Alberto Torre Durán

Expediente 711/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
711/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
28/07/2022

Partes del expediente

  • Alberto Torre Durán

Actuaciones

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a veintiocho de julio de dos mil veintidós. Agréguese para que obre como corresponda la razón actuarial de cuenta, de la que se advierten los motivos por los cuales la Fedataria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, no pudo notificar al quejoso el auto de quince de julio del año en curso, toda vez que el domicilio que le fue señalado, resulto inexacto; en esas condiciones, se ordena notificarle el auto de referencia, así como las subsecuentes notificaciones, incluso las personales, POR MEDIO DE LISTA que se fije en los estrados de este juzgado. Lo anterior en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista al quejoso. --------------------------------- México, Ciudad de México, a quince de julio de dos mil veintidós. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA El escrito inicial de demanda fue recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el quince de julio de dos mil veintidós, y recibido en la misma fecha en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. PERSONALIDAD La demanda la promueve *** por propio derecho, en contra de los actos que reclama de: a) al l) Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral de la Unidad de Gestión Judicial uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. m). Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio de esta Ciudad de México n) Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral de la Ciudad de Santiago de Querétaro Querétaro ñ) Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio de la Ciudad de santiago de Querétaro Querétaro o) Juez de control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral de la Ciudad de San Luis Potosí San Luis Potosí. p) Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio de la Ciudad de San Luis Potosí San Luis Potosí q) Fiscal General de la República de los Estados Unidos Mexicanos. r) Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. s) Fiscal General de Justicia en el Estado de Querétaro. t) Fiscal General de Justicia en el Estado de San Luis Potosí u) Comisario de la Dirección General de Metodología de Investigación de la Fiscalía General de la República. v) Comisario de la Dirección General de Metodología de Investigación de la Fiscalía General de la Ciudad de México w) Comisario de la Dirección General de Metodología de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. x) Comisario de la Dirección General de Metodología de Investigación de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. REGISTRO Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de Gobierno con el número 711/2022-II, y con número de NEUN 30473356. ACTO RECLAMADO De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como acto reclamado la orden de aprehensión librada en su contra por un delito, ya que se presentaron a su domicilio unas personas que dijeron ser de la Policía de Investigadora Federal y del Estado y que traían una orden de aprehensión librada en su contra, así como su ejecución. INCOMPETENCIA Previo a acordar lo que en derecho proceda, conviene establecer que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentran obligados los órganos de control constitucional antes de resolver cualquier cuestión relacionada con la litis planteada en la demanda, pues de no hacerlo, se contravendrían las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. En esas condiciones, este Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, debiendo conocer de la misma un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, atendiendo a las siguientes consideraciones: El artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece: "Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Por otra parte, el diverso numeral 60 prevé lo siguiente: "Artículo 60. Las y los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 56, 57 y 61 de esta Ley, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En ese sentido, los actos que reclama el quejoso son actos de naturaleza netamente penal, porque no emanan de una contienda jurisdiccional en materia civil, ni mucho menos resuelve una, ni realiza acto jurisdiccional alguno, de ahí que aun y cuando se duela del acto que señala como reclamados y al no emanar éstos de un procedimiento civil, si no de actuaciones del orden punitivo, se consideraran de naturaleza penal y, por tanto, corresponde el conocimiento de la demanda de amparo a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, atendiendo a la naturaleza jurídica de los actos reclamados. Lo anterior se afirma si se toma en cuenta lo establecido en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el que en su fracción I, establece que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal conocerán de los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal, contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, hipótesis que se actualiza en el presente caso y, por ende, la competencia declinada por este juzgado a un órgano de control constitucional en materia penal, puesto que se insiste los actos reclamados y las autoridades responsables señalados en la demanda de amparo tienen naturaleza penal. Sirve de apoyo la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, tomo XVIII agosto de 2003, novena época, visible a página 1773, que dice: "JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. La competencia para conocer de una demanda de garantías por razón de la materia deriva de la naturaleza del acto reclamado, pero no de la autoridad que sea señalada como responsable; por ello, si la parte quejosa señaló en la demanda de amparo como responsables a autoridades de distinta materia, como lo son el Juez de lo Civil y el tribunal administrativo, y si a la primera le atribuyó actos de naturaleza civil como lo es todo lo actuado en el juicio de restitución de parcela, el cual ha concluido con sentencia y está en la etapa de ejecución, y por otra parte, a la segunda de ellas que tiene naturaleza administrativa le atribuyó como acto reclamado el auto por cuya virtud declaró carecer de competencia legal para conocer del procedimiento de