Alberto Velazquez González

Expediente 244/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
244/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
07/04/2021

Partes del expediente

  • Alberto Velazquez González

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por Juez Tercero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado Jalisco, mediante el cual da cumplimiento a lo ordenado en auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, al efecto informa que en los autos del juicio sucesorio intestamentario - a bienes de -, designó como albacea provisional a -, a quien le reviste el carácter de tercero interesado en el presente sumario, y quien señalo como domicilio la finca marcada con el número -- en consecuencia, téngasele cumpliendo con el requerimiento formulado en auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno; asimismo; se instrúyase al Actuario Judicial de este juzgado de Distrito, que corresponda, practique de manera inmediata el emplazamiento correspondiente, en el domicilio antes señalado. Por otra parte, en términos de los acuerdos generales 12/2020 y 13/2020 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngasele señalando como correo electrónico y número de teléfono, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Por este medio notifico a la parte quejosa la resolución de tres de septiembre de dos mil veinte, toda vez que no acudió a notificarse personalmente de la misma, no obstante de habérsele citatorio para tal efecto: La resolución de mérito a la letra dice: "Por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, contra actos de la Secretaría de Educación Jalisco, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales tutelados en los artículos 1, 8, 14 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en los artículos 3, 20, 21 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, 1, 5, 12, 14 y demás relativos del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, intégrense los expedientes físico y electrónico del juicio de amparo de que se trata; regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 824/2020. Atento a lo anterior y una vez analizado el escrito de demanda de garantías, se evidencia que conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en la especie, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que motiva su desechamiento de plano. Lo manifiesto e indudable es que aun cuando se admitiera a trámite la presente demanda de garantías, continuaría subsistiendo dicho motivo de improcedencia. Así es, para determinar la improcedencia de la acción intentada por la parte impetrante de garantías, resulta oportuno destacar que en el capítulo de autoridad o autoridades responsables y acto reclamado del escrito inicial de demanda, señaló lo siguiente: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. Tienen tal carácter la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO, con domicilio en avenida Alcalde N° 1351, en el municipio de Guadalajara, Jalisco." "IV.-ACTOS RECLAMADOS. - Se les reclama a dichas autoridades responsables las violaciones cometidas a mis derechos humanos elementales contenidos en la Carta Magna artículos 1, 8, 14, 17 y 123 apartado b fracción V, así como en la Carta de los Derechos Humanos. Al ser trabajador del Estado de Jalisco, dependiente de la Secretaría de Educación Jalisco, como Supervisor y/o Inspector de Zona Escolar del Nivel de Primaria en el sub sistema estatal, por lo que presento impresión directa de mi comprobante de pago que realiza la Secretaría de Educación Jalisco, con lo que acredito mi relación laboral con dicho ente administrativo, presenté documento de petición ante la Secretaría de Educación Jalisco junto con otros compañeros supervisores petición de la ASIGNACION DE LA PLAZA COMPLEMENTARIA O SEGUNDA PLAZA TURNO VESPERTINO Y SU NIVELACIÓN SALARIAL, del cual presento copia simple del escrito mencionado con el acuse de recibido, cabe hacer mención que dicha solicitud se presentó ante la Secretaría de Educación Jalisco por ser la autoridad responsable de las cuestiones administrativas, la autoridad responsable, o sea la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO. Por lo que la suscrita BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD no recibí ninguna respuesta conforme al artículo Octavo Constitucional sobre mi petición de ASIGNACIÓN DE LA PLAZA COMPLEMENTARIA O SEGUNDA PLAZA O PLAZA TURNO VESPERTINO Y SU NIVELACIÓN SALARIAL, toda vez que desde los procesos de la Ley del Servicio Profesional Docente se me expidió nombramiento de Alta Definitiva por promoción en la Educación Básica, por motivo de mi participación en el Concurso de Oposición para la promoción en el Servicio Profesional Docente, en el que obtuve el resultado de IDÓNEO, en el citado nombramiento se señala solamente una clave para supervisor de zona, menciona la palabra turno matutino, por lo que, con base en el convenio de fecha quince de diciembre del año dos mil nueve signado por la misma Secretaría de Educación Jalisco, el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, las secciones 16 y 47 del Sindicato de trabajadores de la Educación, del cual BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD el original se encuentra en poder de la misma Secretaría de Educación y del cual anexo copia simple, se convino otorgarse una plaza complementaria con las mismas prestaciones y sueldo que la plaza principal a todos los supervisores o inspectores de educación básica que cumplieran con el requisito de tener escuela o escuelas por supervisar en el turno vespertino, por lo que la ahora autoridad responsable ha sido omisa en otorgar dicha plaza complementaria, por lo que le solicité a la autoridad responsable el otorgamiento de dicha plaza complementaria o de doble turno o turno vespertino, porque en dicho convenio se otorga a partir del quince de diciembre del año dos mil nueve la segunda plaza o plaza complementaria, la cual hasta la presentación de la presente demanda de amparo no se ha dado cumplimiento al convenio de supervisor y/o inspector en el nivel básico de educación en el Estado de Jalisco. ÚNICO.