Alberto Rodríguez Jasso
Expediente 1641/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1641/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/12/2019
Partes del expediente
- Alberto Rodríguez Jasso
- Subdelegado en Querétaro del Instituto Mexicano del Seguro Social
Actuaciones
- Principal
Querétaro, Querétaro, a veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. - Rinde informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a las autoridades oficiantes, rindiendo su informe justificado, con vista a las partes. Asimismo, se les tiene designando domicilio procesal y señalando delegados, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de la Materia. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119, de la Ley de la Materia, se tiene por admitida la prueba documental que exhibe el Titular de la Dirección del Hospital General Regional No. 1 de la Delegación Querétaro del Instituto Mexicano del Seguro Social, la que se tiene por desahogada, dada su propia y especial naturaleza jurídica, sin perjuicio de que sea relacionada en la audiencia constitucional y tomada en consideración al momento de dictar la resolución respectiva. De igual manera, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, téngase a las autoridades oficiantes, haciendo valer las causales de improcedencia y sobreseimiento que refiere. - Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, se advierte del informe justificado de cuenta rendido por la autoridad responsable Director del Hospital General Regional Número Uno, Delegación Querétaro del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó, entre otras cosas, que en fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, se proporcionó al quejoso, el medicamento denominado EMTRICITABINA-TENOFOVIR (TRUVADA); para lo cual acompañó la constancia respectiva de la que se advierte la entrega de un frasco del citado medicamento al quejoso Alberto Rodríguez Jasso. Sentado lo anterior, conviene precisar que el acto reclamado se hace consistir esencialmente en: La falta de suministro del medicamento denominado Emtricitabina-tenofovir (truvada), mismo que fue indicado el esquema antiretroviral. No pasa inadvertido, que la parte quejosa en su demanda expresó como actos reclamados, además la puesta en peligro de la vida, salud e integridad física ante el desabasto de medicamento y deficiencias de carácter administrativo que impiden el abasto oportuno de los medicamentos antirretrovirales, entre ellos, el llamado Emtricitabina-tenofovir (truvada); no obstante, del contenido integral de la misma, se advierte en el apartado de hechos, en específico, el marcado con el numeral 7, refiere que el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, acudió al nosocomio responsable a solicitar el citado medicamento, donde se le informó que no estaba disponible. Por lo anterior, se tiene como acto reclamado en el presente juicio de amparo, el precisado en líneas precedentes. Apoya lo considerado, la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del mes de Abril de 2000, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Ahora bien, cabe destacar que la autoridad responsable: Director del Hospital General Regional Número Uno, Delegación Querétaro del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que el día nueve de diciembre de dos mil diecinueve, proporcionó al quejoso un frasco que contiene el medicamento denominado Emtricitabina-tenofovir (truvada), lo que acredita con copia certificada de la impresión de pantalla relativa al registro de la receta número 23010119057372R, de la que se desprende que le fue entregado el multicitado medicamento, tal como se aprecia en la siguiente imagen: A dicha documental, se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los numerales 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con su artículo 2º, último párrafo. Bajo este contexto, resulta inconcuso que respecto del acto reclamado precisado en líneas arriba, resulta improcedente el juicio de amparo, tal como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, pues se advierte que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Así entonces, tomando en consideración que las causas de improcedencia son de orden público y de estudio preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, por disponerlo el artículo 62, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." La misma consideración se desprende de la jurisprudencia número 814 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que al respecto menciona: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, para una mejor comprensión de lo que aquí se resuelve, se impone realizar ciertas precisiones en cuanto a la naturaleza y contenido de la causal de improcedencia que se invoca. En primer término, conviene destacar que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en comento, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Previo al ejercicio de subsunción correspondiente, cabe precisar que el precepto normativo transcrito, prevé como causa de improcedencia la cesación de efectos del acto reclamado, es decir, que dejen de tener fuerza vinculante entre lo determinado por la autoridad y la obligación impuesta al destinatario, ya sea porque el acto reclamado y sus efectos quedaron destruidos en forma total e incondicional, o bien, porque la determinación judicial que constituye el acto reclamado fue sustituida procesalmente por el dictado de otra, pues la primigenia ya quedó subsumida a la nueva determinación. Ahora, del análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así que de la interpretación literal y sistemática de dichos preceptos se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho humano vulnerado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, conduce a determinar que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Como se adelantó, en el presente asunto el acto reclamado se hizo consistir esencialmente en: la falta de suministro del medicamento denominado Emtricitabina-tenofovir (truvada), mismo que fue indicado el esquema antiretroviral; sin embargo, una vez analizada la constancia que acompañó a su informe justificado la autoridad responsable y la causa de improcedencia en cita, tenemos que la autoridad responsable Director del