Alberto Romero Gómez

Expediente 602/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
602/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
15/12/2020

Partes del expediente

  • Alberto Romero Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista certificación...sentencia dictada el trece de noviembre del año en curso, se declara que ha causado ejecutoria...devuélvase a la autoridad responsable Juez Cuarto Mercantil en esta ciudad, las constancias que remitió como apoyo de su informe justificado en el presente juicio de amparo...en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido...

  2. Principal

    Vistos, los autos para resolver el juicio de amparo 602/2020-7, promovido por Alberto Romero Gómez, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de lo Mercantil del Primer Distrito Judicial. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, y remitido a día siguiente a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, Alberto Romero Gómez, promovió demanda de amparo indirecto contra la autoridad y por los actos que a continuación se trascriben:... SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite. Mediante proveído de diez de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; se pidió informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado; y se dio la intervención legal correspondiente a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita. En dicho auto de admisión, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, en el citado proveído, se ordenó que la audiencia constitucional, tuviera verificativo mediante el uso de videoconferencia, requiriendo a las partes para que mediante promoción impresa o electrónica proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación. En la inteligencia de que las partes podrían dar cumplimiento a dicho requerimiento hasta tres días hábiles anteriores a la celebración de la audiencia respectiva, apercibidos que en caso de no hacerlo así, se tendría por perdido su derecho para comparecer a dicha audiencia, y en su caso, sería desahogada sin su asistencia. De igual modo, en el citado proveído, se hizo del conocimiento de las partes, los requerimientos y especificaciones técnicas necesarias para poder tener acceso a la audiencia por vía de videoconferencia, sin que las partes lo hayan solicitado. Así, conforme al acta de veintisiete de octubre de dos mil veinte, se celebró la audiencia constitucional, sin la asistencia de las partes vía videoconferencia, y; CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determina el número y límite territorial de los Circuitos en que se divide el País y la jurisdicción de este Juzgado, pues los efectos de los actos reclamados se materializan en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la demanda. La demanda con la que se formó el presente expediente, se promovió en el término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues en relación con el acto consistente en el auto emitido, por el Juez Cuarto Mercantil en esta ciudad, dentro del expediente 1305/2015, la parte quejosa fue notificada de su contenido por medio de lista, el veintiuno de agosto de dos mi veinte (foja 231 vuelta del cuaderno de pruebas que obra por separado). Luego, entre la fecha de la presentación de la demanda de amparo (ocho de septiembre de dos mil veinte), y la fecha en que le fue notificada dicha determinación, mediaron once días hábiles, al descontarse los días veintinueve y treinta de agosto, así como, cinco y seis de septiembre, todos de dos mil veinte, por lo que, se estima que la presentación de la demanda de amparo, por cuanto a dicho acto se refiere, se encuentra dentro del plazo a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. TERCERO. Precisión de actos En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, es el que enseguida se precisa: Autoridad responsable: Ordenadora: Juez Cuarto Mercantil en esta ciudad. Acto reclamado: Auto de veinte de agosto de dos mil veinte, emitido en el expediente 1305/2015 del índice de la responsable, mediante el cual se negó a admitir el incidente de nulidad de notificaciones hecho valer por el aquí quejoso en dicho procedimiento por frívolo e improcedente. CUARTO. Certeza de los actos La autoridad responsable Juez Cuarto Mercantil en esta ciudad, al rendir su informe justificado, admitió la certeza del acto que se le atribuyó; y, como apoyo de lo expresado, allegó el expediente 1305/2015, del índice de su adscripción del cual deriva el acto reclamado. Las documentales aludidas, tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones judiciales, realizadas por funcionarios públicos en ejercicio público de sus funciones. QUINTO. Improcedencia. Al no advertirse motivo de improcedencia propuesto por alguna de las partes, ni de oficio se observa causa que deba actualizarse, tal como lo ordena el precepto 62 de la Ley de Amparo, se impone analizar enseguida la litis de fondo a la luz de los conceptos de violación propuestos por el quejoso, en la medida en que en el caso no se actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, en torno a la aplicación del beneficio de suplencia de la deficiencia de la