Alberto Santiago Garcia

Expediente 328/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
328/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
02/08/2022

Partes del expediente

  • Alberto Santiago Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    MESA IV "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; dos de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que negó el amparo y protección de la justicia federal; por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el asunto se negó el amparo y protección de la justicia federal, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 328/2022, promovido por ********************contra actos del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro; y R... C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, ... SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia expresó. ... Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama el acuerdo de nueve de julio de dos mil veintidós, emitido por el juez responsable, en el juicio de controversia del orden familiar ******************** de su índice, seguido por ******************** contra ********************donde fijó una pensión alimenticia provisional del veinte por ciento de su sueldo y demás prestaciones que percibe, a favor de su menor hijo ******************** TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el Juez Segundo de lo Familiar del Centro aceptó la existencia del acto reclamado, pues indicó que el nueve de julio de dos mil veintiuno, fijó pensión provisional a favor del menor de edad ********************, del veinte por ciento del sueldo que el demandado, aquí quejoso, percibe como empleado de Unidades Hospitalarias Ochenta, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. De ahí que se tenga por cierto el acto reclamado. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias de autos, de los que se advierte: Mediante escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, ********************, por propio derecho y en representación de su menor hijo ********************, demandó en la vía de controversia del orden familiar a ********************exigiéndole, entre otras cosas, el pago de una pensión alimenticia provisional y definitiva a favor del citado menor. La demanda fue turnada al Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, quien la registró con el número ********************. En ese asunto, el nueve de julio de dos mil veintiuno, el juez responsable, en cuanto a los alimentos, decretó una pensión alimenticia provisional del veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado como empleado de Unidades Hospitalarias Ochenta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los siguientes términos: "ALIMENTOS En relación a a medida provisional solicitada consistente en el pago de una pensión alimenticia provisional a favor del infante ******************** se acuerda en los siguientes términos: toda vez que los alimentos constituyen una prioridad de orden público, de naturaleza urgente, inaplazable y la necesidad de recibirlos se genera de momento a momento, por ser una cuestión de orden público e interés social. Del atestado del Registro Civil exhibido se advierte, el ahora demandado ********************, tiene la obligación jurídica de proporcionar alimentos a su menor hijo ********************, quien dada la edad que actualmente tiene y por sus propias características no se encuentra en posibilidad de proporcionarse sus propios alimentos, para lo cual, adicionalmente a la comida, vestido y habitación, requieren de los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas y lograr su debida educación y sano desarrollo integral, así como de atención médica que le garantice su salud física y emocional. En ese sentido, tomando en consideración que esta autoridad puede actuar de oficio cuando se involucran intereses de menores y de alimentos, fijando una pensión provisional sin audiencia del deudor, al constituir los alimentos una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable, cuyo fin es el asegurar la subsistencia de quien los demanda mientras se dicta sentencia definitiva; y toda vez que la accionante refiere que el deudor alimentista labora como camillero en Unidades Hospitalarias ochenta en el Instituto Mexicano del Seguro Social surge la presunción de que tiene un empleo, y como consecuencia de esto tiene la capacidad económica para proporcionar una pensión alimenticia a su menor hijo, quien evidentemente tiene la necesidad de recibirla. Atendiendo el alza inmoderada de los productos de primera necesidad para subsistir, hecho notorio que no necesita ser probado, colo lo establece el artículo 284, del código procesal citado; con fundamento en los artículos 4º, párrafo primero y 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 y 10 de la convención Interamericana sobre las obligaciones alimentarias, y 314, 315, 320 y 323 del Código Civil del Estado, en relación con los artículos 962, 963 y 965 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al ser UN acreedor alimentista, se fija por concepto de pensión alimenticia provisional el VEINTE POR CIENTO del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado, ******************** como