Alberto Vargas Contreras
Expediente 597/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 597/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alberto Vargas Contreras
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto dictado el ocho de julio de dos mil quince, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo presentada por la quejosa ALBERTO VARGAS CONTRERAS, sin que lo haya hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que haya lugar a devolver documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes. Por otra parte, se advierte que el plazo de tres días concedido al quejoso, para que señalara domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, mediante proveído de ocho de julio del año en curso, transcurrió del cinco al siete de los actuales. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el aludido auto y con apoyo en la fracción II, del artículo 29, de la Ley de Amparo, se ordena notificarle a la parte quejosa el presente proveído, y los subsecuentes por lista que se fije en los estrados de este juzgado. Toda vez que el presente juicio se encuentra concluido, remítase al Juez Único Menor Mixto de Yuriria, Guanajuato, las constancias que integran del juicio ejecutivo mercantil M-417/2014, que adjuntó al rendir su informe justificado, por resultar innecesario su retención, constancias que constituyen un tomo de pruebas. Solicito acuse recibo del presente. Sin que haya lugar a devolver documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes.
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta que suscribe el Jueza Única Menor Mixta de Yuriria, Guanajuato, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 483/2015 del índice de este tribunal, que se envió para notificar al quejoso Alberto Vargas Contreras, en cumplimiento a lo ordenado en auto de ocho de julio pasado. Dese de baja y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Por recibido el oficio y anexos, que remite la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al que anexa la demanda de amparo presentada por ********************, comunicados 552, 554, 555, 567, constancias de notificación practicada al quejoso y del emplazamiento del tercero interesado **********, así como el juicio ejecutivo mercantil M***. En cumplimiento de lo ordenado por la superioridad, este Juzgado Federal se avoca al conocimiento de la demanda en comento. Regístrese bajo el número 597/2015, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Acúsese recibo. Fórmese un tomo de pruebas con el expediente ****** del índice de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. En la especie se duele de la orden de embargo decretada en su contra en el juicio ejecutivo mercantil ********************, y su ejecución, aduciendo que no existe justificación legal para que la responsable dictara ese acto de molestia en su contra, con lo cual considera se transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los numerales 14 y 16 constitucionales. Refiere que el día quince de junio de dos mil quince, se presentó una persona que dijo ser actuario del Juzgado Único Menor Mixto a su domicilio y que al no encontrarlo le dejó un citatorio para que lo esperara el día dieciséis de junio siguiente con la intención de llevar a cabo una diligencia de carácter judicial, de la cual desconocía el motivo. Del informe justificado de la Jueza Interina Único Menor Mixto de Yuriria, Guanajuato y de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil número *******, a las que se otorga pleno valor probatorio de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprenden como antecedentes del acto reclamado los siguientes: a) ************, en su carácter de endosatario en procuración de ************, mediante escrito presentado el tres de octubre de dos mil catorce, demandó en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción de cambiaria directa a ********************, como deudora principal, así como a ********************y a ********* (aquí quejoso), como avales, el pago de la cantidad de cinco mil doscientos treinta pesos ($54,000.00), como suerte principal, el pago de intereses ordinarios y moratorios a razón del veinticuatro por ciento (24%) anual, más el impuesto al valor agregado, y de dieciocho por ciento (18%), respectivamente, el pago de gastos de cobranza, así como el pago de gastos y costas. b) Por auto de seis de octubre pasado, se admitió a trámite la demanda en la vía y forma propuesta, radicándose con el número ******************** ordenándose requerir de pago a los demandados y en caso de no verificarse se le embargaran bienes de su propiedad suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas. De lo que se estima que el acto reclamado deriva de la tramitación de un juicio ejecutivo mercantil que aún no ha concluido. Ahora bien, de los ordinales 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende que los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto, cuando tengan una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es menester destacar, que no basta que un acto dictado dentro de juicio sea de imposible reparación, para que proceda el juicio de amparo indirecto en su contra, puesto que para ello debe observarse, además, el principio de definitividad, es decir, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios, que procedan dentro del procedimiento natural, mediante los cuales el acto reclamado pueda ser revocado, modificado o nulificado, en términos de lo previsto en la fracción XVIII, del numeral 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o.C. J/239, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, de noviembre de dos mil tres, página setecientos sesenta y cinco, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN SU CONTRA. El hecho de que un acto de autoridad tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación que afecte directa e inmediatamente derechos sustantivos del gobernado, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII, de la ley de la materia y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Igual de relevante resulta que la orden de embargo en un juicio ejecutivo mercantil, puede y debe ser impugnado por el demandado, mediante el recurso de revocación, previsto en el numeral 1334, del Código de Comercio, que establece que los acuerdos que no fueren apelables y los decretos, como aquellos en que se ordena el requerimiento de pago y embargo de bienes, pueden ser revocados por el juez que los dictó. Medio de defensa ordinario que debe agotarse antes de acudir al juicio de amparo, debido a que éste es un medio extraordinario de defensa y el principio de definitividad que rige su procedencia obliga al gobernado a agotar, previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado establecen para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley reglamentaria. En efecto, la causal de improcedencia en cuestión, se refiere a cuando se reclaman resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. De ahí, que aun cuando la orden de embargo y su ejecución-que derivan de un juicio ejecutivo mercantil- tienen la característica de ser de imposible reparación, al no haberlos impugnado la quejosa ante el juez de instancia, mediante el recurso de revocación, el juicio deviene improcedente. Lo anterior es así, puesto que cuando existe certeza -como en el caso- de que contra el acto reclamado en un juicio de amparo procede un recurso ordinario dentro del procedimiento del que deriva, en términos de lo previsto en el numeral 61 fracción XVIII, de la ley de la materia, ello constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia, y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda. Como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Ahora bien, de las constancias que integran el expediente ******************** del índice del Juzgado Único Menor Mixto de Yuriria, Guanajuato, se advierte que el quejoso fue emplazado en el domicilio ubicado en calle Fray D D Chávez número 9 de la comunidad de San Francisco de la Cruz, del municipio de Yuriria, Guanajuato; por tanto, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento despacho al Juez Único Menor Mixto de Yuriria, Guanajuato, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, ordene persona a su cargo para que le notifique el presente proveído al quejoso; igualmente deberá requerirlo a fin de que en el momento de la diligencia o dentro de los tres días, siguientes a la notificación que se le practique, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes se le harán por lista, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo.
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