Alberto Rosas Díaz y Otros.

Expediente 679/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
679/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • Alberto Rosas Díaz y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio y anexo de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; mediante el cual cumple con lo requerido en proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés y al efecto remite copias certificadas de la diligencia de reinstalación del actor aquí quejoso ********************, de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés y copia autorizada con firmas autógrafas del acuerdo de tres de octubre del año en curso, mismo que le recayó a dicha diligencia; en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Del oficio de cuenta y del diverso 8503/2023 de veinte de septiembre del año en curso, presentados por la autoridad responsable se advierte que la responsable realizó lo siguiente: Dejó sin efectos el auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, únicamente respecto a la reserva de llevar a cabo el requerimiento de pago a la parte demandada, por lo que requirió el pago de la condena a la autoridad demandada con apercibimiento en caso de incumplimiento; y, Llevó a cabo la diligencia de reinstalación del actor aquí quejoso ********************, señalada para las diez horas del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, dentro del expediente laboral ********************. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y anexo, córrase traslado y dese vista a la parte quejosa y tercero interesado, por el plazo de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Toda vez que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción a este juzgado federal de la licenciada Maribel Castillo Moreno, a partir del uno de octubre de dos mil veintitrés; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos conducentes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado. Así lo proveyó y firma Maribel Castillo Moreno, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, asistida del Secretario Iván Martínez González, que da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta firmado por la Presidenta del Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero; mediante el cual cumple con lo requerido en proveído veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés y al efecto remite copia autorizada con firmas autógrafas del auto de veintiséis de septiembre del año en curso en el que fijó nueva fecha para llevar acabo la diligencia de reinstalación del actor aquí quejoso Alberto Rosas Díaz, para lo cual señaló las diez horas del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidenta del Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para realice lo siguiente: Dentro del término de tres días, siguientes contados a partir de que se desahogue la a diligencia de reinstalación del actor aquí quejoso Alberto Rosas Díaz, señalada para las diez horas del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, remita las constancias donde acredite su verificativo o en su caso manifieste la imposibilidad que tuvo para ello. Con el apercibimiento para la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, que de no realizar lo ordenado en la ejecutoria se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, que asciende a $10,374.00 (diez mil trecientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, de acuerdo con los artículos 238, 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aun en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Patricia Elizabeth Bautista Avila, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho por licencia oficial de la Titular de este órgano jurisdiccional, en términos de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, autorizada en sesión celebrada el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/5311/2023, ante el Secretario Iván Martínez González, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta firmado por la Presidenta del Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero; mediante el cual remite copia autorizada con firmas autógrafas del auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, emitido en el juicio laboral 358/2011, en cumplimiento a lo requerido en proveído de seis de septiembre de dos mil veintitrés. Ahora, de las constancias que remite la autoridad responsable, se advierte en principio que dejó sin efectos el auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, únicamente respecto a la reserva de llevar a cabo el requerimiento de pago a la parte demandada, por lo que requirió el pago de la condena a la autoridad demandada con apercibimiento en caso de incumplimiento, asimismo, para seguir con la ejecución del laudo señaló las once horas del dieciséis de enero de dos mil veinticuatro para llevar acabo la diligencia de reinstalación del actor aquí quejoso; sin embargo, dicha fecha no cumple con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo -derecho por el que fue otorgado el amparo al quejoso- debido a que su actuar continua provocando dilación en el procedimiento al señalar una fecha lejana. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidenta del Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la presente notificación realice lo siguiente: Deje insubsistente la fecha señalada para las once horas del dieciséis de enero de dos mil veinticuatro para llevar acabo la diligencia de reinstalación del actor. Fije otra dentro de los cinco días siguientes contados a partir de que surta efectos la presente notificación. Desahogada dicha diligencia en el término antes señalado, remita las constancias donde acredite su verificativo o en su caso manifieste la imposibilidad que tuvo para ello. Con el apercibimiento para la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, que de no realizar lo ordenado en la ejecutoria se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, que asciende a $10,374.00 (diez mil trecientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, de acuerdo con los artículos 238, 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aun en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa ante el Secretario Iván Martínez González, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubieran recurrido la sentencia de veintiocho de julio de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado EJECUTORIA. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero; para que dentro del plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada que denote el cumplimiento de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que las obliga a lo siguiente: "a) Deje sin efectos el auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, únicamente respecto a la reserva de llevar a cabo el requerimiento de pago a la parte demandada hasta en tanto ocurra la reinstalación. b) En su lugar emita un nuevo acuerdo en el que para proveer sobre el requerimiento de pago a la parte demandada Secretaría de Educación Guerrero, deje de considerar que primero debe llevarse a cabo la reinstalación. c) Con libertad de jurisdicción se pronuncie sobre la solicitud de requerimiento de pago." Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Por tanto, se apercibe a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trecientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Décima Época. Registro: 2007918. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19) Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la tesis: 2a./J.36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro IV, enero de 2012, Décima Época, tomo 4, página 3515, con registro 2000099, de rubro y texto siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa ante el Secretario Iván Martínez González, que autoriza y da fe.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · 12,048 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano