Alberto SahagùN JimèNez

Expediente 733/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
733/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
01/06/2022

Partes del expediente

  • Alberto SahagùN JimèNez
  • Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Con Residencia En Morelia, MichoacàN de Ocampo.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    En uno de junio de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con un oficio recibido físicamente en la oficialía de partes, registrado bajo el folio 7436. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, uno de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee lo siguiente: Solicita acuse. Incorpórese a los autos el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, mediante el cual solicita se acuse de recibo del oficio 6896 de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. En tales condiciones, toda vez que por auto de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, se acusó recibo de la misiva solicitada, se solicita al Actuario encargado del presente expediente, para que proceda a notificar de inmediato a la superioridad el referido oficio, asimismo, incorpore las constancias correspondientes en el expediente electrónico, para su debida integración. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  2. Principal

    En veintiséis de abril de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con un el oficio recibido físicamente en la oficialía de partes, registrado bajo el folio 5402. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee lo siguiente: Acusa recibo. Intégrese a los autos el oficio suscrito por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el cual acusa recibo de las constancias originales de ambas instancias que le fueron devueltas, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  3. Principal

    En once de abril de dos mil veintidós, la Secretaria certifica: que el término legal de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia que negó el amparo en el presente juicio transcurrió del veintiocho de marzo al ocho de abril de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, sin que lo hubiere hecho, toda vez que fue notificado el veinticuatro de marzo pasado; con la anterior certificación y con el estado procesal se da cuenta al Juez . Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, once de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva que negó el amparo y protección de la justicia de la unión en el presente juicio, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1 Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 3. Incidente de suspensión. Virtud a que se concedió la suspensión definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido acuerdo. 3.1 Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 3.2 Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 4. Devolución de constancias. Devuélvanse las constancias correspondientes al toca 225/2021 y diligencias 520/2019, que remitió la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, como justificante de su informe. Solicitándose a la autoridad acuse recibo de las mismas. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SENTENCIA En Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece horas con tres minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintidós, el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido de la secretaria Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 733/2021, en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Y, relaciona como principales constancias del expediente: La demanda, Informes justificados; y, Emplazamiento de la parte tercero interesada. Al respecto, el Juez acuerda; téngase por hecha la relación de las constancias que anteceden. Acto seguido, el Juez, declara abierto el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta con las documentales que el Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, acompañó a su informe de ley. A lo que el Juez determina: con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes, presentó alegatos; a lo que el Juez acuerda: ténganse por realizada la anterior constancia, con lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente:S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo número 733/2021, promovido por Alberto Sahagún Jiménez, contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia; y, RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso presentado el veinte de octubre de dos mil veintiuno, ante la Segunda Sala en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, residente en Morelia, Michoacán de Ocampo, Alberto Sahagún Jiménez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto de las autoridades que hizo consistir en: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: C. MAGISTRADA DE LA SEGUNDA SALA CIVIL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. IV. ACTO RECLAMADO. La sentencia dictada con fecha 23 veintitrés de septiembre de 2021 dos mil veintitrés (sic), dentro del toca de apelación I-225/2021, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Reyes, Michoacán, dentro de las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria número 520/2019 que rectificación de medidas y superficie que promovieron los ahora terceros interesados". El promovente que se violaron los derechos humanos reconocidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado, señaló la existencia del tercero interesado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO, ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. En auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno, la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, tuvo por recibida la demanda de amparo de promovida por el Licenciado Fernando Navarrete Sandoval, en cuanto apoderado jurídico de Alberto Sahagún Jiménez, y ordenó remitirla a la oficina de correspondencia común a los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Civil, de este Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, para su turno. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA ANTE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DE ESTE DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, RESIDENTE EN MORELIA, MICHOACÁN DE OCAMPO. De dicha demanda correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Décimo Primer Circuito residente en Morelia, Michoacán de Ocampo, la que fue registrada con el número de amparo directo civil 722/2021, y al estimar el Magistrado Presidente de dicho tribunal, que el acto reclamado no constituía una sentencia definitiva o una resolución que sin resolver el fondo del asunto pusiera fin al juicio, como lo prevén los artículos 107, fracción V, inciso a) de la Constitución Federal y 170, fracción I de la Ley de Amparo, determinó que el mismo era competencia de un juez de Distrito, por lo que declinó la competencia legal, ordenando remitir el libelo constitucional, a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, para su turno. CUARTO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO EN ESTE JUZGADO SEXTO DE DISTRITO. Por razón de turno correspondió conocer a este Órgano de Control Constitucional, por lo que en acuerdo de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, se avocó al conocimiento del libelo constitucional de referencia, se registró con el número 733/2021, se admitió a trámite, sin que se hubiera requerido el informe justificado por ya obrar en autos, se requirió a la parte quejosa para que proporcionar el domicilio de la parte tercero interesada y se ordenó dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación. En proveído de nueve de febrero de la presente anualidad, se tuvo a la tercero interesada Virginia Fabián Zepeda, apersonándose en el presente juicio y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. En auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós, se previno a la parte quejosa, a fin de que expresara si era su deseo señalar como acto reclamado la inconstitucionalidad del artículo 1160 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán y que en caso afirmativo, señalara a los titulares de los Órganos del Estado a los que la ley encomienda la promulgación. En proveído de cuatro de marzo del en curso, se tuvo al apoderado jurídico de la parte quejosa, intentando desahogar la prevención de referencia; empero, al no cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, se le tuvo por no cumpliendo con la prevención y se declaró que subsistía el término otorgado para ello. En diverso acuerdo de siete de marzo de la presente anualidad, se tuvo nuevamente al apoderado jurídico del quejoso, intentado dar cumplimiento a la prevención, la que no se tuvo por cumplida, al carecer el escrito presentado de la evidencia criptográfica de su firma electrónica. Por lo que el dieciséis de marzo del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento en proveído de veintidós de febrero pasado y se ordenó tener únicamente como acto reclamado el planteado en el escrito inicial de demanda; es decir, la sentencia de veintitrés e septiembre de dos mil veintiuno. Se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en esta misma data al tenor del acta que antecede, por lo que se procede a emitir la siguiente determinación. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclama un acto de autoridad, con ejecución dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: De la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia. La sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en el toca de apelación I-225/2021, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Reyes, Michoacán de Ocampo, dentro de las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria número 520/2019 que rectificación de medidas y superficie. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal/, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, al rendir su informe de ley, reconoce la existencia del acto reclamado. Circunstancia que se acredita con las constancias que adjuntó a su informe de ley, relativas al toca civil número I-225/2021; documentales que detentan valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, como lo prevé su numeral 2º, así como lo establecido en la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, tomo VI, Quinta época materia común, Apéndice correspondiente al año 2000, cuyo texto dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Así como, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, previamente al análisis de fondo de la cuestión debatida se deben examinar las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, según lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia que establece. "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Realizado el examen oficioso de las constancias, se desprende que no se actualiza causa de improcedencia alguna; tampoco, las partes alegaron alguna de ellas, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOACION. Procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer" SEXTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para dar mejor comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario hacer una narración de los antecedentes más destacados del acto reclamado, que se advierten de las constancias que remitió la autoridad responsable: Mediante escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, Virginia Fabián Zepeda y Ramón Fabián Oseguera, a través de sus apoderados jurídicos, promovieron diligencias de jurisdicción voluntaria sobre rectificación de superficie y colindancias, respecto de una fracción del predio rústico denominado "Rancho de los Dolores", Potrero