empleado de Unidades Hospitalarias ochenta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Excluyendo únicamente las deducciones de ley." (sic) Determinación que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, tomo XXXI, Mayo de dos mil diez, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe. "... No obstante, la parte quejosa expone en sus conceptos de violación, en esencia, que el acto reclamado carece de una debida fundamentación y motivación, pues la pensión privisional a la que se le constriñó no se fijó tomando en cuenta la capacidad económica del deudor y del acreedor, ya que afirma que el juez responsable le dejó la carga absoluta de dar alimentos al fijarle un veinte por ciento de su sueldo, cuando que la actora en el juicio también tiene la obligación de proporcionar alimentos al menor y nunca lo ha ayudado a compartir los gastos. Que la pensión fijada es desproporcional, porque la actora fue omisa en manifestar al juez que desde el año dos mil dieciséis, se le aplica otro descuento del veinticinco por ciento a favor de otra hija que tiene con el demandado, aquí quejoso, ordenada en el expediente ******************** del Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro. SEXTO. Estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Se precisa que el estudio de los conceptos de violación se abordará de estricto derecho, pues quien promueve el amparo es el demandado en un juicio de alimentos; sin que se actualice alguna de las hipótesis para suplir la deficiencia de la queja. Así, son INFUNDADOS los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, que se hace consistir en que la pensión privisional de alimentos del veinte por ciento de su sueldo que le fue fijada se realizó sin ponderar su capacidad económica; que la actora también tiene la obligación de proporcionar alimentos, que nunca lo ha ayudado a compartir los gastos y que también está obligado a diversa pensión en el expediente ******************** del Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, que fue fijada a favor de otra hija que tiene con la actora. En efecto, sobre este tema, los artículos 962 a 965 del Código de Procedimientos Civiles de Estado de Oaxaca, disponen. "Artículo 962. Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea índucido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la Ley, el Juez está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento sin dilación alguna. Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad". "Artículo 963. El Juez de lo Familiar estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a alimentos, el Juez deberá exhortar a los interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el procedimiento". "Artículo 964. No se requieren formalidades especiales, para acudir ante el Juez competente cuando se trate de investigación de la paternidad a que se refiere el artículo 396 del Código Civil del Estado, así como cuando se solicite la declaración, preservación o constitución de un derecho o se alegue la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos, de calificación de impedimentos de matrimonio, oposición de maridos, padres y tutores o de las diferencias que surjan entre marido y mujer sobre administración de bienes comunes, educación de hijos y en general todas las cuestiones familiares que reclamen la intervención judicial". "Artículo 965. Podrá acudirse al Juez de lo Familiar por escrito o por comparecencia personal en los casos urgentes a que se refiere el artículo anterior, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate, con las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su caso se presenten se correrá traslado a la parte demandada, la que deberá comparecer en la misma forma dentro del plazo de nueve días, en tales comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Al ordenarse ese traslado, el Juez deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia respectiva, tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento o por disposición de la Ley el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio. Será optativo para las partes acudir asesoradas, y en este supuesto, los asesores necesariamente deberán ser Licenciados en Derecho, con título profesional legalmente expedido, en caso de que una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, se solicitará de inmediato los servicios de un defensor de oficio, el que deberá acudir, desde luego, a enterarse del asunto, disfrutando de plazo que no podrá exceder de tres días para hacerlo, por cuya razón se diferirá la audiencia en un plazo igual. En los casos de investigación de la paternidad, por su especial naturaleza, se dará al Ministerio Público la intervención que a su representación corresponda. El Juez deberá proveer lo necesario para el perfeccionamiento de la prueba pericial genética o cualquiera otra que resulte necesaria o idónea". Como se observa de los numerales transcritos, en lo que interesa, los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público en cuyo caso el Juez tomará las medidas urgentes y necesarias para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Que el Juez estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, en especial