Alberto Sánchez Ortega
Expediente 1366/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 22 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1366/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 21/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Alberto Sánchez Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de enero de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que fue ejercido por la parte tercero interesada; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "... EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se precisa que los efectos de la concesión del amparo solicitado consisten en que, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y siguiendo los lineamientos del considerando que antecede, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, deje insubsistente la destitución del quejoso como presidente municipal, contenida la resolución de diez de junio de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente laboral 01/43/15. Lo anterior sin perjuicio de que, excluyendo dicha destitución directa, con plenitud de jurisdicción pueda continuar con la ejecución del laudo correspondiente; así como dar vista o denunciar la conducta del quejoso en el juicio laboral de origen, ante el Congreso del Estado, para que éste actúe conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y analice la gravedad del actuar de la autoridad municipal. ..." Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. Así, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través del oficio con terminación 6859/2021, de siete de septiembre de dos mil veintiuno, y 8515/2021 de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, la responsable acreditó que por auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno dejó sin efectos la resolución de diez de junio de dos mil diecinueve, en el expediente laboral 01/43/2015, y en el diverso oficio mencionado remite la determinación de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en la que determina lo correspondiente sobre dar vista o denunciar la conducta del quejoso en el juicio laboral de origen, ante el Congreso del Estado, para que éste actúe conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exponiendo con libertad de jurisdicción que resulta innecesario dar vista o denunciar dicha conducta dada la hipótesis que se actualiza en dicho procedimiento laboral en favor del ahora quejoso; constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que por auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno dejó sin efectos la resolución de diez de junio de dos mil diecinueve, en el expediente laboral 01/43/2015, y por diverso oficio remite el proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en la que determina lo correspondiente sobre dar vista o denunciar la conducta del quejoso en el juicio laboral de origen, ante el Congreso del Estado, para que éste actúe conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exponiendo con libertad de jurisdicción que resulta innecesario dar vista o denunciar dicha conducta dada la hipótesis que se actualiza en dicho procedimiento laboral en favor del ahora quejoso. Por lo anterior, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable deje insubsistente la destitución del quejoso como presidente municipal, contenida la resolución de diez de junio de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente laboral 01/43/15, lo anterior sin perjuicio de que, excluyendo dicha destitución directa, con plenitud de jurisdicción pueda continuar con la ejecución del laudo correspondiente; así como dar vista o denunciar la conducta del quejoso en el juicio laboral de origen, ante el Congreso del Estado, para que éste actúe conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y analice la gravedad del actuar de la autoridad municipal. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, acredita que por auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno dejó sin efectos la resolución de diez de junio de dos mil diecinueve, en el expediente laboral 01/43/2015, y por diverso oficio remite la determinación de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en la que determina lo correspondiente sobre dar vista o denunciar la conducta del quejoso en el juicio laboral de origen, ante el Congreso del Estado, para que éste actúe conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exponiendo con libertad de jurisdicción que resulta innecesario dar vista o denunciar dicha conducta dada la hipótesis que se actualiza en dicho procedimiento laboral en favor del ahora quejoso; tal como se desprende las constancias que adjuntó la autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado incidental carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional y definitiva se determinó concederla. Notifíquese Personalmente. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del diecisiete al treinta y uno de enero de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre del año pasado, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/4431/2021, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que fue ejercido por la parte tercero interesada; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "... EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se precisa que los efectos de la concesión del amparo solicitado consisten en que, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y siguiendo los lineamientos del considerando que antecede, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, deje insubsistente la destitución del quejoso como presidente municipal, contenida la resolución de diez de junio de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente laboral 01/43/15. Lo anterior sin perjuicio de que, excluyendo dicha destitución directa, con plenitud de jurisdicción pueda continuar con la ejecución del laudo correspondiente; así como dar vista o denunciar la conducta del quejoso en el juicio laboral de origen, ante el Congreso del Estado, para que éste actúe conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y analice la gravedad del actuar de la autoridad municipal. ..." Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. Así, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través del oficio con terminación 6859/2021, de siete de septiembre de dos mil veintiuno, y 8515/2021 de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, la responsable acreditó que por auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno dejó sin efectos la resolución de diez de junio de dos mil diecinueve, en el expediente laboral 01/43/2015, y en el diverso oficio mencionado remite la determinación de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en la que determina lo correspondiente sobre dar vista o denunciar la conducta del quejoso en el juicio laboral de origen, ante el Congreso del Estado, para que éste actúe conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exponiendo con libertad de jurisdicción que resulta innecesario dar vista o denunciar dicha conducta dada la hipótesis que se actualiza en dicho procedimiento laboral en favor del ahora quejoso; constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que por auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno dejó sin efectos la resolución de diez de junio de dos mil diecinueve, en el expediente laboral 01/43/2015, y por diverso oficio remite el proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en la que determina lo correspondiente sobre dar vista o denunciar la conducta del quejoso en el juicio laboral de origen, ante el Congreso del Estado, para que éste actúe conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exponiendo con libertad de jurisdicción que resulta innecesario dar vista o denunciar dicha conducta dada la hipótesis que se actualiza en dicho procedimiento laboral en favor del ahora quejoso. Por lo anterior, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable deje insubsistente la destitución del quejoso como presidente municipal, contenida la resolución de diez de junio de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente laboral 01/43/15, lo anterior sin perjuicio de que, excluyendo dicha destitución directa, con plenitud de jurisdicción pueda continuar con la ejecución del laudo correspondiente; así como dar vista o denunciar la conducta del quejoso en el juicio laboral de origen, ante el Congreso del Estado, para que éste actúe conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y analice la gravedad del actuar de la autoridad municipal. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, acredita que por auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno dejó sin efectos la resolución de diez de junio de dos mil diecinueve, en el expediente laboral 01/43/2015, y por diverso oficio remite la determinación de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en la que determina lo correspondiente sobre dar vista o denunciar la conducta del quejoso en el juicio laboral de origen, ante el Congreso del Estado, para que éste actúe conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exponiendo con libertad de jurisdicción que resulta innecesario dar vista o denunciar dicha conducta dada la hipótesis que se actualiza en dicho procedimiento laboral en favor del ahora quejoso; tal como se desprende las constancias que adjuntó la autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado incidental carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional y definitiva se determinó concederla. Notifíquese Personalmente. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del diecisiete al treinta y uno de enero de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre del año pasado, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/4431/2021, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos de los que se advierte que no obra constancia de notificación personal a la parte quejosa, así como a la tercero interesada, encomendada mediante proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno; la cual fue turnada el tres de noviembre del presente año siguiente al actuario judicial que por número le correspondía realizar tal encomienda, sin que a la fecha obre constancia de notificación en autos; por lo anterior, y para evitar mayores dilaciones procesales, se comisiona al Coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional que realice las gestiones necesarias para que sea notificada de manera personal a la parte quejosa el citado auto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe..
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Ivonne Nava Ide, presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual informa que resulta incensario dar vista o denunciar la conducta del quejoso al Congreso del Estado de Morelos, dado que es un hecho notorio que al quejoso Alberto Sánchez Ortega ya no le asiste el carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, en razón de que actualmente funge como Diputado Local de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio y anexos registrado con el número de folio 15869, así como con el oficio de cuenta y anexos, y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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