queja. SEXTO. Estudio del acto reclamado. En este apartado se tienen por reproducidos los conceptos de violación relacionados con el acto reclamado, sin que se cause indefensión a las partes, o se falte a los principios de congruencia y exhaustividad, implícitos en el artículo 74 de la Ley de Amparo.... Establecido lo anterior, cabe destacar que de las documentales que remitió la autoridad responsable, en lo que interesa, se desprenden los siguientes antecedentes: 1. Alberto Romero Gómez, por escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles y Familiares, y turnado el veintiséis del mismo mes y año, demandó en la vía extraordinaria civil, a Enrique Rivera Ibarra (fojas 3 a 6, del expediente 1305/2015 del índice del Juzgado Cuarto Mercantil, en esta ciudad, que obra por separado). 2. El juicio entablado, se admitió a trámite el treinta y uno de agosto de dos mil quince, y en la propia data, se ordenó emplazar al demandado, y correrle traslado con la demanda y anexos (foja 8 ídem). 3. El tres de noviembre de dos mil quince, se emplazó al demandado (foja 117 ídem), y, por auto de diecinueve de noviembre de dos mil quince, se le tuvo por dando contestación a la demanda entablada en su contra. Seguido el juicio, se ofrecieron y desahogaron diversas probanzas, entre las que se destaca la de grafoscopía y psiquiatría ofertadas por la parte demandada (fojas 12 a 22, y, 179 ídem). 4. Mediante escrito presentado por Alberto Romero Gómez, ante el Juzgado Cuarto Mercantil en esta ciudad, solicitó al juez del conocimiento, nombrara nuevamente peritos en materia de grafoscopía y psiquiatría ofrecidas en el juicio de origen; al aducir que no se habían rendido tales dictámenes, y en caso contrario, declarar desiertas tales probanzas (fojas 208 y 209 ídem). 5. Previo al desahogo de diversas probanzas, y por las razones expuestas en el acuerdo de catorce de marzo de dos mil diecinueve, el Juez Mercantil en esta ciudad, decretó la caducidad de la instancia por inactividad procesal, en términos del artículo 795 Bis del Código de Procedimientos Civiles, por lo que se declaró la extinción de la instancia, más no de la acción (foja 206 y 207 ídem). 6. La determinación de mérito, fue notificada por medio de cédula al actor aquí quejoso, Alberto Romero Gómez, el quince de marzo de dos mil diecinueve, por la Notificadora Judicial Aracely Hernández Lule, adscrita al Juzgado Cuarto Mercantil, en esta ciudad (fojas 211 y 212 ídem). 7. Posteriormente, por escrito presentado ante la responsable el doce de abril de dos mil diecinueve, el aquí quejoso Alberto Romero Gómez, solicitó nuevamente se nombraran peritos para el desahogo de las pruebas en materia de Grafoscopía y Psiquiatría ofrecidas en reconvención por la parte demandada (foja 215 ídem). 8. Al escrito de que se trata, recayó el acuerdo de seis de mayo de dos mil diecinueve, por el cual, se estableció lo siguiente: "Agréguese escrito signado por ALBERTO ROMER GÓMEZ. Visto el de cuenta dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad debiendo estarse al proveído de fecha 14 catorce de marzo del año en curso." 9. Alberto Romero Gómez, promovió juicio de amparo directo en contra del auto de catorce de marzo de dos mil diecinueve, por el que se declaró la caducidad de la instancia, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, bajo el consecutivo 16/2020, el cual se desechó por auto de veintiuno de enero de dos mil veinte, al estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no observó el principio de definitividad (foja 226 y 227 ídem). 10. Mediante escrito presentado por el quejoso Alberto Romero Gómez el diecisiete de agosto de dos mil veinte, promovió incidente de nulidad de notificaciones, a partir de la notificación realizada por medio de cédula, por la Actuaria judicial, Arely Hernández Lule, lo que según expuso tuvo como consecuencia que no tuviera conocimiento oportuno del auto de catorce de marzo de dos mil diecinueve, por el que se decretó la caducidad de la instancia en el juicio natural (foja 232 a 237 ídem). 11. Al ocurso en cuestión, recayó el auto de veinte de agosto de dos mil veinte, cuyo contenido es el siguiente: "San Luis Potosí, S.L.P., a 20 veinte de agosto de 2020 dos mil veinte. Agréguese escrito signado por ALBERTO ROMERO GÓMEZ recibido el 17 diecisiete de agosto actual. Visto lo solicitado, dígase a la parte actora que el incidente de nulidad de notificaciones que promueve, se desecha por frívolo e improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 70 del Código de Procedimientos Civiles, toda vez que dicha nulidad el compareciente debió hacerla valer inmediatamente después de la actuación cuya nulidad pretende, lo que en el caso no aconteció, en virtud de que según se desprende de las actuaciones que integran el presente juicio, dicha parte compareció de manera inmediata subsecuente ante este juzgado a peticionar se nombrara diversos peritos; por lo que, en términos de lo establecido por el artículo 74 del Código Procesal en mención, la actuación que pretende anular queda revalidad de pleno derecho, compurgando ahora los vicios que hubiere adolecido la misma; por lo anterior, ante lo frívolo e