tratándose de menores, alimentos y violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Que no se requieren formalidades especiales, para acudir ante el Juez competente tratándose de la investigación de paternidad, así como cuando se alegue el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos y en general todas las cuestiones familiares que reclamen la intervención judicial. Además, se señala que al acudir ante el Juez de lo Familiar, se debe exponer de manera breve y concisa los hechos; que con las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su caso se presenten se correrá traslado a la demandada, quien deberá comparecer en la misma forma dentro del plazo de nueve días, que en tales comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Que el Juez, tratándose de alimentos, fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio. Que en los casos de investigación de la paternidad se dará al Ministerio Público la intervención que a su representación corresponda y se proveerá lo necesario para el perfeccionamiento de la prueba pericial genética o cualquiera otra que resulte necesaria o idónea. En el caso, el juez responsable, para emitir el acto reclamado, ponderó la copia certificada del atestado del registro civil relativo al nacimiento del menor ********************, y copia simple del comprobante de ingresos del demandado ********************como camillero en Unidades Hospitalarias Ochenta en el Instituto Mexicano del Seguro Social; documentales con las que determinó que el demandado tenía obligación jurídica de proporcionar alimentos a su menor hijo; asimismo actualizó la presunción de que tenía empleo y como consecuencia capacidad económica para proporcionar pensión alimenticia a su hijo menor de edad; también consideró el alza inmoderada de precios en los productos de primera necesidad y que se trata de un acreedor alimentista, para fijar por concepto de pensión provisional un veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado. Así, contrario a lo que se afirma, el juez responsable sí ponderó la capacidad económica del demandado, por lo que la pensión fijada se estima es proporcional a la posibilidad del quejoso y a las necesidades del menor en cita; numerario con el cual se sufragarían las necesidades básicas, como son: comida, vestido, habitación, además a fin de lograr su debida educación y sano desarrollo integral, así como la atención médica que garantice su salud física y emocional; dado que los alimentos son de orden público, de urgente necesidad e inaplazable administración; que son de tracto sucesivo porque surgen de momento a momento; que al existir indicio de que es hijo del demandado, tiene la obligación jurídica de proporcionarle el recurso que requiere. Por tanto, la responsable justificó la medida cautelar en la protección del derecho inalienable de recibir los alimentos solicitados, lo cual, como se vio y distinto de lo alegado por el solicitante del amparo, sí está fundada y motivada tal determinación. Además, el agraviado soslaya que el juzgador, al acordar la demanda de alimentos y al habérsele solicitado, como así aconteció, fijó una pensión alimenticia provisional en favor del acreedor alimentario; medida que tiene la naturaleza cautelar, que surge de la necesidad y urgencia de garantizar, durante la tramitación del juicio, la subsistencia de los demandantes, dotándolas de los satisfactores impostergables que, día con día, requieren para cubrir sus necesidades, resultando dicha medida inaplazable, por lo que su dictado no tiene efectos arbitrarios, ya que su imposición no impide ni limita la garantía de audiencia del demandado o deudor para que demuestre lo contario. Ahora, sobre la alegada circunstancia de que la actora en el juicio no proporciona alimentos a sus menores hijos, que nunca lo ha ayudado a compartir los gastos y que también está obligado a diversa pensión de un veinticinco por ciento de su sueldo en el expediente ******************** del Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, que fue fijada a favor de otra hija que tiene con la actora, en el caso, quien solicita el amparo no proporcionó pruebas que acrediten tales extremos. En efecto, con la demanda de amparo, la parte quejosa aportó dos atestados relativos al nacimiento de los menores ********************. y ********************, a los que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido por los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y con apoyo además en la jurisprudencia doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cincuenta y tres del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, que a continuación se transcribe: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Con tales documentos se comprueba la relación paterno filial que el aquí quejoso y ******************** tienen con los menores ********************. y ********************, así como la obligación de proporcionales alimentos. Sin embargo, las documentales no acreditan que la tercera interesada (actora en el juicio natural) no proporcione alimentos a sus menores hijos no obstante tener capacidad económica para ello, o que nunca ha ayudado al aquí quejoso a compartir los gastos de manutención; ni acreditan