Alberto Ramon Peña Varela

Expediente 678/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
678/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Alberto Ramon Peña Varela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que obran agregadas las notificaciones realizadas a las partes, respecto de la sentencia de veintiocho de septiembre del año en curso, dictada en el presente juicio de amparo, así como las del recurso de revisión interpuesto por la tercero interesada ***. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de Amparo y en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de treinta de octubre del año en curso, al encontrarse debidamente integrado el recurso de revisión, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se aperture, remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, los autos originales del presente juicio de amparo y el escrito original de expresión de agravios, para la substanciación del recurso hecho valer; asimismo, se comisiona al Oficial Judicial "A" de la adscripción, a fin de que, habilite la consulta del expediente electrónico al Tribunal correspondiente. Finalmente, atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Elizabeth Ortiz Sánchez. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE FECHA TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES, EL CUAL A LA LETRA DICE:Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente correspondan el escrito presentado por la tercero interesada ********************; atento a su contenido, téngase a la promovente interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de septiembre del año en curso en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 87 y 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto de la sentencia, como del recurso de revisión, previa apertura del cuaderno de antecedentes, remítanse dentro del plazo de tres días al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo, así como el escrito original de expresión de agravios de la recurrente para la substanciación del recurso hecho valer. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a la parte quejosa, al agente del Ministerio Público adscrito y por oficio a las autoridades responsables, haciéndoles entrega de copia simple del escrito de expresión de agravios. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Elizabeth Ortiz Sánchez. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA DE LA SENTENCIA DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE DICE: En Ciudad Juárez, Chihuahua a veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés Visto para resolver el juicio de amparo 678/2023-VI, promovido por ********************. ResultandoPrimero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado ante la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, mismo que fue depositado por la autoridad responsable, el tres de febrero de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, recibido en el Segundo Tribunal Colegiado de este circuito, en esta ciudad, el siete siguiente, ********************, a través de su apoderado, **, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, residentes en esta ciudad. Segundo. Derechos constitucionales que la quejosa estimó violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados, los contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés, en el referido órgano colegiado admitió a trámite la demanda de amparo directo laboral bajo el consecutivo 88/2023; y en sesión celebrada el cinco de julio de dos mil veintitrés, determinó carecer de competencia legal para conocer del asunto y ordenó remitir los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, para su turno correspondiente. Ante ello, este juzgado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, mediante proveído dictado el once de julio de dos mil vientres, en el juicio de amparo 678/2023, aceptó la competencia planteada, admitió a trámite la demanda y solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; asimismo, se emplazó a la tercera interesada, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: ********************1.- A la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social:********************El convenio celebrado el tres de diciembre de dos mil veinte, entre el patrón ********************(quejoso), y la trabajadora ********************(tercera interesada). ********************2.- A la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje:********************El acuerdo dictado en la audiencia de ratificación de convenio celebrada el siete de septiembre de dos mil veintidós, en el cuadernillo paraprocesal ****************************************Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Certeza del acto reclamado. La Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, y la Jefa del Departamento de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo Zona Norte, al rendir informe justificado, convinieron en la certeza de los actos reclamados; adjuntando la Presidenta responsable para tal efecto, copia certificada del cuadernillo paraprocesal Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2º. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Cuarto. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece lo siguiente: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, la suscrita estima que respecto al acto reclamado a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, consistente en el convenio celebrado el tres de diciembre de dos mil veinte, entre el patrón **(quejoso), y la trabajadora **(tercera interesada), se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; Asimismo, el artículo 17 de la propia Ley, establece lo siguiente: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, (.) ********************Y por su parte, el numeral 18 de la ley de la materia, a la letra dice lo siguiente: ********************Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.