improcedente del incidente que pretende el compareciente, no ha lugar a admitir el mismo.... Determinación que constituye el acto reclamado. El quejoso sostiene que el acto reclamado transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al efecto propuso los siguientes argumentos de queja constitucional, a saber: a. Se viola en mi perjuicio la garantía de seguridad jurídica, (derechos subjetivos públicos) a favor de los gobernados, que pueden ser oponibles a los Órganos Estatales, a fin de exigirles se sujeten a un conjunto de requisitos previos a la comisión de actos que afectan su esfera jurídica; para que estos no caigan en la indefensión o incertidumbre jurídica, lo que hace posible la pervivencia de condiciones de igualdad y libertad para todos los sujetos de derecho y obligaciones contenidas en el artículo 1º constitucional. b. Acorde con el artículo primero del Acuerdo General 11/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sobre la normativa y actuación de órganos jurisdiccionales y administrativos en términos del quinto párrafo del artículo 1º constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil doce, los tribunales de la Federación deberán interpretar y aplicar la normativa constitucional y convencional, expedida con anterioridad a la publicación de ese acuerdo, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, a fin de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y reparar sus violaciones en los términos que establezca la ley. c. Se viola en mi perjuicio el artículo 14 constitucional, al ser privado de mi derecho sin que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho en el sentido de que se acuerde ilegalmente o ilegítimamente con fecha veinte de agosto de dos mil vente, que se desecha por frívolo e improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido, cuando referí: "El día de ayer Bajo Protesta de Decir Verdad me entere de forma indirecta que el Juez acordó ilegalmente e ilegítimamente con fecha 14, catorce de marzo del año 2019, dos mil diecinueve; que no ha lugar a lo acordado pero además ilegalmente declara de oficio que opero la caducidad de la instancia por inactividad procesal extinguiéndose el proceso o la instancia y que dicha determinación se me ordenaba me fuera Notificada de manera PERSONAL y que se había notificado CEDULA DE NOTIFICACION situación que me extraño de sobremanera, por lo que acudí al Juzgado y me dijeron que efectivamente así había sido. Y que se me había notificado por parte de la ACTUARIA JUDICIAL ARACELY HERNANDEZ LULE, mediante Cedula de Notificación entregada en el domicilio sito CALLE VERACRUZ NUMERO 214, COLONIA FERROCARRILERA, SAN LUIS POTOSÍ, Ignorando y Desconociendo por qué se había realizado la notificación en ese domicilio desconocido toda vez que como se desprende de los autos del Juicio que nos ocupa se tiene como señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones aun las de carácter personal el ubicado en la calle CORONEL ROMERO NUMERO 194, BARRIO DE SAN MIGUELITO DE ESTA CIUDAD CAPITAL, domicilio en el cual correctamente se me estuvieron haciendo las notificaciones conforme el artículo 107 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, Por lo que se me deja en estado de vulnerabilidad e indefensión Jurídica; Violando los derechos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consistentes en que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho, así mismo, Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." d. La autoridad señalada como responsable viola mis garantías al no fundar y motivar debidamente el hecho, y me deja en estado de indefensión al considerar erróneamente que debí de hacer valer dicho incidente de nulidad de notificaciones inmediatamente después de la actuación cuya nulidad pretendo cuando no existe con posterioridad a lo solicitado alguna otra actuación. e. Las partes podrán pedir la nulidad de notificaciones en la siguiente actuación en que comparezcan; sin embargo, la interpretación que debe darse a dicha norma, en relación con la expresión "siguiente actuación", no debe ser en su sentido estrictamente literal, sino conforme al principio de interpretación más favorable a la persona, contenido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales sobre la materia, pues aquel principio es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho internacional de derechos humanos, en virtud del cual, debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva. Por tanto, debe interpretarse en el sentido de que por "siguiente actuación" debe entenderse aquella promoción o escrito en el que se ponga de manifiesto que el interesado conocía la actuación que impugna de nula, ya sea porque así lo exprese y omita interponer el incidente de nulidad, o bien, porque de su contenido pueda presumirse, de manera razonada, aquel conocimiento, porque sólo así podría considerarse consentida la notificación tildada de irregular, pues no puede impugnarse de nulo lo que se desconoce, sino cuando realmente se conozca, para cuyo efecto se requiere dato o prueba fehaciente de tal conocimiento. f. De los antecedentes que se narran y los conceptos de violación