Alberto Souverbielle Peñaloza
Expediente 482/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 482/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/05/2022
Partes del expediente
- Alberto Souverbielle Peñaloza
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; cuatro de mayo de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de siete de abril de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Alberto Souverbielle Peñaloza, por propio derecho; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. En ese sentido, se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo en el presente juicio (artículo 21, inciso d del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obre la constancia de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. De igual forma, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
RAZÓN DE IMPOSIBILIDAD. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo; agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan, la razón mediante la cual el Actuario Judicial adscrito asentó la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la parte quejosa el auto de siete de abril de dos mil veintidós, por los motivos expuestos en la diligencia de mérito. En esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el presente auto, así como el de siete de abril de dos mil veintidós y los acuerdos subsecuentes, aun los que deban ser personales, por medio de la lista que se fija en este órgano jurisdiccional. Notifíquese; y por lista el presente auto, así como el diverso de siete de los cursantes. AUTO DE SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS toluca, Estado de México; siete de abril de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho, contra actos de la Presidenta del Comité del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 482/2022-III. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: El dictamen de pensión emitido por las autoridades del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, número * de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." DESECHAMIENTO. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, cuyo rubro y texto se citan: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, se destaca que respecto del citado acto reclamado, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." Además, es necesario señalar que el artículo 107, fracciones III, incisos b) y c), IV, VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio.; IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; . VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. . XII.- La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII. ." Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan; c) Que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal; y d) Que por virtud de dicho medio, el acto pueda ser modificado, revocado o nulificado. Por lo que, con la concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente. Al caso sirve de apoyo, la jurisprudencia 986, sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte TCC, Página 678, con el rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el promovente debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, conviene establecer que los preceptos 186, 187, 194, 229, 254, 255, 256, 257, 258 y 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, prevén el recurso administrativo de inconformidad ante la autoridad responsable a quien se atribuye el acto reclamado, o bien, el juicio contencioso ante el Tribunal de Justicia Administrativa, los cuales no exigen mayores requisitos que los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. En ese tenor, es de sostenerse que, en el caso concreto, este Juzgado Federal advierte la concurrencia de la mencionada causa de improcedencia, respecto del acto reclamado consistente en el dictamen de pensión emitido por las autoridades del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, número CP/59004/19, de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. En efecto, el acto reclamado fue dictado por una autoridad distinta de un tribunal judicial, administrativo o de trabajo, esto es, por la Presidenta del Comité del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (autoridad administrativa), y conforme al artículo 186 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, frente a las resoluciones de las autoridades administrativas, los particulares afectados tienen la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o bien, el juicio contencioso ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; por tanto, la parte quejosa se encuentra obligada a promover alguno de dichos recursos o medios de defensa -el que elija de manera optativa, previo a acudir al juicio de amparo, en atención al principio de definitividad que lo rige. Por tal motivo, dado que los artículos 186, 187, 194, 229, 254, 255, 256, 257, 258 y 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, a los cuales se encuentra sujeto el acto de autoridad que se reclama en esta vía constitucional, contempla como ya se dijo, tanto el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad, como el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa, como medio de defensa mediante los cuales el gobernado puede obtener la modificación, revocación o nulidad del acto que reclama, inclusive la suspensión del acto reclamado, es de sostenerse que la interposición optativa de alguno de dichos medios de defensa es obligatoria para la parte quejosa, en atención al mencionado principio. Esto es, la parte quejosa puede elegir entre promover el recurso administrativo de inconformidad, o acudir directamente al juicio contencioso administrativo, previo a acudir al juicio de amparo; empero, si elige el primero de ellos y obtiene sentencia adversa a sus intereses, entonces -adicionalmente- deberá acudir al juicio contencioso administrativo, reclamando la nulidad de la sentencia dictada en el recurso administrativo de inconformidad. En abundamiento, como ya se dijo del contenido de los artículos 125, 128, 129 y 132 de la Ley de Amparo, no exigen mayores requisitos que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, para conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, ni plazo mayor que el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional; asimismo, se precisa que los citados artículos de la Ley de Amparo son de idéntica redacción a los diversos 124 y 125 de la Ley de Amparo abrogada. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 60/2013 (10ª.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 933, del Tomo 1, del Libro XXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio del año dos mil trece, Décima Época, materia común, que establece: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad." Máxime que el artículo 165 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, establece: "ARTICULO 165.- Los sujetos de esta ley que consideren afectados sus intereses por los actos y resoluciones que dicte el Instituto, podrán impugnarlos a través del recurso y en los términos que establece el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México." No es obstáculo a las anteriores consideraciones el hecho de que la parte quejosa haya manifestado en sus conceptos de violación, que se violan sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 14, de la Constitución, pues de sus argumentos se advierte que esencialmente se duele de los derechos fundamentales de legalidad que considera no fueron satisfechos por las autoridades señaladas como responsables. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por S*por propio derecho, contra actos de la Presidenta del Comité del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otra autoridad, por notoriamente improcedente. Se estima aplicable, la jurisprudencia publicada con el número VII.2o.C.J/23, en la página 921, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2006, Tomo XXIV, Materia Común, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Asimismo, es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia número III.2o.C.3 K (10ª), publicada en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2013, Libro XVI, Tomo 3, Materia Común, Décima Época, que precisa: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." DOMICILIO. Por otra parte, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio precisado por la parte quejosa en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados en términos restringidos a Amparo Heidy y Louisgrego ambos de apellido Gómez Cirilo, María Luisa Cirilo de la O, Rebeca Bravo Romero, Brian Alberto Martínez Prado y Oswaldo Vicencio Flores; es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto registren su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales". HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese, personalmente al quejoso.
- Principal
Toluca, Estado de México; siete de abril de dos mil veintidós. CUMPLIMIENTO. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa y tercero interesado mediante auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto la forma en que la Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, México, dio cumplimiento al fallo protector, y debido a que no realizaron manifestación alguna; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a analizar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En efecto, conforme a la sentencia de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, el acto reclamado se hizo consistir en: "El auto de ocho de noviembre del dos mil veintiuno, por el cual se inadmitió de plano el recurso de revocación interpuesto por la quejosa en contra diverso de doce de octubre de dos mil veintiuno, dentro del expediente 1077/2020, del índice estadístico de la Juez responsable" Ahora, se concedió el amparo y la protección constitucional, para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "-Deje insubsistente el proveído de ocho de noviembre del dos mil veintiuno, y, en su lugar con plenitud de jurisdicción, dicte otro en el que en uso de sus atribuciones funde y motive el acuerdo en el que provea respecto del medio de impugnación interpuesto por la quejosa" Resolución que adquiriera firmeza procesal por determinación de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, en la que se requirió el cumplimiento a la responsable del fallo protector. En ese sentido, y en acatamiento al fallo protector, mediante oficio de veintiocho de marzo del año en curso, la Juez Quinto Familiar de Toluca, Estado de México, hizo del conocimiento la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y remitió copia certificada del auto dictado en la misma fecha, dentro del expediente 1077/2020, de su índice estadístico, en el que dejó sin efectos el diverso de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, y emitió un nuevo acuerdo en el que determinó admitir a trámite el recurso de revocación interpuesto por Gabriela Castrejón Fabela (quejosa). Atento a ello y confrontadas las exigencias contenidas en la ejecutoria de amparo, con las constancias de la autoridad responsable, se advierte que se ha dado cumplimiento al fallo protector; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo fue cumplida en sus términos y no se incurrió en exceso o defecto. Por último, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista al tercero interesado.
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