Alberto Sánchez Rodríguez

Expediente 656/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
656/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
20/08/2021

Partes del expediente

  • Alberto Sánchez Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    mesa VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO Vista la certificación de cuenta se advierte que mediante oficio 21353/2021 de seis de los actuales, se ordenó remitir copias certificadas del presente asunto, al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, sin que obre en autos constancia de recibo de la citada comunicación oficial por parte de dicha autoridad. En ese sentido, se comisiona al actuario encargado de realizar las notificaciones del presente asunto, verifique la entrega del precitado oficio, escanee e ingrese al expediente electrónico, la constancia respectiva. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco; en relación a su contenido, provéase conforme a lo determinado en este acuerdo. Asimismo, téngase a la referida autoridad solicitando copia certificada del diverso juicio de amparo 601/2021-10; en tal razón, con copia certificada del oficio de mérito, dése cuenta en el referido expediente y provéase en sus términos según corresponda. Notifíquese.

  2. Principal

    mesa VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO Vistos, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, y en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse las copias certificadas de las constancias que menciona en su ocurso de cuenta. Asimismo, téngase a la referida autoridad solicitando copia certificada del diverso juicio de amparo 601/2021-10; en tal razón, con copia certificada del oficio de mérito, dése cuenta en el referido expediente y provéase en sus términos según corresponda. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la certificación; se tiene que la parte quejosa desahogó la vista ordenada en auto de seis de los actuales, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES Por sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a Julia López Custodio, contra el acto reclamado a la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. El veintiuno de octubre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió a la responsable el cumplimiento de la misma. Mediante oficio recibido el cinco de noviembre de dos mil veinte, la responsable remitió copia certificada del proveído de tres del precitado mes, dictado en el juicio contencioso administrativo 233/2018-S-4, de su índice, relacionado con el cumplimiento al fallo protector Documento al que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR En la ejecutoria de amparo se otorgó la protección de la justicia federal a la quejosa para que la responsable: Dejara insubsistente el acto reclamado, esto es, el auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte, dictado en el expediente 233/2018-S-4 de su índice, mediante el cual declaró cumplida la sentencia emitida en el mismo y ordenó el archivo del asunto. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dictara otra en la que, de manera fundada y motivada, determinara si las autoridades demandadas cumplieron con lo establecido en la sentencia de nulidad de once de enero de dos mil diecinueve, emitida en el expediente precitado, tomando en cuenta para ello, los lineamientos de este fallo. Al respecto, cabe tener en cuenta que el acto reclamado en el presente juicio de amparo y objeto de la aludida ejecutoria, lo fue el auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte, emitido en el expediente 233/2018-S-4, que declaró cumplida la sentencia de nulidad de once de enero de dos mil diecinueve. Sobre el particular, este juzgador consideró que dicha determinación carecía de la debida fundamentación y motivación. En sustento de lo anterior, se expusieron las siguientes consideraciones: ". De las consideraciones transcritas de la resolución reclamada, se advierte que la responsable, si bien cita que mediante resolución de once de enero de dos mil diecinueve, se condenó al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, a pagar a la aquí quejosa, las diferencias que le adeudaba por concepto de pensión jubilatoria y gratificación correspondiente, con motivo de los incrementos efectuados a la misma, en base a la Unidad de Medida y Actualización, así como a realizar las actualizaciones anuales posteriores, conforme a los incrementos del Salario Mínimo General Vigente, de la Zona Geográfica única, determinados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Omite establecer de manera concreta los parámetros determinados en la sentencia de nulidad, así como las consideraciones específicas por las que estimó que dicha resolución estaba cumplida. . Como se puede apreciar, la Sala en cuestión estableció que debía pagarse a la ahora quejosa, la cantidad que acreditara en la vía incidental, presentando la planilla de liquidación de sentencia, por concepto de las diferencias que le adeudara de los pagos de su pensión jubilatoria, así como la gratificación correspondiente, con motivo de los incrementos efectuados a la misma, en base a la Unidad de Medida y Actualización, debiendo realizar las