que se hacen valer en contra de los actos reclamados se deduce que resulta procedente la admisión y en su momento el amparo y protección de la justicia federal, ya que son conculcadas las garantías individuales señaladas en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actos que por su naturaleza, origen, contenido y consecuencias, refutan como de imposible reparación violándose mis garantías más elementales. Los conceptos de violación hechos valer resultan infundados e inoperantes, como enseguida se explica. En efecto, contrario a lo argumentado por el impetrante del amparo, el auto de veinte de agosto de dos mil veinte, sí se encuentra debidamente fundado y motivado, por las siguientes razones:.... El precepto constitucional transcrito obliga a las autoridades en general, al emitir cualquier acto que cause molestia al gobernado, a que se encuentre debidamente fundado y motivado, esto es, que no sólo se citen los preceptos aplicables al asunto de que se trate, sino que también se precisen con claridad las razones particulares, circunstancias especiales y causas específicas en que se apoye el acto, siendo además necesario, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis, pues sólo de esa manera se permitirá de forma real y efectiva al justiciable preparar su defensa o impugnar el acto de la autoridad que estime violatorio de sus derechos fundamentales; de ahí que resulte indispensable que la autoridad exponga con claridad las razones en que sustente su actuar, los motivos, e invoque los preceptos legales que sean aplicables al caso de que se trate y demuestre su relación.... Al respecto, es importante señalar que existe una diferencia importante entre lo que debe entenderse por falta de fundamentación y motivación, e incorrecta fundamentación y motivación, lo que implica además, una forma distinta de abordar el estudio de los conceptos de violación que en relación con ello formulen los justiciables. Por falta de fundamentación y motivación debemos entender aquélla violación formal que se genera cuando la autoridad no invoca legislación alguna para sustentar su determinación, ni expresa las razones, causas o circunstancias que haya tomado en consideración para emitir la determinación en el sentido que lo haya hecho. En cambio, hay incorrecta fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste, que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso; lo anterior en todo caso se traduce en una violación material o de fondo. De esa forma, tenemos que la falta de fundamentación y motivación es la ausencia total de tales exigencias constitucionales, mientras que la incorrecta fundamentación y motivación indica la existencia de esos requisitos, pero que no son aplicables, no se expuso de forma completa y detallada las causas y razones del porqué de la decisión de la autoridad, o no hay una correcta relación entre los fundamentos y motivos. Es importante tener en cuenta lo anterior, pues la forma de abordar el estudio de los conceptos de violación que en su caso se expongan, cambiaría, pues si el quejoso únicamente señala una falta de fundamentación y motivación, basta el análisis de la resolución reclamada y si de la lectura se advierte tal deficiencia, deberá otorgarse la protección constitucional, cuyo efecto deberá ser el que se deje insubsistente el acto reclamado y se emita otro en el que se expongan los fundamentos y motivos. De otra forma, es decir, si se reclama una incorrecta fundamentación, y si se trata de juicios de amparo en los que rija el principio de estricto derecho, se deberán formular los conceptos de violación y de estimarse fundados, se hará un estudio en el que se demuestre tal incorrección, para lo que deberá exponerse el porqué de la inaplicabilidad de las normas citadas por la autoridad. Tal inconsistencia también dará lugar a la protección constitucional, pero para el efecto de dejar insubsistente el acto reclamado y emitir otro en el que se invoquen fundamentos y motivos distintos, según sea el caso.... En el caso, se tiene que por escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil veinte el quejoso promovió incidente de nulidad de notificaciones a partir de la notificación por medio de cédula efectuada respecto del auto de catorce de marzo de dos mil diecinueve. A lo anterior recayó el acuerdo de veinte de agosto de dos mil veinte, que constituye la materia del presente juicio constitucional, el cual se emitió por la autoridad responsable en los términos siguientes: "San Luis Potosí, S.L.P., a 20 veinte de agosto de 2020 dos mil veinte. Agréguese escrito signado por ALBERTO ROMERO GÓMEZ recibido el 17 diecisiete de agosto actual. Visto lo solicitado, dígase a la parte actora que el incidente de nulidad de notificaciones que promueve, se desecha por frívolo e improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 70 del Código de Procedimientos Civiles, toda vez que dicha nulidad el compareciente debió hacerla valer inmediatamente después de la actuación cuya nulidad pretende, lo que en el caso no aconteció, en virtud de que según se desprende de las actuaciones que integran el presente juicio, dicha parte compareció de manera