Alberto Rodrigo Barrientos Quintero
Expediente 335/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 335/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Alberto Rodrigo Barrientos Quintero
- Lic. María Olivia Carmona Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término previsto en el numeral 98 de la ley de la materia, para recurrir en queja el auto que desechó la demanda, sin que se hiciera valer; consecuentemente, SE DECLARA FIRME EL REFERIDO PROVEÍDO. ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Atendiendo a las particularidades del juicio, y considerando que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con el numeral 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que EL EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, pues el veinte de abril pasado se desechó la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
(AVISO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LO REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL AVISO QUE SE DEJÓ EL 25 DE ABRIL DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA DETERMINACIÓN DE 20 DE ABRIL DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: "Por recibido el oficio del Juez Trigésimo Cuarto Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, con el cual da cumplimiento a lo ordenado en autos, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En otro orden, visto el escrito de la parte quejosa, en atención a su contenido se le tiene desahogando la prevención formulada en autos, en ese sentido se provee: SE DESECHA LA DEMANDA. I. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano, ya que de conformidad con el diverso 62 de la ley de la materia2 , las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio; en consecuencia, se provee: II. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa ostentándose tercera extraña, reclama la orden de retención de cuentas, dictada en las providencias precautorias ../2023, por el Juez Trigésimo Cuarto Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, por la cantidad de $1´362,589.68 (un millón trescientos sesenta y dos mil quinientos ochenta y nueve pesos 68/100 moneda nacional), contra el quejoso. II. El juicio es improcedente, por no agotarse el principio de definitividad previsto en el dispositivo 61, fracción XVIII de la Ley de la materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo (.)." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando, contra el acto reclamado, las leyes ordinarias conceden algún recurso o medio de defensa, que pueda tener por objeto su modificación, revocación o nulificación. En el caso, la parte quejosa reclama la retención de bienes dictada en las providencias precautorias 27/2023, por el Juez Trigésimo Cuarto Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, y acorde a la información remitida por el juzgador responsable, dichas medidas se decretaron por la cantidad de $1´362,589.68 (un millón trescientos sesenta y dos mil quinientos ochenta y nueve pesos 68/100 moneda nacional). Así, se concluye que el accionante de amparo está obligado a agotar el recurso de apelación, para combatir el acto reclamado, en términos de los ordinales 13393 y 1345, fracción IV, del Código Comercio que disponen: "Art. 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $757,365.46 (Setecientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y cinco pesos 46/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. (.) Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. (.) Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código." Art. 1,345. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: (.) IV. La resolución que recaiga a las providencias precautorias, siempre y cuando de acuerdo al interés del negocio hubiere lugar a la apelación, cuya tramitación será en el efecto devolutivo; (.)" Es así, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las medidas de aseguramiento deben sujetarse al principio de definitividad; lo anterior, de acuerdo a los razonamientos establecidos en la jurisprudencia 1a./J. 40/2018 (10a.) de la Décima Época, que dice: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El Código de Comercio, en sus artículos 1168 a 1193, establece un sistema completo, expreso y cerrado de medidas cautelares, que sólo comprende las denominadas "providencias precautorias", consistentes en la radicación de persona y la retención de bienes, exclusivamente bajo los supuestos fácticos y jurídicos allí establecidos, y cuya concesión puede impugnarse mediante el recurso de apelación en términos de los preceptos 1183, 1339, 1345, fracción IV, y 1345 Bis 1 de dicho código. En ese sentido, ante la falta de regulación de otro tipo de medidas cautelares distintas a las anteriores, con base en los artículos 1054 y 1063 del código aludido, puede aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles a efecto de dictar en los juicios mercantiles las medidas de aseguramiento, para preservar una situación de hecho existente reguladas en este ordenamiento. Ahora bien, el artículo 384 de este último código prevé entre sus enunciados, que no se admitirá recurso alguno contra la resolución que decrete la medida de aseguramiento; sin embargo, esa porción normativa no cobra aplicación de manera supletoria cuando la medida se dicta en el juicio mercantil, pues si en el Código de Comercio se establece la procedencia del recurso de apelación contra las providencias precautorias que regula, ello permite sostener la existencia de un principio de impugnabilidad predicable para toda clase de medidas cautelares como especie, que pudieren dictarse en el proceso mercantil, por lo que la aplicación de la regla supletoria referida sería contraria a ese principio de recurribilidad y, por tanto, no se satisfacen plenamente los requisitos para que opere la supletoriedad de la ley, entre los cuales se contempla precisamente el relativo a que la legislación supletoria sea congruente y no contraríe los principios y bases del ordenamiento a suplir. Así, debe considerarse que contra la resolución que otorga la medida de aseguramiento en un juicio mercantil procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos del artículo 1345, fracción IV, del Código de Comercio, por lo que en observancia al principio de definitividad, ese recurso debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto." También se cita la tesis XXVI.5o.