Alberto Ramírez Jiménez

Expediente 500/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
500/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
31/05/2019

Partes del expediente

  • Presidente de la Junta Especial Numero Sesenta de la Federal de Conciliacion Y Arbitraje, Ciudad
  • Alberto Ramírez Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de ocho de mayo de dos mil diecinueve, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Alberto Ramírez Jiménez, sin que lo hiciera. En tal virtud, con fundamento en los artículos 2º, 97, fracción I, inciso a), 98, párrafo primero, y 99 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en materia de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívense las actuaciones como asunto concluido, lo que tiene apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude la fracción V, segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Finalmente, se destaca que en este juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. COGM/npm

  2. Principal

    ...personal Carmen...

  3. Principal

    ....para conocimiento del quejoso.. Reynosa, Tamaulipas, ocho de mayo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta, agréguese a los autos el escrito de demanda presentado por Alberto Ramírez Jiménez; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 500/2019-1, que por razón de turno le corresponde y fórmese expediente. Analizada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama del Presidente de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y de otra autoridad, la omisión de dictar el auto de requerimiento de pago y embargo, en el expediente laboral 802/2016, y de ordenar su diligenciación. Sin embargo, se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." Con base en dichos preceptos, el amparo indirecto es procedente contra violaciones que se cometan durante el juicio, sólo cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En tales condiciones, la omisión reclamada en esta vía no encuadra dentro de la regla antes apuntada, porque no es un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los tratados internacionales de los en que el Estado Mexicano es parte, puesto que no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste. Toda vez, que para considerar que la tardanza en la actuación de la autoridad responsable, encuentra en la hipótesis de retardo en la administración de justicia, como derecho tutelado en el artículo 17 Constitucional, para la procedencia del juicio de amparo, de la demanda misma debe advertirse que existe una "abierta dilación del procedimiento" o su "paralización total". De tal manera, que dichas acepciones "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse a la luz del "plazo razonable", como parte del debido proceso que a su vez se entiende como la dilación que muestre el retardo injustificado en el procedimiento de origen, resultando superior al normal o razonable que debe llevarse en el proceso. Entonces, resulta obvio que si a partir del treinta de abril del año en curso, en que se omitió dictar el auto de requerimiento de pago y embargo, en el expediente laboral 802/2016, y de ordenar su diligenciación, la falta de acción por la autoridad del conocimiento no encaja en el supuesto de "abierta dilación del procedimiento" o su "paralización total" del procedimiento, pues apenas intermedian seis días hábiles. Sin embargo, para efectos de la promoción del juicio biinstancial contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudo, o cualquier otra diligencia, deberá transcurrir al menos cuarenta y cinco días, lo anterior, si se toma en cuenta que es precisamente ese lapso el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, tolera para que el juicio permanezca inmóvil. Al respecto, es oportuno invocar la Jurisprudencia 2ª./J. 33/2019 (10ª) de la Segunda Sala, publicada el uno de Marzo de 2019, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época (2019400), cuyo rubro es : "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS." Por tanto, es evidente la razonabilidad en la supuesta tardanza de dar cumplimiento a una resolución en el juicio natural, que señala el promovente en el escrito de petición de amparo. Entonces, no ha lugar a estimar atentados los derechos tutelados por el numeral 17 Constitucional, ya que no se trata de una abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", para que entonces así, sea dable la admisión de la demanda de amparo de cuenta. Por tanto, la omisión que se reclama al Presidente de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, y de otra autoridad, no implica retardo injustificado en la administración de justicia, puesto que no rebasa la razonabilidad de la que se ha venido hablando. Luego, como el acto reclamado no encuadra en la regla apuntada, ya que hasta este momento, no afecta materialmente los derechos sustantivos tutelados Constitucionalmente, ya que no se trata de una abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", lo que procede de conformidad con el numeral 113 de la Ley de la Materia, es desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Lo anterior, tiene sustento en la teleología recogida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, Décima Época, Libro 30, Tomo II, mayo de 2016, (registro 2011580), página 1086, con el título: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." Así como la Jurisprudencia III.3o.T. J/3 (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 09 de diciembre de 2016, Materia(s): (Común), con el registro 2013301, bajo el rubro: "DILACIÓN PROCESAL. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS "ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" O "PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO", COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA." Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, y como autorizados en los términos que señala a los citados en la demanda de amparo. En otro aspecto, para evitar dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea el quejoso, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

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