ALBERTO SANDOVAL MIGUELES y Otros.

Expediente 853/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
853/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
07/10/2021

Partes del expediente

  • ALBERTO SANDOVAL MIGUELES y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA VII A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de octubre de dos mil veintiuno. Toda vez que del cómputo secretarial se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, que sobreseyó en el juicio, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria dicho fallo, para todos los efectos legales. Archivo del expediente Con fundamento en los artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se sobreseyó en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso a), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Anotación en la carátula Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VII Por lo expuesto y fundado, se Resuelve Único. Se sobresee en este juicio. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA VII San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Toda vez que para hoy está programada la audiencia constitucional, y que en proveído de veinticuatro de agosto de este año, se instruyó dar vista a las partes con el informe justificado ahí mencionado. Aspecto que indefectiblemente evidencia que no media el plazo previsto en el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Por ese motivo, se difiere la citada audiencia, y se fijan las trece horas con veintiséis minutos del diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario [Novena Época, registro: 191995, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia(s): Común, página: 5]. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA VII San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el informe justificado que rinde el Responsable de los Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Oaxaca -previa certificación de la hora y fecha de su recepción con motivo de que se recibió vía correo electrónico oficial-, con el cual, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes; en el entendido que deberá entregarse a la parte quejosa copia simple del informe aquí agregado, para que manifieste lo que a su derecho convenga. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 28, fracción I, de dicho ordenamiento legal, se tiene por señalado como domicilio para recibir notificaciones el que indica. Por otra parte, no ha lugar a tener por autorizadas para oír y recibir notificaciones ni para imponerse de autos a las personas que indica, toda vez que al tratarse de una autoridad responsable, no está facultada para designar autorizados, pues, dicha figura fue creada para los quejosos, es decir, una persona física o moral privada, sin perjuicio de que si es su voluntad mediante oficio designe delegados, como lo permite a las autoridades, el artículo 9°, de la Ley de Amparo. La anterior determinación se adopta, en estricto acatamiento a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 147/2019 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del dos de octubre de dos mil diecinueve, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, página 478, Décima Época, Registro digital: 2020942, de observancia obligatoria para este órgano de control constitucional, en términos del artículo 217, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "AUTORIZADOS EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS AUTORIDADES CON CARÁCTER DE TERCERO INTERESADAS NO ESTÁN FACULTADAS PARA DESIGNARLOS Y, POR TANTO, ÉSTOS NO SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA INTERPONER RECURSOS DE REVISIÓN. La circunstancia de que la autoridad haya intervenido como contraparte del agraviado, derivado de la impugnación de algún acto u omisión, o de que tenga un interés contrario a éste en el juicio de amparo, no desvirtúa su naturaleza de autoridad, pues no queda desprovista de su carácter de ente público y, por ende, en ningún momento puede asimilarse a un particular o confundirse con éste. Así, la porción normativa que corresponde al último párrafo del artículo 10 de la Ley de Amparo alude a una regla que debe observarse cuando se trate de establecer cómo opera en el juicio de amparo la representación de la autoridad cuando tenga el carácter de tercero interesada, misma que remite al artículo 9o. de la ley citada, es decir, la representación o sustitución durante la instrucción del juicio de amparo para dicha parte se realizará conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables o, en todo caso, por medio de oficio podrán acreditar delegados para que actúen conforme a sus propios intereses. Por tanto, la autoridad tercero interesada no está facultada para designar autorizados y, por tanto, éstos no están legitimados para interponer recursos de revisión pues su representación en juicio se rige por el último párrafo del artículo 10 del ordenamiento mencionado." Con relación al correo electrónico que indica, con fundamento en los artículos 22, fracción II y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal "relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19", reformado mediante diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021 5/2021 y 9/2021, en relación al período de vigencia, que establece que las partes pueden proponer formas especiales y expeditas de contacto (como correo electrónico, servicio de mensajería instantánea, número telefónico), dígase al Actuario que de resultar necesario establezca contacto con dicha autoridad a través de tal medio, para lograr el éxito de actuaciones procesales. Respecto a su manifestación de que actualmente se encuentran en