Alberto Renán Ancona Escalante
Expediente 722/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 722/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alberto Renán Ancona Escalante
- Secretaría de Educación de Veracruz, ciudad
Actuaciones
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el auto de ocho de agosto de la presente anualidad, en el que se desechó de plano la demanda interpuesta por ********************, no fue recurrido por la parte promovente, y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el asunto como totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse desechado de plano la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá para tal efecto, con posterioridad al VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO. Ahora, de conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se realizará con posterioridad al VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO B DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOA EL SIGUIENTE ACUERDO: Xalapa-Enríquez, Veracruz, ocho de agosto de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Alberto Renán Ancona Escalante, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad Al respecto, se acuerda: FÓRMESE EXPEDIENTE Y REGÍSTRESE bajo el número 722/2019-VI-B DESECHAMIENTO DE DEMANDA DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se tiene que el Juez de Distrito dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda, sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página un mil novecientos diez, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." Ahora bien, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las previstas en el catálogo que de las mismas se listan en el referido precepto legal y que emane de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia ley de la materia. Tal disposición se relaciona con el diverso artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo antes referida, el cual dispone que se debe decretar el sobreseimiento del juicio de amparo cuando de las constancias de autos pareciere claramente probado que no existe el acto reclamado. En el caso, el promovente señala como acto reclamado lo siguiente: La omisión de dar cumplimiento al laudo emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, dentro del expediente laboral 207/2003-I, al no proveer la eficaz e inmediata ejecución del mismo. Ahora bien, de lo transcrito así como de la lectura integral de la presente demanda, se aprecia que el reclamo a la autoridad responsable lo hace de manera genérica, es decir, expresa únicamente que se han efectuado diversas actuaciones dentro del procedimiento de ejecución del laudo; sin embargo, no reclama en específico alguna actuación en particular. En ese contexto, resulta de trascendencia tomar en consideración que el artículo 224 de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz, prevé la participación de las partes para la ejecución del laudo, que el laudo deberá cumplirse en un plazo de quince días contado a partir del día siguiente de que surta sus efectos su notificación y en caso de no ser así se dictará auto de requerimiento de pago y embargo, el cual se notificará a la parte condenada, para lo cual se aplicarán las disposiciones relativas al procedimiento de embargo, previstas en la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de ejecutar de manera completa esta resolución hasta lograr el pago íntegro de todas las prestaciones adeudadas. En esas condiciones, si se reclama en amparo indirecto, genéricamente, la omisión de la autoridad responsable de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, emitido en el juicio natural, como en el caso sucede, el juicio resulta improcedente en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 63 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado es jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera a la autoridad responsable. Máxime que la parte quejosa, no allegó ninguna documental con la que acreditara que efectivamente haya realizado alguna acto tendente a darle impulso a la secuela procesal de que se trata, por lo que se debe considerar que la omisión que señala como acto reclamado resulta inexistente. En esta tesitura, se concluye que la demanda que se provee es notoriamente improcedente, puesto que, como lo precisó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el acto que se reclama es jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, pues las actuaciones necesarias para la ejecución del laudo están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera a la autoridad responsable. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 2ª./J.15/2011 (10ª), determinó: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse". Asimismo, por sus consideraciones es aplicable la jurisprudencia PC.I.L. J/10 L (10a.), Época: Décima Época Instancia: Plenos de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II, Materia(s): Común, Página: 844; de rubro y contenido: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante." Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo intentada por Alberto Renán Ancona Escalante. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Elfego Solano Becerra, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 58791; y por autorizado con la restricción que impone el citado precepto, a Oscar Villegas Sangabriel , toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparece el registro correspondiente, ni tampoco acreditó contar con dicho documento USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario de juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que el promovente manifiesta que se opone expresamente con que en los acuerdos y resoluciones sean publicados sus datos personales o proporcionados a terceras personas ni publicados en la lista de acuerdos. Notifíquese personalmente.
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