Alberto Rodríguez León

Expediente 862/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
862/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
15/11/2018

Partes del expediente

  • Alberto Rodríguez León
  • Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán.

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    por ESTE MEDIO SE NOTIFICA A PARTE QUEJOSA Y AUTORIZADOS EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta signado por el quejoso Alberto Rodríguez León, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en autos. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales 107 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Alberto Rodríguez León, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y otras autoridades, de quienes reclama: El auto de diecisiete de julio de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio 176/2018, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, por medio del cual se le impuso una multa por el equivalente a diez valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización, en atención a su incomparecencia al desahogo de la audiencia de conciliación, dentro del referido juicio. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a examinar la demanda de amparo, debe analizarse la misma en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. El artículo 113 de la citada ley, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Atento a la obligación prevista por el artículo 62 de la Ley de Amparo, en cuanto al estudio oficioso de la procedencia del juicio, se estima materializada la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo: ya que el quejoso no cumplió con el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional al no agotar el recurso ordinario que procedía contra la determinación que constituye el acto controvertido. El reproducido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo como es el de definitividad, consistente en que, por tratarse de un medio extraordinario de defensa, al amparo solo puede acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria, siempre y cuando sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. La lectura de la fracción permite advertir que, para su actualización, deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado sea una resolución o actuación proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé en el procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y/o en cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que deben tener a su alcance los quejosos para impugnar el proceder del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga en el procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución reclamada. Sostiene lo así expuesto la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, visible en la página 902, de rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Se invoca como apoyo tal criterio no obstante que se refiera a la Ley de Amparo abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de dos mil trece; sin embargo, se estima que la sustancia de la norma ahí examinada coincide con la vigente, de donde es permisible su aplicación conforme con lo previsto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Ahora, es preciso ponderar que el auto de diecisiete de julio de dos mil dieciocho, dictado en un juicio civil -juicio del que emana el acto reclamado- no es impugnable a través del recurso de apelación previsto en el artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, pues en dicho precepto se establece que los autos son apelables cuando lo dispone la ley. Ahora, el ordinal 118 del citado código establece que si una de las partes no concurre sin causa justificada a la audiencia de conciliación, el Juez la sancionará con una multa de diez a veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que se impondrá a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y se hará efectiva por el Consejo del Poder Judicial; asimismo, deja la posibilidad a las partes de justificar su inasistencia, dentro del término de tres. No obstante ello, no especifica recurso alguno en contra de la imposición de dicha multa. Ahora bien, es de precisar que el numeral 676 de la referida ley, prevé el recurso de revocación en contra de los autos que no fueran apelables; por tanto, al no ser procedente en el juicio de origen el recurso de apelación en contra del auto de diecisiete de julio de dos mil dieciocho, y al no decidir éste sobre el fondo del asunto, es necesario entonces, previo al amparo, agotar el recurso de revocación mencionado. Es así, ya que la esencia de la precitada causa de improcedencia consiste en concebir al juicio de amparo como un medio de impugnación extraordinario, esto es, que solo en casos excepcionales se acuda a él, una vez que se agotaran ante la propia autoridad responsable los recursos o medios de impugnación para que ésta, o su superior jerárquico, remediaran la irregularidad existente, y solo en el supuesto de que no fuera así, es factible promover el juicio de amparo. Sin soslayar que procede el juicio de amparo indirecto en contra de actos de imposible reparación. Empero, en la tesis de jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) la Sala aludida determinó que aún en contra de actos de ejecución irreparable previo a la promoción del juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa legales procedentes. La tesis P./J. 11/2018 (10a.) es del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Máxime que, el promovente no posee el carácter de tercero extraño, por lo que no constituye, ni se actualiza la excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ni se advierte alguna otra causa de excepción que haga viable la procedencia del juicio constitucional. Por ello, se insiste la parte quejosa previo a acudir a esta instancia de control constitucional a fin de impugnar el acto reclamado, debió agotar los recursos ordinario y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en los artículos 61 fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de garantías. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta signado por el quejoso Alberto Rodríguez León, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en autos. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales 107 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Alberto Rodríguez León, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y otras autoridades, de quienes reclama: El auto de diecisiete de julio de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio 176/2018, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, por medio del cual se le impuso una multa por el equivalente a diez valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización, en atención a su incomparecencia al desahogo de la audiencia de conciliación, dentro del referido juicio. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a examinar la demanda de amparo, debe analizarse la misma en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. El artículo 113 de la citada ley, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Atento a la obligación prevista por el artículo 62 de la Ley de Amparo, en cuanto al estudio oficioso de la procedencia del juicio, se estima materializada la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo: ya que el quejoso no cumplió con el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional al no agotar el recurso ordinario que procedía contra la determinación que constituye el acto controvertido. El reproducido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo como es el de definitividad, consistente en que, por tratarse de un medio extraordinario de defensa, al amparo solo puede acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria, siempre y cuando sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. La lectura de la fracción permite advertir que, para su actualización, deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado sea una resolución o actuación proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé en el procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y/o en cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que deben tener a su alcance los quejosos para impugnar el proceder del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga en el procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución reclamada. Sostiene lo así expuesto la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, visible en la página 902, de rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Se invoca como apoyo tal criterio no obstante que se refiera a la Ley de Amparo abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de dos mil trece; sin embargo, se estima que la sustancia de la norma ahí examinada coincide con la vigente, de donde es permisible su aplicación conforme con lo previsto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Ahora, es preciso ponderar que el auto de diecisiete de julio de dos mil dieciocho, dictado en un juicio civil -juicio del que emana el acto reclamado- no es impugnable a través del recurso de apelación previsto en el artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, pues en dicho precepto se establece que los autos son apelables cuando lo dispone la ley. Ahora, el ordinal 118 del citado código establece que si una de las partes no concurre sin causa justificada a la audiencia de conciliación, el Juez la sancionará con una multa de diez a veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que se impondrá a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia y se hará efectiva por el Consejo del Poder Judicial; asimismo, deja la posibilidad a las partes de justificar su inasistencia, dentro del término de tres. No obstante ello, no especifica recurso alguno en contra de la imposición de dicha multa. Ahora bien, es de precisar que el numeral 676 de la referida ley, prevé el recurso de revocación en contra de los autos que no fueran apelables; por tanto, al no ser procedente en el juicio de origen el recurso de apelación en contra del auto de diecisiete de julio de dos mil dieciocho, y al no decidir éste sobre el fondo del asunto, es necesario entonces, previo al amparo, agotar el recurso de revocación mencionado. Es así, ya que la esencia de la precitada causa de improcedencia consiste en concebir al juicio de amparo como un medio de impugnación extraordinario, esto es, que solo en casos excepcionales se acuda a él, una vez que se agotaran ante la propia autoridad responsable los recursos o medios de impugnación para que ésta, o su superior jerárquico, remediaran la irregularidad existente, y solo en el supuesto de que no fuera así, es factible promover el juicio de amparo. Sin soslayar que procede el juicio de amparo indirecto en contra de actos de imposible reparación. Empero, en la tesis de jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) la Sala aludida determinó que aún en contra de actos de ejecución irreparable previo a la promoción del juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa legales procedentes. La tesis P./J. 11/2018 (10a.) es del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Máxime que, el promovente no posee el carácter de tercero extraño, por lo que no constituye, ni se actualiza la excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ni se advierte alguna otra causa de excepción que haga viable la procedencia del juicio constitucional. Por ello, se insiste la parte quejosa previo a acudir a esta instancia de control constitucional a fin de impugnar el acto reclamado, debió agotar los recursos ordinario y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en los artículos 61 fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de garantías. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 862/2018. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Agréguese la demanda promovida por Alberto Rodríguez León, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y otras autoridades. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales 108, 110, 112, 114, y relativos a la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de proveer sobre la admisión de la demanda, se estima necesario requerir a la parte quejosa a fin de que, en el plazo de CINCO DÍAS contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se le haga, bajo protesta de decir verdad y consciente de las penalidades en que puede incurrir en términos del artículo 261 de la Ley de Amparo: Manifieste de qué juicio del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, deriva el acto reclamado. Bajo protesta de decir verdad, precise la fecha del auto en que se le impuso la multa de la que se duele y si ésta ya se hizo efectiva; ello, en atención a que en el punto uno del apartado de HECHOS señala que el veintidós de junio de dos mil dieciocho, se fijaron las diez horas del tres de julio del año en curso, para la celebración de la audiencia de conciliación, misma a la que no compareció. Mientras que en el punto segundo del mismo apartado, manifiesta que el mismo veintidós de junio de dos mil dieciocho, se decretó auto en el que se ordena hacer efectiva dicha multa, generando con ello incertidumbre en la fecha en que se le impuso la sanción pecuniaria de que se trata, tomando en consideración que la fecha de su omisión es posterior a la fecha en que se le impuso la multa. Exprese, bajo formal protesta de decir verdad, la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Circunstancias que resultan ineludibles para estar en condiciones de promover sobre la admisión de la demanda de amparo. Apercíbase al promovente que de no cumplir con lo acordado en este proveído en el plazo indicado y de no acompañar copias suficientes del documento con el que dé cumplimiento para correr traslado a las partes, se tendrá por no presentada, atento a lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia. Se hace saber a la promovente de los delitos en que incurren LA PARTE QUEJOSA cuando afirman hechos falsos u omiten aquellos que les constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.] En el entendido que el requerimiento formulado deberá cumplirse en forma directa por el peticionario, pues sus autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/2010. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. Para el adecuado despacho de los asuntos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la quejosa para oír notificaciones el que señala. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como sus autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas a las que hace referencia, hasta en tanto acrediten estar facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, para lo cual bastara solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde auto inicial). Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.

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