Alberto Vélez Zarate

Expediente 631/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
631/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
24/02/2021

Partes del expediente

  • Alberto Vélez Zarate

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de donde se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la resolución pronunciada en este juicio de amparo el dieciséis de diciembre de dos mil veinte; en consecuencia: con fundamento en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la resolución en la que sobreseyó en el juicio, promovido por Alberto Vélez Zarate y Francisco Armando Valdez Gallegos, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible al sobreseerse en el juicio de amparo, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo General citado. Devolución de documentos En caso de que existan documentos originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a la notificación del presente proveído. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. NOTIFÍQUESE...MESA 1

  2. Principal

    VISTO, para resolver Alberto Vélez Zarate y Francisco Armando Valdez Gallegos, por propio derecho, contra actos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y su Director, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el catorce de mayo de dos mil veinte, ante la Oficialía de Partes de Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez Alberto Vélez Zarate y Francisco Armando Valdez Gallegos, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra diversos actos y autoridades: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTO RECLAMADO 1 a) Gobernador del Estado de México. b) Legislatura del Estado de México. c) Junta de Gobierno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. d) Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. I. La omisión de adoptar medidas y/o disposiciones legales y materiales para tramitar asuntos urgentes, lo que estima el quejoso transgrede su derecho de acceso a la justicia y a servicio médico, así como su consecuencia, esto es privar de acceso a la justicia. 2 a) Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. II. Acuerdo Publicado en la Gaceta d Gobierno del Estado de México el veintinueve de abril de dos mil veinte, por el cual se dispuso la suspensión de actividades jurisdiccionales en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. 3 a) Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y su Director General I. La omisión de otorgar servicios médicos a los quejosos y sus dependientes económicos, hasta en tanto se resuelva el recurso de inconformidad promovido por ellos ante el Primer Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tlalnepantla, Estado de México; y su consecuencia, esto es, poner en riesgo su derecho a la salud 4 a) Ayuntamiento Municipal de Tlalnepantla, Estado de México. b) Contralor Municipal de Tlalnepantla, Estado de México. c) Subtesorera Municipal de Tlalnepantla, Estado de México. d) Coordinadora de Caja de Tlalnepantla, Estado de México. 1. La omisión de resolver el recurso de inconformidad que promovieron los quejosos contra actos de la Comisión de Honor y Justicia en el procedimiento administrativo CHJ/023/2019, presentado el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. e) Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Tlalnepantla, Estado de México. 2. La violación a la suspensión otorgada por las autoridades municipales para que no se resolviera el procedimiento administrativo CHJ/023/2019 5 f) Tesorero Municipal g) Oficial Mayor h) Subdirectora de Capital Humano i) Subdirector de Tránsito Municipal j) Subdirector de Administración Policial de la Comisaría de Seguridad Pública k) Técnico operativo de la Subdirección de Tránsito Municipal l) Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Pública m) Jefe de Servicios Zona Centro de la Subdirección de Tránsito Municipal n) Director General de Servicios Administrativos o) Director de la Unidad de la Clínica de Consulta Externa todas de Tlalnepantla, Estado de México La ejecución de todos los actos reclamados (1, 2, 3 y 4) SEGUNDO. Admisión y separación de autos. Por auto de treinta de junio de este año el citado Juzgado admitió a trámite la demanda bajo el número 348/2020. Seguido el procedimiento, por auto de veintisiete de agosto de dos mil veinte, el juzgador ordenó la separación de actos reclamados en diversos juicios, en atención a su distinta naturaleza. TERCERO Admisión. Por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México se avocó al conocimiento del asunto y en el mismo auto se admitió a trámite la demanda de amparo, lo anterior solo respecto del acto atribuido al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y su Director General. Asimismo, en el proveído mencionado se declararon subsistentes todas las actuaciones del Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; sin requerirse informe justificado en razón de que ya obraba en autos y se fijó hora, así como fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual posterior a se celebró en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII, constitucionales, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que se reclama un acto que la parte quejosa manifestó tendría ejecución dentro del territorio en donde se ejerce jurisdicción. Cabe destacar que, conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para la resolución de la presente sentencia, es aplicable la jurisprudencia integrada conforme a la legislación de la materia abrogada en tanto no se contraponga a lo previsto en la ley de la materia vigente. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el o los actos reclamados que se desprendan del estudio y análisis integral de la demanda de amparo, así como de las constancias del presente sumario, atendiendo a la jurisprudencia P./J. 40/2000, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Es de hacer notar, que para la fijación de los actos reclamados no se tomarán en consideración los calificativos que el peticionario del amparo expuso, con apoyo en la jurisprudencia 132, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre 2011, tomo II, submateria 1, primera parte, segunda sección, página 156, que establece: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos." Del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que el peticionario de la tutela constitucional reclama: La omisión por parte del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y su Director General de otorgar servicios médicos a los quejosos (quienes desempañaban los cargos de policías pertenecientes al Municipio de Tlalnepantla) y sus dependientes económicos, hasta en tanto se resuelva el recurso de inconformidad promovido por los imperantes de amparo ante el Primer Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tlalnepantla, Estado de México. TERCERO. Certeza del acto reclamado. De los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I, III y IV, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador, apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. Expuesto lo anterior, es cierto el acto reclamado del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, por así manifestarlo al rendir su informe con justificación; cuestión que resulta suficiente para acreditar la certeza del acto que se le reclama, en términos de la jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, tomo II Procesal Constitucional, submateria 1 Común, primera parte, sexta sección, Procedimiento de amparo indirecto, página 830, cuyo rubro y texto, son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de improcedencia. En su informe justificado, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios señaló que en el caso se actualizaba la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Ello al estimar que el acto impugnado es la resolución de una autoridad administrativa, es decir de la Comisión de Honor y Justicia de la Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a través de la cual se determinó separar a los quejosos de sus cargos dentro de la policía estatal, y en consecuencia se vieron limitados sus derechos de acceso a servicios médicos por parte del citado instituto. Al respecto, este juzgador considera que es infundada la causal aducida por la responsable, pues como se señaló en el considerando segundo, relativo a la presión del acto reclamado, la materia del presente juicio es solo lo relativo a la omisión de prestar servicios médicos, no así la resolución de la autoridad administrativa, como lo hace valer el citado instituto. Ahora bien, aunque el acto reclamado en este asunto es únicamente la omisión de brindar los servicios médicos y que en la secuela procesal se determinó separación de los actos, lo también cierto es que no puede pasar por alto la estrecha vinculación que existe entre algunos de ellos. Concretamente, entre la determinación de la citada Comisión de Honor y Justicia de suspender en el servicio a los quejosos y con ello en cese en el pago de cuotas de seguridad social, que tiene como consecuencia que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios dejé de brindar sus servicios a los quejosos y sus familiares. Asimismo, tampoco puede dejarse de lado que respecto de algunos actos ya existe sentencia en la que se sobreseyó respecto de los mismos. Es ese contexto, este juzgador advierte que en el presente asunto se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, concatenada con el 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, al dejar de existir el acto reclamado. Para entender la afirmación anterior, se estima conveniente retomar cuestiones relacionadas con el procedimiento administrativo y del juicio de amparo de origen, por lo que debe señalarse lo siguiente: Los quejosos fungían como policías pertenecientes al Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Se inició un procedimiento administrativo disciplinario en contra de los ahora quejosos por la H. Comisión de Honor y Justicia de la Comisaría General de Seguridad Pública de Tlalnepantla de Baz, México, bajo el número: CHJ/023/2019, en el cual se emitieron citatorios a garantía de audiencia para los policías. Los imperantes de amparo señalaron que interpusieron recurso de inconformidad en contra de esos citatorios, ante la H. Comisión de Honor y Justicia de la Comisaría de Seguridad Pública de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, solicitando se les otorgara la suspensión de los actos de la citada comisión, es decir, que no se dictara sentencia en tanto se resolviera el medio de impugnación. Inconformes, los quejosos promovieron juicio de amparo, contra diversos actos de diferentes autoridades relacionadas con dicho procedimiento disciplinario. Conoció del procedimiento el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, bajo el número 348/2020. Quien por auto de veintisiete de agosto de dos mil veinte, ordenó la separación de actos reclamados en diversos juicios, en atención a su distinta naturaleza. En su informe justificado la citada Comisión señaló que los recursos de inconformidad son competencia del Comisario General de Seguridad Pública de Tlalnepantla de Baz, y no la propia comisión, como señalaron los quejosos. Razón por la que fue remitido el medio de impugnación a dicha autoridad, quien lo radicó bajo el número CGSP/RA/003/2019 y resolvió el doce de febrero de dos mil veinte, sobreseer el asunto y negar la suspensión. Bajo ese contexto en el amparo de origen 348/2020, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, mediante