Alberto Rojas Morett
Expediente 953/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 953/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alberto Rojas Morett
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, se desprende de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado de la Federación, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que haya sido interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo dictado el catorce de octubre de dos mil diecinueve (f. 23-27), que desechó la demanda promovida por *** por su propio derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición del numeral 2°, del ordenamiento legal citado en último término, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Comuníquese lo anterior a la parte solicitante del amparo; háganse las anotaciones en el libro de control y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda con que se formó este juicio de amparo; el expediente en que se actúa será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Al no atender el aviso el solicitante del amparo, por este conducto se procede a notificar el proveído de catorce de octubre actual, que en lo conducente dice: Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *** por su propio derecho; contra actos de la autoridad que denominó como Subgerente de Operación y Mantenimiento de Terminales de la Gerencia de Logística Región Centro, Pemex Logística y otra autoridad, que estima violatorios de los derechos que se encuentran consagrados en los artículos 1, 14, 16, 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 953/2019-V-1, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. En atención a su contenido y anexo que se acompaña se acuerda lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la demanda de amparo, se desprende que la parte promovente, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades que denominó como Subgerente de Operación y Mantenimiento de Terminales de la Gerencia de Logística Región Centro, Pemex Logística y Suplente por ausencia de la Gerencia de Logística Región Centro, Pemex Logística; actos que describió de la forma siguiente: IV.- ACTOS RECLAMADOS. De las autoridades señaladas como responsables se reclama: Las Inconstitucionales ACCIONES en que han venido incurriendo las autoridades señaladas como responsables, por la amenaza de despido en contra de mi persona tratando de coactivar la renuncia a mis derechos laborales estipulados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, Contrato Individual del trabajo así como todas las legislaciones aplicables según lo estipulado por el articulo 1 y 133 Constitucionales. En ese orden, de la demanda de cuenta y anexo que se acompaña, como antecedentes de los actos reclamados se desprende, en lo que aquí interesa, que el trece de septiembre de dos mil diecinueve, el aquí quejoso, recibió llamada del Subgerente de Petróleos Mexicanos Logística (jefe directo del quejoso), quién le informó que a solicitud de *** se le exigía desalojar la casa que le está rentando el área de Administración Patrimonial de Petróleos Mexicanos y de la cual tiene contrato firmado. El uno de octubre de dos mil diecinueve, recibió una nueva llamada en la que se hizo de su conocimiento que si no entregaba la casa habitación, en el período de una semana, vería la manera directa de rescindir su contrato individual de trabajo con la empresa PEMEX Refinación y/o Logística. Así también, el diez de octubre de dos mil diecinueve, vía "WatsApp" se le requirió de nueva cuenta el indicado inmueble, con lo que se confirma lo anotado en los antecedentes anteriores y el riesgo y amenaza inminente de materialización del acto reclamado. Fijado lo anterior, se considera que en el caso, en relación con el acto reclamado consistente en la amenaza de despido realizada en contra del promovente; se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que deriva de los artículos 61 fracción XXIII, en vinculación con los diversos numerales 1° fracción I y 5° fracción II, todos de la Ley de Amparo. Los indicados numerales y fracciones, a la letra dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De lo anotado se obtiene que el juicio de amparo sólo es procedente, entre otras hipótesis, contra actos de autoridad, lo que comúnmente se conoce como "acto reclamado"; y que quien dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar ese acto reclamado, son características distintivas de la autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Así también, es menester señalar que por acto reclamado se entiende la acción o la omisión de la autoridad que el quejoso considera violatoria de garantías. En otras palabras, el acto reclamado para efectos del juicio de amparo consiste en una disposición o hecho autoritario, concreto y particular; es decir, puede entenderse por acto de autoridad, cualquier hecho voluntario e intencional, negativo o positivo imputable a un órgano del Estado, consistente en una decisión o en una ejecución o en ambas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, que se impongan imperativa, unilateral o coercitivamente. Sobre este punto, es de invocarse por su puntual aplicación, la Tesis consultable en la página 390, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época, Materia Común, instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito; cuyo rubro y contenido a la letra dicen: "ACTO RECLAMADO. CONCEPTO DE. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I constitucional, y 1o., fracción I de la ley reglamentaria; los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. La expresión "leyes o actos de autoridad" recibe el nombre de acto reclamado, que puede traducirse en una disposición o hecho autoritario, concreto y particular. Es decir, puede entenderse por acto de autoridad, cualquier hecho voluntario e intencional, negativo o positivo imputable a un órgano del Estado, consistente en una decisión o en una ejecución o en ambas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, que se impongan imperativa, unilateral o coercitivamente. Dentro de tales características, destaca el elemento voluntariedad, que lo distingue de un acontecimiento cualquiera, el de intencionalidad que estriba en la causación de una afectación, esto es que tiende a la obtención de un fin determinado, así como la índole decisoria o ejecutiva del acto dotado de imperatividad, unilateralidad y coercitividad, que le imprimen naturaleza autoritaria y que por ello puede producir una afectación en bienes o derechos del particular. Por lo tanto, el acto de autoridad reclamable a través del juicio de garantías, necesariamente debe inferir un agravio o lesión a cualquier derecho o bienes del gobernado, para que le asista interés jurídico en reclamarlo." (El énfasis es propio). Y por lo que informa, la diversa Tesis impresa en la página 159, del Semanario judicial de la Federación 217-228, Sexta Parte, Séptima Época, Materia Común, instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito, de título y contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. DEBEN ESTAR SIEMPRE REFERIDOS AL ACTO RECLAMADO. Si bien el artículo 116 de la Ley de Amparo señala la expresión de los actos reclamados y de los conceptos de violación como requisitos para la interposición del juicio de garantías, se trata de dos cosas distintas. Por acto reclamado se entiende la acción o la omisión de la autoridad que el quejoso considera violatoria de garantías, y por concepto de violación los razonamientos jurídicos concretos que demuestren por qué el acto reclamado es inconstitucional. De esta manera, debe haber una lógica correspondencia entre el acto que se señala como reclamado y el concepto de violación relativo, que siempre debe estar referido a aquél, y no es válido así señalar como reclamado un acto que realiza la autoridad responsable, y como concepto de violación expresar razonamientos jurídicos que tienden a demostrar la inconstitucionalidad de un acto diverso al que se señaló como reclamado." (El subrayado es de este Juzgado de la Federación). En ese orden, el concepto autoridad para efectos del juicio amparo, debe entenderse como aquella que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. En otras palabras, autoridad para efectos del juicio de amparo es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Asimismo, el concepto de autoridad responsable está dado, en primer lugar, por exclusión de los actos de particulares, lo que significa que el juicio de amparo es improcedente contra actos de particulares, de lo que se sigue que, haciendo una interpretación en sentido contrario, para analizar la procedencia del juicio debe atenderse a que si el acto reclamado no es de particulares, el juicio será procedente. Sobre el tema, tiene aplicación por las razones que informa, la Tesis 2a. XXXVI/99, visible en la página 307, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, Materia Administrativa, instancia de la Segunda Sala, de título y contenido siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." En la especie, no se actualizan las características que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo; a saber: a) Existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra o subordinación con un particular. b) El referido vínculo jurídico entre la autoridad y el particular tiene su origen en la ley, que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Con motivo de la relación jurídica en cita, la autoridad emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones de derecho susceptibles de afectar la esfera legal del particular. d) Para emitir los actos en mención, el órgano del Estado no necesita de los órganos judiciales ni obtener el consentimiento del afectado. Tiene aplicación a lo anterior, la Tesis 2a. CCIV/2001, localizable en la página 39, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época, Materia