la Hacienda, situado en el suroeste del Municipio de Tingüindín, Michoacán de Ocampo. Diligencias que se admitieron a trámite por el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Los Reyes, Michoacán de Ocampo, a quien le correspondió conocer de las mismas, ordenando dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público adscrito a ese Juzgado, a los colindantes del predio y a la Junta de Caminos en el Estado. Registrándola con el número 520/2019 de su índice El veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, Javier Palafox García y Francisco Cervantes Valdez, y el siete de noviembre de ese mismo año Alberto Sahagún Jiménez, comparecieron ante el juez natural a oponerse a las referidas diligencias, a quien les dio el término de ocho días para que presentara la demanda correspondiente. El veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, el Juez natural, tuvo a Alberto Sahagún Jiménez, presentando su demanda en la vía ordinaria civil, frente a Virginia Fabián Zepeda, a quien ordenó emplazar a fin de que diera contestación a la demanda instaurada en su contra. Turnadas las diligencias en contenciosas, el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, el juez responsable dictó sentencia definitiva, en la que declaró infundada la oposición que en la vía ordinaria civil promovió Alberto Sahagún Jiménez y absolvió a Virginia Fabián Zepeda, de todas y cada una de las prestaciones que le reclamó el actor de esa oposición y como consecuencia de ello, dejo sin efectos la oposición a las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre rectificación de superficie y colindancias. El catorce de julio de dos mil veintiuno, el juez natural dictó resolución final dentro de las diligencias de referencia, las que declaró procedentes y expuso que la superficie, medidas y colindancias reales que tiene el predio materia de las mismas eran las precisadas en la parte final del considerando segundo de esa resolución. Inconforme con tal determinación Alberto Sahagún Jiménez, interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Magistrada de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, quien la registró con el número de toca civil número I-225/2021 de su índice y el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, dictó sentencia en la que declaró inatendibles los agravios expresados y en consecuencia confirmó la resolución recurrida. Determinación ésta última que constituye el acto reclamado. SÉPTIMO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y/O INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. El quejoso refiere en su segundo concepto de violación denominado de legalidad: Que la determinación reclamada, transgrede en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, por indebida aplicación de los artículos 49, 573, 574, 575 y 1160 todos del Código Procesal Civil del Estado, ya que la Magistrada, inobservo y aplicó el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los tribunales competentes. Dicha disposición, tiene que ser aplicada por todo autoridad, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1° de la Constitución Federal. Omite realizar un estudio de los agravios expresados, bajo el argumento de que no se actualizada ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 1160 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, con lo cual hace nugatorio el derecho al debido proceso y tutela judicial efectiva. Dicho medio de impugnación tiene su capítulo correspondiente y en el cual encuadra la hipótesis normativa hecha valer, dentro de los artículos 682, 683, 685 y 692 del ordenamiento invocado, los que fueron inobservados por la autoridad responsable, sin atender al principio pro persona. Lo procedente es ordenar a la Magistrada responsable, analice los agravios que se le expresaron. Motivos de disenso que resultan infundados en una parte e inatendibles en otra. Para justificar lo anterior es necesario traer a colación los numerales 1153 (vigente en la época del inició de las diligencias de Jurisdicción voluntaria), 1154, 1157 y 1160 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán. De conformidad con los numerales 1153, 1154 y 1157 citados, la jurisdicción voluntaria, o vía de autorización, comprende todos los actos, que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere intervención de un juez, sin que se haya promovido cuestión alguna entre determinada parte. Es decir, la jurisdicción voluntaria es un procedimiento de mera constatación o demostración de hechos o circunstancias, en el que no es legalmente posible ejercitar acciones respecto de las cuales proceda oponerse excepciones, ya que dicho procedimiento sólo es procedente cuando no se plantea controversia alguna entre partes determinadas; pues si ello ocurre, el negocio se hará contencioso, ajustándose a los trámites establecidos para el juicio correspondiente, para lo cual, el juez señala un término de ocho días al opositor para que presente la demanda, sino lo hace, se declara infundada la oposición y continuaran las diligencias de jurisdicción su trámite. Una vez admitida la petición, el juez la mandará hacer saber a los colindantes para que dentro de tres días presenten los títulos o documentos de su posesión y nombren peritos, si quisieren hacerlo, y se señalará el día, hora y lugar para efectuar la diligencia de deslinde. Ahora, del diverso arábigo 1160 de la codificación invocada, se desprende: La resolución que se dicte en jurisdicción voluntaria es apelable en ambos efectos siempre y cuando: a) El recurso lo interpusiere el promovente de las diligencias. b) Un tercero, empero, en este caso: - Sólo cuando no se admita su oposición presentada en tiempo hábil. - Cuando ésta fuere desestimada en la resolución que apruebe las diligencias. De lo anterior, se desprende que el recurso de apelación