Alberto Roque Cruz

Expediente 800/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 23 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
800/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
17/03/2022

Partes del expediente

  • Alberto Roque Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de quince de febrero de dos mil veintidós, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por **********, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente y el original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito, serán susceptibles de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse las hipótesis previstas en el artículo 21, incisos a) y c) del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que el juicio se sobreseyó y se negó la suspensión; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosarlo para mejor resguardo. Ahora bien, atendiendo lo establecido por el artículo 20, la fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. En virtud de que resulta innecesaria la retención de las constancias relativas al expediente M1177/2017 (un tomo) que remitió el Juez responsable al rendir su informe justificado, devuélvasele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Visto el escrito signado por el tercero interesado ****************, por sí, y en su calidad de albacea de la sucesión a bienes del diverso tercero *******************, con fundamento en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, se le tiene apersonándose al presente juicio. Asimismo, téngase manifestando su deseo de señalar como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que, al no ser técnicamente posible, con fundamento en el numeral 26 -fracción III- de la ley de la materia, la presente determinación y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, practíquesele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado federal. De igual manera, se le tiene autorizando a las personas que menciona en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado. Finalmente, respecto a las documentales que allega y las manifestaciones que formula a manera de alegatos, únicamente se ordenan glosar en autos, toda vez que el quince de los actuales se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS AL TERCERO INTERESADO: Del análisis integral de la demanda de amparo y de las constancias allegadas por la Jueza Menor Mixto de Cortázar, Guanajuato, se desprende que el quejoso acude a esta instancia constitucional, reclamando: Todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************de la estadística del Juzgado Menor Mixto de Cortázar, Guanajuato, y como consecuencia de ello, el auto de seis de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se autoriza el embargo en vía de ejecución de sentencia, a efecto de requerirlo de pago en el domicilio ubicado en calle ********************, Guanajuato. Por tanto, una llevado el estudio de las constancias de referencia, se advierte que en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Lo anterior es así, dado que del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Asimismo, respecto al tema los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. De lo anterior se sigue que el artículo 18 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para presentar la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso b) es necesario que esté acreditado fehacientemente que el quejoso tuvo conocimiento del acto del que se duele, pues sólo de esta manera el término de quince días para presentar la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que se hizo sabedor. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, es menester precisar que de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil ********************de la estadística del Juzgado Menor Mixto de Cortázar, Guanajuato, se desprenden los siguientes antecedentes: Los terceros interesados ********************en su carácter de endosatarios en propiedad de ********************promovieron demanda en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa, en contra de ********************, en su carácter de deudor principal, a quien le reclamaron el pago de la cantidad de $11,700.00 (once mil setecientos pesos 00/100 m.n.) como suerte principal, el pago de intereses moratorios al 10% mensual, y el pago de gastos y costas judiciales. Dicha demanda fue radicada por auto de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, bajo el número ********************y admitida mediante proveído de veintidós del mismo mes y año; por lo que, en el mismo se despachó auto con efectos de mandamiento de ejecución en forma, con la finalidad de requerir de pago al demandado, embargarlo y emplazarlo a juicio. Con la finalidad de llevar a cabo el citado mandamiento de ejecución, el cinco de diciembre de dos mil diecisiete la actuaria designada en turno por la Oficina Central de Actuarios del Partido Judicial de Cortázar, Guanajuato, en compañía del tercero interesado ********************, se constituyeron en el domicilio ubicado en calle ********************, del municipio de Cortázar, Guanajuato, lugar en el que fueron atendidos por ******************** -quejoso-, quien bajo protesta de decir verdad dijo ser la