Alberto Sanchez Flores
Expediente 1480/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1480/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Alberto Sanchez Flores
Actuaciones
- Principal
...agréguese...el oficio...del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez,...En consecuencia, dígasele al homólogo de referencia que...este Juzgado se avocó al conocimiento de la demanda de amparo precisada, la cual se desechó por notoria e indudablemente improcedente...
- Principal
SE DECLARA QUE EL PROVEIDO MEDIANTE EL CUAL SE DESECHÓ LA DEMNADA DE AMPARO; HA CAUSA ESTADO, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO; SE DECLARA QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO...
- Principal
Nezahualcóyotl, Estado de México, a siete de enero de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta del Secretario, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, por virtud del cual remite el juicio de amparo 1332/2021 de su índice, al declararse legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Alberto Sánchez Flores, contra actos de la Presidenta de la Novena Sala Regional Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas Valle de México, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por las razones que expone. En tal virtud, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del presente asunto, por lo que acúsese el recibo de estilo correspondiente. Anotaciones Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 1480/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal. Además, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Desechamiento. Sin proveer sobre la admisión de la demanda de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 112 y 113, de la Ley de la Materia, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, adminiculado con las constancias anexas a la misma, este Juzgado Federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente a este Juzgador, de acuerdo con el numeral 62, de la Ley de la Materia. Conforme al segundo de los artículos invocados, el juez de Distrito tiene la obligación de examinar con todo detenimiento el escrito de demanda y de existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la parte promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Por similitud, resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, novena época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, de rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Por las razones expuestas a continuación, se considera que con relación a los actos reclamados en la demanda de amparo, se surte de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, 5, fracción I y 107, fracciones IV y V, interpretadas en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, los cuales a la letra establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: --- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: --- "I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen las derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.". "5o. Son partes en el juicio de amparo: --- I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". "107. El amparo indirecto procede: --- (.) --- IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. --- Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. --- En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; --- (.) --- V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esencia reclama: De la Presidenta de la Novena Sala Regional Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas Valle de México, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, el acuerdo de once de noviembre de dos mil veintiuno. De la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado de México, la ejecución del cobro coactivo de la indemnización que le fue impuesta a través de la Dirección General de Recaudación Fiscal. De la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, el registro de las sanciones que indica el auto que se reclama. De lo antes expuesto, se advierte claramente que el acto de molestia proviene de un procedimiento que se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, por lo que lo reclamado no es susceptible de combatirse por el momento ante esta potestad federal. Lo anterior, porque el acuerdo reclamado no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, entendida ésta como aquélla que aprueba el cumplimiento total de lo sentenciado, para que sea procedente el juicio de amparo que se intenta. En efecto, el artículo antes invocado establece en la parte que nos interesa, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En el caso, a través del proveído reclamado de once de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por la Presidenta de la Novena Sala Regional Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas Valle de México, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el que declaró firme la sentencia emitida el trece de octubre de la misma anualidad. De modo que, no se está en presencia de alguna de las hipótesis señaladas a efecto de que sea procedente el juicio de amparo que se intenta. Al respecto, resulta oportuno invocar en lo pertinente, la tesis I.3o.C.765 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXX, octubre de 2009, página 1345, que dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, HASTA QUE SE HAGA EL PAGO DE LO CONDENADO O SE DECLARE LA ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento; en el caso del auto de ejecución, dictado por el Juez, en el que en cumplimiento de la condena que establece una obligación de pago, se ordene el requerimiento de la misma con motivo de la cantidad líquida a que se condenó a la parte que la adeudare y se le aperciba que en caso de no hacerlo se embargarán bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de dicho adeudo, no constituye la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual proceda la vía constitucional biinstancial, porque se encuentra supeditado al resultado de las diligencias materiales de lo ordenado, que dependen de la voluntad del condenado, por lo que en caso de que se logre o no el pago requerido, la autoridad determinará los actos conducentes a la ejecución correspondiente en contra de los que no procede el amparo indirecto. Lo anterior es así, en virtud de que el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que debe cumplimentarse atento a su naturaleza de orden público; sin embargo, los proveídos que se dicten para ello se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo que se ordenó, los que a su vez dependen de dos factores, consistentes en la voluntad del condenado y la posibilidad o no de lograr el pago requerido y que son actuaciones que se emitirán conforme al contenido de la resolución definitiva. Por tanto, será hasta que se haga el pago de lo condenado o se declare la absoluta imposibilidad para ello, que proceda el amparo con el posible efecto restitutorio que le imprime el artículo 80 de la Ley de Amparo, que permite restablecer el orden constitucional mediante la devolución de lo pagado si se demuestra la violación de garantías.". A mayor abundamiento, debe decirse que en el caso que nos ocupa no se está en el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia P./J. 108/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Ello es así, porque en principio la posible afectación que