Común, instancia de la Segunda Sala; cuyo rubro y texto a la letra establecen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En efecto, lo que el promovente del amparo identifica como acto reclamado consistente en la amenaza de despido realizada en su contra, si no entrega la casa habitación que renta al área de Administración Patrimonial de Petróleos Mexicanos, no reúne las características de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. El indicado acto reclamado, que tiene su origen en la posible separación, cese y/o despido del cargo que ostenta el solicitante del amparo dentro de la empresa PEMEX Refinación y/o Logística; lo que conduce a establecer que, en todo caso, se trata de una relación patrón-trabajador que no reúne las notas distintivas de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo y que debe ventilarse para el caso de que el aquí promovente así lo estime pertinente, ante la autoridad e instancia correspondiente. Lo manifestado por el promovente en cuanto a la amenaza de despido realizada en su contra; amenaza que reclama a aquellas personas que señala como responsables y que son sus patrones, conducen a que, si no cumple con la entrega del inmueble, se dará por concluido el vínculo laboral que mantiene como trabajador de la empresa PEMEX Refinación y/o Logística, lo que se traduce en que esa amenaza se reclama a quien indefectiblemente, debe considerarse como su patrón. Aspectos que conducen a establecer que lo que señala el promovente del amparo como acto materia del reclamo constitucional, no tiene las características propias de un acto de autoridad; a saber, imperativo, coercitivo y unilateral; cualidades indispensables para poder considerar a las autoridades que emiten actos, como responsables para los efectos del juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 1° fracción I y 5° fracción II, todos de la Ley de Amparo, aplicados a contrario sensu. Así, la afectación que el peticionario de amparo reclama, no puede considerarse como acto de autoridad para los efectos del Juicio de Amparo, pues como se ha expuesto entre el promovente y aquellas personas que señala como autoridades responsables, existe una relación laboral; por lo que si Alberto Rojas Morett considera que la amenaza de despido realizada en su contra, respecto de la relación laboral que mantiene, le causa agravios en su esfera de derechos, de considerarlo pertinente puede tener la oportunidad de reclamarlo precisamente en esa vía; es decir, en la laboral ante las autoridades a quienes competa conocer del procedimiento que en su caso esté en posibilidad de instaurar. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, que el juicio de amparo es un mecanismo eficaz para controlar la constitucionalidad de actos de autoridad que resulten lesivos de derechos fundamentales, incluido el derecho de igualdad y no discriminación que invoca la quejosa; sin embargo, ello debe siempre analizarse en el marco de las atribuciones que le han sido conferidas a cada autoridad del Estado por lo que no podría tal cuestión eximir al quejoso de agotar las controversias laborales judiciales idóneas para solventar el conflicto planteado previo a acudir a un mecanismo extraordinario de control constitucional como lo es el juicio de amparo. Aunado a lo anterior, se debe destacar que en términos de lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones deben proteger, garantizar, respetar y promover los derechos humanos reconocidos por el Estado Mexicano, por lo que, de estimar que la amenaza de despido y/o cese violenta sus derechos laborales, puede invocarlo en la demanda respectiva ante el Tribunal del conocimiento. Por todo ello, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1° fracción I y 5° fracción II, todos de la Ley de Amparo, en razón de que la amenaza de despido realizada en contra del quejoso como trabajador de la empresa PEMEX Refinación y/o Logística, no puede ser considerado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo; se desecha la demanda de amparo promovida por *** por su propio derecho, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que las Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. En otro orden, con fundamento en los artículos 12 y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de los autos a ***, por así haberse solicitado; y como domicilio para tal efecto, el ubicado en ***, de Celaya, Guanajuato. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 7,966 expedientes
- Alberto Mendoza Herrera816/2023
- Alberto Mendoza Solis591/2016
- ALBERTO RAMIREZ DURAN y Otros.204/2019
- Alberto Ramirez Juarez313/2018
- Alberto Ramirez Juarez847/2018
- Alberto Rangel Rodriguez1190/2022
- Alberto Sanchez Cossio70/2018
- Alberto Torres Guerrero159/2017
- Alberto Torres Medina547/2022
- Albino Cano Hernandez873/2017
- ALDO ANTONIO MORENO ORTEGA y Otros.980/2023
- Aldo Diego Barrios851/2022