cuando sea interpuesto por un tercero, es procedente únicamente cuando no se admita su oposición o bien, cuando ésta (oposición) fuera desestimada en la propia resolución que aprueba las diligencias. Precisado lo anterior, de los antecedentes del acto reclamado, se observa que el aquí quejoso, tiene el carácter de tercero; que se opuso a las diligencias, que el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, el Juez natural, tuvo a Alberto Sahagún Jiménez, presentando su demanda en la vía ordinaria civil, frente a Virginia Fabián Zepeda, a quien ordenó emplazar a fin que diera contestación a la demanda instaurada en su contra; que turnó las diligencias en contenciosas y el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, el juez responsable dictó sentencia definitiva, en la que declaró infundada la oposición y como consecuencia, dejo sin efectos la oposición a las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre rectificación de superficie y colindancias. Asimismo, que el catorce de julio de dos mil veintiuno, el juez natural dictó resolución final dentro de las diligencias de referencia, las que declaró procedente y que la superficie, medidas y colindancias reales que tiene el predio materia de las mismas eran las precisadas en la parte final del considerando segundo de esa resolución; es decir, declaró procedentes las diligencias en fecha posterior a la data en que fue desestimada la oposición del tercero aquí quejoso. En ese contexto, la determinación de la Magistrada responsable, en torno a declarar inatendibles los agravios formulados en la apelación, al no encontrarse el aquí quejoso en ninguno de los supuestos que establece el numeral 1160 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán de Ocampo, se estima ajustada a derecho. En consecuencia, no existe violación a los principios de congruencia y exhaustividad contemplados en los artículos 574 y 575 del Código citado, pues al haber declarado la Magistrada inatendibles los agravios expresados, es evidente la imposibilidad de su análisis. De igual forma, resulta infundado lo argumentado por el quejoso, en el sentido que el recurso de apelación tiene su capítulo correspondiente y en el cual encuadra la hipótesis normativa hecha valer, dentro de los artículos 682, 683, 685 y 692 del ordenamiento invocado, los que -dice- fueron inobservados por la autoridad responsable, sin atender al principio pro persona. Ello es así, ya que el acto reclamado fue emitido en unas diligencias de jurisdicción voluntaria, las que cuentan con un capítulo especial en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, en el cual se regula la procedencia del recurso de apelación contra la determinación emitida en las mismas, pues al respecto el numeral 1160, ya analizado, regula los supuestos en que el tercero puede interponer el recurso aludido. De ahí que, en forma alguna era dable que la Magistrada responsable aplicara los diversos numerales 682, 683, 685 y 692 todos del Código citado, pues los mismos, si bien regulan el recurso de apelación, el objeto del mismo, las partes que pueden apelar, la forma de admisión y ante quien debe de presentarse, éstos se ubican en el titulo general de los medios de impugnación que establece la referida legislación, y el arábigo 1160, al ser especial, cobra primacía de aplicación sobre cualquier disposición general establecida en el código procesal, como lo son los que cita el quejoso, por lo que la responsable no podía realizar distinciones en donde el legislador no las hizo. Por su contenido, se invoca la emitida por el entonces Tribunal Colegiado Auxiliar en Materia Civil con residencia en Morelia, Michoacán, página 1939, Tomo XXXII, Julio de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 164341, Novena Época, rubro y texto: "DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL SISTEMA DE SU IMPUGNACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 1196 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN ABROGADO. El artículo 1196 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, abrogado, establece: "Las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria son apelables en ambos efectos, si el recurso lo interpusiere el promovente de las diligencias o un tercero; pero respecto de este último, sólo cuando no se admita su oposición presentada en tiempo hábil, o cuando ésta fuere desestimada en la resolución que apruebe las diligencias. ...", de igual texto que el artículo 1160 del código adjetivo vigente. Ahora bien, de una interpretación gramatical y teleológica de ambos preceptos, y considerando que la naturaleza jurídica de las diligencias de jurisdicción voluntaria consiste en que no son contenciosas, esto es, no existe alguna controversia entre partes, ya que son aquellos actos y procedimientos que se realizan ante funcionarios judiciales, con el objeto de que éstos verifiquen la existencia de ciertas situaciones jurídicas o la satisfacción de determinados requisitos legales, sin que las resoluciones que aquéllos llegaren a pronunciar pudieran adquirir la autoridad de la cosa juzgada, lleva a colegir que el espíritu de la norma jurídica transcrita es establecer como regla general de impugnación que son apelables en ambos efectos las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria, si el recurso lo interpusiere el promovente de las diligencias; y, como excepción, pudiere hacerlo valer un tercero en forma limitativa, a saber: a) cuando no se admitiere su oposición presentada en tiempo hábil y, b) cuando dicha oposición fuere desestimada en la resolución que aprobare las diligencias, lo que significa, a contrario sensu, que el tercero únicamente puede usar el medio de impugnación de referencia en los supuestos señalados, sin que procediere en algún otro caso, mediante interpretación analógica o por mayoría de