********************Como puede advertirse del texto del precepto legal antes trascrito, se desprende que el término genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo, correrá a partir del día siguiente al en que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: ********************a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; ********************b) Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución; o ********************c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. ********************En el caso, de las constancias que obran en el presente asunto, se advierte que el plazo con el cual debe computarse el conocimiento del acto reclamado es a partir del siguiente al en "Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución;", con lo que se obtiene que el quejoso ********************al ser la parte patronal signante del convenio celebrado con la trabajadora, mismo que constituye el acto reclamado en esta instancia, se hizo sabedor del mismo al momento de su firma, esto es, el tres de diciembre de dos mil veinte.********************En esas condiciones, contando la fecha en que fue celebrado el convenio reclamado, el plazo de quince días a que alude la Ley de Amparo, transcurrió del cuatro de diciembre de dos mil veinte al veintiocho de diciembre de dos mil veinte, sin contar los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veinticinco, veintiséis y veintisiete de diciembre de dos mil veinte, por ser inhábiles, según lo estipulado por el artículo 18 de la ley de la materia. ********************Expuesto lo anterior, se estima que el acto reclamado a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, consistente en el convenio celebrado el tres de diciembre de dos mil veinte, entre, el patrón ********************(quejoso), y la trabajadora ********************(tercera interesada) deviene consentido tácitamente; por ende, se actualiza la causal de improcedencia invocada.********************En esas condiciones, al encontrase actualizada la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, respecto al acto reclamado a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,. ********************Finalmente, en virtud de que las partes no hicieron valer causa de improcedencia y quien resuelve no advierte la actualización de alguna diversa a la analizada, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad.********************Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro y texto:********************CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.Quinto. Determinación que adopta este Juzgado. En el caso, la parte quejosa en sus conceptos de violación refiere que la responsable vulneró el derecho tutelado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son fundados los conceptos de violación vertidos por el quejoso. Ahora, para evidenciar lo anterior, es oportuno precisar que del artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden los principios que rigen el derecho fundamental del individuo a la impartición de justicia en nuestro país, siendo estos los siguientes: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Lo anterior lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 192/2007 plasmada en la página 209 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, Octubre de 2007, novena época, registro 171257, del tenor siguiente: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Al respecto, es importante destacar que una convención implica la plena y absoluta conformidad de las partes, en que los hechos, tal como los informan, en este caso, ante la Junta Especial número Uno, son ciertos y, por regla, la autoridad que sanciona no se encuentra facultada para exigir su demostración; ni siquiera lo está para ponerlos en entredicho, y es justo a partir de los mismos (hechos en los que los contratantes convienen como verdaderos) que se verifica lo pactado para evitar renuncia de derechos. Por tanto, con la aprobación de la autoridad, los hechos narrados en el convenio, los montos en él liquidados y su clausulado deben surtir efectos y, por ende, son vinculantes para las partes, por lo que no procede que con posterioridad el trabajador haga valer su nulidad aduciendo una renuncia de derechos, en relación con hechos y prestaciones que ya fueron materia de pronunciamiento por el tribunal laboral; ello en aras de otorgar certeza y seguridad jurídica a las partes. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010). Los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o. y 33 de la Ley Federal del Trabajo establecen limitantes al contenido de los convenios en materia laboral, cuya vulneración entraña renuncia de derechos en perjuicio de los trabajadores. Asimismo, el segundo párrafo del último precepto citado prevé como requisitos de los convenios, liquidaciones y finiquitos, que: a) consten por escrito; b) contengan una relación circunstanciada de los hechos que los motiven y de los derechos que sean su objeto; c) se ratifiquen ante la Junta de Conciliación y Arbitraje respectiva; y, d) ésta los apruebe cuando no contengan renuncia de los derechos de los trabajadores. Por tanto, con la aprobación de la Junta, los hechos narrados en el convenio, los montos en él liquidados y su clausulado deben surtir efectos y, por ende, son vinculantes para las partes, por lo que no procede que con posterioridad el trabajador haga valer su nulidad aduciendo una renuncia de derechos, en relación con hechos y prestaciones que ya fueron materia de pronunciamiento por el tribunal laboral; de ahí que resulta improcedente la acción de nulidad de los convenios sancionados por la Junta, así como la revisión posterior de hechos o prestaciones materia de dicho pronunciamiento, lo que lleva