trámite diversos juicios de amparo, ante este mismo Juzgado, y los Juzgados Segundo, Tercero y Décimo Primero de Distrito en esta entidad, en donde si bien los quejosos son distintos, el acto señalado como reclamado es el mismo, al igual que la autoridad señalada como responsable; en su oportunidad, de ser el caso, se proveerá lo correspondiente. En cuanto a la solicitud de que en el presente juicio procede el sobreseimiento; dígasele que en el momento procesal oportuno se resolverá conforme a derecho. En otro orden, tocante a su petición de que se requiera al quejoso para que exhiba el escrito que presentó ante dicha autoridad y en caso de no exhibirlo se le dé vista al Agente del Ministerio Público de la Federación; dígasele que no ha lugar a ello, ya que al haber negado el acto reclamado, revirtió la carga de la prueba al quejoso, a quien ahora corresponde demostrar que presentó ante dicha autoridad el ocurso materia de la litis y para el supuesto de no hacerlo, en su oportunidad se resolverá con base en ello. De ahí que, con fundamento en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tampoco ha lugar a dar vista al Representante Social Federal, en virtud de que su sola manifestación no es suficiente para establecer que el quejoso ha incurrido en algún delito o existan indicios de ello; por lo que quedan a salvo sus derechos, para que si lo considera pertinente, los haga valer en la vía y ante la autoridad competente. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial 13/2017 (10ª.) aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato. [Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Tomo I, Agosto de 2017, Materia Común, página 5, con número de registro digital: 2014917.] Por último, tampoco ha lugar a requerir al quejoso que acredite pertenecer al pueblo indígena del que dice solicitó información; en razón a que constitucionalmente se reconoce como indígena a aquella persona que se autoadscriba y autoreconozca como tal, con independencia de que en el momento procesal oportuno, de ser el caso, se realice una apreciación fehaciente de si existe o no existe una autoadscripción indígena basada en constancias y actuaciones. Se invoca en apoyo, la tesis 1a. CCXII/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 291, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materias: Constitucional, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 165718, de rubro y texto: PERSONAS INDÍGENAS. ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. AUTOADSCRIPCIÓN. El artículo 2o. de la Constitución Federal, reformado el catorce de agosto de dos mil uno, ofrece una respuesta normativa a aspectos determinantes de nuestra historia y de nuestra identidad como sociedad que están en el núcleo de muchos de los vectores de desventaja e injusticia que afectan a los ciudadanos. Sin embargo, como esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo oportunidad de subrayar al resolver los amparos directos en revisión ""........"", las dificultades que enfrenta una corte de justicia al intentar determinar quiénes son las "personas indígenas" o los "pueblos y comunidades indígenas" a quienes aplican las previsiones constitucionales anteriores son notables; dichos conceptos, de sustrato originalmente antropológico y sociológico, deben adquirir un significado específicamente jurídico, cuya concreción viene dificultada por la intensa carga emotiva -tradicionalmente negativa y sólo recientemente transformada en algún grado- que gravita sobre ellos. La arquitectura del artículo 2o. de la Constitución Federal prevé que exista un desarrollo normativo mediante el cual el legislador ordinario concrete los conceptos, derechos y directrices que contiene, pero mientras este desarrollo no exista, o exista sólo parcialmente, los tribunales de justicia se ven a menudo confrontados directamente con la tarea de delimitar esas categorías de destinatarios en cumplimiento de su deber de atenerse a la fuerza vinculante y a la aplicabilidad directa de muchas de ellas. En el desarrollo de esa tarea deben tomar en consideración que el texto constitucional reconoce, en primer lugar, la importancia de la articulación (total o parcial) de las personas en torno a instituciones sociales, económicas, culturales y políticas (en el caso de los pueblos indígenas), así como de la identificabilidad de algún tipo de unidad social, económica y cultural en torno a un territorio y a ciertos usos y costumbres (en el caso de las comunidades indígenas). Asimismo, la Constitución -siguiendo en este punto al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo- no encierra ambigüedad alguna en torno al imperativo de tomar la autoconciencia o la autoadscripción como criterio determinante al señalar que "la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas". Por tanto, en ausencia de previsiones específicas que regulen el modo en que debe manifestarse esta conciencia, será indígena y sujeto de los derechos motivo de la reforma constitucional, aquella persona que se autoadscriba y autoreconozca como indígena, que asuma como propios los rasgos sociales y las pautas culturales que caracterizan a los miembros de los pueblos indígenas. La apreciación de si existe o no existe una autoadscripción indígena en un caso concreto debe descansar en una consideración completa del caso, basada en constancias y actuaciones, y debe realizarse con una actitud orientada a favorecer la eficacia de los derechos de las personas, sobre todo en casos penales y en aquellos que prima facie parecen involucrar a grupos estructuralmente desaventajados. [Lo resaltado es propio]. Notifíquese.

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