que en el diverso expediente ******************** del Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, tenga fijada diversa pensión alimenticia a favor de su menor hija ******************** De esta manera, se estima que correcto que la responsable, con los indicios aportados por la actora, tuviere por demostrado de manera indiciaria ese vínculo familiar y decretara, sin audiencia del aquí quejoso, el otorgamiento de la pensión alimenticia provisional solicitada a favor del menor, por un veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el quejoso con motivo de su trabajo, ya que para su solicitud no se requieren formalidades especiales y el Juez tiene facultades para incluso, intervenir de oficio y decretar las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros, aun sin dar intervención previa al demandado, considerando la atención inaplazable que requieren los alimentos, de modo tal que será en el juicio natural donde el quejoso debe demostrar los extremos que en este juicio señala. ... Así las cosas, a nada práctico conduciría conceder el amparo a fin de que la autoridad responsable expusiera mayores razones para emitir el acto reclamado, pues con ello únicamente se prolongaría el asunto. Lo anterior, porque se considera que la autoridad responsable actuó acertadamente al fijar, según la forma de pago semanal, quincenal o mensual del quejoso, la pensión alimenticia provisional, a favor del menor ********************, por el equivalente al veinte por ciento de las prestaciones que tiene como camillero en Unidades Hospitalarias Ochenta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En ese orden, ante lo infundado de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, lo procedente es NEGAR el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************en términos del considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente y regístrese.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 328/2022, promovido por ********************contra actos del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro; y R... C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, ... SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia expresó. ... Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama el acuerdo de nueve de julio de dos mil veintidós, emitido por el juez responsable, en el juicio de controversia del orden familiar ******************** de su índice, seguido por ******************** contra ********************donde fijó una pensión alimenticia provisional del veinte por ciento de su sueldo y demás prestaciones que percibe, a favor de su menor hijo ******************** TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el Juez Segundo de lo Familiar del Centro aceptó la existencia del acto reclamado, pues indicó que el nueve de julio de dos mil veintiuno, fijó pensión provisional a favor del menor de edad ********************, del veinte por ciento del sueldo que el demandado, aquí quejoso, percibe como empleado de Unidades Hospitalarias Ochenta, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. De ahí que se tenga por cierto el acto reclamado. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias de autos, de los que se advierte: Mediante escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, ********************, por propio derecho y en representación de su menor hijo ********************, demandó en la vía de controversia del orden familiar a ********************exigiéndole, entre otras cosas, el pago de una pensión alimenticia provisional y definitiva a favor del citado menor. La demanda fue turnada al Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, quien la registró con el número ********************. En ese asunto, el nueve de julio de dos mil veintiuno, el juez responsable, en cuanto a los alimentos, decretó una pensión alimenticia provisional del veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado como empleado de Unidades Hospitalarias Ochenta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los siguientes términos: "ALIMENTOS En relación a a medida provisional solicitada consistente en el pago de una pensión alimenticia provisional a favor del infante ******************** se acuerda en los siguientes términos: toda vez que los alimentos constituyen una prioridad de orden público, de naturaleza urgente, inaplazable y la necesidad de recibirlos se genera de momento a momento, por ser una cuestión de orden público e interés social. Del atestado del Registro Civil exhibido se advierte, el ahora demandado ********************, tiene la obligación jurídica de proporcionar alimentos a su menor hijo ********************, quien dada la edad que actualmente tiene y por sus propias características no se encuentra en posibilidad de proporcionarse sus propios alimentos, para lo cual, adicionalmente a la comida, vestido y habitación, requieren de los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas y lograr su debida educación y sano desarrollo integral, así como de atención médica que le garantice su salud física y emocional. En ese sentido, tomando en consideración que esta autoridad puede actuar de oficio cuando se involucran intereses de menores y de