- Con fecha seis de marzo del año dos mil veinte, presenté ante la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO, junto con otros treinta y ocho compañeros que nos encontramos en la misma situación conforme al artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, PETICIÓN de mi ASIGNACIÓN DE LA PLAZA COMPLEMENTARIA O SEGUNDA PLAZA O PLAZA TURNO VESPERTINO Y SU NIVELACIÓN SALARIAL a la cual tengo derecho por cumplir con los requisitos del convenio de fecha quince de diciembre del año dos mil nueve; cómo se puede apreciar en el escrito de petición del cual presento copia simple con el acuse de recibido a esta demanda de amparo indirecto, la institución ha hecho caso omiso al no resolver la misma, por lo que vulneró mis derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; dicha petición, hasta el día de la presentación de esta demanda de amparo indirecto me ha dejado en estado de indefensión al no saber cuál es la respuesta a la misma, vulnera mi derecho humano y constitucional a trabajo igual salario igual, por lo que requiero de la prestación a la que tengo derecho." De igual forma, en el proemio de la demanda de amparo precisa lo siguiente: "(.) PRIMERO.- Que soy trabajador de la Secretaría de Educación Jalisco, supervisor y/o inspector de zona escolar en educación básica del subsistema estatal. Es el caso, que cuando me presenté ante a la Secretaría de Educación Jalisco a realizar mi petición de asignación de la plaza complementaria, la ahora autoridad responsable ha sido omisa en dar respuesta a la solicitud presentada. (.)" Sobre el particular, los artículos 61, fracción XXIII y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, refieren: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. --- Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". De la intelección de esos artículos, se obtiene que la procedencia del juicio de amparo indirecto depende de las siguientes condiciones: a) Que quien emita el acto le revista el carácter de autoridad. b) Que con el actuar de la autoridad se violen las garantías individuales del gobernado consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. c) Que si el acto lo emitió un particular deberá éste tener la calidad de autoridad para los efectos de la Ley de Amparo; calidad que se adquiere cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos al ordenar ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Del contenido sistemático de los preceptos trascritos, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando no sea promovido contra actos de autoridades para efectos del juicio de amparo, entendiéndose por estos, los que sean emitidos por la autoridad que ordena, emite, autoriza o sanciona, publica, lleva a cabo actos de ejecución o ejecuta la ley o el acto que se le reclama. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por autoridad responsable debe considerarse a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Es aplicable la tesis P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 118, que expresa: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.". En el caso concreto, según se verá a continuación, los actos reclamados por la peticionaria de garantías no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Como se advierte de lo anterior, la peticionaria de garantías acude al juicio de garantías recriminando de la Secretaría de Educación Jalisco, la falta de contestación al escrito presentado por la quejosa el seis de marzo de dos mil veinte, en el que solicita la asignación de plaza complementaria o segunda plaza turno vespertino y su nivelación salarial, en cumplimiento al convenio realizado el quince de diciembre de dos mil nueve. Sin embargo, al ser laboral la naturaleza existente entre la Secretaría de Educación Jalisco y la quejosa, como la misma lo indica; es evidente que los actos que se pretenden reprochar a través del juicio de garantías, no constituyen actos de autoridad, sino una controversia surgida de particulares, al situarse ambos en un plano de coordinación, debido a la igualdad que impera entre ellos, con motivo de dicha relación patrón y trabajador. Sin lugar a dudas, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ha sostenido que el juicio de amparo únicamente es procedente en contra de actos reclamados a autoridades en un plano de supra subordinación respecto del gobernado, no así, por lo que ve a relaciones entre estos de coordinación o de supraordinación. Asimismo, la Superioridad realiza la distinción de dichos actos de la siguiente forma: I) Las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. II) Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. III)Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. Los anteriores razonamientos se encuentran en la tesis aislada I.15o.A.36 K sustentada por el tribunal colegiado antes mencionado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, página 1316, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional.". Luego, la Superioridad estimó que en términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquéllos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Los razonamientos anteriores se encuentran en la tesis aislada 2a. CCIV/2001 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de 2001, página 39, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". En la especie, la quejosa reclama de la Secretaría de Educación Jalisco, la falta de contestación al escrito presentado por la quejosa el seis de marzo de dos mil veinte, en el que solicita la asignación de plaza complementaria o segunda plaza turno vespertino y su nivelación salarial, en cumplimiento al convenio realizado el quince de diciembre de dos mil nueve., lo cual no se trata sino de una relación de coordinación, porque actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho burocrático, ya que se trata de una problemática surgida entre patrón y trabajador. Es así, porque la Secretaría de Educación Jalisco, resulta ser una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con ese carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; razón por la cual, resulta innegable que sus actos quedan comprendidos dentro de aquéllos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. De ahí, que el juicio de amparo resulte improcedente, puesto que la falta de contestación al escrito presentado por la quejosa el seis de marzo de dos mil veinte, en el que solicita la asignación de plaza complementaria o segunda plaza turno vespertino y su nivelación salarial, en cumplimiento al convenio realizado el quince de diciembre de dos mil nueve, proviene de una relación laboral entre el quejoso y la autoridad a quien se irroga el carácter de responsable, como es un Organismo del Gobierno del Estado de Jalisco sujeto a un contrato de trabajo. Es decir, la Secretaría de Educación Jalisco, no ejerció funciones que jurídicamente encuadren en el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo para considerar que les reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de garantías, ya que dicha omisión es efectuada en su carácter de patrón del trabajador, dado el vínculo que los une, al ocupar la parte quejosa el puesto de supervisor de zona escolar y/o inspector de zona escolar del nivel primaria educación básica en el sub sistema estatal, según refiere, por lo que carecen de imperio y facultad de decisión. En todo caso, las autoridades responsables tendrían el deber de respetar lo pactado entre aquéllas y la quejosa al momento en que surgió la relación laboral, y las controversias surgidas a raíz de ello, se dirimen por el derecho burocrático, no por el juicio de control constitucional. Es aplicable la tesis aislada 2a. XXXVI/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, página 307, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado. Asimismo, es aplicable la tesis aislada XX. 311 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-I, Febrero de 1995, página 239, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ORGANOS DEL ESTADO. CUANDO DE MANERA IMPERATIVA, UNILATERAL Y COERCITIVA AFECTAN AL GOBERNADO. ACTUAN COMO AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Los órganos del Estado actúan como autoridad para los efectos del juicio de amparo, en las relaciones de suprasubordinación, porque es ahí, cuando de manera imperativa, unilateral y coercitiva deciden afectar al gobernado en determinado sentido; por tanto, cuando esos órganos solamente participan en un plano de igualdad, realizando actos que carecen de fuerza compulsora, semejante al proceder de un particular, no tienen carácter de autoridad para los efectos ya citados.". A manera de colofón, la concepción del acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para ello, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos que consagran la procedencia del amparo, en primer lugar, contra leyes o actos de autoridad; así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, si los actos reclamados a la Secretaría de Educación Jalisco, consisten en la la falta de contestación al escrito presentado por la quejosa el seis de marzo de dos mil veinte, en el que solicita la asignación de plaza complementaria o segunda plaza turno vespertino y su nivelación salarial, en cumplimiento al convenio realizado el quince de diciembre de dos mil nueve, resulta diáfano el vínculo laboral que los une, por lo que, cualquier acto realizado por esas autoridades, deriva de esa relación, no así, de una violación a las garantías individuales que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que esa vulneración únicamente la puede sufrir el gobernado por parte de una autoridad, actuando ambos en un plano de supra a subordinación, lo que no ocurre en la especie, dado que no se está en el caso de actos derivados entre dichas autoridades y el quejoso derivados de una relación de ese tipo, sino de coordinación, y entonces, al constituir un conflicto entre particulares que, deberá ser dirimido ante los tribunales ordinarios, conforme a lo estatuido en el derecho burocrático. Lo anterior, encuentra sustento, por las razones que la integran, en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes 07 de agosto de 2020, de rubro y y texto siguientes: "ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LAS DETERMINACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, DERIVADAS DE UN CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ASCENSO A UN NIVEL O CATEGORÍA SUPERIOR PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO, CONSISTENTES EN LA NEGATIVA A OTORGAR UNA PLAZA AL QUEJOSO Y SU ENTREGA A UN TERCERO. De conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, y con diversos precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los requisitos que deben satisfacerse para considerar que un acto es de autoridad para efectos del juicio de amparo, consiste en que exista un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. Ahora bien, las determinaciones de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, derivadas de un concurso de oposición para la promoción de ascenso a un nivel o categoría superior para los trabajadores de la educación del Estado, consistentes en la negativa a otorgar una plaza al quejoso y su entrega a un tercero, no tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación entre dicha Secretaría y los docentes o servidores de la educación que aspiran a ser promovidos o ascendidos a un nivel más alto dentro de la misma estructura educativa estatal es de coordinación y no de supra a subordinación, pues: a) Deriva de una relación laboral-burocrática entre el Estado como patrón (no como autoridad o ente superior) y el servidor público como trabajador; y, b) Del artículo 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente abrogada, se advierte que las diferencias en las relaciones de trabajo que surjan entre el personal al que se refiere la propia ley y las autoridades educativas y organismos descentralizados, se rigen por la legislación laboral aplicable y, en consecuencia, serán dirimidas ante los órganos jurisdiccionales competentes en esa materia, característica propia de las relaciones de coordinación, por lo que si el quejoso no está de acuerdo con el resultado del concurso de oposición o con sus consecuencias, puede impugnarlo por la vía laboral.". En consecuencia, como ya se mencionó, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de garantías, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, Fracción XXIII, del ordenamiento legal en cita, en relación con el numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como autorizados de su parte a ***, cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito en la Materia Penal, Civil, Mercantil y Administrativa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; en tanto que a *** y ***, únicamente para oír y recibir notificaciones, por no contar con tal registro. Se tiene como domicilio procesal el que indica la parte quejosa en su demanda de amparo. Con apoyo en lo establecido en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la elaboración de las notificaciones que se ordenen en este expediente. Finalmente, se exhorta a las partes, a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo preceptuado ACUERDO GENERAL 22/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL ESQUEMA DE TRABAJO Y MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID19.".

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