pudiera resentir el quejoso con la actuación reclamada, no resulta ajena a la cosa juzgada en el juicio natural, ya que dichas actuaciones no implican actos que puedan ocasionar al promovente de amparo, ni aún por derecho propio, una afectación a su esfera jurídica o alguno de sus derechos sustantivos, pues no se trata de la última resolución en el procedimiento de origen. Por lo que se reitera, no se está en alguna hipótesis de procedencia del juicio de amparo como el supuesto a que alude el artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia, en cuanto dispone la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; máxime que en el escrito de demanda se señala que si bien ya se notificó la determinación que declara firme la sentencia emitida en el procedimiento de origen, lo cierto es que para que opere el apercibiendo en mención debió transcurrir el término concedido en la sentencia emitida dentro del juicio natural y una vez acontecido ello, ser instando el órgano judicial responsable por la parte actora, por lo que con mayoría de razón se puede concluir que la inconforme no ha resentido alguna afectación a sus derechos sustantivos. En consecuencia, al no satisfacerse los requisitos de procedencia que contempla la legislación en consulta, aunado a que por el momento el acto de molestia no produce en la quejosa una afectación actual, real y directa, no es dable tramitar el juicio constitucional que se intenta y por consiguiente, de conformidad con los ordinales 61, fracción XXIII, 62 y 107, fracciones IV y V, interpretadas en sentido contrario, de la Ley de Amparo, se desecha por notoria e indudablemente improcedente la demanda de que se trata. Al caso, orienta a las consideraciones anteriores, el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, sustentado en la tesis II.1o.C.187 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Febrero de 2000, página 1053, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEFINITIVA. AUTOS RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Los autos reclamables en amparo indirecto dictados en ejecución de sentencia, deben distinguirse de los dictados para la ejecución de la misma (que no son todavía reclamables en amparo biinstancial, porque no son definitivos), en que, los primeros están constituidos por la última resolución dictada directa e inmediatamente a la ejecución del fallo, y que por su naturaleza ya no requieren de otra determinación legal y, los segundos, en que no constituyen la última resolución previa a la ejecución material, sino que están orientados a preparar y lograr tal objetivo. Por lo anterior, de acuerdo con el artículo 711 del código procesal civil del Estado de México, la última resolución dictada en ejecución de sentencia de un juicio de división de cosa común, la constituye aquella que determine la forma en que se dividirá el predio, se desalojará, desocupará y entregará el bien, y no los autos encaminados a ello." Así como el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, sustentado en la tesis III.2o.C.12 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Octubre de 2005, página 2296, que dice: "AMPARO INDIRECTO. NO CONSTITUYE ÚLTIMA RESOLUCIÓN PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA, POR NO SER UN ACTO DE AUTONOMÍA PROPIA Y DESTACADA, LA INMINENTE DESPOSESIÓN DE UN INMUEBLE QUE APARENTEMENTE NO ES MATERIA DE JUICIO, POR ADUCIRSE ERROR EN SU NOMENCLATURA. Por regla general, tratándose de actos ejecutados en la etapa de ejecución de sentencia, sólo es procedente el amparo biinstancial cuando se interponga en contra de la última resolución que ahí se pronuncie, pudiéndose reclamar en la misma demanda las demás violaciones que hubieran dejado sin defensa al quejoso, cometidas en esa etapa. Empero, de manera excepcional pueden impugnarse en esa vía, previo al dictado de la última resolución, los actos de autonomía propia y destacada de la fase ejecutiva, de manera tal, que resuelvan cuestiones accesorias a la propia ejecución o que preparen o sean preliminares a dicha ejecución. Ahora bien, si se reclama el desalojo de un inmueble que a decir del quejoso, se identifica con nomenclatura distinta al que fue materia del juicio de origen, pero que según el propio impetrante, en la sentencia definitiva se precisó que la diferencia en la nomenclatura fue error mecanográfico, y que por tal motivo, se ordenó la desocupación y entrega del inmueble; contra tal acto no procede el amparo indirecto, habida cuenta que no es de aquellos que cuentan con autonomía propia y destacada, pues precisamente, es de los dictados en la etapa de ejecución de sentencia, y en ese orden, con independencia de que durante el trámite del juicio se identificara el inmueble con un número, y en la sentencia definitiva se establece que la discrepancia en la numeración obedece a un error mecanográfico, ello a fin de cuentas no constituye la última resolución dictada en tal fase, sino que se trata de una intermedia, en la medida que no aprueba o reconoce en forma expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Máxime que al existir una sentencia ejecutoria, que por cierto tomó en cuenta esa discordancia, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento, y en ese orden, la restricción para la procedencia del juicio de garantías contra violaciones sufridas en ejecución de una sentencia, limitada a la impugnación de la última resolución que ahí se dicte, obedece a razones tanto de interés social, como al mandato de prontitud en la impartición de justicia, establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal." Domicilio para oír y recibir notificaciones Con base en el arábigo 27, fracción III, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado Federal, toda vez que el domicilio que señala se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado. Por otra parte, se tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere. Habilitación para practicar notificaciones y uso de medios electrónicos Con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Reproducción de constancias De igual manera se autoriza a las partes la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Protección de Datos Personales y Transparencia Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx; respectivamente. En ese sentido, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta del expediente electrónico, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Apercibimiento para las partes que intervendrán Se hace saber a las partes que intervienen en este juicio de amparo que el artículo 261 de la Ley de Amparo, contempla una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, cuando incurran en alguna de las siguientes conductas: "261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: --- I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y --- II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos.". Por otra parte, agréguese a los autos únicamente para que obre el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, mediante el cual solicita el acuse de recibo del oficio con el que remitió el expediente 1332/2021 de su índice, toda vez que en párrafos precedentes se pronunció al respecto. Finalmente, se ordena la publicación del presente proveído de manera íntegra, en la lista de acuerdos de este Tribunal. NOTIFÍQUESE.
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