Alberto Ramírez Cadena
Expediente 141/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 141/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alberto Ramírez Cadena
Actuaciones
- Principal
---se declara que causó estado la referida determinación. ---archívese este expediente como concluido. ... este expediente es susceptible de ser destruido.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA. EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE DEL AUTO DE CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DENTRO DE LOS DOS DÍAS SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y EN LO CONDUCENTE DICE: se deduce que la autoridad responsable acató en sus términos la sentencia de amparo; en consecuencia, lo procedente es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos. ... archívese este expediente como concluido... Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y tercero interesado...
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE DIECIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Alberto Ramírez Cadena, contra actos del Fiscal Octavo en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XI Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz; fórmese el juicio de amparo bajo el registro 141/2022/I-A. Desechamiento. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo1, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar ese presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Actos reclamados. Del análisis a la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la suspensión, así como la dilación en la integración de la carpeta de investigación UIP/DXI/F8°/1130/2021 del índice del Fiscal Octavo en la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en esta ciudad, iniciada con motivo de la querella presentada por el promovente Alberto Ramírez Cadena por el delito de robo de un vehículo, marca Nissan, tipo Xtrail, modelo dos mil diecinueve, color roja, con número de serie JN8T27V1KW23756, número de motor QE25343367M, así como la solicitud de baja del reporte de rojo del sistema nacional de seguridad pública. Precisado lo anterior, es de advertirse que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Carta Magna, por los motivos que a continuación se expondrán. El referido precepto 61, fracción XX, de la Ley de Amparo2, establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo; es decir, se contempla la posibilidad de que la improcedencia del juicio tenga apoyo en alguna disposición de la Carta Magna. Asimismo, del numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal3, se aprecia la intención del legislador federal de dotar a las víctimas y ofendidos del delito, de la prerrogativa constitucional de impugnar ante autoridad judicial las omisiones en las que incurra el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones investigadoras; en otras palabras, la parte ofendida o víctima del delito tiene legitimación para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente e instarlo para que en caso de ser procedente ordene a la autoridad ministerial subsane las irregularidades u omisiones que existan en la investigación de los delitos. En ese sentido, el artículo 258 del Código de Nacional de Procedimientos Penales4, prevé que la víctima u ofendido tiene la posibilidad de impugnar las determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión durante la investigación inicial, tales como la abstención de investigar -suspensión de la integración de la carpeta de investigación-, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en dar seguimiento a la investigación puesta ante su conocimiento, ello, a través del medio de defensa innominado. Lo anterior, implica que a diferencia del sistema tradicional o inquisitivo, en el sistema procesal penal actual se amplió el marco de actuación de la autoridad jurisdiccional a una etapa antes del comienzo del proceso penal, es decir, anteriormente la autoridad ministerial realizaba toda la investigación sin intervención ni regulación de autoridad jurisdiccional y posteriormente consignaba el asunto a un Juez; sin embargo, actualmente la autoridad jurisdiccional tiene facultades para intervenir desde la etapa de investigación. Así, la etapa de investigación se judicializó con la incorporación de la figura del Juez de Control, con la intención de que, entre otras cosas, supervise los actos realizados por el Ministerio Público en la etapa de investigación, a fin de que no se transgredan en perjuicio de la víctima, ofendido o imputado, las garantías o derechos previstos constitucionalmente a su favor. Entonces, si en la especie la parte quejosa reclama la suspensión, así como la dilación en la integración de la carpeta de investigación UIP/DXI/F8°/1130/2021 del índice del Fiscal Octavo en la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en esta ciudad, debió interponer, antes de acudir al juicio de amparo, el medio de defensa, ante el juez de control correspondiente, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penal, ello, a fin de agotar el principio de definitividad, máxime si se toma en cuenta que el medio de impugnación de que se trata no está previsto en un Reglamento sino en el invocado Código Nacional y la quejosa en la deficiente integración de la carpeta de investigación aduce argumentos de legalidad contra el actuar del fiscal integrador. Además, sostener lo contrario implicaría que cada vez que el Ministerio Público incurra en una omisión o retraso en determinada carpeta de investigación, el ofendido o víctima acudiría al juicio de amparo a hacer valer dichas cuestiones de mera legalidad y, por consiguiente, el juicio de amparo sustituiría al medio ordinario de defensa, aunado a que el Juez de Distrito realizaría funciones que originalmente se encuentran instituidas constitucionalmente a favor del Juez de Control. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 en concordancia con el 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Carta Magna. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte promovente para recibir notificaciones, el que señala en su escrito de cuenta y por autorizados en amplios términos del artículo 12 de la ley de la materia a Mejayael Federico Rojas Suárez y Rodolfo Ruiz Mata, en virtud de que la certificación secretarial, se conoce que cuentan con cédula profesional. Medios de contacto. Conforme al Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como medio de contacto de la parte promovente, el correo electrónico que proporciona, únicamente para que los actuarios judiciales tengan comunicación y se les facilite realizar las notificaciones en este juicio. Horas y días inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones. Medios electrónicos. En términos de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como cualquier medio electrónico que le facilite la consulta de constancias; siempre y cuando este juzgado no restringa el acceso a la información cuando el caso lo amerite. Oposición relativa a datos personales. La parte promovente no manifiesta su oposición a la publicación de sus datos personales, lo que debe considerarse por el personal de este juzgado al momento de emitir las actuaciones que a cada uno le correspondan. Integración de expedientes. Se instruye a la secretaria, tanto a quienes tienen a su cargo el trámite como a los que están comisionados en la integración, así como a los actuarios, para que, de acuerdo a sus funciones, supervisen la debida integración de los expedientes, tanto físico como electrónico. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Notifíquese. Así lo proveyó el Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, Fermín Santiago Santiago, ante la Secretaria de Juzgado María del Pilar Ortiz Soto, que autoriza y da fe...
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