegal y que tengan el efecto de revocarlo, modificarlo o nulificarlo. De no observarse el referido principio, se actualizaría la improcedencia del juicio de amparo, en razón de que a esta vía debe acudirse sólo cuando la actuación que se impugna no pueda remediarse ante las propias autoridades de instancia. En el asunto que nos ocupa como se anticipó el quejoso incumplió con tal carga, pues a pesar de contar con medios de defensa previstos en la ley ordinaria con tal propósito, no lo hizo valer previamente a la promoción del juicio de amparo. Así es, respecto del acto reclamado consistente en a) el emplazamiento practicado el once de febrero de dos mil veinte, dentro del juicio ordinario civil. del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Córdoba, Veracruz, el mismo es susceptible de ser revocado, modificado o nulificado a través del incidente de nulidad previsto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En efecto, los artículos 55 y 90, del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad establecen literalmente lo siguiente. Los artículos transcritos prevén la existencia del incidente de nulidad de notificación en la legislación civil local, que tiene por objeto determinar si la notificación cuestionada fue hecha o no con las formalidades de ley; de concluirse en este último sentido, la consecuencia es la nulidad de lo actuado desde la notificación realizada indebidamente. Por tanto, si el quejoso reclama el emplazamiento practicado el once de febrero de dos mil veinte, dentro del juicio civil. del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Córdoba, Veracruz; entonces, -de acuerdo a lo expuesto en líneas precedentes- contra dicho acto procede el citado incidente de nulidad; y no existe constancia de que el peticionario, previamente a acudir a este juicio de amparo haya agotado el indicado medio de impugnación, con el que podía obtener la revocación de tal actuación, esto es, no cumplió con el principio de definitividad que establece la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en mención. Por otra parte, en relación con el acto reclamado consistente en b) el auto de diez de julio de dos mil veinte, dictado en el citado juicio ordinario. en el que se fijó provisionalmente como monto por concepto de pensión alimenticia a favor de la parte actora. su menor hija identificada bajo las iniciales. el equivalente al cincuenta por ciento. del sueldo y demás prestaciones que percibe el inconforme, es impugnable por medio del recurso de reclamación, previsto en el artículo 210 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Veracruz, que dispone. De la disposición normativa transcrita se advierte que en los juicios de alimentos el Juez está facultado, a petición de parte, a fijar en el auto inicial una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento; y la determinación que recaiga a esa solicitud es impugnable a través de la reclamación, cuyo trámite se desarrolla con un escrito de cada una de las partes. En ese entendido conforme a lo indicado en líneas precedentes contra el acto reclamado en análisis, consistente en el auto de diez de julio de dos mil veinte, dictado en el citado juicio ordinario. procedía la reclamación prevista en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad; sin embargo, tampoco existe constancia de que el quejoso (demandado en el juicio de origen), previo a acudir a este juicio de amparo haya agotado el indicado medio de impugnación, con el que podía obtener la revocación de tal determinación. De ahí que respecto del mencionado acto también se actualice la causa de improcedencia invocada. Cabe destacar que en el caso no se surte alguna de las excepciones al principio de definitividad, que prevé el mencionado precepto, pues en principio los actos reclamados no son de los que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consisten en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Por otro lado, como se evidenció el quejoso no es tercero extraño al procedimiento, ya que de los autos que integran el juicio de origen, se advierte que es parte en dicho procedimiento (demandado); y en dicho controvertido aún no se emite la sentencia respectiva. Además, la procedencia de los recursos antes aludidos, no está sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarlo, pues es claro y patente que se encuentran regulados por los numerales a los que se hizo referencia. En consecuencia, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, lo que impide analizar el fondo del asunto. Finalmente, cabe señalar que no pasan inadvertidas las manifestaciones formuladas por las partes, a título de alegatos; sin embargo, resulta innecesario su análisis, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se. ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 802/2021, promovido por. contra los actos reclamados del 1. Juez y 2. Actuaria Judicial, ambos adscritos al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Córdoba, Veracruz, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando quinto de este fallo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta resolución.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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