Alberto Vazquez Dorantes

Expediente 566/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
566/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
20/09/2022

Partes del expediente

  • Alberto Vazquez Dorantes

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede se advierte que de la búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se localizó que el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, tramitó la demanda de amparo formulada por Alberto Vázquez Dorantes, lo que quedó radicado con el número 732/2022, declarándose incompetente para conocerla y la remitió al diverso Juez de Distrito del Estado de Michoacán, correspondiéndole conocer de ella al Juez Sexto de Distrito en Michoacán, la que radicó con el número 431/2022, sin embargo, rechazó la competencia, por lo que, se envió a conflicto competencial el catorce de julio del año en curso ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito en Michoacán, radicándose el toca 18/2022. Posteriormente, en resolución de once de agosto de esta anualidad, se declaró la competencia del Juez Sexto de Distrito en Michoacán, respecto al juicio de amparo 431/2022, reingresando a ese juzgado el veintinueve de agosto de dos mil veintidós; asimismo, se advierte que señaló el veintinueve de septiembre de este año para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Así, el Juez Sexto de Distrito en Michoacán, respecto al juicio de amparo 431/2022, es quien conoce de la declinada en el presente juicio y ya se encuentra en trámite. En tal razón, realícense las anotaciones correspondientes y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Al no existir trámites pendientes por acordar dentro del cuadernillo en que se actúa, archívese como asunto concluido, y en cumplimiento al capítulo 21, inciso "j" del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución sin decir en lo principal y se dio por concluido al haberse desechado, por lo que carece de relevancia documental, se establece como fecha probable el veinte de septiembre de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese por lista de acuerdos.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, para que surta sus efectos legales procedentes; atento a su contenido, téngase a la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, informando la recepción del juicio de amparo relativo al presente cuaderno de antecedentes, del que se advierte lo radicó con el número 732/2022 de su índice. En atención a su contenido, se advierte que a su vez, lo remitió por incompetencia al Juez de Distrito del Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en atención a que el directo quejoso está recluido en el Centro de Readaptación Social número "17 CPS" en Buena Vista Tomatlán, Michoacán; de lo que el suscrito toma nota. Notifíquese.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, siete de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio signado por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz. Atento a su contenido, se advierte que solicita acuse de recibo del oficio 4108/222 derivado de la queja 223/2022, mediante el cual informó que el auto de treinta de marzo del año en curso, en el que declaró sin materia el recurso de queja interpuesto por la promovente del amparo Norma Edith Ponce Morales, en representación de su menor hija, por conducto de su autorizado el licenciado Jorge Chora García, contra de la suspensión de plano negada en este asunto, ha quedado firme. En tales condiciones, en cumplimiento a lo instado por la Superioridad, acúsese recibo de inmediato. Notifíquese...

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda de protección de derechos fundamentales promovida por Alberto Vázquez Dorantes, por propio derecho, contra actos y autoridades ahí precisadas; fórmese expediente y regístrese con el número 566/2022-3, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. INCOMPETENCIA LEGAL En primer término, cabe destacar que de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone, en lo que aquí interesa, que tratándose de juicios de amparo indirecto, la competencia para conocer de ellos radica, entre otras cosas, en aquel juzgado en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se trata de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Como se aprecia, el precepto aludido, para determinar la competencia por territorio en materia de amparo, se ciñe a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado. Por lo cual, en principio, debe calificarse aquél a fin de establecer si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto que tenga efectos meramente declarativos. Y, en caso que el acto reclamado conlleve una ejecución material, analizarse las características de ésta. Este análisis de la ejecución, debe llevarse a cabo al vincular los efectos del acto reclamado con el derecho constitucional que se encuentre en juego y considerar las consecuencias directas que produce. Así, en el caso particular, se advierte que en la demanda de amparo que dio origen a este asunto, los actos reclamados se hacen consistir en la posible orden de aprehensión girada en contra del quejoso, así como su ejecución, por lo que dichos actos en todo caso se ejecutará dentro de las instalaciones del Centro Federal de Reinserción Social #17 CPS en Michoacán, con sede en Apatzingan, Michoacán, donde se encuentra con motivo del proceso penal 445/2021, del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, residente en Veracruz, Veracruz, según relata en la parte final del antecedente dos de su escrito de demanda. Entonces, bajo lo anteriormente narrado, resulta evidente que en su caso, la orden de aprehensión se ejecutará en donde se encuentra actualmente recluido el quejoso Alberto Vázquez Dorantes. De manera que las consecuencias de los actos que se reclaman, se trasladan directamente al lugar en el que reside el quejoso, que se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito; esto es, en el Centro Federal de Reinserción Social #17 CPS en Michoacán, con sede en Apatzingan, Michoacán. Por consiguiente, se considera que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer de este asunto. Conclusión que encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 64/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 899, con registro digital 2020828, que indica: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará." Así como la tesis I.1o.A.44 A sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 1299, tomo XIV, agosto de 2001, registro digital 189167, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Así como la diversa I.15o.A.41 K, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 2288, tomo XXXIII, marzo de 2011, registro digital 162635, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE URTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME." Por tanto, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, en turno, el expediente en que se actúa, toda vez que ahí es donde se materializan los efectos de los actos reclamados por los motivos antes indicados; solicitando comedidamente comunique si admite la competencia que le es declinada y acuse recibo vía interconexión. Sin que pase desapercibido para el suscrito que el quejoso señala como autoridad responsable ejecutora, a la Fiscalía General de la República, residente en Ciudad de México, misma que tiene competencia en toda la República Mexicana. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones la casa marcada con el número 108 de la calle Antón de Alaminos, entre Jacarandas y Américas, del fraccionamiento Virginia, en esta ciudad; y como autorizados para recibirlas a Sergio Andrés González Álvarez y Víctor de Jesús Reyes Nájera, de quienes proporciona sus números de cédulas profesionales, que los facultan para ejercer la profesión de licenciado en derecho, por lo que se les tiene por autorizados con las facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, asimismo, se tiene por autorizadas a las diversas personas mencionadas en términos del segundo párrafo del mismo artículo, por así haberlo solicitado. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. REQUERIMIENTO DE CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud público derivados del virus Covid-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con el artículo 2, fracción XIX, del acuerdo en comento. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de ocho de junio de dos mil veinte, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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