resolución de veintiocho de agosto de dos mil veinte, se determinó sobreseer en el juicio respecto de los actos que conservaron competencia. De manera particular, respecto a la omisión atribuida a la Comisión de Honor y Justicia se sobreseyó en razón de la inexistencia de la suspensión, cuya violación le fue atribuida por los quejosos. Pues como se señaló, la autoridad en su resolución negó la misma. Bajo ese contexto, puede entenderse que los quejosos acudieron a la vía de amparo al considerar que se violentaba su derecho a la salud, por verse suspendidos los servicios médicos que presta el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para ellos mismos y para sus familiares, mientras se encontraba en trámite el recurso de inconformidad que habían promovido. Es decir, la determinación de no permitir el acceso a servicios de salud, era consecuencia de la suspensión en sus labores y los quejosos ciñeron su afectación solo durante la tramitación del recurso de inconformidad. Por lo que, al haber sido resuelto el citado medio de defensa y tomar en consideración que los quejosos se dolían de la suspensión de los servicios médicos durante la tramitación de dicho recurso, es claro entender que la afectación dejó de existir. En consecuencia, al haberse configurado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que procede en sobreseer en el juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la propia ley. OCTAVO. Transparencia y Acceso a la Información Pública. Hágase del conocimiento de las partes que la presente resolución estará a disposición del público para su consulta, con supresión de la información confidencial que en su caso pueda contener, de conformidad con los artículos 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que sea necesario su consentimiento para autorizar el acceso a la misma de actualizarse alguna de las hipótesis previstas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 61 fracción XXIII, 63 fracción IV, 73 a 75, 107 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO: Se sobresee en el presente juicio, respecto de los actos atribuidos al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios en los términos expresados en el considerando cuarto de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Citatorio: Se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa la resoluciòn de diecisèis de diciembre de dos mil veinte, que en lo conducente señala:_ VISTO, para resolver Alberto Vélez Zarate y Francisco Armando Valdez Gallegos, por propio derecho, contra actos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y su Director, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el catorce de mayo de dos mil veinte, ante la Oficialía de Partes de Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez Alberto Vélez Zarate y Francisco Armando Valdez Gallegos, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra diversos actos y autoridades: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTO RECLAMADO 1 a) Gobernador del Estado de México. b) Legislatura del Estado de México. c) Junta de Gobierno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. d) Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. I. La omisión de adoptar medidas y/o disposiciones legales y materiales para tramitar asuntos urgentes, lo que estima el quejoso transgrede su derecho de acceso a la justicia y a servicio médico, así como su consecuencia, esto es privar de acceso a la justicia. 2 a) Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. II. Acuerdo Publicado en la Gaceta d Gobierno del Estado de México el veintinueve de abril de dos mil veinte, por el cual se dispuso la suspensión de actividades jurisdiccionales en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. 3 a) Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y su Director General I. La omisión de otorgar servicios médicos a los quejosos y sus dependientes económicos, hasta en tanto se resuelva el recurso de inconformidad promovido por ellos ante el Primer Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tlalnepantla, Estado de México; y su consecuencia, esto es, poner en riesgo su derecho a la salud 4 a) Ayuntamiento Municipal de Tlalnepantla, Estado de México. b) Contralor Municipal de Tlalnepantla, Estado de México. c) Subtesorera Municipal de Tlalnepantla, Estado de México. d) Coordinadora de Caja de Tlalnepantla, Estado de México. 1. La omisión de resolver el recurso de inconformidad que promovieron los quejosos contra actos de la Comisión de Honor y Justicia en el procedimiento administrativo CHJ/023/2019, presentado el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. e) Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Tlalnepantla, Estado de México. 2. La violación a la suspensión otorgada por las autoridades municipales para que no se resolviera el procedimiento administrativo CHJ/023/2019 5 f) Tesorero Municipal g) Oficial Mayor h) Subdirectora de Capital Humano i) Subdirector de Tránsito Municipal j) Subdirector de Administración Policial de la Comisaría de Seguridad Pública k) Técnico operativo de la Subdirección de Tránsito Municipal l) Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Pública m) Jefe de Servicios Zona Centro de la Subdirección de Tránsito Municipal n) Director General de Servicios Administrativos o) Director de la Unidad de la Clínica de Consulta Externa todas de Tlalnepantla, Estado de México La ejecución de todos los actos reclamados (1, 2, 3 y 4) SEGUNDO. Admisión y separación de autos. Por auto de treinta de junio de este año el citado Juzgado admitió a trámite la demanda bajo el número 348/2020. Seguido el procedimiento, por auto de veintisiete de agosto de dos mil veinte, el juzgador ordenó la separación de actos reclamados en diversos juicios, en atención a su distinta naturaleza. TERCERO Admisión. Por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México se avocó al conocimiento del asunto y en el mismo auto se admitió a trámite la demanda de amparo, lo anterior solo respecto del acto atribuido al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y su Director General. Asimismo, en el proveído mencionado se declararon subsistentes todas las actuaciones del Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; sin requerirse informe justificado en razón de que ya obraba en autos y se fijó hora, así como fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual posterior a se celebró en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII, constitucionales, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que se reclama un acto que la parte quejosa manifestó tendría ejecución dentro del territorio en donde se ejerce jurisdicción. Cabe destacar que, conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para la resolución de la presente sentencia, es aplicable la jurisprudencia integrada conforme a la legislación de la materia abrogada en tanto no se contraponga a lo previsto en la ley de la materia vigente. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el o los actos reclamados que se desprendan del estudio y análisis integral de la demanda de amparo, así como de las constancias del presente sumario, atendiendo a la jurisprudencia P./J. 40/2000, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Es de hacer notar, que para la fijación de los actos reclamados no se tomarán en consideración los calificativos que el peticionario del amparo expuso, con apoyo en la jurisprudencia 132, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre 2011, tomo II, submateria 1, primera parte, segunda sección, página 156, que establece: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos." Del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que el peticionario de la tutela constitucional reclama: La omisión por parte del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y su Director General de otorgar servicios médicos a los quejosos (quienes desempañaban los cargos de policías pertenecientes al Municipio de Tlalnepantla) y sus dependientes económicos, hasta en tanto se resuelva el recurso de inconformidad promovido por los imperantes de amparo ante el Primer Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tlalnepantla, Estado de México. TERCERO. Certeza del acto reclamado. De los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I, III y IV, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador, apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. Expuesto lo anterior, es cierto el acto reclamado del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, por así manifestarlo al rendir su informe con justificación; cuestión que resulta suficiente para acreditar la certeza del acto que se le reclama, en términos de la jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, tomo II Procesal Constitucional, submateria 1 Común, primera parte, sexta sección, Procedimiento de amparo indirecto, página 830, cuyo rubro y texto, son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de improcedencia. En su informe justificado, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios señaló que en el caso se actualizaba la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Ello al estimar que el acto impugnado es la resolución de una autoridad administrativa, es decir de la Comisión de Honor y Justicia de la Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a través de la cual se determinó separar a los quejosos de sus cargos dentro de la policía estatal, y en consecuencia se vieron limitados sus derechos de acceso a servicios médicos por parte del citado instituto. Al respecto, este juzgador considera que es infundada la causal aducida por la responsable, pues como se señaló en el considerando segundo, relativo a la presión del acto reclamado, la materia del presente juicio es solo lo relativo a la omisión de prestar servicios médicos, no así la resolución de la autoridad administrativa, como lo hace valer el citado instituto. Ahora bien, aunque el acto reclamado en este asunto es únicamente la omisión de brindar los servicios médicos y que en la secuela procesal se determinó separación de los actos, lo también cierto es que no puede pasar por alto la estrecha vinculación que existe entre algunos de ellos. Concretamente, entre la determinación de la citada Comisión de Honor y Justicia de suspender en el servicio a los quejosos y con ello en cese en el pago de cuotas de seguridad social, que tiene como consecuencia que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios dejé de brindar sus servicios a los quejosos y sus familiares. Asimismo, tampoco puede dejarse de lado que respecto de algunos actos ya existe sentencia en la que se sobreseyó respecto de los mismos. Es ese contexto, este juzgador advierte que en el presente asunto se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, concatenada con el 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, al dejar de existir el acto reclamado. Para entender la afirmación anterior, se estima conveniente retomar cuestiones relacionadas con el procedimiento administrativo y del juicio de amparo de origen, por lo que debe señalarse lo siguiente: Los quejosos fungían como policías pertenecientes al Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Se inició un procedimiento administrativo disciplinario en contra de los ahora quejosos por la H. Comisión de Honor y Justicia de la Comisaría General de Seguridad Pública de Tlalnepantla de Baz, México, bajo el número: CHJ/023/2019, en el cual se emitieron