a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a abandonar las tesis de jurisprudencia aludidas, en la medida que consideran procedente la acción de nulidad de un convenio aprobado por la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ahora bien, la improcedencia de la acción de nulidad respecto de convenios aprobados por la Junta no excluye que pueda plantearse la invalidez de los que no han sido aprobados por la autoridad judicial, ni excluye que ésta, o los tribunales de amparo, deban aplicar las normas generales de protección a favor de los trabajadores, cuando las cláusulas dispongan condiciones inferiores a aquéllas y, por tanto, deban tenerse por no puestas para regir la relación de trabajo o las prestaciones derivadas o relacionados con ésta. Se explica; el procedimiento paraprocesal previsto en el artículo 987 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria para la legislación burocrática, establece: Artículo 987. Cuando trabajadores y patrones lleguen a un convenio o liquidación de un trabajador, fuera de juicio, podrán concurrir ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y las Especiales, solicitando su aprobación y ratificación, en los términos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 33 de esta Ley, para cuyo efecto se identificarán a satisfacción de aquélla. En los convenios en que se dé por terminada la relación de trabajo deberá desglosarse la cantidad que se entregue al trabajador por concepto de salario, de prestaciones devengadas y de participación de utilidades. En caso de que la Comisión Mixta para la Participación de las Utilidades en la empresa o establecimiento aún no haya determinado la participación individual de los trabajadores, se dejarán a salvo sus derechos, hasta en tanto se formule el proyecto del reparto individual. Los convenios celebrados en los términos de este artículo serán aprobados por la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, cuando no afecten derechos de los trabajadores, y tendrán efectos definitivos, por lo que se elevarán a la categoría de laudo ejecutoriado. Como se destaca de dicho numeral, las partes podrán celebrar convenios para dar por terminada la relación laboral; en ese entendido, es necesario comprender qué es un convenio y cuáles son los requisitos para que éste sea aprobado por la autoridad. En ese tenor, según el Diccionario Jurídico Mexicano, convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. En la materia laboral, dicho acuerdo de voluntades debe ser acorde a lo que disponen los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5º y 33 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley burocrática, conforme a su artículo 11, los cuales refieren lo siguiente: Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: XXVII.- Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato: ********************(a). Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo. ********************(b). Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de los tribunales laborales. ********************(c). Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del jornal. ********************(d). Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del salario, cuando no se trate de empleados en esos establecimientos. ********************(e). Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de consumo en tiendas o lugares determinados. ********************(f). Las que permitan retener el salario en concepto de multa. ********************(g). Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho por accidente del trabajo, y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato o despedírsele de la obra. ********************(h). Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores."****************************************"Artículo 5°. Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca:********************I. Trabajos para menores de quince años;********************II. Una jornada mayor que la permitida por esta Ley;********************III. Una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo, a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje;********************IV. Horas extraordinarias de trabajo para los menores de dieciocho años;********************V. Un salario inferior al mínimo;********************VI. Un salario que no sea remunerador, a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje;********************VII. Un plazo mayor de una semana para el pago de los salarios a los obreros y a los trabajadores del campo;********************VIII. Un lugar de recreo, fonda, cantina, café, taberna o tienda, para efectuar el pago de los salarios, siempre que no se trate de trabajadores de esos establecimientos;********************IX. La obligación directa o indirecta para obtener artículos de consumo en tienda o lugar determinado;********************X. La facultad del patrón de retener el salario por concepto de multa;********************XI. Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa o establecimiento por trabajo de igual eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual jornada, por consideración de edad, sexo o nacionalidad;********************XII. Trabajo nocturno industrial o el trabajo después de las veintidós horas, para menores de dieciséis años; y********************XIII. Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignados en las normas de trabajo.********************En todos estos casos se entenderá que rigen la Ley o las normas supletorias en lugar de las cláusulas nulas."****************************************"Artículo 33. Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé.********************Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores."****************************************Al respecto, al resolver la contradicción de tesis 90/2003-SS, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó el citado artículo 33 y para ello precisó que los convenios son instrumentos útiles para hallar una solución conciliatoria a un conflicto, ya sea en el curso del procedimiento correspondiente a la conciliación procesal o para evitar el litigio mediante los acuerdos fuera del juicio, como en el caso.****************************************De igual manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ponderó que esas disposiciones establecen normas procesales que permiten a las partes celebrar convenios para prevenir o terminar conflictos en cualquier etapa del procedimiento, en los cuales debe asegurarse una solución duradera y estable, pero también la protección de los derechos de los trabajadores.****************************************Asimismo, la Segunda Sala del Máximo Tribunal estableció que en el ordenamiento jurídico no sólo se enuncian las limitaciones al contenido de los convenios establecidas, entre otros, en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, sino que también se prevé como un derecho humano de protección de los trabajadores, requisitos y procedimientos que deben observarse y seguirse ante los órganos jurisdiccionales. ****************************************En ese sentido, tratándose de convenios, se deberá verificar que se cumplan los requisitos previstos en el citado artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, que son los siguientes:****************************************1. Constar por escrito.****************************************2. Contener una relación circunstanciada de los hechos que los motiven y de los derechos que sean su objeto.****************************************3. Desglosar la cantidad que se entregue al trabajador por concepto de salario, de prestaciones devengadas y, de ser el caso, de participación de utilidades. ********************En caso de que la Comisión Mixta para la Participación de las Utilidades en la empresa o establecimiento aún no haya determinado la participación individual de los trabajadores, se dejarán a salvo sus derechos, hasta en tanto se formule el proyecto del reparto individual.****************************************4. Ser ratificados ante su presencia.****************************************5. Una vez cumplidos los anteriores puntos, la autoridad laboral del conocimiento, para poder aprobar el convenio que se someta a su consideración, deberá calificarlo, para lo cual deberá verificar que éste no contenga renuncia de los derechos mínimos de los trabajadores.******************** ****************************************En el caso, el acuerdo dictado en la audiencia de ratificación de convenio celebrada el siete de septiembre de dos mil veintidós, en el cuadernillo paraprocesal ********************mismo que constituye el acto que se reclama en esta instancia, es del tenor literal siguiente:********************LA JUNTA ACUERDA.- Se tiene por desahogada la presente audiencia consistente en la ratificación de convenio celebrado por los comparecientes ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en fecha 03 de diciembre del 2020 teniéndose a la parte trabajadora por ratificando dicho convenio y a la parte patronal por no ratificando dicho convenio, por lo cual este H. Tribunal considera que dicho convenio al tratarse de un documento publico expedido por un funcionario en uso y con motivo de sus funciones, se le concede valor probatorio pleno para acreditar lo que del cuerpo del mismo se desprende y que ha quedado precisado con anterioridad, lo anterior de conformidad a lo dispuesto por el artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que en ese sentido dicho documento deberá surtir efectos en los términos contenidos en el mismo, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. (Lo subrayado es propio)****************************************En esas condiciones, del contenido del el acuerdo dictado en la audiencia de ratificación de convenio celebrada el siete de septiembre de dos mil veintidós, en el cuadernillo paraprocesal ********************se desprende que la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, elevó a la categoría de laudo ejecutoriado el convenio celebrado el tres de diciembre de dos mil veinte, entre el patrón ********************(quejoso), y la trabajadora ********************(tercera interesada); lo anterior, sin tomar en consideración que la parte patronal, compareció personalmente a dicha audiencia y acompañado de su apoderado legal, manifestó que no ratificaba el contenido del citado convenio.********************Esto es, la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, elevó a la categoría de laudo ejecutoriado el convenio celebrado el tres de diciembre de dos mil veinte, entre, el patrón ********************(quejoso), y la trabajadora ********************(tercera interesada); lo anterior, no obstante que no había sido ratificado por una de las partes, en el caso, la parte patronal.********************Por tanto, si la responsable no tomó en consideración lo expuesto por el patrón ********************(quejoso), en la audiencia de ratificación de convenio celebrada el siete de septiembre de dos mil veintidós, en el cuadernillo paraprocesal ** en el sentido de que no ratificaba el citado convenio; es inconcuso que no se cumplieron los requisitos previstos en el citado artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo; y el aludido acuerdo adolece de nulidad. Ante ello, se concluye que la autoridad que conoció el asunto, emitió un pronunciamiento a través del acuerdo dictado en la audiencia de ratificación de convenio celebrada el siete de septiembre de dos mil veintidós, en el cuadernillo paraprocesal sin tomar en consideración lo expuesto por la parte patronal en la referida audiencia e inobservando lo previsto por la legislación de la materia. En virtud de lo antes expuesto, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, realice lo siguiente: Deje sin efecto únicamente el acuerdo dictado en la audiencia de ratificación de convenio celebrada el siete de septiembre de dos mil veintidós, en el cuadernillo paraprocesal; y, Con plenitud de jurisdicción, tomado en consideración que la parte patronal no ratificó el referido convenio, y atendiendo los lineamientos precisados en la presente determinación; fundada y motivadamente emita un acuerdo diverso. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracciones XIV, 63, fracción V, 65, 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE:********************Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, en los términos expuestos en el cuarto considerando de la presente determinación. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos reclamados a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para el efecto precisados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese por lista electrónica, y personalmente a las partes, así como por oficio a las responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **, hoy veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA DE LA SENTENCIA DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE DICE: En Ciudad Juárez, Chihuahua a veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés Visto para resolver el juicio de amparo 678/2023-VI, promovido por ********************. ResultandoPrimero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado ante la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, mismo que fue depositado por la autoridad responsable, el tres de febrero de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, recibido en el Segundo Tribunal Colegiado de este circuito, en esta ciudad, el siete siguiente, ********************, a través de su apoderado, **, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, residentes en esta ciudad. Segundo. Derechos constitucionales que la quejosa estimó violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados, los contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés, en el referido órgano colegiado admitió a trámite la demanda de amparo directo laboral bajo el consecutivo 88/2023; y en sesión celebrada el cinco de julio de dos mil veintitrés, determinó carecer de competencia legal para conocer del asunto y ordenó remitir los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, para su turno correspondiente. Ante ello, este juzgado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, mediante proveído dictado el once de julio de dos mil vientres, en el juicio de amparo 678/2023, aceptó la competencia planteada, admitió a trámite la demanda y solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; asimismo, se emplazó a la tercera interesada, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: ********************1.- A la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social:********************El convenio celebrado el tres de diciembre de dos mil veinte, entre el patrón ********************(quejoso), y la trabajadora ********************(tercera interesada). ********************2.- A la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje:********************El acuerdo dictado en la audiencia de ratificación de convenio celebrada el siete de septiembre de dos mil veintidós, en el cuadernillo paraprocesal ****************************************Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Certeza del acto reclamado. La Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, y la Jefa del Departamento de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo Zona Norte, al rendir informe justificado, convinieron en la certeza de los actos reclamados; adjuntando la Presidenta responsable para tal efecto, copia certificada del cuadernillo paraprocesal Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2º. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Cuarto. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece lo siguiente: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, la suscrita estima que respecto al acto reclamado a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, consistente en el convenio celebrado el tres de diciembre de dos mil veinte, entre el patrón **(quejoso), y la trabajadora **(tercera interesada), se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; Asimismo, el artículo 17 de la propia Ley, establece lo siguiente: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, (.) ********************Y por su parte, el numeral 18 de la ley de la materia, a la letra dice lo siguiente: ********************Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.********************Como puede advertirse del texto del precepto legal antes trascrito, se desprende que el término genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo, correrá a partir del día siguiente al en que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: ********************a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; ********************b) Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución; o ********************c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. ********************En el caso, de las constancias que obran en el presente asunto, se advierte que el plazo con el cual debe computarse el conocimiento del acto reclamado es a partir del siguiente al en "Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución;", con lo que se obtiene que el quejoso ********************al ser la parte patronal signante del convenio celebrado con la trabajadora, mismo que constituye el acto reclamado en esta instancia, se hizo sabedor del mismo al momento de su firma, esto es, el tres de diciembre de dos mil veinte.