persona buscada, razón por la que se identificó con credencial para votar ******************** En razón de lo manifestado por la parte demandada, mediante auto de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, el juez responsable determinó: "Ahora bien como lo solicita el actor y en virtud de que en la diligencia que se revisa, la parte demandada ciudadano ******************** manifestando el mismo en la diligencia que se revisa que ******************** y ******************** son la misma persona mostró oposición para llevar a cabo la presente diligencia; es por lo que este Tribunal autoriza el uso de la fuerza Pública, uso de cerrajero, para el rompimiento de chapas y cerraduras sin causar daños a la propiedad y penetración a lugar cerrado al actuario designado en turno adscrito a la central de actuarios de este partido judicial en el domicilio ubicado en calle ********************, de esta ciudad de Cortázar, Guanajuato a fin de llevar a cabo lo ordenado en el auto de ejecución de fecha 22 veintidós del mes de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete." Una vez llevado a cabo el emplazamiento del demandado, por conducto de ********************, y seguida la secuela procesal, el seis de abril de dos mil dieciocho se dictó sentencia en el citado controvertido, la cual determinó condenar al demandado al pago de las prestaciones reclamadas. Al no haber sido recurrida, el once de abril de dos mil dieciocho causó ejecutoria la misma, por el que, la parte actora inició el procedimiento de ejecución, el cual entre otras cosas, trajo como resultado la emisión del auto de seis de enero de dos mil veintiuno, con el cual se autorizó el embargo en vía de ejecución de sentencia, en contra de la parte demandada a efecto de requerir de pago en el domicilio ubicado en calle ********************, Guanajuato. Como se puede advertir de la narración que antecede, el quejoso ********************, es la parte demandada en el procedimiento de origen, y tuvo conocimiento del mismo y de los actos que refiere ahora le afectan desde la diligencia de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, fecha en la que bajo su presencia se pretendió llevar a cabo su emplazamiento a juicio, a través de la ejecución del auto de exequendo dictado en su contra por el juez responsable. Consecuentemente, el término de quince días que establece el mencionado artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió en exceso, ello si se toma en consideración que: I. El aludido plazo se computa a partir del día hábil siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado. II. Ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien sostiene ser titular de los derechos controvertidos, el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto del punto de vista legal como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; por lo que, a partir de que tiene conocimiento, entre otros supuestos, del procedimiento que afecta su interés, como en la especie acontece, debe computarse el término para promover el juicio de amparo. De lo anterior se advierte que en el caso concreto, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto ante el Juez de Distrito competente, comenzó para el quejoso a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del procedimiento instado en su contra, esto es, a partir del seis de diciembre del dos mil diecisiete, y le feneció el veintisiete del mismo mes y año. De ahí que si el quejoso presentó la demanda que se analiza el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, es inconcuso que se hizo con posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, los actos reclamados por el quejoso fueron consentido tácitamente por el recurrente. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo para la anterior determinación el hecho de que el quejoso en su demanda de amparo haya referido que no es la misma persona que la parte demandada en el juicio ********************por tener invertidos los apellidos; sin embargo, de constancias se encuentra demostrado que se trata de la misma persona, dado que: Así lo refirió el propio quejoso bajo protesta de decir verdad en la diligencia de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, ante la presencia de la licenciada ********************, actuaria designada por la Oficina Central de Actuarios del Partido Judicial de Cortázar, Guanajuato, ante la cual se identificó con credencial para votar ******************** La identificación concuerda con la allegada por los terceros interesados al momento de instar la demanda en su contra en el procedimiento de origen; y, La CURP que obra en la referida identificación coincide plenamente con la adjuntada por el quejoso al promover el presente juicio constitucional. Circunstancias, que como se ha establecido demuestran que se trata de la misma persona. En tal virtud, este órgano jurisdiccional exhorta al quejoso y a sus abogados, para que en las subsecuentes, eviten afirmar hechos falsos u omitir los relacionados con los actos reclamados, con el propósito de obtener una ventaja procesal, haciendo patente la penalización establecida en el artículo 261 -fracción I- de la Ley de Amparo: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y."

