Alberto Raul Saaib Gonzalez

Expediente 493/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 1 actuación registrada, la última del 27 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
493/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
27/07/2022

Partes del expediente

  • Alberto Raul Saaib Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 493/2022-I. Análisis de la demanda. Así entonces, se procede a examinar la demanda de amparo, ya que el artículo 113 de la ley de la materia confiere facultad a la autoridad constitucional que conozca de una demanda para desecharla si de su examen se advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia. En efecto, el precepto en mención es del tenor literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del ordinal reproducido se observa que para desechar una demanda de amparo sólo deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia; y; b) Que ese motivo sea manifiesto e indudable. El Máximo Tribunal del País ha establecido en reiteradas ocasiones, que las características destacadas en el anotado inciso b) se actualizan cuando de la simple lectura de la demanda aparece comprendido alguno de los supuestos de improcedencia que señala el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien, la demanda misma no encuadra en las hipótesis de procedencia que el artículo 107 de dicha legislación prevé. En esa tesitura, es claro que a la decisión de desechar una demanda de amparo, debe antecederle un examen acucioso de todos sus componentes, que finalmente provoque plena convicción de que aún ordenando la substanciación del juicio, sería imposible arribar a una conclusión diversa. Ello, pues basta con tener en cuenta, que precisamente, en términos específicos, lo manifiesto radica en que la improcedencia se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, en virtud de que, por ejemplo, los hechos en que se apoya la improcedencia hayan sido manifestados claramente por el promovente, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Desechamiento de demanda. Con base en lo expuesto, se estima que la demanda de amparo promovida por Alberto Raul Saaib González y Sara Iden Pallares Aceves también conocida como Sara Iden Pallares Aceves de Saaib, es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]" De los anteriores preceptos, se aprecia que el juicio de amparo indirecto, sólo procede respecto de actos dentro de juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, debiéndose entender éstos, como aquellos que impiden en el ejercicio presente, actual y material de un derecho sustantivo tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, mas no cuando afectan derechos adjetivos. Por ende, el acto aquí reclamado no constituye alguno dentro de juicio que sea de imposible reparación, ya que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, ya que la resolución dictada el veintisiete de junio de dos mil veintidós, por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, dentro del toca civil 1146/2021, de su índice, por la cual confirmó la resolución emitida por el Juez Tercero de lo Civil, con sede en esta ciudad, respecto de incidente de nulidad de actuaciones planteado por la parte demandada dentro del juicio ordinario civil 2414/2019, de su indicé, el cual fue declarado fundado, solamente produce efectos formales o intraprocesales y no afecta de manera inmediata y directa derecho sustantivo alguno de la parte quejosa, como la libertad, sus derechos, papeles o posesiones, pues tal afectación en todo caso tendrá verificativo, hasta el momento que la autoridad responsable emita la resolución que en su caso no le fuera favorable. En tal virtud, las violaciones procesales, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, no constituyen actos de imposible reparación para efectos de la procedencia del amparo indirecto. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./.J.38/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCION INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO. La resolución que pone fin a un incidente de nulidad de actuaciones, declarándolo fundado, no es un acto en el juicio que, por regla general, tenga una ejecución de imposible reparación, sino que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicha resolución, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia definitiva, o la que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses del quejoso, pero de no ser así, este último podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del mencionado fallo. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que tal resolución entraña una violación a las leyes del procedimiento, prevista en la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, en la cual se establece la procedencia del amparo directo "cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad"; y por los términos genéricos en que está redactado el mencionado precepto legal, resulta obvio que la ilegal resolución del incidente de nulidad a que allí se alude, puede consistir tanto en la anulación de las actuaciones favorables al quejoso, como en la negativa a nulificar aquéllas que lo agravian, toda vez que aquél no hace distingo alguno al respecto. Sin embargo, el anterior criterio queda supeditado a que, con motivo de las mencionadas resoluciones incidentales, no se afecten en forma cierta e inmediata los derechos sustantivos de los gobernados, porque de lo contrario, la vía correcta para reclamarlas será la indirecta." No pasa desapercibido que el criterio invocado fue emitido de conformidad con la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, en términos del artículo Sexto Transitorio de la legislación vigente, no se considera que se oponga a la misma, por lo que resulta aplicable. En ese tenor, como ya se precisó, el acto reclamado consiste en la resolución dictada el veintisiete de junio de dos mil veintidós, por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, dentro del toca civil 1146/2021, de su índice, por la cual confirmó la resolución emitida por el Juez Tercero de lo Civil, con sede en esta ciudad, respecto de incidente de nulidad de actuaciones planteado por la parte demandada dentro del juicio ordinario civil 2414/2019, de su indicé, el cual fue declarado fundado, sólo produce efectos de carácter procesal, que no tiene una afectación de imposible reparación al momento de su emisión para la procedencia del juicio de amparo de conformidad con lo establecido en la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, se tiene que el acto reclamado no impide el ejercicio presente, actual y material de un derecho sustantivo, de la parte quejosa, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al tener sólo efectos meramente intraprocesales o de naturaleza adjetiva, pues sus efectos son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene resolución favorable; y si no es así, y la violación trascendiera al resultado del fallo, procedería, en su caso, impugnarla como violación procesal, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo, al promover el correspondiente juicio de amparo directo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Alberto Raul Saaib González y Sara Iden Pallares Aceves también conocida como Sara Iden Pallares Aceves de Saaib. Cabe destacar que ningún fin práctico tendría admitir la demanda de amparo ya que desde este momento procesal conforme a las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en su escrito de demanda, se obtiene que en el juicio de origen, no se ha dictado sentencia definitiva; lo que permite que se haga el análisis de la naturaleza jurídica del acto reclamado al radicar el juicio. Incluso, en el caso, es evidente que ninguna prueba que pudiese allegar la parte quejosa durante el procedimiento de amparo, podrá cambiar la naturaleza del acto reclamado para hacer procedente el juicio de amparo en su contra. La anterior determinación no implica una violación al derecho humano de acceso a la justicia, pues su ejercicio se encuentra normado por diversos presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia, aunado a que el juicio de amparo permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen. Al respecto, se cita la tesis aislada 2a. XLVIII/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2009478, con texto y rubro siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." Señalamiento de domicilio y autorizados. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica en su escrito de demanda; asimismo, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Isaías Darío Salgado Pantoja y Grecia Estephani Roldan Barajas, dado que de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que sí cuentan con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Exhortación a las partes para seguir el juicio en línea. Tomando en cuenta las disposiciones del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica (juicio en línea), lo que significa que podrán imponerse del contenido de los autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, para lo cual deberán contar con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 del mencionado Acuerdo 12/2020, y realicen la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional. Para efecto de lo anterior deberán proporcionar el nombre del usuario con el que se realizó el registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la federación y solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como la notificación electrónica de las resoluciones judiciales emitidas en este juicio, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo 12/2020. De igual modo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente, previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a prudente árbitro, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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