********************En esas condiciones, contando la fecha en que fue celebrado el convenio reclamado, el plazo de quince días a que alude la Ley de Amparo, transcurrió del cuatro de diciembre de dos mil veinte al veintiocho de diciembre de dos mil veinte, sin contar los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veinticinco, veintiséis y veintisiete de diciembre de dos mil veinte, por ser inhábiles, según lo estipulado por el artículo 18 de la ley de la materia. ********************Expuesto lo anterior, se estima que el acto reclamado a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, consistente en el convenio celebrado el tres de diciembre de dos mil veinte, entre, el patrón ********************(quejoso), y la trabajadora ********************(tercera interesada) deviene consentido tácitamente; por ende, se actualiza la causal de improcedencia invocada.********************En esas condiciones, al encontrase actualizada la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, respecto al acto reclamado a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,. ********************Finalmente, en virtud de que las partes no hicieron valer causa de improcedencia y quien resuelve no advierte la actualización de alguna diversa a la analizada, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad.********************Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro y texto:********************CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.Quinto. Determinación que adopta este Juzgado. En el caso, la parte quejosa en sus conceptos de violación refiere que la responsable vulneró el derecho tutelado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son fundados los conceptos de violación vertidos por el quejoso. Ahora, para evidenciar lo anterior, es oportuno precisar que del artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden los principios que rigen el derecho fundamental del individuo a la impartición de justicia en nuestro país, siendo estos los siguientes: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Lo anterior lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 192/2007 plasmada en la página 209 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, Octubre de 2007, novena época, registro 171257, del tenor siguiente: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Al respecto, es importante destacar que una convención implica la plena y absoluta conformidad de las partes, en que los hechos, tal como los informan, en este caso, ante la Junta Especial número Uno, son ciertos y, por regla, la autoridad que sanciona no se encuentra facultada para exigir su demostración; ni siquiera lo está para ponerlos en entredicho, y es justo a partir de los mismos (hechos en los que los contratantes convienen como verdaderos) que se verifica lo pactado para evitar renuncia de derechos. Por tanto, con la aprobación de la autoridad, los hechos narrados en el convenio, los montos en él liquidados y su clausulado deben surtir efectos y, por ende, son vinculantes para las partes, por lo que no procede que con posterioridad el trabajador haga valer su nulidad aduciendo una renuncia de derechos, en relación con hechos y prestaciones que ya fueron materia de pronunciamiento por el tribunal laboral; ello en aras de otorgar certeza y seguridad jurídica a las partes. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010). Los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o. y 33 de la Ley Federal del Trabajo establecen limitantes al contenido de los convenios en materia laboral, cuya vulneración entraña renuncia de derechos en perjuicio de los trabajadores. Asimismo, el segundo párrafo del último precepto citado prevé como requisitos de los convenios, liquidaciones y finiquitos, que: a) consten por escrito; b) contengan una relación circunstanciada de los hechos que los motiven y de los derechos que sean su objeto; c) se ratifiquen ante la Junta de Conciliación y Arbitraje respectiva; y, d) ésta los apruebe cuando no contengan renuncia de los derechos de los trabajadores. Por tanto, con la aprobación de la Junta, los hechos narrados en el convenio, los montos en él liquidados y su clausulado deben surtir efectos y, por ende, son vinculantes para las partes, por lo que no procede que con posterioridad el trabajador haga valer su nulidad aduciendo una renuncia de derechos, en relación con hechos y prestaciones que ya fueron materia de pronunciamiento por el tribunal laboral; de ahí que resulta improcedente la acción de nulidad de los convenios sancionados por la Junta, así como la revisión posterior de hechos o prestaciones materia de dicho pronunciamiento, lo que lleva a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a abandonar las tesis de jurisprudencia aludidas, en la medida que consideran procedente la acción de nulidad de un convenio aprobado por la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ahora bien, la improcedencia de la acción de nulidad respecto de convenios aprobados por la Junta no excluye que pueda plantearse la invalidez de los que no han sido aprobados por la autoridad judicial, ni excluye que ésta, o los tribunales de amparo, deban aplicar las normas generales de protección a favor de los trabajadores, cuando las cláusulas dispongan condiciones inferiores a aquéllas y, por tanto, deban tenerse por no puestas para regir la relación de trabajo o las prestaciones derivadas o relacionados con ésta. Se explica; el procedimiento paraprocesal previsto en el artículo 987 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria para la legislación burocrática, establece: Artículo 987. Cuando trabajadores y patrones lleguen a un convenio o liquidación de un trabajador, fuera de juicio, podrán concurrir ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y las Especiales, solicitando su aprobación y ratificación, en los términos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 