razón, extender la procedencia del recurso a otras hipótesis no reguladas, habida cuenta que por tratarse de una excepción no cabe aplicar los métodos de interpretación citados, puesto que la finalidad de la norma es acotar la intervención del tercero a los procedimientos de jurisdicción voluntaria, donde, por su naturaleza, se rigen, principalmente, por el interés jurídico de los promoventes." Ahora, en torno a lo alegato por el quejoso, en el sentido que se trasgrede en su perjuicio el derecho humano contenido en el numeral 1° de la Carta Marga, en relación con el 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de igual forma resulta desacertado. La Suprema Corte ha sostenido que si bien, los artículos 1o. y 17 de nuestra Carta Magna, en relación con el diverso numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, puesto que de lo contrario se dejarían de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional, en detrimento de la seguridad jurídica de los gobernados. Es ilustrativa, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Por lo que, en forma alguna se demuestra que el acto reclamado se hubiere efectuado con violación de los parámetros de control aplicables (legalidad, constitucionalidad y convencionalidad), en tanto el proceder de la autoridad responsable se ajustó a la normatividad correspondiente, con respeto los derechos fundamentales de las partes, previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; además, la emisión de un acto desfavorable a los intereses de la parte impetrante, no es un dato que objetivamente conduzca a estimar que sea irregular en su perjuicio. Más aún, de conformidad con los artículos 1º y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades jurisdiccionales, para hacer respetar los derechos humanos establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pueden inaplicar leyes secundarias, lo que constituye un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. De igual forma, subsiste el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, cuya competencia corresponde en exclusiva al Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. La diferencia entre ambos medios de control (concentrado y difuso), estriba en que, en el primero, la competencia específica de los órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de su ejercicio es precisamente el análisis de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, por tanto, la controversia consiste en determinar si la disposición de carácter general impugnada expresamente es o no contraria a la Constitución y a los tratados internacionales, existiendo la obligación de analizar los argumentos que al respecto se aduzcan por las partes; en cambio, en el segundo (control difuso) el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad no integra la litis, pues ésta se limita a la materia de legalidad y, por ello, el juzgador por razón de su función, prescindiendo de todo argumento de las partes, puede desaplicar la norma cuando considere que la norma aplicada no tiene cabida en nuestro marco jurídico al contravenir de forma preponderante algún derecho humano reconocido por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en alguno de los tratados internacionales en esa materia. Entonces, si la responsable, al aplicar la norma, puede contrastar de oficio, entre su contenido y los derechos humanos que reconoce el orden jurídico nacional, en ejercicio de una competencia genérica, y si advierte que no coincide con la ley suprema y con los tratados internaciones, tiene facultades para desaplicar. De ahí que, si la Magistrada responsable no consideró que la norma aplicable transgredía un derecho humano en perjuicio del quejoso, es evidente que no tenía obligación a desaplicarlo. Sirve de apoyo, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, Décima Época, con número de registro digital: 2010144, de contenido: "CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO NO LIMITA NI CONDICIONA EL DEL CONTROL CONCENTRADO. En atención a los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso que realizan los Jueces ordinarios, en el ámbito de sus competencias, constituye una herramienta en su labor de decir el derecho conforme a la Ley Suprema. Esta facultad se ha entendido en el sentido de que el órgano judicial puede ejercerla ex officio, esto es, en razón de su función jurisdiccional y sin que medie petición alguna de las partes; sin embargo, es factible que en un juicio contencioso el actor solicite que el juzgador ejerza control difuso respecto de alguna norma. En este caso, al existir un argumento de nulidad expreso, se dan dos posibilidades: 1) que el órgano jurisdiccional coincida con lo expuesto por el actor y considere que debe desaplicar la norma; y, 2) que no convenga con lo solicitado. En este último supuesto, si el órgano del conocimiento considera que la norma no es contraria a la Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte, bastará con que mencione en una frase expresa que no advirtió que la norma fuese violatoria de derechos humanos, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que sea necesaria una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, pues la norma no le generó convicción que pusiera en entredicho la presunción de constitucionalidad de la que gozan las disposiciones jurídicas de nuestro sistema; ello, porque no puede imponerse al juzgador natural la obligación de contestar de fondo los argumentos de inconstitucionalidad o inconvencionalidad que le hagan valer en la demanda, ya que ese proceder implicaría que la vía se equipare al control concentrado, desvirtuándose con ello la distinción entre los dos modelos de control que están perfectamente diferenciados en nuestro sistema. Por tanto, es inexacto considerar que en su demanda de amparo el quejoso deba combatir el análisis