actualizaciones anuales posteriores, conforme a los incrementos que sufra el Salario Mínimo General Vigente, de la Zona Geográfica única, que al efecto determine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos; en conformidad con el artículo 53 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Asimismo, señaló que, para determinar dichas cantidades, debía considerarse el "porcentaje aumento" al salario mínimo general, del área geográfica única, para los años dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, establecidos por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a razón de 9.58%, 10.39% y 16.20%, respectivamente. No obstante, en la resolución reclamada, además de que se omite hacer referencia a si se presentó o no la planilla de liquidación referida en la sentencia de nulidad, soslayó exponer cómo se cercioró que las autoridades demandadas pagaron a la aquí impetrante de amparo, las sumas relativas por concepto de las diferencias que le adeudaran de los pagos de su pensión jubilatoria, así como la gratificación correspondiente, con motivo de los incrementos efectuados a la misma. Asimismo, omitió exponer cómo verificó que las actualizaciones anuales posteriores, ser realizaron conforme a los incrementos del Salario Mínimo General Vigente, de la Zona Geográfica única, determinados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Aunado a ello, de la resolución reclamada también se desprende que, sin expresar las razones y fundamentos relativos, la responsable consideró correcto que las autoridades demandadas actualizaran la pensión de la quejosa en un 4.83%, no obstante que en la sentencia de nulidad se estableció que, para determinar las cantidades correspondientes, debía considerarse el "porcentaje aumento" al salario mínimo general, del área geográfica única, para los años dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, fijados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a razón de 9.58%, 10.39% y 16.20%, respectivamente.". Con motivo de lo anterior, en proveído de tres de noviembre de dos mil veinte, la responsable dejó insubsistente el auto de veintiocho de febrero del mismo año, dictado en el expediente 233/2018-S-4 de su índice; asimismo, determinó que no estaba cumplida la sentencia de nulidad de once de enero de dos mil diecinueve. CONCLUSIÓN En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, HA QUEDADO CUMPLIDA sin exceso ni defecto. Ello porque, como se advierte de la ejecutoria de amparo, se dejó a la autoridad responsable en plenitud de jurisdicción para que resolviera si las autoridades demandadas cumplieron con lo establecido en la sentencia de nulidad de once de enero de dos mil diecinueve, emitida en el expediente precitado, lo cual hizo en los términos anteriormente señalados. No pasa inadvertido que, en el escrito de cuenta, la impetrante de amparo aduce: "Lo anterior, se afirma en virtud de que en el auto de fecha tres de noviembre del año en curso, emitido en el expediente natural, la autoridad responsable tuvo por no cumplida la sentencia y ordenó de manera oficiosa la apertura del incidente de liquidación, requiriendo a esta parte quejosa a presentar la planilla de liquidación correspondiente. No obstante, se estima que dicha actuación no se ajusta a lo ordenado en la sentencia concesoria, pues contrario a lo esgrimido en el punto IV de dicho acuerdo, sí cuenta con los elementos suficientes para determinar de fondo la cuestión efectivamente planteada por la parte aquí quejosa, consistente en resolver la improcedencia de las deducciones y retenciones aplicadas al pago del retroactivo por diferencias mensuales ordenadas en la sentencia firme; esto, de acuerdo a los siguientes antecedentes: 1. En el mes de noviembre de 2019, las autoridades demandadas dieron total cumplimiento voluntario a la sentencia condenatoria firme dictada en el juicio de nulidad 233/2018-S-4; esto es, actualizó la pensión mensual bruta de conformidad a los aumentos anuales del salario mínimo en los años 2017 al 2019, además de pagar las diferencias mensuales (retroactivo) condenadas en los años 2017 al mes de octubre de 2019. 2. Con motivo del auto de fecha 30 de enero de 2020, al desahogar la vista del informe de cumplimiento rendido por las autoridades responsables, por escrito presentado el 19 de febrero de 2020, esta parte actora solicitó a esta Sala Unitaria no tuviera por cumplida la sentencia de mérito, en virtud de que las autoridades condenadas omitieron pagar de manera completa y conforme a derecho, el retroactivo al que se encontraban condenadas, al haber realizado deducciones no autorizadas por la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la propia Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, por los siguientes motivos: a) RETENCiÓN DE ISR. Indebidamente omitió aplicar el procedimiento previsto en el artículo 163 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente y aplicable al momento de hacer las deducciones, en correlación con el artículo 93, fracción IV de la legislación citada. b) DESCUENTO DE CUOTAS. No es procedente hacer el descuento o deducción por los conceptos de "seguro de vida/apoyo funerario" y "prestaciones médicas", dado que la hoy actora se encuentra excluida de su pago por mandato del artículo 34, primer párrafo de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco; máxime, que el retroactivo pagado no debe ser materia de pago de cuota alguna por parte de la actora, por realizarse en cumplimiento a una sentencia judicial. 