33 de esta Ley, para cuyo efecto se identificarán a satisfacción de aquélla. En los convenios en que se dé por terminada la relación de trabajo deberá desglosarse la cantidad que se entregue al trabajador por concepto de salario, de prestaciones devengadas y de participación de utilidades. En caso de que la Comisión Mixta para la Participación de las Utilidades en la empresa o establecimiento aún no haya determinado la participación individual de los trabajadores, se dejarán a salvo sus derechos, hasta en tanto se formule el proyecto del reparto individual. Los convenios celebrados en los términos de este artículo serán aprobados por la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, cuando no afecten derechos de los trabajadores, y tendrán efectos definitivos, por lo que se elevarán a la categoría de laudo ejecutoriado. Como se destaca de dicho numeral, las partes podrán celebrar convenios para dar por terminada la relación laboral; en ese entendido, es necesario comprender qué es un convenio y cuáles son los requisitos para que éste sea aprobado por la autoridad. En ese tenor, según el Diccionario Jurídico Mexicano, convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. En la materia laboral, dicho acuerdo de voluntades debe ser acorde a lo que disponen los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5º y 33 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley burocrática, conforme a su artículo 11, los cuales refieren lo siguiente: Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: XXVII.- Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato: ********************(a). Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo. ********************(b). Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de los tribunales laborales. ********************(c). Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del jornal. ********************(d). Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del salario, cuando no se trate de empleados en esos establecimientos. ********************(e). Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de consumo en tiendas o lugares determinados. ********************(f). Las que permitan retener el salario en concepto de multa. ********************(g). Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho por accidente del trabajo, y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato o despedírsele de la obra. ********************(h). Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores."****************************************"Artículo 5°. Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca:********************I. Trabajos para menores de quince años;********************II. Una jornada mayor que la permitida por esta Ley;********************III. Una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo, a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje;********************IV. Horas extraordinarias de trabajo para los menores de dieciocho años;********************V. Un salario inferior al mínimo;********************VI. Un salario que no sea remunerador, a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje;********************VII. Un plazo mayor de una semana para el pago de los salarios a los obreros y a los trabajadores del campo;********************VIII. Un lugar de recreo, fonda, cantina, café, taberna o tienda, para efectuar el pago de los salarios, siempre que no se trate de trabajadores de esos establecimientos;********************IX. La obligación directa o indirecta para obtener artículos de consumo en tienda o lugar determinado;********************X. La facultad del patrón de retener el salario por concepto de multa;********************XI. Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa o establecimiento por trabajo de igual eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual jornada, por consideración de edad, sexo o nacionalidad;********************XII. Trabajo nocturno industrial o el trabajo después de las veintidós horas, para menores de dieciséis años; y********************XIII. Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignados en las normas de trabajo.********************En todos estos casos se entenderá que rigen la Ley o las normas supletorias en lugar de las cláusulas nulas."****************************************"Artículo 33. Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé.********************Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores."****************************************Al respecto, al resolver la contradicción de tesis 90/2003-SS, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó el citado artículo 33 y para ello precisó que los convenios son instrumentos útiles para hallar una solución conciliatoria a un conflicto, ya sea en el curso del procedimiento correspondiente a la conciliación procesal o para evitar el litigio mediante los acuerdos fuera del juicio, como en el caso.****************************************De igual manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ponderó que esas disposiciones establecen normas procesales que permiten a las partes celebrar convenios para prevenir o terminar conflictos en cualquier etapa del procedimiento, en los cuales debe asegurarse una solución duradera y estable, pero también la protección de los derechos de los trabajadores.****************************************Asimismo, la Segunda Sala del Máximo Tribunal estableció que en el ordenamiento jurídico no sólo se enuncian las limitaciones al contenido de los convenios establecidas, entre otros, en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, sino que también se prevé como un derecho humano de protección de los trabajadores, requisitos y procedimientos que deben observarse y seguirse ante los órganos jurisdiccionales. ****************************************En ese sentido, tratándose de convenios, se deberá verificar que se cumplan los requisitos previstos en el citado artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, que son los siguientes:****************************************1. Constar por escrito.