inmediata subsecuente ante este juzgado a peticionar se nombrara diversos peritos; por lo que, en términos de lo establecido por el artículo 74 del Código Procesal en mención, la actuación que pretende anular queda revalidad de pleno derecho, compurgando ahora los vicios que hubiere adolecido la misma; por lo anterior, ante lo frívolo e improcedente del incidente que pretende el compareciente, no ha lugar a admitir el mismo.... Como se ve, opuesto a lo manifestado por el quejoso, el juez responsable invocó como fundamentos de su determinación, los artículos 70 y 74 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado; el primero de ellos como sustento para determinar el desechamiento del incidente de nulidad planteado, y el restante, para exponer que la actuación que pretendía anular, quedaba revalidada de pleno derecho, compurgando ahora los vicios que hubiere adolecido. Lo anterior es suficiente para satisfacer la obligación que impone el artículo 16 de la Carta Magna al juez responsable, pues en adición a los preceptos citados, este último expresó las razones particulares, circunstancias especiales o causas específicas en que se apoyó su decisión, existiendo adecuación entre los motivos aducidos y las normas invocadas. Ello se afirma así, toda vez que el juez responsable, adujo que conforme al numeral 70 de la ley adjetiva civil del Estado, era procedente desechar el incidente de nulidad, en virtud de que el promovente debió hacerla valer inmediatamente después de la actuación cuya nulidad pretendía, además, que en términos del ordinal 74 del propio ordenamiento, la actuación que adujo quedaba revalidada.... Del texto legal transcrito se desprende que la nulidad de una actuación o notificación debe reclamarse en la actuación subsecuente en la que intervenga la parte que promueva la nulidad, pues de lo contrario, ésta quedará revalidada. Es decir, si quien busca impugnar la validez de una actuación o notificación no la controvierte en la actuación próxima posterior a aquella cuya nulidad pretende, precluye su derecho a hacerla valer con posterioridad. Ello es así, puesto que a juicio del legislador es factible establecer la presunción humana en cuanto a que en la actuación posterior se vuelve sabedor de su existencia y, de no combatirla en ese momento, se le tiene aceptando su validez y legalidad, lo cual la convalida. En ese tenor, resulta factible desprender que en la razón de ser del citado precepto, se recoge el principio de convalidación, el cual consiste en que, de no impugnarse la notificación que se considere nula, se la tendrá por válida, pues el fin de dicho principio es evitar que el afectado se abstenga de hacer valer la nulidad a fin de retardar el juicio o la ejecución de la sentencia, en detrimento de la firmeza y expeditez del procedimiento, o bien anular actuaciones de las que de cualquier modo tuvo conocimiento, con el único fin de contrarrestar la paridad procesal, derecho de defensa de su contendiente y el principio de conservación de actuaciones procesales. Lo anterior se estima así, pues de permitirse la anulación de toda actuación en cualquier etapa procesal una de las partes estaría en aptitud de continuar el procedimiento a fin de conocer la defensa del contrario, a sabiendas de que podrá valerse de algún vicio en el proceso para anular lo actuado y así perfeccionar la forma de plantear su pretensión. Ahora, con el hecho de que el legislador no estableciera un término para promover el incidente de nulidad y, en cambio, dispusiera que debe promoverse en la actuación subsecuente o de lo contrario operaría la convalidación de la notificación realizada, puede inferirse que se persigue como intención legislativa que, si en efecto una notificación se realizó de forma indebida, no existe certeza del momento en que el afectado tomará conocimiento de aquélla, así como respecto de la formalidad incumplida, por lo que resulta lógico que no pueda preverse algún término específico; sino que, en su caso, el derecho estará vigente para ser ejercido hasta en tanto el ilegalmente notificado comparezca a juicio, situación en la que se entiende que éste toma conocimiento del estatus procesal y, por ende, es posterior a este momento en que opera la preclusión del derecho, pues será presumible que en aquel tiempo el quejoso pudo ser conocedor de la actuación o notificación incorrecta y, sin embargo, fue su decisión no inconformarse de inmediato, pese a estar en aptitud de hacerlo al haber actuado en autos. Es por tal motivo que el citado precepto establece que debe combatirla, en la actuación subsecuente en que comparezca al juicio la parte que se vea afectada con la notificación que estime nula; sin que del texto expreso del numeral, o bien de su interpretación se desprenda la existencia de alguna hipótesis adicional para estimar que la actuación no deba ser considerada válida para tales fines, pues lo cierto es que la inferencia de conocimiento del estatus procesal, se tiene con la simple actuación en autos, no así del contenido, sentido o forma de la actuación desplegada. No es óbice a lo anterior, que el quejoso haya considerado que el sentido en que se debe entender "siguiente actuación", debe ser aquélla promoción o escrito en el que se ponga de manifiesto que el interesado conocía la actuación que impugna de nula, sea porque lo exprese, porque omita interponer el incidente de nulidad, o porque de su contenido se puede presumir de forma razonada, aquel conocimiento, porque sólo así podría considerarse consentida la notificación tildada de irregular, pues no puede impugnarse de nulo lo que se desconoce, para cuyo efecto se requiere dato o prueba fehaciente de tal conocimiento. Que la responsable no tuvo razón en desechar el incidente de nulidad que hizo valer respecto de la notificación efectuada por medio de cédula de la resolución de catorce de marzo de dos mil diecinueve en que se decretó la caducidad de la instancia, pues al promover el incidente de nulidad de notificaciones a través de su escrito presentado ante la responsable el diecisiete de agosto de dos mil veinte, en el punto nueve, expuso bajo protesta de decir verdad, que se enteró el "día de ayer", (un día antes de la interposición de la incidencia), de manera indirecta que el juez acordó con fecha catorce de marzo de dos mil diecinueve, que no había lugar a acordar su petición, e igualmente que operó la caducidad de la instancia por inactividad procesal, extinguiéndose el proceso o la instancia, y que dicha determinación se ordenó se notificara de manera personal, efectuándose por medio de cédula, lo cual le extraño, por lo que acudió al juzgado, donde le dijeron que efectivamente así había sido. Esto es, que por esa razón, encuadraba en el supuesto de que fue con el escrito de interposición del incidente de nulidad de notificación de diecisiete de agosto de dos mil veinte, cuando conoció la actuación cuya nulidad adujo, y por ello, no estuvo en lo correcto el juez en desechar su incidente. Lo anterior, dado que con independencia de cuál haya sido la finalidad buscada con la actuación posterior; lo verdaderamente relevante es que fue precisamente el aquí quejoso, como parte material del juicio, quien actuó y que ello se llevó a cabo dentro de los autos del propio juicio en que se suscitó la notificación que buscaba anular. Es decir, la circunstancia de que haya acudido a solicitar el desahogo de las pruebas en materia de grafoscopía y psiquiatría ofrecidos en reconvención por su contraria parte el doce de abril de dos mil diecinueve, no desvirtúa en modo alguno el hecho de que haya sido el propio quejoso -como parte material del procedimiento-, precisamente quien acudiera a actuar en él, en un momento posterior a la notificación que pretendía anular, y que derivado de ello, se genere la presunción de que conoce las previas actuaciones existentes en el juicio, precluyendo con tal motivo su derecho para controvertir la notificación que tilda de ilegal, en términos de lo dispuesto en el artículo 74 de la ley local adjetiva civil, así como sustentado en el principio de convalidación de las actuaciones judiciales. De ahí lo infundado del argumento hecho valer. Sin que sea óbice para llegar a esa conclusión el planteamiento del quejoso en el sentido de que por siguiente actuación, debe entenderse aquella promoción en que se ponga de manifiesto que el interesado conocía la actuación que impugna de nula; puesto que, es precisamente de una interpretación textual y teleológica de la norma de la que se desprende que al prever que el incidente de nulidad debe ser promovido en la actuación subsecuente, se refiere a cualquier tipo de actuación, ya que el numeral no prevé expresamente de qué tipo de actuación debe tratarse, sino que es genérico, siendo que es el propio quejoso quien propone que deba dársele un sentido diverso -distintivo- a la norma, considerando que para ese fin debe tratarse de una actuación de la que se desprenda que ha tenido pleno conocimiento del acto que busca anular, cuestión que no está contenida en el numeral 74, en estudio. Aunado a lo anterior, de la revisión de las constancia que integran el juicio natural, también se desprende que el quejoso promovió juicio de amparo directo en contra del auto de catorce de marzo de dos mil diecinueve, por el que se declaró la caducidad de la instancia, de cuya notificación ahora se inconformó a través del incidente de nulidad, y, como se desprende del apartado de antecedentes, correspondió conocer de tal juicio constitucional, al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, bajo el consecutivo 16/2020, mismo que se desechó por auto de veintiuno de enero de dos mil veinte, al estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al sostenerse que no observó el principio de definitividad.... Como se ve, desde que presentó escrito ante la responsable, el doce de abril de dos mil diecinueve, posterior a la emisión y notificación del auto de catorce de marzo de dos mil diecinueve, en que se decretó la caducidad de la instancia, estuvo en aptitud de promover el incidente de nulidad de notificaciones; conforme a lo prevé el artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí. Además, se reitera, el conocimiento de tal actuación, se robustece con la existencia del juicio de amparo directo que hizo valer contra la determinación