alimentos, fijando una pensión provisional sin audiencia del deudor, al constituir los alimentos una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable, cuyo fin es el asegurar la subsistencia de quien los demanda mientras se dicta sentencia definitiva; y toda vez que la accionante refiere que el deudor alimentista labora como camillero en Unidades Hospitalarias ochenta en el Instituto Mexicano del Seguro Social surge la presunción de que tiene un empleo, y como consecuencia de esto tiene la capacidad económica para proporcionar una pensión alimenticia a su menor hijo, quien evidentemente tiene la necesidad de recibirla. Atendiendo el alza inmoderada de los productos de primera necesidad para subsistir, hecho notorio que no necesita ser probado, colo lo establece el artículo 284, del código procesal citado; con fundamento en los artículos 4º, párrafo primero y 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 y 10 de la convención Interamericana sobre las obligaciones alimentarias, y 314, 315, 320 y 323 del Código Civil del Estado, en relación con los artículos 962, 963 y 965 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al ser UN acreedor alimentista, se fija por concepto de pensión alimenticia provisional el VEINTE POR CIENTO del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado, ******************** como empleado de Unidades Hospitalarias ochenta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Excluyendo únicamente las deducciones de ley." (sic) Determinación que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, tomo XXXI, Mayo de dos mil diez, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe. "... No obstante, la parte quejosa expone en sus conceptos de violación, en esencia, que el acto reclamado carece de una debida fundamentación y motivación, pues la pensión privisional a la que se le constriñó no se fijó tomando en cuenta la capacidad económica del deudor y del acreedor, ya que afirma que el juez responsable le dejó la carga absoluta de dar alimentos al fijarle un veinte por ciento de su sueldo, cuando que la actora en el juicio también tiene la obligación de proporcionar alimentos al menor y nunca lo ha ayudado a compartir los gastos. Que la pensión fijada es desproporcional, porque la actora fue omisa en manifestar al juez que desde el año dos mil dieciséis, se le aplica otro descuento del veinticinco por ciento a favor de otra hija que tiene con el demandado, aquí quejoso, ordenada en el expediente ******************** del Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro. SEXTO. Estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Se precisa que el estudio de los conceptos de violación se abordará de estricto derecho, pues quien promueve el amparo es el demandado en un juicio de alimentos; sin que se actualice alguna de las hipótesis para suplir la deficiencia de la queja. Así, son INFUNDADOS los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, que se hace consistir en que la pensión privisional de alimentos del veinte por ciento de su sueldo que le fue fijada se realizó sin ponderar su capacidad económica; que la actora también tiene la obligación de proporcionar alimentos, que nunca lo ha ayudado a compartir los gastos y que también está obligado a diversa pensión en el expediente ******************** del Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, que fue fijada a favor de otra hija que tiene con la actora. En efecto, sobre este tema, los artículos 962 a 965 del Código de Procedimientos Civiles de Estado de Oaxaca, disponen. "Artículo 962. Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea índucido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la Ley, el Juez está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento sin dilación alguna. Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad". "Artículo 963. El Juez de lo Familiar estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a alimentos, el Juez deberá exhortar a los interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el procedimiento". "Artículo 964. No se requieren formalidades especiales, para acudir ante el Juez competente cuando se trate de investigación de la paternidad a que se refiere el artículo 396 del Código Civil del Estado, así como cuando se solicite la declaración, preservación o constitución de un derecho o se alegue la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos, de calificación de impedimentos de matrimonio, oposición de maridos, padres y tutores o de las diferencias que surjan entre marido y mujer sobre administración de bienes comunes, educación de hijos y en general todas las cuestiones familiares que reclamen la intervención judicial". "Artículo 965. Podrá acudirse al Juez de lo Familiar por escrito o por comparecencia personal en los casos urgentes a que se refiere el artículo anterior, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate, con las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su caso se presenten se correrá traslado a la parte demandada, la que deberá comparecer en la misma forma dentro del plazo de nueve días, en tales comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Al ordenarse ese traslado, el Juez deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia respectiva, tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento o por disposición de la Ley el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio. Será optativo para las partes acudir asesoradas, y en este supuesto, los asesores necesariamente deberán ser Licenciados en Derecho, con título profesional legalmente expedido, en caso de que una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, se solicitará de inmediato los servicios de un defensor de oficio, el que deberá acudir, desde luego, a enterarse del asunto, disfrutando de plazo que no podrá exceder de tres días para hacerlo, por cuya razón se diferirá la audiencia en un plazo igual. En los casos de investigación de la paternidad, por su especial naturaleza, se dará al Ministerio Público la intervención que a su representación corresponda. El Juez deberá proveer lo necesario para el perfeccionamiento de la prueba pericial genética o cualquiera otra que resulte necesaria o idónea". Como se observa de los numerales transcritos, en lo que interesa, los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público en cuyo caso el Juez tomará las medidas urgentes y necesarias para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Que el Juez estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, en especial tratándose de menores, alimentos y violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Que no se requieren formalidades especiales, para acudir ante el Juez competente tratándose de la investigación de paternidad, así como cuando se alegue el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos y en general todas las cuestiones familiares que reclamen la intervención judicial. Además, se señala que al acudir ante el Juez de lo Familiar, se debe exponer de manera breve y concisa los hechos; que con las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su caso se presenten se correrá traslado a la demandada, quien deberá comparecer en la misma forma dentro del plazo de nueve días, que en tales comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Que el Juez, tratándose de alimentos, fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio. Que en los casos de investigación de la paternidad se dará al Ministerio Público la intervención que a su representación corresponda y se proveerá lo necesario para el perfeccionamiento de la prueba pericial genética o cualquiera otra que resulte necesaria o idónea. En el caso, el juez responsable, para emitir el acto reclamado, ponderó la copia certificada del atestado del registro civil relativo al nacimiento del menor ********************, y copia simple del comprobante de ingresos del demandado ********************como camillero en Unidades Hospitalarias Ochenta en el Instituto Mexicano del Seguro Social; documentales con las que determinó que el demandado tenía obligación jurídica de proporcionar alimentos a su menor hijo; asimismo actualizó la presunción de que tenía empleo y como consecuencia capacidad económica para proporcionar pensión alimenticia a su hijo menor de edad; también consideró el alza inmoderada de precios en los productos de primera necesidad y que se trata de un acreedor alimentista, para fijar por concepto de pensión provisional un veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado. Así, contrario a lo que se afirma, el juez responsable sí ponderó la capacidad económica del demandado, por lo que la pensión fijada se estima es proporcional a la posibilidad del quejoso y a las necesidades del menor en cita; numerario con el cual se sufragarían las necesidades básicas, como son: comida, vestido, habitación, además a fin de lograr su debida educación y sano desarrollo integral, así como la atención médica que garantice su salud física y emocional; dado que los alimentos son de orden público, de urgente necesidad e inaplazable administración; que son de tracto sucesivo porque surgen de momento a momento; que al existir indicio de que es hijo del demandado, tiene la obligación jurídica de proporcionarle el recurso que requiere. Por tanto, la responsable justificó la medida cautelar en la protección del derecho inalienable de recibir los alimentos solicitados, lo cual, como se vio y distinto de lo alegado por el solicitante del amparo, sí está fundada y motivada tal determinación. Además, el agraviado soslaya que el juzgador, al acordar la demanda de alimentos y al habérsele solicitado, como así aconteció, fijó una pensión alimenticia provisional en favor del acreedor alimentario; medida que tiene la naturaleza cautelar, que surge de la necesidad y urgencia de garantizar, durante la tramitación del juicio, la subsistencia de los demandantes, dotándolas de los satisfactores impostergables que, día con día, requieren para cubrir sus necesidades, resultando dicha medida inaplazable, por lo que su dictado no tiene efectos arbitrarios, ya que su imposición no impide ni limita la garantía de audiencia del demandado o deudor para que demuestre lo contario. Ahora, sobre la alegada circunstancia de que la actora en el juicio no proporciona alimentos a sus menores hijos, que nunca lo ha ayudado a compartir los gastos y que también está obligado a diversa