Alberto Ramírez Vega
Expediente 502/2023 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 502/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/10/2023
Partes del expediente
- Alberto Ramírez Vega
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Visto el oficio de cuenta suscrito por José Francisco Garduño Gómez, jefe de los Cuerpos de Guardias de Seguridad Bancaria, Industrial y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México; con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo, téngase por apersonada a la citada autoridad tercera interesada; por formuladas sus manifestaciones, las cuales serán consideradas en el momento procesal oportuno, de resultar procedente. Como su domicilio, para oír y recibir notificaciones, el que indica en el oficio de cuenta. Se tiene a la citada parte señalando correo electrónico para establecer contacto respectivo, en caso de que este tribunal estime necesario localizarla por ese medio de comunicación. No ha lugar a tener por personas autorizadas a las y los profesionales que menciona, en términos de lo dispuesto en el artículo 12, de la Ley de Amparo, porque las autoridades terceras interesadas solamente pueden ser representadas o sustituidas por los servidores públicos a quienes las leyes y los reglamentos que las rigen otorguen esa atribución, o bien, por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos; no obstante lo anterior, ténganse por autorizadas, para oír y recibir notificaciones. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 147/2019 (10a.), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro reza: "AUTORIZADOS EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS AUTORIDADES CON CARÁCTER DE TERCERO INTERESADAS NO ESTÁN FACULTADAS PARA DESIGNARLOS Y, POR TANTO, ÉSTOS NO SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA INTERPONER RECURSOS DE REVISIÓN. La circunstancia de que la autoridad haya intervenido como contraparte del agraviado, derivado de la impugnación de algún acto u omisión, o de que tenga un interés contrario a éste en el juicio de amparo, no desvirtúa su naturaleza de autoridad, pues no queda desprovista de su carácter de ente público y, por ende, en ningún momento puede asimilarse a un particular o confundirse con éste. Así, la porción normativa que corresponde al último párrafo del artículo 10 de la Ley de Amparo alude a una regla que debe observarse cuando se trate de establecer cómo opera en el juicio de amparo la representación de la autoridad cuando tenga el carácter de tercero interesada, misma que remite al artículo 9o. de la ley citada, es decir, la representación o sustitución durante la instrucción del juicio de amparo para dicha parte se realizará conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables o, en todo caso, por medio de oficio podrán acreditar delegados para que actúen conforme a sus propios intereses. Por tanto, la autoridad tercero interesada no está facultada para designar autorizados y, por tanto, éstos no están legitimados para interponer recursos de revisión, pues su representación en juicio se rige por el último párrafo del artículo 10 del ordenamiento mencionado."
- Juicio de Amparo Directo
SE ADMITE la demanda de amparo. No ha lugar a tener como domicilio, para oír y recibir notificaciones, el que indica en el escrito de demanda de amparo, porque en términos de los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, la parte quejosa deberá designar domicilio en la sede del tribunal; por consiguiente, las notificaciones, aún las de carácter personal, se realizaran por medio de lista, hasta que señale domicilio dentro de la residencia de este órgano colegiado, esto es, en la Ciudad de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Como personas autorizadas, en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a las y los profesionales que menciona, siempre que tengan debidamente registradas sus cédulas profesionales en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, de lo contrario sólo se les tendrá como autorizadas, para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, hasta en tanto realicen el registro correspondiente en el referido sistema; y, en términos del diverso 24, segundo párrafo, del ordenamiento legal en cita, a las demás personas que refiere, para los efectos indicados. Con fundamento en la circular 12/2009 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos, siempre y cuando no se trate de actuaciones que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservada, para su uso dentro del local que ocupa este órgano jurisdiccional. Téngase por expresada la voluntad de la parte quejosa, a que se publiquen sus datos personales en las resoluciones judiciales que se dicten en el presente asunto; no obstante esa voluntad, se deberá atender a lo previsto en el Acuerdo general 11/2017, de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de las personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales. En cuanto a las pruebas que ofrece la parte agraviada, de conformidad con lo establecido en el artículo 75, de la Ley de Amparo, en las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo directo, el acto reclamado se apreciará como aparezca probado ante la autoridad responsable. No ha lugar a acordar favorablemente el acceso al expediente electrónico en que se actúa, en razón de que la parte quejosa, si bien indica en su demanda de amparo que anexa copia de las firmas electrónicas en las que se desprenda los nombres de usuarios, lo cierto es que al escrito de cuenta no se anexó dicho documento; por consiguiente, una vez que la parte quejosa proporcione los nombres de usuarios con los cuales se registraron en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, se acordará lo que en derecho corresponda, lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales conducentes. En términos del artículo 5, fracción III, inciso b, de la ley de la materia, se reconoce el carácter de autoridades terceras interesadas al jefe de los Cuerpos de Guardias de Seguridad Bancaria, Industrial y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana, del Estado de México; al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, así como al titular de la Dirección de Inspección y encargado de la coordinación de seguridad social y atención al guardia, ambos del citado cuerpo de guardias. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", por medio del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Se instruye a la secretaría de acuerdos para que, hasta que concluya en definitiva el trámite de este asunto, los acuses de recibo se ingresen al expediente electrónico, sin dar cuenta a la presidencia, pues, la resolución que se llegue a dictar con motivo de esas constancias sólo tendrá como efecto ordenar su integración al citado expediente. Se autoriza a la actuaría adscrita a este tribunal para que pueda emplear, de manera excepcional, el uso del teléfono y del correo electrónico para llevar cabo una comunicación oficial procesal a la autoridad responsable o tercera interesada, incluso para notificar a las demás partes distintas a las indicadas, siempre que no tenga acceso para actuar desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de Federación, para lo cual deberá certificar la confirmación de la comunicación respectiva. Se da la intervención que corresponda a la fiscalía adscrita a este tribunal. Se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste de oponerse a la publicación de sus datos personales.
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