Alberto Uribe Camacho
Expediente 569/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 30 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 569/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 28/08/2019
Partes del expediente
- Alberto Uribe Camacho
- Abelardo Cárdenas Ureña
- Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Incidental
Visto el contenido de la certificación que antecede, y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. En cumplimiento a la fracción III del considerando Vigésimo y fracción III del Vigésimo Primero, capitulo quinto, de las disposiciones generales, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el veinticinco de noviembre de dos mil nueve, en el que se establecen los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo, por tanto, se ordena conservar el original del incidente de suspensión y la destrucción del duplicado, en virtud de que se concedió la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados en el presente asunto. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, fungirá como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
- Principal
Vista certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los que se advierte que feneció el plazo de quince días que establece la ley de la materia para recurrir el auto por el que se declaró cumplida la sentencia de amparo, sin que las partes hubieran interpuesto el recurso de inconformidad. En consecuencia, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se precisa que el expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el último párrafo del numeral vigésimo primero del citado acuerdo, pues no se ventiló algún tema relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental; tampoco contiene alguna resolución impugnada ante organismos públicos internacionales; ni se refiere a conflictos colectivos trascendentes, o algún otro de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora bien, de conformidad con la fracción IV del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General, tomando en consideración en que se concedió el amparo en el presente juicio, éste se considera susceptible de DEPURACIÓN, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio ********************, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Con el contenido de este acuerdo se da cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes.
- Principal
Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que en proveído de uno de febrero de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por el Coordinador de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remitió copias certificadas del Acuerdo Legislativo AL-98LXII-19, a través del cual se determina dejar sin efectos la solicitud de suspensión por un plazo de quince días sin goce de sueldo en contra del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco. Con el citado oficio y anexo, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de acuerdo a las constancias que obran en autos, procedería a resolver si la sentencia se encuentra o no cumplida. En esas condiciones, en virtud de que a la fecha la parte quejosa no desahogó dicha vista, y el término de tres días otorgado feneció, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y por tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: por sentencia dictada por el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, el siete de septiembre de dos mil dieciocho, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Alberto Uribe Camacho, contra actos del Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco y otra autoridad, cuyos efectos consistieron esencialmente, en: "(.) Deje insubsistente el acuerdo de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, dictado dentro de los autos del juicio laboral 2192/2010-A promovido por Abelardo Cárdenas Ureña en contra del Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, sólo en la parte conducente en la que se le decretó la suspensión del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por el término de quince días sin goce de sueldo, y se ordenó girar oficio al Congreso del Estado de Jalisco, para que proceda con la ejecución de la misma. Sin perjuicio de que en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 140 a 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, requiera por el cumplimiento del laudo a la autoridad que corresponda para lograr ese cometido, pero subsanando el vicio por el cual se otorga la protección federal. La protección constitucional se hace extensiva a la autoridad responsable 2. Congreso del Estado de Jalisco, toda vez que el acto de ejecución que se le atribuye no se impugna por vicios propios.". Por acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento del fallo protector. En este contexto, el cumplimiento otorgado por la autoridad responsable fue el siguiente: - Mediante auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo al Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo, en el Estado de Jalisco, remitiendo a su vez el oficio MA1-2966/2018, signado Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por el cual allegó copia certificada del auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, del que se advierte que dejó insubsistente el acuerdo de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, emitido dentro del juicio laboral 2192/2010-A. - Posteriormente, en proveído de uno de febrero de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por el Coordinador de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remitió copias certificadas del Acuerdo Legislativo AL-98LXII-19, a través del cual se determina dejar sin efectos la solicitud de suspensión por un plazo de quince días sin goce de sueldo en contra del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco. En consecuencia, debe decirse que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se declara cumplida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, párrafos segundo, tercero y cuarto y 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este órgano jurisdiccional no advierte que exista exceso o defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable. Orienta lo anterior, la tesis: 2a. XCVI/2013 (10a.), de epígrafe y contenido: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema de materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento, debe ser total, sin excesos o defectos, por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Por tanto, en su oportunidad, una vez que transcurra el término de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo , para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto.
- Principal
VISTO LO DE CUENTA, ESTE ASUNTO NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
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