Alberto Rangel Contreras
Expediente 358/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 358/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 01/06/2016
Partes del expediente
- Alberto Rangel Contreras
- Juez Conciliador y Calificador del Municipio de Metepec, Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
se notifica por lista al quejoso el siguiente acurdo: Toluca, Estado de México; uno de junio de dos mil dieciséis. Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo; en tal virtud, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad vinculada con su acatamiento. Así, en atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecinueve, Tomo I, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: I. Antecedentes de la sentencia ejecutoriada: 1. El veintiocho de abril de dos mil dieciséis, se emitió sentencia en el juicio de amparo que nos ocupa, en la que se concedió la protección de la justicia de la Unión. (Fojas 52 a 61) 2. Por auto de diecisiete de mayo del año en curso, dicha sentencia causó ejecutoria y en esa actuación se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento de las autoridades responsables, al haber informado lo relativo con antelación a que quedar firme el fallo protector. (Folio 71) II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. Este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se ha dado cumplimiento, atento al siguiente análisis: Los efectos de la concesión de amparo son para que el Oficial Calificador adscrito al Segundo Turno del Municipio de Metepec, Estado de México "deje insubsistente el arresto reclamado y sus consecuencias". En ese tenor, a través de oficio de dos de mayo de dos mil dieciséis, el Oficial Calificador del Segundo Turno del Municipio de Metepec, Estado de México, exhibió copia certificada del acuerdo que emitió en esa data. (Foja 69 de autos) De igual manera, se recibió la misiva DSPYT/3048/2016, de tres de mayo del año en curso, por la que el Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Metepec, Estado de México, por el cual informó la manera en que dio cumplimiento a la sentencia amparadora, y también anexó copia certificada del acuerdo que emitió el Oficial Calificador del Segundo Turno del Municipio de Metepec, Estado de México. (Folio 65 ídem) Constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agregadas a las presentes actuaciones. Por auto de diecisiete de mayo del año en curso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con tal constancia se ordenó dar vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que, en relación al cumplimiento dado al fallo protector, manifestaran lo que a su derecho conviniere. Establecido lo anterior, y al hacer un análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, en el que se tuvo presente el límite señalado en la ejecutoria, así como la libertad de jurisdicción que fue otorgado a la responsable ordenadora, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional concluye que las autoridades responsables cumplieron con los lineamientos de la sentencia constitucional, por las siguientes razones: El dos de mayo de dos mil dieciséis, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Oficial Calificador del Segundo Turno del Municipio de Metepec, Estado de México dejó sin efectos la sanción administrativa correspondiente a cumplir doce horas de arresto inconmutable, impuesta al aquí quejoso Álvaro Rogel Contreras (sic), por motivo del Operativo Alcoholímetro, en fecha trece de marzo del año en curso; en tanto que, el Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Metepec, Estado de México, el tres de mayo del presente año, informó que a esa fecha no tenía motivo e interés alguno o consigna para detener, arrestar o privar de la libertad al peticionario de amparo. Luego, atendiendo al análisis de las constancias de este juicio, es dable concluir que las autoridades obligadas a cumplir la concesión de amparo acataron los aspectos establecidos en la sentencia dictada por este órgano de control constitucional y cumplieron los lineamientos de la ejecutoria emitida en este juicio, ya que el Oficial Calificador del Segundo Turno del Municipio de Metepec, Estado de México dejó sin efectos la sanción impuesta al aquí quejoso por motivo del Operativo Alcoholímetro, y el Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Metepec, en la entidad, el tres de mayo del presente año, informó que a esa data no tenía motivo e interés alguno o consigna tendente a afectar la esfera jurídica del impetrante de garantías ni sus derechos humanos consagrados en la Constitución Federal. Por tanto, se estima que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial. De igual manera, en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no se advierte que se hubiese llevado a cabo un pronunciamiento de manera parcial o incompleta, pues por el contrario, se ajustó al tenor exacto del fallo, no extralimitándose en su cumplimiento, es decir, no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. En las relatas circunstancias, al advertirse que la sentencia protectora se observó cabalmente, sin exceso o defecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo y 214, ambos de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. d) Pasados cinco años, del dictado del presente auto, este expediente es depurable, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales se encuentran debidamente digitalizadas. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. Notifíquese; personalmente al quejoso y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
Toluca, Estado de México; diecisiete de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera la sentencia dictada en el sumario en que se actúa, mediante la cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal a Álvaro Rogel Contreras; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora, atendiendo a que se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión y que en proveído de cuatro de mayo de la presente anualidad se reservó proveer respecto al cumplimiento dado a la sentencia amparadora dictada en autos por las autoridades responsables, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la partes con dicho cumplimiento para que manifiesten lo que en su derecho proceda; con el apercibimiento que de no hacerlo, en su oportunidad, de oficio, se determinará si la ejecutoria amparante quedó o no cumplida. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha no obra constancia de notificación de los oficios 2381 y 6490, por medio del cual se hace del conocimiento a la autoridad responsable Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Procuraduría General de la Republica, la resolución interlocutoria de veintinueve de enero de dos mil quince, y el recurso de revisión interpuesto por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, en contra de la resolución interlocutoria antes mencionada. Por tanto, con la finalidad de evitar mayores dilaciones procesales, reexpídanse dichas misivas a la parte referida vía acelerada Mex Post, con copia de la resolución impugnada y del escrito de agravios; asimismo, hágase del conocimiento a la autoridad en comento que de negarse a recibir las misivas de referencia, con fundamento en el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, se les tendrá por hecha la notificación respectiva, con las consecuencias legales que ello conlleve. En el entendido que deberá acusar recibo vía fax al número telefónico oficial (01.722) 23605.00, extensión 3257 y confirmada en la diversa 3258 o vía internet, al correo electrónico oficial 5jdo2ctoac@correo.cjf.gob.mx; en formato PDF; ello con independencia de su remisión por la vía ordinaria.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiocho de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, del que se advierte que no existe diligencia pendiente por realizar; en ese tenor, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Ahora, conforme a la certificación que antecede, se advierte que después de haber realizado una revisión integra del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos originales. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como de la certificación de cuenta, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo, a consideración del suscrito, este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, del dicho punto, al ser un juicio que se sobreseyó. c) Igualmente, que el presente expediente, así como el original del incidente de suspensión, son susceptibles de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse las hipótesis previstas en las fracciones II y III del punto vigésimo primero, párrafo primero, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se sobreseyó en el juicio y se negó la suspensión respecto de todos los actos reclamados; y procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurrido el plazo a que alude dicho acuerdo; por ende, desglósese el mismo previa certificación que obren en actuaciones. d) Que de conformidad con el punto décimo séptimo del acuerdo en cita, se atendió la digitalización de constancias, las cuales coinciden con su original. En ese sentido, transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. Asimismo, pasados cinco años, del dictado del presente auto, este expediente es destruible. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes
- Alberto Moreno Morales532/2016
- Alberto Moreno Romero1489/2023
- Alberto Ortiz Trejo1805/2022
- Alberto Ramón Montalvo Zepeda1294/2019
- Alberto Ramos Escalante52/2021
- Alberto Ramos Escalante326/2017
- Alberto Reyes Arriaga851/2015
- Alberto Rubí Hernández292/2015
- Alberto Sánchez Hernández1793/2015
- Alberto Sánchez Hernández1550/2015
- Alberto Sánchez Hérnández1720/2015
- Alberto Sánchez Hinojosa1312/2016