Alberto Ramón Ortíz Sosa
Expediente 1409/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1409/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/12/2018
Partes del expediente
- Alberto Ramón Ortíz Sosa
Actuaciones
- Principal
1. Estado procesal. Visto el cómputo que antecede realizado por el Secretario, así como el estado que guardan los autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo. 1.1 Firme desechamiento. Atento a lo anterior, con apoyo en dicho precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.2 Remisión archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. 1.3 Destrucción expediente. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de garantías; además no tiene relevancia documental para su conservación. 1.4 Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
3. Estudio previo. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En efecto, la demanda que se trata, resulta improcedente debido a que se aprecia que la parte promovente demandó el amparo y protección de la justicia Federal contra la autoridad y acto siguiente: Autoridades Responsables: Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y su Presidente. Acto Reclamado: Auto de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, que declaró improcedente por extemporáneo el recurso de revisión que interpuso contra actos del Presidente de la Junta responsable, dictado en el expediente 238/2006. Lo anterior permite advertir que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos. De los antecedentes descritos en la demanda de amparo, permiten establecer que el acto reclamado que ha quedado precisado, se emitió en etapa de ejecución de laudo; en ese orden de ideas, resulta claro que el auto que aquí se reclama no constituye la última resolución en ejecución del juicio 238/2006. En efecto, acorde con el artículo 107, fracción IV, de la citada ley reglamentaria, el amparo se pedirá ante el juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y si se trata de actos de ejecución de sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida por última resolución: i) Aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; ii) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; iii) Las que ordenen el archivo definitivo del expediente. Por tanto, en la misma demanda se podrán reclamar las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso, trascendido al resultado del fallo. El espíritu de dicho ordenamiento, es evitar el entorpecimiento continuo de la ejecución de las resoluciones dictadas por tribunales judiciales, administrativos y laborales, a efecto de que no se realicen abusos del juicio de amparo, puesto que el acatamiento de las sentencias es una cuestión de orden público ya que la sociedad se encuentra interesada en su ejecución y porque la admisión del juicio de amparo permitirá que la ejecución de una sentencia, donde las partes ya fueron oídas y vencidas, que constituye la verdad legal y es cosa juzgada, se verá obstaculizada de manera indeterminable, lo cual necesariamente implica un fraude a la ley. En congruencia con lo anterior, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda de amparo las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado la defensa de la parte quejosa. Por tanto, el auto de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, en el que la responsable desechó por extemporáneo el recurso de revisión interpuesto contra el auto de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Presidente de la Junta responsable, dentro del expediente 238/2006, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, sino que, tal determinación es un acto dictado precisamente en el proceso de dicha ejecución, que en modo alguno constituye la última resolución en la ejecución de laudo. Apoya lo antes considerado, las Jurisprudencias sustentadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Además el auto contra la que se promovió el recurso de revisión (el cual fue desechado) va encaminado a ejecutar el laudo, lo que hace que tampoco el auto que se reclama, no sea de imposible reparación. 3.1 Desechamiento. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. 4. Domicilio para notificaciones. En virtud de que el promovente no señaló domicilio para recibir notificaciones, téngase como tal, la lista que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en los artículos 27, fracción III, inciso a), de la legislación invocada, hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad...
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