Alberto Reyes Antemate
Expediente 208/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 208/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alberto Reyes Antemate
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Boca del Río, Veracruz, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que transcurrió el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido el auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, a través del cual se desechó la demanda de amparo con que se formó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 2º ibídem, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, Punto 2 relativo al 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el Artículo 21, inciso d) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto en el que desechó la demanda de amparo. En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE, EL ACUERDO DE TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito aclaratorio signado por ********************; atento a su contenido, téngase al promovente cumpliendo en tiempo y forma con la prevención formulada en proveído de diecisiete de marzo del año en curso, al aclarar que comparece únicamente por propio derecho, asimismo, expresa de manera detallada y cronológica los antecedentes del acto reclamado. DESECHAMIENTO Ahora, en atención al estudio integral que se realiza de la demanda relativa al presente asunto y del ocurso aclaratorio, este Juzgador determina lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe analizar ante todo el escrito inicial de demanda y que, en caso de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Además, el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, con independencia de que las hayan invocado las partes, o no, dada su naturaleza de orden público y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. El artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el artículo 107, fracción IV de la ley de amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Dichos artículos prevén la improcedencia del juicio de amparo en los casos en que resulta de alguna disposición de la Ley, en relación con el precepto 107, fracción IV, de la citada Ley de la materia, interpretado a contrario sensu, el cual exige para la impugnación de los actos dictados en ejecución de una sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en el mismo, como lo es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Por su parte, de la demanda de amparo se desprende que el promovente señala como acto reclamado, el siguiente: ".El auto de fecha catorce de febrero del dos mil veintitrés y la subsecuente notificación que se realice ordenando el desalojo con el auxilio de la fuerza pública, dictada en el expediente civil número ********************, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz, auto que me fue notificado al quejoso ********************, de manera personal el día veintisiete de febrero del año en curso, a través del cual se requiere por segunda ocasión al quejoso y otros codemandados, para que dentro del término de cinco días desocupen y hagan entrega física y material de las fracciones de terreno que venimos ocupando en la esquina que forman las calles ******************** y ********************hoy número ********************, Colonia ******************** de la Ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz, con apercibimiento de que de no hacerlo así, se les hará desocupar con auxilio de la fuerza pública, de conformidad con el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado de Veracruz." De lo anteriormente transcrito y de la lectura integral del ocurso inicial demanda y del escrito aclaratorio, se advierte que el promovente del amparo aduce fundamentalmente y bajo protesta de decir verdad, que es demandado en el juicio civil ******************** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, que fue emplazado al mismo y dio contestación a la demanda instaurada en su contra, que se dictó sentencia en el que se le condenó, en contra de la cual, interpuso apelación, siendo confirmada por la alzada, que se aperturó la correspondiente sección de ejecución, y por auto de uno de agosto de dos mil veintidós, se le requirió por primera vez, para que en el término de cinco días desocupara el inmueble materia de la Litis, asimismo, por auto de catorce de febrero del año en curso, el referido juez, le requirió por segunda ocasión, para que dentro del término de cinco días desocupara e hiciera entrega física y material del inmueble controvertido, con el apercibimiento de que de no hacerlo, se les hará desocupar con auxilio de la fuerza pública (acto aquí reclamado). Precisado lo anterior, es dable sostener que se actualiza la referida causa de improcedencia en virtud de que el acto reclamado consistente en el auto emitido en el juicio natural donde se le requiere al quejoso para que en el término de cinco días desocupe y haga entrega del inmueble en cuestión, es un acto dictado en ejecución de sentencia, pero que no es la última resolución de esa sección de ejecución, como lo es la relativa a aquélla en que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en razón de que el aludido acto reclamado, si bien se encuentra dentro del procedimiento de ejecución, no se trata de la última resolución que puede ser dictada dentro del procedimiento respectivo, puesto que, como se dijo, todavía no es aquélla que apruebe o reconozca el cumplimiento total de la ejecución de la sentencia emitida en el expediente del que emana el acto reclamado, sino de una resolución intermedia que se encuentra encaminada precisamente, a lograr el cumplimiento de la sentencia dictada en ese juicio. En esas condiciones, tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones que se hayan cometido durante ese procedimiento; siendo así, evidentemente opera la causa de improcedencia antes invocada, en atención a que el acto reclamado que anteriormente se detalló, no constituye la última resolución dictada en ese procedimiento, pues todavía quedan otros actos posteriores y no es hasta la resolución que aprueba o reconozca el cumplimiento total de la ejecución de la sentencia emitida en el expediente del que emana el acto reclamado, en que se pueda hacer valer las violaciones cometidas en el mismo. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia VI.2º.C J/253 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1331, tomo XXI, mayo de 2005 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Civil, cuyo rubro y texto son: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo". Asimismo, se cita también en apoyo la jurisprudencia por contradicción P./J. 32/2001 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, tomo XIII, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, de rubro y texto como sigue: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. De igual manera, resulta aplicable al punto, la tesis número 2ª.VIII/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." En las relatadas condiciones, debe estimarse que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y por ende, debe desecharse la demanda de amparo promovida por ********************. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte promovente, en cumplimiento al auto de veintisiete de marzo del año en curso.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos del presente asunto, el escrito de cuenta, signado por Alberto Reyes Antemante, parte promovente en el presente asunto; sin que haya lugar a tener debidamente cumplido el requerimiento efectuado mediante proveído de diecisiete de marzo del año que transcurre, por los motivos que enseguida se exponen. Ello, porque no indica que las manifestaciones que invoca, las realiza bajo protesta de decir verdad, requisito establecido en el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo, como se le solicitó expresamente en el citado acuerdo. Sin que dicha manifestación pueda ser sustituida por la frase "PROTESTO LO NECESARIO" que viene en el ocurso de cuenta, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas. Tiene apoyo a lo anterior, por su contenido la jurisprudencia P./J.127/1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja treinta y dos, Tomo X, Noviembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que resolvió la contradicción de Tesis entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos del Primer Circuito, que fue resuelta el veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve, cuyo rubro es: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL PROTESTO LO NECESARIO Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA". Por lo anterior, es evidente que no puede tenerse como debidamente cumplida la referida prevención. En consecuencia, toda vez que aún no ha fenecido el plazo otorgado a la parte promovente para que cumpla la prevención contenida en auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, pues el plazo aún no ha comenzado a transcurrir; y la promoción de cuenta la presentó el veintisiete de marzo del presente año en la oficialía de este juzgado, dígasele al promovente que, a efecto de no conculcar sus derechos, al no estar satisfecho a cabalidad el requerimiento formulado en el referido auto, deberá estar a lo que ahí fue ordenado, en la inteligencia de que el plazo de cinco días concedido para aclarar o subsanar su demanda se interrumpe por una sola vez, con la presentación del escrito aclaratorio y se reanuda hasta el día siguiente al en que surte efectos la notificación que se le practique del presente acuerdo. Es aplicable, por su sentido el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página mil trescientos veintitrés del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, Abril de 2005, Novena Época, del rubro siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA." Así como, la jurisprudencia 106/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento treinta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, Noviembre de 2003, Novena Época, cuyo rubro es: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO." Notifíquese por lista de acuerdos a la parte promovente, en cumplimiento al auto de veintisiete de marzo del año en curso.
- Principal
¡¡¡ Boca del Río, Veracruz, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la razón actuarial de veinticuatro del mes y año en curso, efectuada por la Actuaria Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte la imposibilidad de notificar personalmente a la parte promovente, el proveído de diecisiete de marzo del presente año, en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones, por los motivos asentados en dicha diligencia; en consecuencia, procédase a efectuar la aludida notificación y las subsecuentes, por lista de acuerdos de conformidad con lo previsto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hasta en tanto subsane dicha irregularidad. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte promovente tal y como está ordenado en este propio auto.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · 5,434 expedientes
- Alberto Machucho Barrios541/2022
- Alberto Martínez López828/2017
- Alberto Mayo Amoroso246/2023
- ALBERTO MORTERA GARCÍA y Otros.520/2017
- Alberto Partida Juarez402/2016
- Alberto Portas Ventura739/2017
- Alberto Rogelio García Marín285/2022
- Alberto Saldaña Reyes126/2023
- Alberto Trejo Moreno773/2023
- Alberto Trinidad Rojas391/2023
- Albis Santiago Cruz117/2018
- Aldo Ahuja Montiel19/2023