(V Región) 3 C (10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, página 1916, de la Décima Época, en Materia Civil, cuyo rubro y texto son: "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. LA CUANTÍA QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA SU PROCEDENCIA, SERÁ LA QUE DETERMINE LA LEY VIGENTE EN LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, desde su redacción original y posteriores reformas, establecen la procedencia del recurso de apelación en asuntos de naturaleza mercantil, cuando su interés excediera de las cantidades expresamente señaladas al respecto, cuantía que podía encontrarse determinada desde la presentación de la demanda, salvo el caso de prestaciones no cuantificadas, ya que en el libelo incoatorio es donde el actor fija las pretensiones de su acción. Así, tomando en cuenta que la finalidad de las reformas de esos artículos es la de agilizar el trámite de los asuntos mercantiles, sin que en éstas se precise si para la procedencia del recurso de apelación debe tomarse en consideración la cuantía del negocio prevista en la ley vigente a la fecha de la presentación de la demanda, o bien, de la interposición de dicho recurso, cierto es que ante esta laguna legal, y tomando en cuenta la evolución histórica de los artículos de referencia, es inconcuso que deben interpretarse en el sentido de que la cuantía que debe tomarse en cuenta para su procedencia, es la que determine la ley vigente en la fecha de presentación de la demanda. Lo anterior, porque representa mayor seguridad jurídica y certeza para las partes de un juicio mercantil, al no estar supeditadas a los incrementos que se determinen con posterioridad, es decir, de esta manera en los juicios mercantiles el recurso de apelación procedería sólo en lo que corresponde a la cuantía del negocio, en contra de todas las resoluciones dictadas en el juicio, con independencia del incremento que tuviese por alguna reforma a la ley ya que, de lo contrario, adoptar el criterio de que la cuantía que se tome en cuenta para su procedencia, sea la que determine la ley en la fecha de su interposición, se llegaría al extremo de que resoluciones que en determinada fecha admitiesen el recurso de apelación, por lo que se refiere a la cuantía del negocio, con el solo transcurso de uno o más días, no procedería dado el incremento que tuviera por alguna reforma a la ley antes de interponerse dicho recurso, lo cual es inadmisible." Luego, si las providencias precautorias reclamadas ascienden a $1´362,589.68 (un millón trescientos sesenta y dos mil quinientos ochenta y nueve pesos 68/100 moneda nacional), es claro que este monto supera la cantidad a que se refiere el artículo 1339 del Código de Comercio4 , para la procedencia del recurso de apelación; por lo que el medio de impugnación conducente será el de apelación. Como se dijo, no obsta que el quejoso se ostente como tercera extraña al proceso de origen, pues acorde a lo discutido en la contradicción de tesis 18/2021 en sesión correspondiente al día dieciséis de agosto de dos mil veintidós, el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito concluyó que debe agotarse el recurso ordinario contra las medidas de aseguramiento, aunque la accionante alegue el apuntado carácter. Tiene sustento la PC.I.C. J/23 C (11a.), con registro digital 2025814, del Pleno de Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Enero de 2023, Tomo IV, página 4225, que dice: "MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS EN FORMA PREVIA A LA INSTAURACIÓN DEL JUICIO MERCANTIL. LA PERSONA EN CONTRA DE LA CUAL SE DICTAN NO SE ENCUENTRA EXENTA DE OBSERVAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, POR LO QUE DEBE AGOTAR EL RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN, SI LA CUANTÍA DEL NEGOCIO LO PERMITE, POR NO UBICARSE EN EL CASO DE EXCEPCIÓN DEL TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas contrarias, pues uno de ellos considera que la persona en contra de la cual se decreta una medida precautoria en el procedimiento mercantil prejudicial, tiene la obligación de interponer el recurso de apelación en contra de esa resolución, en forma previa a la promoción del juicio de amparo, pues carecía de la calidad de tercera extraña a juicio, en razón de que fue vinculada al proceso cautelar, por ser la persona contra quien se solicitó la medida, y porque las medidas precautorias al no constituir actos privativos sino cautelares, no rige el derecho humano de previa audiencia para su imposición, sino se trata de la "futura demandada"; mientras que el otro tribunal afirma que la afectada con la medida, no tenía la obligación de interponer el recurso ordinario, ante la falta de notificación de las providencias precautorias, pues esa omisión ocasionó el desconocimiento total de la quejosa, lo cual evidenciaba que era una auténtica tercera extraña a juicio, y esa circunstancia la relevaba de interponer el recurso ordinario, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Como se dijo, no obsta que el quejoso se ostente como tercera extraña al proceso de origen, pues acorde a lo discutido en la contradicción de tesis 18/2021 en sesión correspondiente al día dieciséis de agosto de dos mil veintidós, el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito concluyó que debe agotarse el recurso ordinario contra las medidas de aseguramiento, aunque la accionante alegue el apuntado carácter. Tiene sustento la PC.I.C. J/23 C (11a.), con registro digital 2025814, del Pleno de Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Enero de 2023, Tomo IV, página 4225, que dice: "MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS EN FORMA PREVIA A LA INSTAURACIÓN DEL JUICIO MERCANTIL. LA PERSONA EN CONTRA DE LA CUAL SE DICTAN NO SE ENCUENTRA EXENTA DE OBSERVAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, POR LO QUE DEBE AGOTAR EL RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN, SI LA CUANTÍA DEL NEGOCIO LO PERMITE, POR NO UBICARSE EN EL CASO DE EXCEPCIÓN DEL TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas contrarias, pues uno de ellos considera que la persona en contra de la cual se decreta una medida precautoria en el procedimiento mercantil prejudicial, tiene la obligación de interponer el recurso de apelación en contra de esa resolución, en forma previa a la promoción del juicio de amparo, pues carecía de la calidad de tercera extraña a juicio, en razón de que fue vinculada al proceso cautelar, por ser la persona contra quien se solicitó la medida, y porque las medidas precautorias al no constituir actos privativos sino cautelares, no rige el derecho humano de previa audiencia para su imposición, sino se trata de la "futura demandada"; mientras que el otro tribunal afirma que la afectada con la medida, no tenía la obligación de interponer el recurso ordinario, ante la falta de notificación de las providencias precautorias, pues esa omisión ocasionó el desconocimiento total de la quejosa, lo cual evidenciaba que era una auténtica tercera extraña a juicio, y esa circunstancia la relevaba de interponer el recurso ordinario, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia." Por lo expuesto, al quedar demostrada la actualización de la causal de improcedencia citada, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA, de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 986, visible en la página 678, Tomo VI, Salas y Tesis Comunes, apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve ..., contra actos del Juez Trigésimo Cuarto Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."
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