restitución de parcela, y si de las constancias de autos se pone de manifiesto que la autoridad del orden civil aceptó y sustanció el procedimiento respecto del cual la autoridad administrativa adujo no tener competencia para ello, es evidente que lo actuado por la autoridad administrativa se subsumió en la aceptación de competencia de la autoridad del orden civil, por lo que deberá estarse, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo, a que la naturaleza del acto y su ejecución corresponden a un Juez de Distrito en esta materia, puesto que al aceptarse la competencia del procedimiento administrativo declinado por esta autoridad, los actos de ella quedaron inmersos en el actuar de la autoridad del orden civil." Igualmente, la tesis Jurisprudencial 83/1998, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, Diciembre de 1998, página 28, que dice: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 632, tomo XXXVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: "COMPETENCIA, REGLAS PARA DETERMINARLA. Los órganos investidos de poder jurisdiccional tienen limitado el ejercicio de éste, por medio de reglas establecidas por la ley; esos límites constituyen su competencia, que se determina por diversos criterios: el objetivo, el funcional y el territorial; el primero de ellos se deriva, o del valor del pleito o de la naturaleza de él (competencia por materia); emana de la naturaleza del pleito y se refiere, ordinariamente, al contenido especial de la relación jurídica en litigio; así pues, la competencia determina la propia esencial del asunto, y no la determina cualquier acto del procedimiento, y mucho menos, la simple prioridad de una diligencia respecto de otra. El artículo 161 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Territorios, expedido en 1884, confirma lo antes dicho, ya que dispone que las cuestiones de competencia, sólo proceden y promoverse para determinar la jurisdicción y decidir cuál haya de ser el Juez o tribunal que deba conocer de un asunto, o sea de un procedimiento completo." En esas condiciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, se declara carente de competencia legal para conocer y resolver sobre la demanda de amparo presentada por el quejoso, por lo que ordena remitirla al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, solicitándole de la manera más atenta que, de no existir inconveniente legal alguno, se sirva acusar el recibo respectivo y comunicar si acepta o no avocarse al conocimiento del presente asunto. FORMACIÓN DE CUADERNO DE ANTECEDENTES Con copia autógrafa de este acuerdo y copia simple de la demanda de amparo, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. IMPROCEDENCIA DE SUSPENSIÓN SOLICITADA En el caso, este juzgado de Distrito no se pronuncia respecto a la suspensión solicitada del acto reclamado porque de la lectura integra de la demanda no se aprecia que en este momento se esté ejecutando alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o por el 126 de la Ley de Amparo, en perjuicio de la quejosa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos del artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del peticionario de amparo el que indica en su demanda. Por otra parte, como lo solicita se tienen por autorizadas a las personas que indica, para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la utilización de medios electrónicos para la consulta del presente expediente, en términos de la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 21 de la Ley de Amparo. SE EXHORTA A LAS PARTES CONTINUAR EL TRÁMITE DEL PRESENTE JUICIO VÍA ELECTRÓNICA. Debido a la contingencia sanitaria provocada por el virus covid-19, de conformidad con lo previsto en los artículo 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia Sanitaria, se exhorta a las partes a que continúe su tramitación vía electrónica, para lo cual deberán realizar el registro correspondiente en el Portal de Servicios en Línea, crear su usuario y proporcionarlo ante éste órgano jurisdiccional para acceder al expediente electrónico y notificarse por dicho medio. ACUERDO DE TRANSPARENCIA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, haciendo del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y IV y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública y sobre todo atendiendo a lo establecido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que las partes deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, bajo la perspectiva que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese por oficio al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, y personalmente al promovente.

  2. Principal

    México, Ciudad de México, a veintiséis de julio de dos mil veintidós. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta del Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual, comunica el contenido del auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 641/2022-I, del que se advierte que acusa recibo del oficio por el que se le remitió el presente juicio de amparo y que aceptó la competencia planteada por razón de materia de la demanda de amparo promovida por ****. En las relatadas condiciones, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, al no existir actuación pendiente en este asunto, remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al quince de agosto de dos mil veintidós. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no cumple con los lineamientos expresados en el último párrafo del artículo 20 del Acuerdo General Conjunto 1/2009 emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, para ser considerado de relevancia documental. De conformidad con la fracción XX, del Punto Segundo, del apartado de Disposiciones Generales, y fracción I, del punto Vigésimo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este cuaderno es susceptible de destrucción, lo que deberá de realizarse por este juzgado transcurridos seis meses a partir de que surta efectos la notificación de la presente determinación. Finalmente, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista al quejoso.

  3. Principal

    México, Ciudad de México, a quince de julio de dos mil veintidós. Notifíquese por oficio al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, y personalmente al promovente.

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