en que se decretó la caducidad de la instancia. De donde, es claro que, diverso a lo que expresa el ahora quejoso en cuanto a que conoció la actuación cuya nulidad aduce, un día antes de la presentación de su escrito incidental hecho valer el diecisiete de agosto de dos mil veinte, tal aseveración se encuentra desvirtuada con las constancias que integran el sumario, esto es, con la existencia del referido juicio de amparo, se hace patente que sí conoció con anterioridad a la fecha que indicó en su demanda de amparo como aquella en que se hizo sabedor de la actuación que pretende nulificar, y por tal razón, precluyó su derecho para hacer valer el incidente de nulidad de notificaciones. En consecuencia, si el quejoso interpuso el incidente de nulidad de actuaciones el diecisiete de agosto de dos mil veinte, es evidente que ya había precluido su derecho para hacerlo, pues la actuación subsecuente a la notificación que pretendía nulificar, es aquella promoción que presentó el doce de abril de dos mil diecinueve, en la que solicitó el desahogo de las pruebas en materia de grafoscopía y psiquiatría ofrecidos en reconvención por su contraria parte, por lo que se encuentra ajustada a derecho la resolución, de ahí que resulten infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso. Finalmente, en lo relativo a que las normas relativas a los derechos humanos de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los tratados internacionales, se deben interpretar favoreciendo en todo tiempo a las personas, otorgando la protección más amplia, se advierte que su propuesta argumentativa yace en la exigencia de que se lleve a cabo una interpretación conforme. Tal petición es inoperante, si se considera que para llevar a cabo una interpretación conforme, debe existir en principio una contradicción insalvable entre la norma ordinaria y la Constitución, que conllevaría a declarar la inconstitucionalidad de algún precepto. No obstante, para estar en aptitud de emprender ese análisis, era necesario que combatiera la inconstitucionalidad de la norma, para así estar en posibilidad de examinar si era jurídicamente posible emprender la interpretación conforme en los términos que adujo. Al no haberlo hecho así, debe prevalecer el principio de presunción de conservación de la ley, lo cual, se asienta a su vez, en el principio de seguridad jurídica, de tal forma que, las normas son válidas mientras un tribunal no resuelva lo contrario, por lo cual, para llevar a cabo una interpretación conforme en los términos que aduce, era necesario reclamar la inconstitucionalidad de la norma, al no haberlo hecho así, no es jurídicamente posible atender su pretensión, de ahí, que se deba calificar como inoperante el argumento hecho valer. Sin que se advierta una clara incompatibilidad o una contradicción insalvable entre la norma ordinaria, en el caso el artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, y la Constitución, que amerite su inaplicación. En efecto, debe considerarse que la opción de una modalidad interpretativa no puede ser materia de escrutinio constitucional, atendiendo precisamente a que dicha disposición (artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí), no pugna con las normas de derechos humanos establecidas en la Constitución Federal o en los instrumentos internacionales, sino que sólo deben dilucidarse cuestiones de legalidad, por lo cual, resulta claro que la litis del asunto se ciñe a determinar si fue correcto o no desechar el incidente de nulidad de notificaciones que hizo valer el quejoso, sin que sea materia de conflicto la posible contradicción con algún derecho humano previsto en la Constitución o en un instrumento internacional, ni esa contraposición se desprenda del estudio correspondiente. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 37/2017 (10a.), correspondiente a la Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 239, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la supremacía normativa de la Constitución no se manifiesta sólo en su aptitud de servir como parámetro de validez de todas las demás normas jurídicas, sino también en la exigencia de que tales normas, a la hora de ser aplicadas, se interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales; de forma que, en caso de que existan varias posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se elija aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en la Constitución. En otras palabras, esa supremacía intrínseca no sólo opera en el momento de la creación de las normas, cuyo contenido ha de ser compatible con la Constitución en el momento de su aprobación, sino que se prolonga, ahora como parámetro interpretativo, a la fase de aplicación de esas normas. A su eficacia normativa directa se añade su eficacia como marco de referencia o criterio dominante en la interpretación de las restantes normas. Este principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento con la Constitución, reiteradamente utilizado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una consecuencia elemental de la concepción del ordenamiento como una estructura coherente, como una unidad o contexto. Es