Hospital General Regional Número Uno, Delegación Querétaro del Instituto Mexicano del Seguro Social, demostró que el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, proporcionó al quejoso el medicamento denominado Emtricitabina-tenofovir (truvada); por lo que, es incuestionable que la autoridad responsable ha subsanado la omisión en la que incurrió. Lo anterior, sin pasar inadvertido que la autoridad responsable informó que el citado medicamento se otorga un envase o frasco, por cada mes de tratamiento, de lo cual se colige que el quejoso requerirá más de dicho medicamento, con motivo de su padecimiento. En ese sentido, resulta dable precisar que aún y cuando en el supuesto hipotético de que el quejoso al acudir ante la responsable con la respectiva prescripción médica, solicitará más medicamento y este le fuera negado por cualquier motivo; ello, no puede ser materia de estudio en el presente juicio de amparo, ya que se tratan de cuestiones de realización futura e incierta, pues se desconocen las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ejecución; lo cual impide constatar la existencia misma del perjuicio, es decir, no existe omisión concreta a la fecha en que requiera nuevamente el medicamento para un nuevo tratamiento, por lo que actos futuros de omisiones inciertas no se pueden abarcar, ya que debe estar a la fecha concreta en la que acude al amparo (en el presente caso, la demanda se presentó el seis de diciembre de dos mil diecinueve), así como al agravio especifico que debe ser actual y directo en ese instante, y no los hipotéticos que puedan o no ocurrir. Por consiguiente, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para acreditar una afectación al interés jurídico del gobernado, que lo legitime para impugnar en el juicio de amparo una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, resulta necesario que se compruebe fehacientemente, que el quejoso se situó en el supuesto establecido de la norma, a través del medio de prueba que así lo justifique, y no en base a actos futuros e inciertos. Apoya esta determinación, el criterio sostenido por el Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, contenido en la página 16, del Tomo 181-186 Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación Séptima Época, que es del tenor que se transcribe: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. De acuerdo con la jurisprudencia definida de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede conceder el amparo cuando se reclaman actos futuros e inciertos, situación que se contempla cuando el quejoso aduce como motivo de su demanda de amparo la factibilidad de que su contraparte pueda promover un embargo precautorio para garantizar las prestaciones reclamadas, caso en el cual estima que se afectaría el inmueble de su propiedad, circunstancia que no puede considerarse ni como probable ni como inminente, por lo que será sólo cuando se presente esa situación, el momento idóneo para impugnarla y no a través de este amparo". Además de que, el presente criterio se ajusta a lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la protección constitucional debe constreñirse al acto reclamado por la parte quejosa, y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse. Lo antes expuesto tiene sustento por identidad en la tesis número 2a.CV/2013 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Asimismo, se invoca por analogía, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 15/2011 (10a), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 2771, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse". Por lo anteriormente expuesto y fundado, resulta inconcuso que en este caso ha operado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado, ya que este dejó de existir, al haber subsanado la autoridad responsable lo omisión en la que incurrió, por lo que de este modo se nulificó el acto reclamado del cual se duele la impretrante de amparo, por lo que debe decirse que cesaron sus efectos. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia 59/99, de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, de 25 junio de 1999, página 38 en la página treinta y ocho, transcrita a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por consiguiente, si el efecto jurídico de la sentencia de amparo es restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía individual violada, en el caso, al haber cesado los efectos del acto que se reclamó, resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no surte efectos, ni los surtirá, por ende, no vulnera la esfera jurídica del aquí peticionario del amparo, por lo que no existe motivo para el análisis de la alegada violación constitucional que se reclamó de la responsable, en razón de que no puede alcanzarse el objetivo protector, dada la cesación total de los efectos del acto reclamado. En tales condiciones, al surtirse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que se han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es decretar de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, esto es, las diez horas del diez de enero de dos mil veinte. Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo del 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previa posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionado estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causa de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impedirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el Licenciado César Ricardo Luna Rodríguez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, encargado del despacho por ministerio de Ley, por encontrarse gozando de su periodo vacacional el Titular del Juzgado, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el doce de diciembre de dos mil diecinueve, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7579/2019, ante el licenciado Absalón Díaz Reyna, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe.esc
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Agréguense a los autos para que obren como corresponda los oficios de cuenta; en atención a su contenido, se tienen a las autoridades oficiantes, informando sobre el cumplimiento a la suspensión de plano decretada en autos... JARM
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