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS AL QUEJOSO: Del análisis integral de la demanda de amparo y de las constancias allegadas por la Jueza Menor Mixto de Cortázar, Guanajuato, se desprende que el quejoso acude a esta instancia constitucional, reclamando: Todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************de la estadística del Juzgado Menor Mixto de Cortázar, Guanajuato, y como consecuencia de ello, el auto de seis de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se autoriza el embargo en vía de ejecución de sentencia, a efecto de requerirlo de pago en el domicilio ubicado en calle ********************, Guanajuato. Por tanto, una llevado el estudio de las constancias de referencia, se advierte que en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Lo anterior es así, dado que del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Asimismo, respecto al tema los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. De lo anterior se sigue que el artículo 18 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para presentar la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso b) es necesario que esté acreditado fehacientemente que el quejoso tuvo conocimiento del acto del que se duele, pues sólo de esta manera el término de quince días para presentar la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que se hizo sabedor. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, es menester precisar que de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil ********************de la estadística del Juzgado Menor Mixto de Cortázar, Guanajuato, se desprenden los siguientes antecedentes: Los terceros interesados ********************en su carácter de endosatarios en propiedad de ********************promovieron demanda en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa, en contra de ********************, en su carácter de deudor principal, a quien le reclamaron el pago de la cantidad de $11,700.00 (once mil setecientos pesos 00/100 m.n.) como suerte principal, el pago de intereses moratorios al 10% mensual, y el pago de gastos y costas judiciales. Dicha demanda fue radicada por auto de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, bajo el número ********************y admitida mediante proveído de veintidós del mismo mes y año; por lo que, en el mismo se despachó auto con efectos de mandamiento de ejecución en forma, con la finalidad de requerir de pago al demandado, embargarlo y emplazarlo a juicio. Con la finalidad de llevar a cabo el citado mandamiento de ejecución, el cinco de diciembre de dos mil diecisiete la actuaria designada en turno por la Oficina Central de Actuarios del Partido Judicial de Cortázar, Guanajuato, en compañía del tercero interesado ********************, se constituyeron en el domicilio ubicado en calle ********************, del municipio de Cortázar, Guanajuato, lugar en el que fueron atendidos por ******************** -quejoso-, quien bajo protesta de decir verdad dijo ser la persona buscada, razón por la que se identificó con credencial para votar ******************** En razón de lo manifestado por la parte demandada, mediante auto de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, el juez responsable determinó: "Ahora bien como lo solicita el actor y en virtud de que en la diligencia que se revisa, la parte demandada ciudadano ******************** manifestando el mismo en la diligencia que se revisa que ******************** y ******************** son la misma persona mostró oposición para llevar a cabo la presente diligencia; es por lo que este Tribunal autoriza el uso de la fuerza Pública, uso de cerrajero, para el rompimiento de chapas y cerraduras sin causar daños a la propiedad y penetración a lugar cerrado al actuario designado en turno adscrito a la central de actuarios de este partido judicial en el domicilio ubicado en calle ********************, de esta ciudad de Cortázar, Guanajuato a fin de llevar a cabo lo ordenado en el auto de ejecución de fecha 22 veintidós del mes de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete." Una vez llevado a cabo el emplazamiento del demandado, por conducto de ********************, y seguida la secuela procesal, el seis de abril de dos mil dieciocho se dictó sentencia en el citado controvertido, la cual determinó condenar al demandado al pago de las prestaciones reclamadas. Al no haber sido recurrida, el once de abril de dos mil dieciocho causó ejecutoria la misma, por el que, la parte actora inició el procedimiento de ejecución, el cual entre otras cosas, trajo como resultado la emisión del auto de seis de enero de dos mil veintiuno, con el cual se autorizó el embargo en vía de ejecución de sentencia, en contra de la parte demandada a efecto de requerir de pago en el domicilio ubicado en calle ********************, Guanajuato. Como se puede advertir de la narración que antecede, el quejoso ********************, es la parte demandada en el procedimiento de origen, y tuvo conocimiento del mismo y de los actos que refiere ahora le afectan desde la diligencia de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, fecha en la que bajo su presencia se pretendió llevar a cabo su emplazamiento a juicio, a través de la ejecución del auto de exequendo dictado en su contra por el juez responsable. Consecuentemente, el término de quince días que establece el mencionado artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió en exceso, ello si se toma en consideración que: I. El aludido plazo se computa a partir del día hábil siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado. II. Ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien sostiene ser titular de los derechos controvertidos, el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto del punto de vista legal como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; por lo que, a partir de que tiene conocimiento, entre otros supuestos, del procedimiento que afecta su interés, como en la especie acontece, debe computarse el término para promover el juicio de amparo. De lo anterior se advierte que en el caso concreto, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto ante el Juez de Distrito competente, comenzó para el quejoso a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del procedimiento instado en su contra, esto es, a partir del seis de diciembre del dos mil diecisiete, y le feneció el veintisiete del mismo mes y año. De ahí que si el quejoso presentó la demanda que se analiza el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, es inconcuso que se hizo con posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, los actos reclamados por el quejoso fueron consentido tácitamente por el recurrente. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo para la anterior determinación el hecho de que el quejoso en su demanda de amparo haya referido que no es la misma persona que la parte demandada en el juicio ********************por tener invertidos los apellidos; sin embargo, de constancias se encuentra demostrado que se trata de la misma persona, dado que: Así lo refirió el propio quejoso bajo protesta de decir verdad en la diligencia de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, ante la presencia de la licenciada ********************, actuaria designada por la Oficina Central de Actuarios del Partido Judicial de Cortázar, Guanajuato, ante la cual se identificó con credencial para votar ******************** La identificación concuerda con la allegada por los terceros interesados al momento de instar la demanda en su contra en el procedimiento de origen; y, La CURP que obra en la referida identificación coincide plenamente con la adjuntada por el quejoso al promover el presente juicio constitucional. Circunstancias, que como se ha establecido demuestran que se trata de la misma persona. En tal virtud, este órgano jurisdiccional exhorta al quejoso y a sus abogados, para que en las subsecuentes, eviten afirmar hechos falsos u omitir los relacionados con los actos reclamados, con el propósito de obtener una ventaja procesal, haciendo patente la penalización establecida en el artículo 261 -fracción I- de la Ley de Amparo: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y."

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