citatorios a garantía de audiencia para los policías. Los imperantes de amparo señalaron que interpusieron recurso de inconformidad en contra de esos citatorios, ante la H. Comisión de Honor y Justicia de la Comisaría de Seguridad Pública de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, solicitando se les otorgara la suspensión de los actos de la citada comisión, es decir, que no se dictara sentencia en tanto se resolviera el medio de impugnación. Inconformes, los quejosos promovieron juicio de amparo, contra diversos actos de diferentes autoridades relacionadas con dicho procedimiento disciplinario. Conoció del procedimiento el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, bajo el número 348/2020. Quien por auto de veintisiete de agosto de dos mil veinte, ordenó la separación de actos reclamados en diversos juicios, en atención a su distinta naturaleza. En su informe justificado la citada Comisión señaló que los recursos de inconformidad son competencia del Comisario General de Seguridad Pública de Tlalnepantla de Baz, y no la propia comisión, como señalaron los quejosos. Razón por la que fue remitido el medio de impugnación a dicha autoridad, quien lo radicó bajo el número CGSP/RA/003/2019 y resolvió el doce de febrero de dos mil veinte, sobreseer el asunto y negar la suspensión. Bajo ese contexto en el amparo de origen 348/2020, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, mediante resolución de veintiocho de agosto de dos mil veinte, se determinó sobreseer en el juicio respecto de los actos que conservaron competencia. De manera particular, respecto a la omisión atribuida a la Comisión de Honor y Justicia se sobreseyó en razón de la inexistencia de la suspensión, cuya violación le fue atribuida por los quejosos. Pues como se señaló, la autoridad en su resolución negó la misma. Bajo ese contexto, puede entenderse que los quejosos acudieron a la vía de amparo al considerar que se violentaba su derecho a la salud, por verse suspendidos los servicios médicos que presta el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para ellos mismos y para sus familiares, mientras se encontraba en trámite el recurso de inconformidad que habían promovido. Es decir, la determinación de no permitir el acceso a servicios de salud, era consecuencia de la suspensión en sus labores y los quejosos ciñeron su afectación solo durante la tramitación del recurso de inconformidad. Por lo que, al haber sido resuelto el citado medio de defensa y tomar en consideración que los quejosos se dolían de la suspensión de los servicios médicos durante la tramitación de dicho recurso, es claro entender que la afectación dejó de existir. En consecuencia, al haberse configurado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que procede en sobreseer en el juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la propia ley. OCTAVO. Transparencia y Acceso a la Información Pública. Hágase del conocimiento de las partes que la presente resolución estará a disposición del público para su consulta, con supresión de la información confidencial que en su caso pueda contener, de conformidad con los artículos 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que sea necesario su consentimiento para autorizar el acceso a la misma de actualizarse alguna de las hipótesis previstas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 61 fracción XXIII, 63 fracción IV, 73 a 75, 107 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO: Se sobresee en el presente juicio, respecto de los actos atribuidos al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios en los términos expresados en el considerando cuarto de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    AVISO. Se notifica por medio de lista el auto que dice.... Naucalpan de Jua´rez, Estado de Me´xico, veinticinco de septiembre de dos mil veinte. Te´ngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Me´xico, con residencia en Naucalpan de Jua´rez, por medio del cual, derivado de la separacio´n de juicios que ordeno´ en el juicio de amparo 348/2020 de su i´ndice, promovido por Alberto Ve´lez Zarate y Francisco Armando Valdez Gallegos, por propio derecho, remite de manera electro´nica las constancias que integran el expediente indicado, mismo que fue turnado a este juzgado por la Oficina de Correspondencia Comu´n de los Juzgados de Distrito en el Estado de Me´xico, con residencia en Naucalpan de Jua´rez, para conocer u´nicamente del acto reclamado que los quejosos hicieron consistir en: ? La omisio´n de otorgar servicios me´dicos a los quejosos y sus dependientes econo´micos, hasta en tanto se resuelva el recurso de inconformidad promovido por ellos ante el Primer Si´ndico Municipal del Ayuntamiento de Tlalnepantla, Estado de Me´xico; y su consecuencia, esto en poner en riesgo su derecho a la salud. Ahora, visto el escrito de demanda de amparo promovida por Alberto Ve´lez Zarate y Francisco Armando Valdez Gallegos, por propio derecho, contra actos que reclaman del Instituto de Seguridad Social del Estado de Me´xico y Municipios y su Director. Registro de la demanda. Fo´rmese el expediente y regi´strese en el libro de gobierno con el consecutivo 631/2020, asi´ como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los arti´culos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los o´rganos jurisdiccionales, publicado en el diario Oficial de la Federacio´n el quince de enero de dos mil quince. Admisio´n de la demanda. Con fundamento en los arti´culos 1°, 2°, 3°, 5°, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite en sus te´rminos la demanda de amparo, u´nicamente por lo que se refiere al acto reclamado por los quejosos que hicieron consistir en la omisio´n de otorgar servicios me´dicos a los quejoso y sus dependientes econo´micos, hasta en tanto se resuelva el recurso de inconformidad promovido por ellos ante el Primer Si´ndico Municipal del Ayuntamiento de Tlalnepantla, Estado de Me´xico; y su consecuencia, esto en poner en riesgo su derecho a la salud. Se declaran subsistentes actuaciones. Este juzgado, declara subsistentes todas y cada una de las actuaciones practicadas por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Me´xico, con residencia en Naucalpan de Jua´rez, para los efectos legales a que haya lugar. Del incidente de suspensio´n. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensio´n, toda vez que en auto de la treinta de junio del presente an~o, se proveyo´ respecto a la suspensio´n de plano. Vista al Ministerio Pu´blico Federal. Dese al Agente del Ministerio Pu´blico de la Federacio´n adscrito a este juzgado, la intervencio´n que legalmente le corresponde, de conformidad con el arti´culo 5, fraccio´n IV y 110 de la Ley de Amparo, hacie´ndole entrega de una copia simple de la demanda. Notificacio´n prioritaria por otros medios electro´nicos. Tomando en cuenta que de conformidad con el acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se debera´n implementar para la mitigacio´n y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federacio´n el veinticuatro de marzo u´ltimo, se deben adoptar medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, asi´ como de proteccio´n al pu´blico en general; por consiguiente, con la finalidad de evitar la propagacio´n del mismo, inclusive en pro del derecho a la salud del personal actuante en este juzgado, se determina respecto a las notificaciones que deban realizarse hasta en tanto se regularicen las actividades de este o´rgano jurisdiccional o en tanto el suscrito no emita diversa instruccio´n en el presente asunto, para llevar a cabo las comunicaciones procesales de me´rito, lo siguiente: Toda vez que en la causa penal 55/2006 del i´ndice de este o´rgano jurisdiccional, por auto de veinticinco de mayo del an~o en curso, se tuvo autorizado el correo electro´nico ashleyzu2004@yahoo.com.mx y el diverso maria.perezrp@pgr.gob.mx a efecto de notificar a la Agente del Ministerio Pu´blico adscrita a este o´rgano jurisdiccional, y como nu´mero telefo´nico para confirmar su recepcio´n con el que los actuarios adscritos cuentan y debera´n guardar en total confidencialidad, por consiguiente: En aplicacio´n analo´gica del arti´culo 28, fraccio´n III, de la Ley de Amparo, al requerirlo el orden pu´blico derivado de las medidas de contingencia sanitaria para evitar la propagacio´n del virus SARSCoV2 (COVID-19), en observancia al acuerdo del Secretario de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federacio´n el veinticuatro de marzo del an~o en curso, notifi´quese por dicho medio electro´nico a la parte procesal referida, debiendo el actuario respectivo levantar la razo´n correspondiente en la que haga constar su envi´o, asi´ como la confirmacio´n de su recepcio´n. Ha´gase del conocimiento de las partes que, por las razones ya expuestas en torno a la contingencia sanitaria, las notificaciones que deban realizarse por lista se publicara´n u´nicamente en el portal de internet del Poder Judicial de la Federacio´n, en conformidad con el arti´culo 29 de la Ley de Amparo. Trata´ndose de instituciones pu´blicas que figuren como partes en los juicios de amparo con cualquier cara´cter (quejosas, terceras interesadas, autoridades responsables): Las que cuenten con convenio de interconexio´n celebrado con el Poder Judicial de la Federacio´n y declaratoria de interconexio´n tecnolo´gica, en te´rminos de los arti´culos 3 de la Ley de Amparo, 20, 53, 65, 71, 74 al 78, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integracio´n y tra´mite de expediente electro´nico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los o´rganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, asi´ como numerales 1, 2 y el capi´tulo tercero "De la interconexio´n tecnolo´gica en el juicio de amparo indirecto", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federacio´n, el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, que regula los servicios de interconexio´n tecnolo´gica entre los o´rganos jurisdiccionales con diversas instituciones pu´blicas, debera´n ser notificados mediante el uso de dicha herramienta tecnolo´gica. Al respecto, se hace notar a los actuarios de la adscripcio´n que: (i) conforme al arti´culo 2 del acuerdo u´ltimamente mencionado, las declaratorias de interconexio´n tecnolo´gica se publican en el Diario Oficial de la Federacio´n, y se difunden a trave´s del Portal de Servicios en Li´nea y del Sistema de Seguimiento de expedientes; por lo que debera´n consultar sendos medios de difusio´n, (ii) asimismo observar las reglas previstas en el preindicado acuerdo para la obtencio´n de las constancias de notificacio´n. Las que no cuenten con el referido convenio de interconexio´n celebrado con el Poder Judicial de la Federacio´n y declaratoria de interconexio´n tecnolo´gica, debera´n ser notificadas a trave´s de los medios de comunicacio´n ordinarios, en el entendido de que previo a la remisio´n fi´sica de oficios, se instruye a los actuarios a efectos de que realicen la consulta de la probable existencia de un correo electro´nico donde las autoridades responsables puedan ser notificadas por este medio y se confirme su recepcio´n. No se requieren informes justificados. Sin que haya lugar a solicitar el informe justificado a las autoridades responsables, ello, en virtud de que ya obra en autos, por lo que con fundamento en el arti´culo 117 de la Ley de Amparo, dese vista con el mismo a las partes y ha´gase relacio´n de este al celebrarse la audiencia constitucional. Obligaciones de las partes. Se les hace saber a las partes que cuando tengan conocimiento de cualquier causa de sobreseimiento en este asunto, se encuentran obligadas a comunicarlo de inmediato ante este juzgado federal, de conformidad con el arti´culo 64 de la Ley de Amparo, y se apercibe a la parte quejosa y a las autoridades responsables que de no hacerlo, se les podra´ imponer una multa de trescientas Unidades de Medida y Actualizacio´n1, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el arti´culo 26, inciso B, pa´rrafo sexto de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos y el arti´culo 251 de la Ley de Amparo. Apercibimiento a la parte quejosa con relacio´n a la denominacio´n de las autoridades responsables. En te´rminos del arti´culo 108, fraccio´n III, de la Ley de Amparo, la quejosa tiene la carga de sen~alar correctamente la denominacio´n de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; por lo que se le apercibira´ para que una vez enterado que dicha denominacio´n de la autoridad sen~alada como responsable, sea incorrecta o bien, aquella sea inexistente, debera´ corregir o aclarar los nombres que designo´, con el apercibimiento que de ser omisa a esa eventualidad, se le sancionara´ declara´ndolas inexistentes, lo anterior, de conformidad con el arti´culo 14 de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia nu´mero 2a./J.153/2019 (10a), de la Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federacio´n y su Gaceta, De´cima E´poca, nu´mero de registro 2021029, cuyo rubro es el siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIO´N DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. En te´rminos del arti´culo 108, fraccio´n III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de sen~alar correctamente la denominacio´n de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicacio´n cuando e´sta no fue localizada o se informe que no existe. Ahora bien, la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificacio´n personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designo´ como responsable o no prueba que si´ existe bajo la denominacio´n que indico´ en la demanda, se le sancionara´ declara´ndola inexistente; notificacio´n que encuentra fundamento en el arti´culo 14 de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrio´." De la Audiencia Constitucional. Ahora, por lo que respecta a la audiencia constitucional, se sen~alan las diez horas con un minuto del veintise´is de octubre de dos mil veinte, para que tenga verificativo, en el entendido que se llevara´ en te´rminos de la Segunda Seccio´n del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integracio´n y tra´mite de expediente electro´nico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los o´rganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en el que con motivo de la actual situacio´n de emergencia que impera en el pai´s, se ha implementado el uso de videoconferencia en los asuntos competencia de este o´rgano jurisdiccional, siempre y cuando se privilegie´ la igualdad entre las partes. Para tal efecto, en te´rminos del arti´culo 28 del acuerdo general citado en el pa´rrafo precedente, se previene a las partes para que dentro del plazo de dos di´as, o bien, veinticuatro horas previas a la celebracio´n de la audiencia, sen~alen a trave´s de promocio´n electro´nica o fi´sica, la o las personas que acudira´n a la audiencia que tendri´a verificativo por videoconferencia en su representacio´n; asimismo, sen~alar un correo electro´nico para el envio´ del citatorio respectivo, en el entendido de que el citatorio que contenga el vi´nculo para ingresar a la videoconferencia se enviara´ u´nicamente a las partes que este´n legitimadas para intervenir en la diligencia respectiva. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se entendera´ que no es su deseo intervenir a la videoconferencia, lleva´ndose a cabo entonces la audiencia correspondiente de manera tradicional (escrita), sin que ello implique que no puedan presentar escritos el di´a de la fecha sen~alada para dicha diligencia judicial. Asimismo, se hace saber a las partes, que para efecto de tener por acreditada su legitimacio´n para asistir a la audiencia y por certeza de las partes, debera´n contar con su identificacio´n debidamente escaneada en el equipo en el que se conecten a la videoconferencia para que la exhiban a trave´s de la herramienta "compartir pantalla", lo mismo acontecera´ con cualquier documento que se vaya a incorporar a la audiencia, esto para conservar constancia de los mismos. En consecuencia, se instruye a la Coordinadora Te´cnica Administrativa adscrita a este o´rgano jurisdiccional, realice las gestiones tendentes a su preparacio´n. Por otra parte, se comunica a los participantes que para poder accesar a dicha plataforma debera´n contar con un equipo de comunicacio´n (pc, celular o tableta) con ca´mara y micro´fono, conexio´n a red wifi; asimismo, debera´n realizar el enlace por lo menos con quince minutos de anticipacio´n a su celebracio´n, lo anterior a efecto de poder llevar a cabo la logi´stica operacional, asimismo podra´ ingresar a: https://help.webex.com/esco/n62wi3c/Get- Started-with-Cisco-Webex-Meetings-for-Attendees y https://help.webex.com/es-co/, en donde se encuentran los tutoriales y requerimientos te´cnicos de la plataforma. De las notificaciones a las partes. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional se practiquen a las partes por medio de lista que se publique en los estrados de este o´rgano jurisdiccional incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el arti´culo 26 fraccio´n I, y 28 de la Ley de Amparo, preve´ expresamente los supuestos en que el juzgador esta´ obligado a comunicarles por esa vi´a, las actuaciones emitidas en el tra´mite del juicio de amparo, sin embargo el diferimiento de la audiencia constitucional no se preciso´ como uno de esos casos de excepcio´n de ahi´ que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en te´rminos del arti´culo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el arti´culo 26, fraccio´n III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades sen~aladas como responsables, habida cuenta que la notificacio´n mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a trave´s de ella se les informa en su domicilio o en el que sen~alaron para oi´r y recibir notificaciones los actos encaminados a la integracio´n del juicio, su resolucio´n y los posteriores; de ahi´ que si la notificacio´n mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realizo´ en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fraccio´n I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia nu´mero 2a ./J.176/2012 (10a), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federacio´n y su Gaceta, Libro XVI, enero 2013, Tomo 2, pa´gina 1253, Materia Comu´n, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Domicilio de la parte quejosa. Con fundamento en el arti´culo 27, fraccio´n I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oi´r y recibir notificaciones u´nicamente de cara´cter personal, el que indica en su demanda de amparo. Representante comu´n. Con fundamento en el arti´culo 13 de la Ley de amparo, se tiene como representante comu´n de los quejoso a Alberto Ve´lez Zarate. Autorizados. Te´nganse por autorizados para el u´nico efecto de oi´r y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que refiere en su ocurso, hasta en tanto, registren su ce´dula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro U´nico de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el arti´culo 12, pa´rrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podra´n va´lidamente promover en te´rminos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortacio´n a las partes para continuar la tramitacio´n del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el arti´culo 1, fraccio´n I, pa´rrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continu´e la tramitacio´n del presente juicio de amparo a trave´s del sistema de "juicio en li´nea", es decir, mediante el uso de los medios electro´nicos disponibles desde el Portal de Servicios en Li´nea del Poder Judicial de la Federacio´n. A efecto de que los justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y te´rminos que implica la actuacio´n mediante juicio en li´nea, el manual de uso actualizado se encontrara´ disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Li´nea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ay uda Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a trave´s de una promocio´n electro´nica desde el Portal de Servicios en Li´nea, debera´n: 1. Solicitar la consulta del expediente electro´nico y la pra´ctica de notificaciones electro´nicas de las resoluciones; y 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuacio´n por este medio requiere de la utilizacio´n de una Firma Electro´nica Certificada del Poder Judicial de la Federacio´n (FIREL) o la Firma Electro´nica del Servicio de Administracio´n Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a trave´s del mismo puedan notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, asi´ como enviar digitalmente promociones al mismo. Por lo tanto, en caso de no contar con usuario en dicho portal, es posible generar una mediante el uso de alguna de las firmas mencionadas, para lo cual se hace de su conocimiento el manual actualizado de uso en la liga electro´nica ya precisada. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electro´nica, en te´rminos del arti´culo 2o, fraccio´n XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algu´n correo electro´nico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, asi´ como el nombre y tele´fono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepcio´n de cualquier comunicacio´n que les sea enviada por este medio. Con la precisio´n de que, lo anterior no implica que esa informacio´n (correo electro´nico y nu´mero telefo´nico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitacio´n del juicio en li´nea, sino que facilitara´ el contacto con las partes. En ese orden de ideas, en atencio´n a las medidas de contingencia en los o´rganos jurisdiccionales por el feno´meno de salud pu´blica derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores pu´blicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente e´stas se hagan a trave´s de medios electro´nicos, con la razo´n actuarial correspondiente. Devolucio´n de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en te´rminos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoracio´n, depuracio´n, destruccio´n, digitalizacio´n, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los o´rganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federacio´n el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa di´as naturales a que cause estado la resolucio´n que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruira´n en te´rminos del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Transparencia y acceso a la informacio´n pu´blica. Info´rmese a las partes que al elaborarse la versio´n pu´blica de la resolucio´n que se dicte en el presente asunto, se suprimira´ la informacio´n confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los arti´culos 6° de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacio´n Pu´blica, comuni´queseles tambie´n que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualizacio´n de alguna de las hipo´tesis enunciadas en el arti´culo 117 del ordenamiento antes citado. NOTIFI´QUESE.

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