Alberto Rafael Martínez León
Expediente 405/2020 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 405/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 08/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Alberto Rafael Martínez León
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Juicio de Amparo Directo
Agréguese a sus autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio de cuenta, mediante el cual se acusa recibo del diverso oficio 1254/2021, así como de las constancias que se enviaron. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, archívese este asunto como concluido Y ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.
- Juicio de Amparo Directo
De la comparecencia que antecede, se advierte que Alberto Rafael Martínez León, ratificó el contenido del escrito de desistimiento presentado el ocho de marzo del año en curso, en la oficialía de partes de este órgano colegiado, al respecto se provee lo siguiente: Ahora bien, del presente asunto es innecesario verificar la temporalidad, existencia del acto y examinar las consideraciones que sostienen el sentido del acto reclamado, así como los conceptos de violación esgrimidos en su contra, toda vez que no serán analizados en virtud de que el quejoso se desistió expresamente por comparecencia ante el actuario adscrito a este órgano colegiado, conforme a lo cual, se actualiza la hipótesis establecida en la fracción I, del artículo 63, de la Ley de Amparo. En efecto, el ocho de marzo de dos mil veintiuno, Alberto Rafael Martínez León, presentó un escrito a través del cual expresó desistirse del presente juicio de amparo directo. El escrito de referencia, en la parte conducente señala: "Manifiesto bajo protesta de decir verdad que en el juicio de origen el suscrito ha realizado pago, por lo que el juicio de garantías en que se actúa a quedado sin materia. Me desisto del presente Juicio de Amparo, solicitando la remisión de los autos principales y documentos originales al juzgado de origen". Por comparecencia de doce de marzo de dos mil veintiuno, el quejoso Alberto Rafael Martínez León, se identificó con credencial para votar con clave de elector MRLNAL73081813H300, y ratificó el escrito de desistimiento ante el fedatario judicial adscrito a este tribunal, quien levantó el acta correspondiente, en los siguientes términos: ". el compareciente indica que el motivo de su presencia ante este órgano colegiado, es con el fin de ratificar el contenido del escrito de desistimiento que presentó el día ocho de marzo del año en curso, en la oficialía de partes de este Tribunal Colegiado, acordado el nueve de marzo de dos mil veintiuno, por lo que reconoce como suya la firma que calza en el mismo, y manifiesta que se desiste a su entero perjuicio del presente juicio de amparo directo en su calidad de quejoso, por así convenir a sus intereses.". Sobre tales premisas, se impone señalar que dentro de la doctrina procesal el desistimiento ha sido considerado como la renuncia al ejercicio de una acción, el abandono de una instancia o de la reclamación de un derecho, y se ha examinado distinguiendo entre el desistimiento de la acción, de la instancia o del derecho. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, al surtirse los requisitos establecidos en el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, el derecho de acción en una demanda de amparo, lo tiene el quejoso frente al Estado y es de naturaleza subjetiva, para exigir la intervención del órgano jurisdiccional, por lo que es claro que existe la posibilidad jurídica de que el quejoso lo retire en cualquier momento, hasta antes de que se dicte sentencia ejecutoria, por una mera declaración de su voluntad, por lo que anulado ese acto volitivo, el Estado queda eximido de su obligación de prestar la protección reclamada por el individuo en favor de sus garantías individuales. En otras palabras, si el juicio de amparo, por disposición constitucional, sólo puede seguirse a instancia de parte agraviada, es lógico que quien considere resentir ese perjuicio por un acto de autoridad, pueda dimitir de su pretensión para que el órgano de control constitucional proceda al análisis de la juridicidad de dicho acto; hipótesis que ha sido reconocida en la ley de la materia, pues el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda. Por su importancia al asunto, es oportuno traer al contexto el contenido del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo que es del tenor literal siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio; (.)". De conformidad con el precepto reproducido, el desistimiento constituye una renuncia a la potestad o derecho del gobernado, para que el órgano de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado; implicando, por tanto, un desistimiento de la acción, como ha sido reconocido dentro de la doctrina del juicio de amparo. Así, el desistimiento del quejoso da origen al sobreseimiento en el juicio y los efectos de éste, que según lo ha señalado la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consisten en poner fin al juicio sin hacer una declaración sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, dejando la situación tal como se encontraba al momento de promoverse la demanda. Sirve de apoyo a la consideración anterior, la jurisprudencia publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho, Segunda Sala, Segunda Parte, página 2896, cuyo texto es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. El sobreseimiento en el amparo pone fin al juicio, sin hacer declaración alguna sobre si la Justicia de la Unión ampara o no, a la parte quejosa y, por