Alberto Sánchez Hinojosa
Expediente 1787/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1787/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 19/01/2017
Partes del expediente
- Alberto Sánchez Hinojosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
VII. Toluca, Estado de México; diecinueve de enero de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso no recurrió el auto de treinta de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 63 a 66), por el cual se sobreseyó el juicio fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes; háganse y las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Ahora, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: El presente expediente es susceptible de destrucción, (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo de referencia), pues, se sobreseyó el juicio fuera de audiencia. En el entendido de que no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). Además a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Victor Manuel Rendon Sosa, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VII. Toluca, Estado de México; treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo del cual se evidencia que mediante proveído de veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo por rendido el informe justificado por las autoridades responsables Directora General y Presidenta del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social número Uno Altiplano, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. Ahora, en consideración a la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo y en los razonamientos que rige la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto son: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Del estudio de las constancias que integran el sumario constitucional, se advierte una causa de improcedencia, que impide realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. El artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, señala que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El dispositivo legal en comento dispone: El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Ahora, en el presente juicio el quejoso Alberto Sánchez Hinojosa, reclama la omisión de brindar atención médica urgente y constante; así como atención especializada por un médico internista. Sin embargo, de las constancias remitidas por las responsables en el informe justificado, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del ordinal 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Y, la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, tomo VI, Materia Común, de contenido: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena. Se advierte que el veinticuatro de noviembre y el doce de diciembre ambos de dos mil dieciséis, se proporcionó al quejoso la atención médica y suministros de medicamentos conforme al expediente clínico; y fue valorado tanto por medicina general, como por un médico internista, dándole seguimiento al diagnóstico de trastorno de ansiedad e hipertensión arterial que padece (fojas 48 a 51) En ese orden, es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado cesan, cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía infringida y cumplir con lo que la misma exija. En efecto, la parte quejosa aduce que la autoridad ha sido omisa en brindar la atención médica urgente y continua; así como atención especializada por un médico internista; sin embargo, de manera posterior las responsables le proporcionaron atención médica y suministros de medicamentos conforme al expediente clínico; y fue valorado tanto por medicina general, como por un médico internista; lo anterior, evidencia la actualización de la causa de improcedencia de referencia pues han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aún cuando al momento de la presentación de la demanda, existía violación a derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la fecha, éstos han cesado. Lo anterior es así, al tomar en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar la garantía consagrada en nuestra Ley Fundamental y, por ende, se pronunciará respecto de la solicitud formulada por la parte quejosa, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia a la impetrante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Lo anterior se apoya en la jurisprudencia 103, publicada en las páginas 51 y 82 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, como la jurisprudencia 415, publicada en la página 356 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Y, la tesis P.CL/97, publicada en la foja 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, que dispone: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Así las cosas, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de realizarlo en la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En el libro de gobierno realícense las anotaciones respectivas y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de enero de dos mil diecisiete, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintidós de diciembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Encargado de la Dirección Técnica en suplencia de la Directora General y Presidenta del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", mediante el cual rinde informe justificado Con el informe de mérito y anexo certificado que acompaña, dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo en la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, la autoridad oficiante manifiesta no rendir informe justificado en atención a los oficios 43312/2016 y 43313/2016, pues las autoridades son imprecisas; dígase a la oficiante que deberá estarse a lo determinado en auto de veinticuatro de noviembre de esta anualidad, en el que se dejó de tener con el carácter de responsables a las que se dirigen los oficios referidos, denominadas "Director de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y "Director de Guarda y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México" (foja 14). Finalmente, la certificación de cuenta y el estado procesal de autos evidencian que la audiencia constitucional se encuentra señalada para celebrarse el día de hoy a las diez horas con veinte minutos, tal como se determinó en auto de veintidós de noviembre del año en curso; sin embargo, se advierte que en esta fecha se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad oficiante, por lo que no media el plazo de ocho días previsto en el numeral 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que se impongan de su contenido. En consecuencia, a fin de no transgredir las reglas que rigen el juicio de amparo, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere y, en su lugar se fijan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de enero de dos mil diecisiete, para su celebración. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VII. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo se, RESUELVE: ÚNICO. Se declara infundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de ls suspensión de plano, promovido por el quejoso Alberto Sánchez Hinojosa, por las consideraciones expuestas en el considerando tercero de la presnte interlocutoria. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.
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