****************************************2. Contener una relación circunstanciada de los hechos que los motiven y de los derechos que sean su objeto.****************************************3. Desglosar la cantidad que se entregue al trabajador por concepto de salario, de prestaciones devengadas y, de ser el caso, de participación de utilidades. ********************En caso de que la Comisión Mixta para la Participación de las Utilidades en la empresa o establecimiento aún no haya determinado la participación individual de los trabajadores, se dejarán a salvo sus derechos, hasta en tanto se formule el proyecto del reparto individual.****************************************4. Ser ratificados ante su presencia.****************************************5. Una vez cumplidos los anteriores puntos, la autoridad laboral del conocimiento, para poder aprobar el convenio que se someta a su consideración, deberá calificarlo, para lo cual deberá verificar que éste no contenga renuncia de los derechos mínimos de los trabajadores.******************** ****************************************En el caso, el acuerdo dictado en la audiencia de ratificación de convenio celebrada el siete de septiembre de dos mil veintidós, en el cuadernillo paraprocesal ********************mismo que constituye el acto que se reclama en esta instancia, es del tenor literal siguiente:********************LA JUNTA ACUERDA.- Se tiene por desahogada la presente audiencia consistente en la ratificación de convenio celebrado por los comparecientes ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en fecha 03 de diciembre del 2020 teniéndose a la parte trabajadora por ratificando dicho convenio y a la parte patronal por no ratificando dicho convenio, por lo cual este H. Tribunal considera que dicho convenio al tratarse de un documento publico expedido por un funcionario en uso y con motivo de sus funciones, se le concede valor probatorio pleno para acreditar lo que del cuerpo del mismo se desprende y que ha quedado precisado con anterioridad, lo anterior de conformidad a lo dispuesto por el artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que en ese sentido dicho documento deberá surtir efectos en los términos contenidos en el mismo, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. (Lo subrayado es propio)****************************************En esas condiciones, del contenido del el acuerdo dictado en la audiencia de ratificación de convenio celebrada el siete de septiembre de dos mil veintidós, en el cuadernillo paraprocesal ********************se desprende que la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, elevó a la categoría de laudo ejecutoriado el convenio celebrado el tres de diciembre de dos mil veinte, entre el patrón ********************(quejoso), y la trabajadora ********************(tercera interesada); lo anterior, sin tomar en consideración que la parte patronal, compareció personalmente a dicha audiencia y acompañado de su apoderado legal, manifestó que no ratificaba el contenido del citado convenio.********************Esto es, la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, elevó a la categoría de laudo ejecutoriado el convenio celebrado el tres de diciembre de dos mil veinte, entre, el patrón ********************(quejoso), y la trabajadora ********************(tercera interesada); lo anterior, no obstante que no había sido ratificado por una de las partes, en el caso, la parte patronal.********************Por tanto, si la responsable no tomó en consideración lo expuesto por el patrón ********************(quejoso), en la audiencia de ratificación de convenio celebrada el siete de septiembre de dos mil veintidós, en el cuadernillo paraprocesal ** en el sentido de que no ratificaba el citado convenio; es inconcuso que no se cumplieron los requisitos previstos en el citado artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo; y el aludido acuerdo adolece de nulidad. Ante ello, se concluye que la autoridad que conoció el asunto, emitió un pronunciamiento a través del acuerdo dictado en la audiencia de ratificación de convenio celebrada el siete de septiembre de dos mil veintidós, en el cuadernillo paraprocesal sin tomar en consideración lo expuesto por la parte patronal en la referida audiencia e inobservando lo previsto por la legislación de la materia. En virtud de lo antes expuesto, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, realice lo siguiente: Deje sin efecto únicamente el acuerdo dictado en la audiencia de ratificación de convenio celebrada el siete de septiembre de dos mil veintidós, en el cuadernillo paraprocesal; y, Con plenitud de jurisdicción, tomado en consideración que la parte patronal no ratificó el referido convenio, y atendiendo los lineamientos precisados en la presente determinación; fundada y motivadamente emita un acuerdo diverso. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracciones XIV, 63, fracción V, 65, 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE:********************Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, en los términos expuestos en el cuarto considerando de la presente determinación. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos reclamados a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, para el efecto precisados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese por lista electrónica, y personalmente a las partes, así como por oficio a las responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **, hoy veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

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