pensión de un veinticinco por ciento de su sueldo en el expediente ******************** del Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, que fue fijada a favor de otra hija que tiene con la actora, en el caso, quien solicita el amparo no proporcionó pruebas que acrediten tales extremos. En efecto, con la demanda de amparo, la parte quejosa aportó dos atestados relativos al nacimiento de los menores ********************. y ********************, a los que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido por los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y con apoyo además en la jurisprudencia doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cincuenta y tres del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, que a continuación se transcribe: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Con tales documentos se comprueba la relación paterno filial que el aquí quejoso y ******************** tienen con los menores ********************. y ********************, así como la obligación de proporcionales alimentos. Sin embargo, las documentales no acreditan que la tercera interesada (actora en el juicio natural) no proporcione alimentos a sus menores hijos no obstante tener capacidad económica para ello, o que nunca ha ayudado al aquí quejoso a compartir los gastos de manutención; ni acreditan que en el diverso expediente ******************** del Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, tenga fijada diversa pensión alimenticia a favor de su menor hija ******************** De esta manera, se estima que correcto que la responsable, con los indicios aportados por la actora, tuviere por demostrado de manera indiciaria ese vínculo familiar y decretara, sin audiencia del aquí quejoso, el otorgamiento de la pensión alimenticia provisional solicitada a favor del menor, por un veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el quejoso con motivo de su trabajo, ya que para su solicitud no se requieren formalidades especiales y el Juez tiene facultades para incluso, intervenir de oficio y decretar las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros, aun sin dar intervención previa al demandado, considerando la atención inaplazable que requieren los alimentos, de modo tal que será en el juicio natural donde el quejoso debe demostrar los extremos que en este juicio señala. ... Así las cosas, a nada práctico conduciría conceder el amparo a fin de que la autoridad responsable expusiera mayores razones para emitir el acto reclamado, pues con ello únicamente se prolongaría el asunto. Lo anterior, porque se considera que la autoridad responsable actuó acertadamente al fijar, según la forma de pago semanal, quincenal o mensual del quejoso, la pensión alimenticia provisional, a favor del menor ********************, por el equivalente al veinte por ciento de las prestaciones que tiene como camillero en Unidades Hospitalarias Ochenta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En ese orden, ante lo infundado de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, lo procedente es NEGAR el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************en términos del considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente y regístrese. QUEDA DEBIDMAENTE NOTIFICAA LA PARTE TERCERA INTERESADA EN TERMINOS DE LEY

  4. Principal

    MESA IV "... En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las nueve horas con doce minutos del veintiuno de junio de dos mil veintidós, hora y día señalados en acuerdo de seis de junio de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 328/2022, promovido por ALBERTO SANTIAGO GARCÍA, por tal motivo en audiencia pública, Rodolfo Zepeda Sánchez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien actúa asistido de José Alberto Morelos Gómez, Secretario de Juzgado que autoriza la actuación y da fe, la declara abierta, sin presencia de las partes, vía remota, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), reformado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 9/2022 del aludido pleno. RELACIÓN DE CONSTANCIAS. Acto continuo, se relacionan las constancias de autos y hace constar que las partes no hicieron manifestación alguna respecto a la publicación de datos personales. El Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias, para los efectos legales consiguientes y respecto a la publicación de datos personales acuérdese lo conducente en la etapa considerativa de la sentencia. PRUEBAS Y ALEGATOS Abiertos en su orden los periodos de pruebas y alegatos se hace constar que la parte quejosa, aportó las siguientes documentales: Hojas impresas de las actas de nacimiento de sus hijos Mateo Dalí Santiago Alejandro y Shady Carolina Santiago Alejandro, tramitadas en línea con código QR. Asimismo se certifica que las partes no formularon alegatos. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas relacionadas. No habiendo más pruebas que desahogar, ni alegatos que reproducir, se cierran ambos periodos y se procede a dictar la siguiente resolución. Rodolfo Sánchez Zepeda Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca José Alberto Morelos Gómez Secretario de Juzgado

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