3. De lo anterior, se advierte que esta parte actora se encuentra de acuerdo con la cuantificación realizada por la autoridad demandada, en ambos aspectos -se anexa recibo de pago del mes de noviembre de 2019: Actualización de la pensión mensual bruta por jubilación para el año 2019, de conformidad a los aumentos del salario mínimo en los años 2017, 2018 Y 2019: $38.175.53 (treinta y ocho mil ciento setenta y cinco pesos 53/100 m.n.). Pago de retroactivo de las diferencias mensuales en los años 2017, 2018 y 2019: $128,774.17 (ciento veintiocho mil setecientos setenta y cuatro pesos 17/100 m.n.). 4. Por auto de fecha 28 de febrero de 2020 este órgano jurisdiccional tuvo por cumplida la sentencia que nos ocupa, sin tomar en consideración los argumentos expuestos en el escrito de desahogo de la vista de mérito, por los cuales esta parte actora estimó que las autoridades demandadas habían incumplido la sentencia firme, al privarle del pago completo del retroactivo al que tiene derecho, en virtud de las deducciones y retenciones que indebidamente realizó en perjuicio de la parte actora. 5. En consecuencia, la hoy quejosa presentó demanda de juicio de amparo, reclamando de esta autoridad responsable el auto por el cual declaró cumplida la sentencia, así como el archivo definitivo del expediente, al no haber analizado y resuelto, de manera fundada y motivada, la improcedencia de las deducciones y retenciones aplicadas al pago del retroactivo por diferencias mensuales ordenadas en la sentencia firme. 6. Con meridiana claridad se advierte que, en el escrito de desahogo de vista presentado el 18 de febrero pasado, así como de la demanda de amparo, la causa de pedir únicamente se ciñó a las deducciones y retenciones realizadas al monto total condenado por concepto de pago de retroactivo, y no por la cuantificación -cantidades en bruto- realizada por las autoridades demandadas, motivo por el cual dichas cuantificaciones deben tenerse por consentidas, pues de no haber estado conforme, la actora en el juicio natural estuvo en posibilidades de promover el incidente de liquidación respectivo, situación que no ocurrió, debido al cumplimiento voluntario de la autoridad demandada.". Lo anterior es infundado porque, como se desprende de la demanda de amparo, en el primer concepto de violación, la quejosa adujo que, en la resolución reclamada, la autoridad responsable fue "omisa en fundar y motivar debidamente las razones por las que consideró que las autoridades demandadas dieren cumplimiento total a la sentencia". Asimismo, refirió que "El cumplimiento de la sentencia lo fundamenta en el artículo 104 de la ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, cuando en la especie no aconteció el procedimiento previsto en dicho numeral". De igual firma, adujo que "Motiva el cumplimiento de la sentencia en que la autoridad responsable actualizó la pensión de la suscrita en un 4.83%, cuando en la especie esto no ocurrió, además que la propia sentencia estableció puntualmente los aumentos porcentuales por cada uno de los años (20H, 2018 y 2019), en los que no se previó el aumento del 4.83% que al efecto señala". Aspectos sobre los cuales se centró la ejecutoria de amparo, los que se consideraron suficientes para darle la razón a la quejosa y concederle la protección constitucional, omitiéndose el estudio de los restantes motivos de inconformidad, por cuanto la violación formal evidenciada impedía el examen de los mismos, ante la posibilidad de que la responsable pudiera variar el sentido de su determinación, lo que en la especie aconteció, al resolver en el proveído de tres de noviembre de dos mil veinte, que la sentencia de nulidad de once de enero de dos mil diecinueve, emitida en el expediente 233/2018-S-4 de su índice, no estaba cumplida. Por tanto, las consideraciones que expone la impetrante de amparo en el escrito de cuenta, relacionadas con las deducciones y retenciones realizadas por las autoridades demandadas, están sujetas al análisis que la responsable realice en el pronunciamiento que posteriormente haga sobre el cumplimiento de la sentencia de mérito o, en su caso, podrá hacerlas valer en el medio de impugnación que llegue a promover. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    mesa 5 VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vistos; agréguese a los autos el oficio signado por la Magistrada de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, mediante el cual remite copia certificada del proveído de tres de los actuales, dictado en el juicio contencioso administrativo 233/2018-S-4, del que se advierte que dejó insubsistente el diverso de veintiocho de febrero de dos mil veinte, dictado en el precitado expediente y dictó nueva determinación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, este Juzgador efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.

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