tanto, sus efectos no pueden ser otros que dejar las cosas tal como se encontraban antes de la interposición de la demanda, y la autoridad responsable está facultada para obrar conforme a sus atribuciones.". Por tanto, la manifestación de voluntad del quejoso externada de modo fehaciente, como en el caso, constituye la renuncia o dimisión del derecho a que el órgano de control despliegue su actividad para, eventualmente, proceder al examen de la juridicidad del acto reclamado, lo que puede realizarse en cualquier momento hasta antes de que el fallo dictado en el juicio haya causado ejecutoria. Las reflexiones que anteceden ponen de manifiesto que el desistimiento de la acción constitucional, ratificado plenamente por el quejoso Alberto Rafael Martínez León, actualiza la hipótesis prevista en el mencionado artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, dado que, como antes se ha dicho, el quejoso conserva, en todo tiempo, su derecho para renunciar al ejercicio de su acción, en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia. En virtud de lo expuesto, es patente que no existe obstáculo jurídico alguno para dejar las cosas tal como se encontraban antes de la presentación de la demanda de amparo; por tanto, de acuerdo a las conclusiones alcanzadas, si el desistimiento de la acción constitucional se establece literalmente como una causa de sobreseimiento en el juicio respectivo, ya que precisamente tal situación impide al órgano jurisdiccional examinar la constitucionalidad del acto reclamado, es inconcuso que en la especie lo procedente sea sobreseer en la presente instancia, de conformidad con lo establecido en la fracción I, del artículo 63, de la Ley de Amparo, esto es, por el desistimiento expreso del quejoso. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en lo dispuesto en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se sobresee el juicio de amparo directo promovido por Alberto Rafael Martínez León, contra la sentencia de trece de enero de dos mil veinte, dictada por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, dentro del toca civil 550/2019. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Tribunal Colegiado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), devuélvase a la referida Sala, las constancias remitidas para la substanciación del presente juicio, por no ser necesaria su permanencia en este tribunal colegiado. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. En su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Juicio de Amparo Directo
Previo citatorio dejado en el domicilio señalado por la parte quejosa, y en virtud de que no acudió a este tribunal colegiado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el proveído y/o resolución de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, a través del cual se determina: De la comparecencia que antecede, se advierte que Alberto Rafael Martínez León, ratificó el contenido del escrito de desistimiento presentado el ocho de marzo del año en curso, en la oficialía de partes de este órgano colegiado, al respecto se provee lo siguiente: Ahora bien, del presente asunto es innecesario verificar la temporalidad, existencia del acto y examinar las consideraciones que sostienen el sentido del acto reclamado, así como los conceptos de violación esgrimidos en su contra, toda vez que no serán analizados en virtud de que el quejoso se desistió expresamente por comparecencia ante el actuario adscrito a este órgano colegiado, conforme a lo cual, se actualiza la hipótesis establecida en la fracción I, del artículo 63, de la Ley de Amparo. En efecto, el ocho de marzo de dos mil veintiuno, Alberto Rafael Martínez León, presentó un escrito a través del cual expresó desistirse del presente juicio de amparo directo. El escrito de referencia, en la parte conducente señala: "Manifiesto bajo protesta de decir verdad que en el juicio de origen el suscrito ha realizado pago, por lo que el juicio de garantías en que se actúa a quedado sin materia. Me desisto del presente Juicio de Amparo, solicitando la remisión de los autos principales y documentos originales al juzgado de origen". Por comparecencia de doce de marzo de dos mil veintiuno, el quejoso Alberto Rafael Martínez León, se identificó con credencial para votar con clave de elector MRLNAL73081813H300, y ratificó el escrito de desistimiento ante el fedatario judicial adscrito a este tribunal, quien levantó el acta correspondiente, en los siguientes términos: ". el compareciente indica que el motivo de su presencia ante este órgano colegiado, es con el fin de ratificar el contenido del escrito de desistimiento que presentó el día ocho de marzo del año en curso, en la oficialía de partes de este Tribunal Colegiado, acordado el nueve de marzo de dos mil veintiuno, por lo que reconoce como suya la firma que calza en el mismo, y manifiesta que se desiste a su entero perjuicio del presente juicio de amparo directo en su calidad de quejoso, por así convenir a sus intereses.". Sobre tales premisas, se impone señalar que dentro de la doctrina procesal el desistimiento ha sido considerado como la renuncia al ejercicio de una acción, el abandono de una instancia o de la reclamación de un derecho, y se ha examinado distinguiendo entre el desistimiento de la acción, de la instancia o del derecho. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, al surtirse los requisitos establecidos en el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, el derecho de acción en una demanda de amparo, lo tiene el quejoso frente al Estado y es de naturaleza subjetiva, para exigir la intervención del órgano jurisdiccional, por lo que es claro que existe la posibilidad jurídica de que el quejoso lo retire en cualquier momento, hasta antes de que se dicte sentencia ejecutoria, por una mera declaración de su voluntad, por lo que anulado ese acto volitivo, el Estado queda eximido de su obligación de prestar la protección reclamada por el individuo en favor de sus garantías individuales. En otras palabras, si el juicio de amparo, por disposición constitucional, sólo puede seguirse a instancia de parte agraviada, es lógico que quien considere resentir ese perjuicio por un acto de autoridad, pueda dimitir de su pretensión para que el órgano de control constitucional proceda al análisis de la juridicidad de dicho acto; hipótesis que ha sido reconocida en la ley de la materia, pues el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda. Por su importancia al asunto, es oportuno traer al contexto el contenido del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo que es del tenor literal siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio; (.)". De conformidad con el precepto reproducido, el desistimiento constituye una renuncia a la potestad o derecho del gobernado, para que el órgano de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado; implicando, por tanto, un desistimiento de la acción, como ha sido reconocido dentro de la doctrina del juicio de amparo. Así, el desistimiento del quejoso da origen al sobreseimiento en el juicio y los efectos de éste, que según lo ha señalado la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consisten en poner fin al juicio sin hacer una declaración sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, dejando la situación tal como se encontraba al momento de promoverse la demanda. Sirve de apoyo a la consideración anterior, la jurisprudencia publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho, Segunda Sala, Segunda Parte, página 2896, cuyo texto es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. El sobreseimiento en el amparo pone fin al juicio, sin hacer declaración alguna sobre si la Justicia de la Unión ampara o no, a la parte quejosa y, por tanto, sus efectos no pueden ser otros que dejar las cosas tal como se encontraban antes de la interposición de la demanda, y la autoridad responsable está facultada para obrar conforme a sus atribuciones.". Por tanto, la manifestación de voluntad del quejoso externada de modo fehaciente, como en el caso, constituye la renuncia o dimisión del derecho a que el órgano de control despliegue su actividad para, eventualmente, proceder al examen de la juridicidad del acto reclamado, lo que puede realizarse en cualquier momento hasta antes de que el fallo dictado en el juicio haya causado ejecutoria. Las reflexiones que anteceden ponen de manifiesto que el desistimiento de la acción constitucional, ratificado plenamente por el quejoso Alberto Rafael Martínez León, actualiza la hipótesis prevista en el mencionado artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, dado que, como antes se ha dicho, el quejoso conserva, en todo tiempo, su derecho para renunciar al ejercicio de su acción, en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia. En virtud de lo expuesto, es patente que no existe obstáculo jurídico alguno para dejar las cosas tal como se encontraban antes de la presentación de la demanda de amparo; por tanto, de acuerdo a las conclusiones alcanzadas, si el desistimiento de la acción constitucional se establece literalmente como una causa de sobreseimiento en el juicio respectivo, ya que precisamente tal situación impide al órgano jurisdiccional examinar la constitucionalidad del acto reclamado, es inconcuso que en la especie lo procedente sea sobreseer en la presente instancia, de conformidad con lo establecido en la fracción I, del artículo 63, de la Ley de Amparo, esto es, por el desistimiento expreso del quejoso. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en lo dispuesto en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se sobresee el juicio de amparo directo promovido por Alberto Rafael Martínez León, contra la sentencia de trece de enero de dos mil veinte, dictada por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, dentro del toca civil 550/2019. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Tribunal Colegiado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), devuélvase a la referida Sala, las constancias remitidas para la substanciación del presente juicio, por no ser necesaria su permanencia en este tribunal colegiado. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. En su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el escrito de cuenta, mediante el cual el quejoso Alberto Rafael Martínez León, desiste del presente juicio de amparo, por así convenir a sus intereses. En atención a lo anterior, con fundamento en artículo 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al citado quejoso, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, comparezca al local que ocupa este órgano colegiado, sito en Camino Real de la Plata, número doscientos treinta y seis, lote sesenta y tres, Supermanzana 1, L.C. 2, planta baja, Fraccionamiento Zona Plateada, Pachuca de Soto, Hidalgo, debidamente identificado, ante cualquiera de los fedatarios de este órgano colegiado, a ratificar el escrito de desistimiento de mérito; apercibido que de ser omiso se continuará con la secuela procesal de este asunto; para lo cual, deberá agendar su cita conforme a lo indicado por el artículo 3°, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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