de constitucionalidad efectuado por la autoridad responsable, pues el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad de las normas generales por vía de acción se deposita exclusivamente en los órganos del Poder Judicial de la Federación, quienes deciden en forma terminal y definitiva si una disposición es o no contraria a la Constitución Federal y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Además, tratándose de procedimientos de control concentrado, el tema de inconstitucionalidad o de inconvencionalidad de leyes -planteado expresamente por el solicitante de amparo- forma parte de la litis y, por ende, el Tribunal Colegiado de Circuito está obligado a pronunciarse de forma directa sobre éste. De ahí que los juzgadores de amparo deben abordar el estudio de constitucionalidad de leyes al dictar sentencia en amparo directo cuando estos aspectos sean planteados en los conceptos de violación, sin que los pronunciamientos que hubiese realizado la autoridad responsable en el juicio de nulidad, por medio del ejercicio del control difuso, limiten o condicionen el ejercicio de las facultades del control concentrado. Así como, la tesis sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, página 1647, Décima Época, con número de registro digital: 2010143, del tenor siguiente: "CONTROL CONCENTRADO Y DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SUS DIFERENCIAS. De los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad respecto de normas generales por vía de acción está depositado exclusivamente en los órganos del Poder Judicial de la Federación, quienes deciden en forma terminal y definitiva, por medio del análisis exhaustivo de los argumentos que los quejosos propongan en su demanda o en los casos en que proceda la suplencia de la queja, si una disposición es contraria o no a la Constitución Federal y a los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el control difuso que realizan las demás autoridades del país, en el ámbito de su competencia, se ejerce de manera oficiosa, si y sólo si, encuentran sustento para ello, respaldándose en el imperio del cual están investidas para juzgar conforme a la Constitución. Por tanto, el control ordinario que ejercen estas autoridades en su labor cotidiana, es decir, en su competencia específica, se constriñe a establecer la legalidad del asunto sometido a su consideración con base en los hechos, argumentaciones jurídicas, pruebas y alegatos propuestos por las partes, dando cumplimiento a los derechos fundamentales de audiencia, legalidad, debido proceso y acceso a la justicia. Es aquí donde el juzgador ordinario, al aplicar la norma, puede contrastar, de oficio, entre su contenido y los derechos humanos que reconoce el orden jurídico nacional (esto es, realizar el control difuso) en ejercicio de una competencia genérica, sin que la reflexión que realiza el juez común, forme parte de la disputa entre actor y demandado. En ese sentido, la diferencia toral entre los medios de control concentrado y difuso estriba, esencialmente, en que en el primero es decisión del quejoso que el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley forme parte de la litis, al plantearlo expresamente en su demanda de amparo; mientras que en el segundo, ese tema no integra la litis, que se limita a la materia de legalidad (competencia específica); no obstante, por razón de su función, por decisión propia y prescindiendo de todo argumento de las partes, el juzgador puede desaplicar la norma que a su criterio no sea acorde con la Constitución o con los tratados internacionales en materia de derechos humanos". Finalmente, resulta inatendible el primer concepto de violación, en el que aduce la inconstitucionalidad del artículo 1160 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al restringir la garantía de audiencia, seguridad jurídica, acceso a la tutela judicial y debido proceso; ya que el quejoso, no precisó si reclamaba su inconstitucionalidad y de ser así, señalara a las autoridades responsables a las que les atribuida el mismo, a pesar de que en proveído de veintidós de febrero de dos mil veintidós, se le previno para tal efecto. Es así, ya en auto de cuatro de marzo del año en curso, se tuvo al apoderado jurídico de la parte quejosa, intentando desahogar la prevención de referencia; empero, al no cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, se le tuvo por no cumpliendo con la prevención y se declaró que subsistía el término otorgado para ello; y en diverso acuerdo de siete de marzo de la presente anualidad, se tuvo nuevamente al apoderado jurídico del quejoso, intentado dar cumplimiento a la prevención, lo que no se tuvo como tal, al carecer el escrito presentado de la evidencia criptográfica de su firma electrónica. Por lo que el dieciséis de marzo del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento en proveído de veintidós de febrero pasado y se ordenó tener únicamente como acto reclamado el planteado en el escrito inicial de demanda, esto es la resolución de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. De ahí que al calificarse los conceptos de violación como infundado en una parte e inatendibles en otra y al no existir suplencia de la queja deficiente que suplir de conformidad con lo establecido en el artículo 79, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal que solicitó Alberto Sahagún Jiménez. OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alberto Sahagún Jiménez, contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, por las razones expuestas en el considerando séptimo de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando octavo de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, ante Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, secretaria que autoriza y da fe.

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