importante advertir que esta regla interpretativa opera con carácter previo al juicio de invalidez. Es decir, que antes de considerar a una norma jurídica como constitucionalmente inválida, es necesario agotar todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga compatible con la Constitución y que le permita, por tanto, subsistir dentro del ordenamiento; de manera que sólo en el caso de que exista una clara incompatibilidad o una contradicción insalvable entre la norma ordinaria y la Constitución, procedería declararla inconstitucional. En esta lógica, el intérprete debe evitar en la medida de lo posible ese desenlace e interpretar las normas de tal modo que la contradicción no se produzca y la norma pueda salvarse. Así el juez ha de procurar, siempre que sea posible, huir del vacío que se produce cuando se niega validez a una norma y, en el caso concreto, de ser posibles varias interpretaciones, debe preferirse aquella que salve la aparente contradicción. Ahora bien la interpretación de las normas conforme a la Constitución se ha fundamentado tradicionalmente en el principio de conservación de ley, que se asienta a su vez en el principio de seguridad jurídica y en la legitimidad democrática del legislador. En el caso de la ley, fruto de la voluntad de los representantes democráticamente elegidos, el principio general de conservación de las normas se ve reforzado por una más intensa presunción de validez. Los tribunales, en el marco de sus competencias, sólo pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley cuando no resulte posible una interpretación conforme con la Constitución. En cualquier caso, las normas son válidas mientras un tribunal no diga lo contrario. Asimismo, hoy en día, el principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento a la Constitución, se ve reforzado por el principio pro persona, contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a maximizar la interpretación conforme en aquellos escenarios en los cuales, dicha interpretación permita la efectividad de los derechos fundamentales de las personas frente al vacío legislativo que puede provocar una declaración de inconstitucionalidad de la norma. En las relatadas consideraciones, al resultar infundados e inoperantes los motivos de queja constitucional propuestos, se impone negar el amparo y protección que de la Justicia Federal solicitó el quejoso en contra de la resolución reclamada, por las razones y fundamentos precisados en la presente consideración. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alberto Romero Gómez, contra el acto reclamado al Juez Cuarto Mercantil en esta ciudad, consistentes en el auto de veinte de agosto de dos mil veinte, por el que se desechó el incidente de nulidad de notificaciones que hizo valer, en el juicio extraordinario civil 1305/2015, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa, la determinación de trece de noviembre de dos mil veinte, que en síntesis dice: se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *****, contra el acto reclamado al Juez Cuarto Mercantil en esta ciudad, consistentes en el auto de veinte de agosto de dos mil veinte, por el que se desechó el incidente de nulidad de notificaciones que hizo valer, en el juicio extraordinario civil ******, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Pedimento. Téngase recibido y agréguese a sus autos el pedimento formulado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, por el que formula alegatos y solicita acceso al expediente electrónico del juicio de amparo de cuenta, así como la práctica de notificaciones electrónicas derivadas del mismo. Alegatos. Atento a su contenido y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen hechas las manifestaciones, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Usuario y correo electrónico. En otro aspecto, como lo solicita la promovente en su pedimento de cuenta, y toda vez que proporciona correo electrónico elaine.gaytan@pgr.gob.mx, así como nombre de usuario, a saber: "Elaine", y el cual se encuentra registrado en la página de internet que el Consejo de la Judicatura Federal pone a disposición de los usuarios a efecto de autorización para la consulta vía internet del expediente electrónico que deriva del expediente físico en que se actúa; por tanto, hágase la autorización del citado profesionista, en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expediente, de este Juzgado, únicamente respecto al presente expediente a efecto de que pueda consultar vía internet el expediente electrónico, pueda consultar promociones, determinaciones y le sean efectuadas la notificaciones por este medio, agréguese copia autorizada de dicha constancia. Atento a lo anterior, instrúyase a la Analista Jurídico SISE de este órgano jurisdiccional, lleve a cabo dicha modificación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Medio de contacto alterno. De igual forma, téngase a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, señalando como medio de contacto alterno, el correo electrónico elaine.gaytan@pgr.gob.mx, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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