Alberto Román Mendoza

Expediente 494/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
494/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
12/11/2020

Partes del expediente

  • Alberto Román Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; doce de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), de la ley de la materia, sin que se hubiere recurrido la sentencia emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobresee, ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso a), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido Acuerdo General. Hágase constar lo anterior en su carátula, conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del multicitado Acuerdo General. Finalmente, tomando en consideración que mediante sentencia de veintitrés de octubre del año en curso, se impuso al Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, una multa por la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) y que con posterioridad a la emisión de la misma, informó que en los autos del juicio natural se dejó sin efectos la hora y fecha señalada para la continuación de la audiencia de pruebas y en su lugar fijó las once horas del diecisiete del mes actual, para su verificativo; en ese tesitura, se estima que la resolución dictada en el presente juicio, no afectó la esfera jurídica de la quejosa de mérito, por lo que se deja sin efectos la multa impuesta. Notifíquese.Así lo proveyó y firma electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario adscrito al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiocho de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, sin proveer sobre el particular, dado que veintitrés del mes en curso, se dictó sentencia en este asunto. Notifíquese.Así lo proveyó y firma electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario adscrito al propio juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    VISTOS, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 494/2020; y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito depositado el veintidós de septiembre de dos mil veinte, en el Buzón Judicial y recibido en esa fecha, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad de Acapulco, y remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Alberto Román Mendoza, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se señalan: AUTORIDAD RESPONSABLE Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "I.- De la autoridad señalada como responsable se reclama la violación a mis derechos constitucionales ya que no cumple con el debido proceso violando el articulo 276 del código procesal civil del estado, alargando la fecha para la continuación del desahogo de la prueba testimonial, ya que el juzgado se justifica que tiene mucha carga de trabajo, y argumenta que por motivos del covid-19 no puede darme una fecha posterior a la ya otorgada. II.- reclamo mis derechos a una justicia pronta, tal y como lo establece nuestra carta magna, haciendo mención que los juzgados del distrito judicial de Tabares empezaron a laborar desde el día 3 de agosto, corriendo sus términos el día 17 de agosto del aludido año. III.- se me otorgue una fecha apegada al artículo 276 del código procesal civil del estado, para la continuación del desahogo de la etapa de prueba testimonial." SEGUNDO.- Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, se radicó la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 494/2020 y se admitió a trámite; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto atribuido a una autoridad de naturaleza jurisdiccional, con residencia dentro el ámbito competencial de este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el objeto de estudio en este asunto, lo constituye el auto de diecinueve de agosto de dos mil veinte, el que fijó las once horas del treinta de noviembre siguiente, para la continuación de la audiencia de pruebas y alegatos, en el juicio ordinario civil 240/2018-I. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante, de habérsele solicitado con toda oportunidad, como se advierte de la constancia de notificación del oficio número 9617/2020; por tanto, lo que procede con fundamento en el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, es presumirle cierto el acto reclamado. Tiene aplicación al caso, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicado en la página 1363 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal." CUARTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, antes de examinarse la materia de fondo de la litis constitucional, se analiza el tema de la improcedencia del juicio, en los términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo. Lo anterior, ya que la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe con justificación (como se advierte del considerando que antecede), sólo presume cierto el objeto de estudio en este asunto (el cual lo constituye el auto que fija hora y fecha para la celebración de la continuación de la audiencia de pruebas y alegatos, fuera de los términos previstos por la ley de la materia en el juicio ordinario civil 248/2018-i), no así el interés jurídico del quejoso, quien se ostentó como parte actora en el juicio natural y no aportó prueba alguna que corroborara tal carácter. En relación con el tema, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6, de su Ley Reglamentaria, conforman el llamado interés jurídico, el cual reside en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto u omisión que estime violatorio de derechos en su perjuicio, cuya ausencia en quien ocurre a solicitar la protección constitucional, provoca la causa de improcedencia en estudio. No obstante, la parte quejosa exhibió diversas actuaciones del juicio natural, entre éstas, el acuerdo reclamado, éste carece de valor probatorio al tratarse de copia fotostática simple; es decir, son producto obtenido mediante métodos técnicos y científicos a través de los cuales es posible alterar la reproducción del original, arreglarla, o en el último de los casos componerla, con la consiguiente incertidumbre que genera a quien ha de establecer su eficacia convictiva o fuerza demostrativa, ante la latente posibilidad de que tales reproducciones no correspondan de manera fiel con el documento original. No es óbice para lo determinado que la parte quejosa manifestara, bajo protesta de decir verdad, los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, en los cuales relaciona diversas actuaciones emitidas en el juicio natural, pues con esto no se llega al extremo de acreditar su interés jurídico, ya que éste, necesariamente, debe acreditarse en forma fehaciente y no con base en meras afirmaciones. Bajo ese contexto, si bien el interés jurídico para controvertir resoluciones como la reclamada, correspondería a cualquiera de las partes cuya esfera se halla vinculada con el procedimiento de origen, también lo es, que no se tiene prueba alguna de que quien promueve este asunto sea parte en aquél sumario. Lo anterior, con independencia de que -como en el caso-, se presumió cierto el acto reclamado ante la omisión de la responsable en rendir su informe justificado, pues la carga de probar el interés jurídico no surge de esa abstención, sino que dicha obligación le corresponde al quejoso desde la presentación de la demanda de amparo; porque, únicamente puede presumirse la existencia del acto atribuido a la responsable, pero no los hechos señalados en la demanda. De ahí que, la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso, en el sentido de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, conlleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del presente juicio de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita, procede decretar el sobreseimiento del juicio. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia 23/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo". Consecuentemente, lo que procede con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la ley de la materia, es sobreseer el presente juicio de amparo. QUINTO. Imposición de multa. Ahora, tomando en cuenta que la autoridad responsable Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, omitió rendir su informe justificado, no obstante estar oportunamente notificada para ello, según se indicó en el tercer considerando de la presente resolución, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se impone una multa por el equivalente al valor de cien unidades de medida y actualización vigente en el país a la fecha del apercibimiento, a razón de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional) semejante a la unidad de medida y actualización vigente en el país, que corresponde a la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), misma que deberá hacerse efectiva por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guerrero "1" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, a quien deberá remitírsele el oficio respectivo a efecto de que en cuanto cause firmeza esta sentencia, proceda a hacer efectiva la multa aquí impuesta. Finalmente, se hace la precisión que, de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 494/2020, promovido por Alberto Román Mendoza, por las razones expuestas en el cuarto considerando de esta resolución. SEGUNDO. Por los motivos que se precisan en el último de los considerandos de este fallo, se impone a la autoridad responsable Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad una multa por el equivalente al valor de cien unidades de medida y actualización vigente en el país a la fecha del apercibimiento. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma electrónicamente Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria que autoriza y da fe.

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