Alberto Rafael Gonzalez Basave

Expediente 328/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
328/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
11/04/2018

Partes del expediente

  • Alberto Rafael Gonzalez Basave

Actuaciones

  1. Principal

    - Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se desprende . . . se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO . . . archívese el presente asunto como concluido . . .

  2. Principal

    Querétaro, Querétaro, veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta y atento a su contenido, téngase al promovente Alberto Rafael González Basave, dando cumplimiento a la prevención formulada en auto de quince de marzo y al efecto señala como acto reclamado "la omisión del Juez Primero Familiar de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Querétaro, de pronunciarse en al auto de doce de marzo de dos mil dieciocho, respecto a las medidas cautelares solicitadas por el quejoso, todo esto dentro del expediente 1059/2016"; así mismo, téngasele acreditando la personalidad con la que se ostenta y precisando las fechas requeridas. Consecuentemente, vista la demanda de garantías promovida por Alberto Rafael González Basave, cuya personalidad se le reconoce en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, con el acta de nacimiento número 183, dentro del Libro 1, expedida por la Oficialía 6 del Registro Civil del Estado de Querétaro, contra actos del Juez Primero Familiar de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Querétaro y otra autoridad, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 328/2018-II, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En tal virtud, previo a la admisión de la demanda de garantías, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desecha de plano." Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese tenor, este juzgado federal considera que respecto al acto reclamado que consisten en: La omisión del Juez Primero Familiar de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Querétaro, de pronunciarse en al auto de doce de marzo de dos mil dieciocho, respecto a las medidas cautelares solicitadas por el quejoso, todo esto dentro del expediente 1059/2016. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta y atento a su contenido, téngase al promovente Alberto Rafael González Basave, dando cumplimiento a la prevención formulada en auto de quince de marzo y al efecto señala como acto reclamado "la omisión del Juez Primero Familiar de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Querétaro, de pronunciarse en al auto de doce de marzo de dos mil dieciocho, respecto a las medidas cautelares solicitadas por el quejoso, todo esto dentro del expediente 1059/2016"; así mismo, téngasele acreditando la personalidad con la que se ostenta y precisando las fechas requeridas. Consecuentemente, vista la demanda de garantías promovida por Alberto Rafael González Basave, en representación de la menor..cuyo nombre se omite en términos.. cuya personalidad se le reconoce en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, con el acta de nacimiento número 183, dentro del Libro 1, expedida por la Oficialía 6 del Registro Civil del Estado de Querétaro, contra actos del Juez Primero Familiar de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Querétaro y otra autoridad, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 328/2018-II, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En tal virtud, previo a la admisión de la demanda de garantías, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desecha de plano." Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese tenor, este juzgado federal considera que respecto al acto reclamado que consisten en:  La omisión del Juez Primero Familiar de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Querétaro, de pronunciarse en al auto de doce de marzo de dos mil dieciocho, respecto a las medidas cautelares solicitadas por el quejoso, todo esto dentro del expediente 1059/2016. En cumplimiento a lo anterior, después de analizar la presente demanda de garantías, éste órgano de control constitucional advierte que, en la especie existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu. Lo anterior es así, en virtud de que los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De acuerdo con el precepto legal transcrito, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación y la determinación emitida por el Juez Primero en Materia Familiar de Primera Instancia de esta ciudad, consistente en la omisión de pronunciarse en el auto de doce de marzo de dos mil dieciocho, respecto a las medidas cautelares solicitadas por el quejoso, dentro del expediente 1059/2016; todo lo cual evidencia, que el acto reclamado únicamente puede tener como efecto la violación de derechos adjetivos, pues no es acto de procedimiento que cause un perjuicio o lesión en la esfera jurídica sustantiva del quejoso. Así pues, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquéllos que de una manera inmediata lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste, o bien haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos consignados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Esto es, para la procedencia del juicio de amparo, la Ley de Amparo vigente establece como requisito primordial para que la acción constitucional sea procedente, que los actos que motiven el ejercicio de esa vía afecten materialmente derechos sustantivos del gobernado. De ese modo, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Es aplicable a lo anterior, a contrario sensu, la jurisprudencia 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, tomo 56, agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto señalan: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Asimismo la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la tesis jurisprudencial visible en la página 291, del Tomo IV, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, definió lo siguiente: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Posteriormente, el Pleno del Máximo Tribunal del País, emitió el criterio jurisprudencial consultable en la página 11 del tomo 56, agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Precisado lo anterior, conviene precisar que la garantía consagrada en el 8º Constitucional, se refiere de manera general, al derecho que tienen los gobernados a recibir una respuesta por parte de cualquier autoridad, siempre y cuando la petición sea por escrito, de forma pacífica y respetuosa; por su parte, el diverso artículo 17 Constitucional, en específico en su segundo párrafo, establece la garantía de acceso a la impartición de justicia, en donde los particulares deben observar los requisitos, formas y procedimientos precisados en las leyes, para así obtener un pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional respecto de la pretensión planteada; por lo que a juicio del suscrito Juzgador Federal, se estima que la garantía que pudiera encontrarse en riesgo de ser vulnerada, es la relacionada con el derecho al acceso a la justicia, esto es, la consagrada en el 17 Constitucional. Se estima así en virtud de las constancias allegadas por la parte quejosa junto a su demanda de amparo, consistente en copia del acuerdo dictado el doce de marzo de dos mil dieciocho, en contestación a su escrito, la responsable en lo que interesa manifestó lo siguiente: ".Visto el contenido del primer escrito, se le tiene interponiendo INCIDENTE DE MODIFICACIÓN DE CONVENIO, el cual se aprobó y se elevó al carácter de cosa juzgada mediante el presente proveído; incidente que promueve en contra de Marisela Hernández roque, persona de quien demanda todas y cada una de las presentes prestaciones que se desprende del escrito de demanda incidental y cuyo domicilio señala el cual se tiene aquí por reproducido como si a letra fuera. En tal virtud, considerando que al fecha NO han trascurrido más de dos años de que se ha declarado ejecutoriada la sentencia que aprobó el convenio presentado por los promoventes tal y como lo establece el artículo 93 de la ley adjetiva civil, se admite a trámite la demanda incidental de que se trata. Por lo anterior y de conformidad además con los numerales 656, 657 y 658 del cuerpo legal antes invocado, SE DA VISTA a la demandada incidental MARISELA HERNÁNDEZ ROQUE, a efecto de que en un periodo de TRES DÍAS dé contestación a la demanda incidental opuesta en su contra, apercibiéndolo que pare el caso de no hacerlo así dentro del plazo legal que para tal efecto se le concede, se le tendrán por perdidos sus derechos no ejercitados en tiempo y forma y se tendrá por contestada la demanda de que se trata en sentido negativo, de conformidad con lo establecido por los artículos 130 y 269 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro; en el entendido de que, al estar demandada incidental dándoles el impulso procesal correspondiente al presente procedimiento, se le tiene por notificada de la vista que le ha sido otorgada con la solo publicación en listas del presente proveído, de conformidad con lo establecido por el artículos 115 de la Ley adjetiva civil. Atendiendo al contenido del tercer escrito, se le tiene haciendo una serie de manifestaciones, las cuales se tienen aquí por reproducidas como si a la letra fuera, de entre las cuales destaca que al día de hoy no se le ha permitido ver a su menor hija, por todas y cada una de las causas que al efecto expresa, mismas que se tienen aquí por reproducidas como si a la letra fuera; es por ello que, con la única finalidad de velar por el interés superior de la niña LORENA ADALIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, y siendo que de acuerdo a la cláusula TERCERA del convenio al cual legaron las partes, se desprende que en el mes de marzo de cada uno de los años le corresponde a MARISELA HERNÁNDEZ ROQUE ejercer la custodia de la niña antes indicada, de conformidad con lo establecido por los artículo 23, 631 y 632 de la ley sustantiva civil, RESULTA PROCEDENTE LA RESTITUCIÓN DE LA NIÑA ANTES MENCIONADA A SU PROGENITORA; por lo anterior, se ordena al actuario se constituya en compañía de MARISELA HERNÁNDEZ ROQUE en el domicilio ubicado en CALLE 15, NÚMERO 108, COLONIA EL PARÍSO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR, EN ESTA CIUDAD, Y/O en cualquier lugar en donde se encuentra la niña LORENA ADALIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, y hecho que sea, proceda a requerirle a ALBERTO RAFAEL GONZÁLEZ BASAVE, o a la persona que en ese momento se encuentre en dicho domicilio o con la menor de edad citada, para que haga entrega de ésta a su progenitora MARISELA HERNÁNDEZ ROQUE, y proceda a restituirla a su domicilio de depósito ubicado en CALL 8, NÚMERO 402, COLONIA EL PARAÍSO, DELEGACIÓN FÉLIX OSORES SOTOMAYOR, EN ESTA CIUDAD, autorizándose desde este momento días y horas inhábiles, así como las medidas de apremio que marca la ley únicamente para el caso de ser necesario, consistentes en rompimiento de chapas y cerraduras y el auxilio de la fuerza pública, de conformidad con lo establecido por el artículos 76 de la ley adjetiva civil; en el entendido de que la promovente deberá solicitar su cita respectiva en el área de ejecutores." Por ende, no es aplicable al caso concreto la tutela de la garantía, del derecho de petición, prevista en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que en breve término se debe de hacer del conocimiento del gobernado, la contestación a sus solicitudes, pues su naturaleza se rige por los principios de justicia completa, pronta e imparcial a que alude el artículo 17 de la Constitución General de la República, que establece los lineamientos de la actividad de los tribunales judiciales obligados a administrar justicia en los plazos y términos que fijan las leyes; porque tratándose de un procedimiento seguido en forma de juicio, como en el caso acontece, debe circunscribir su actuación a los términos y plazos que establecen las leyes que lo regulan y no al breve término a que alude el invocado artículo 8º. Luego entonces, es que resulta evidente que, el acto reclamado consistente en la omisión de emitir acuerdo a la solicitud formulada por él ahora quejoso respecto a las medidas cautelares solicitadas en su escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho en oficialía de partes, debe regirse por el artículo 17 Constitucional. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 7/2015, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 480, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." Igualmente, sirve de apoyo a lo anterior por los motivos jurídicos que la informan la Jurisprudencia número 8/2015, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 478, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada.". No obstante lo anterior, la suscrita considera que en la especie se actualiza la invocada causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 107, fracción V de la invocada Ley, esté último aplicado a contrario sensu, ello en virtud de que en el presente juicio, el acto reclamado se hace consistir en: la omisión de acordar o dar respuesta (o contestación) al escrito presentado ante la autoridad responsable, el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, por medio del cual presenta en la vía incidental la modificación de convenio de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete y solicita medidas cautelares, que se decrete a su favor la custodia provisional de su menor hija y fijar un pago de pensión alimenticia provisional por parte de la demandada Marisela Hernández Roque a favor de la menor, sin embargo, por acuerdo de doce de marzo de dos mil dieciocho, la autoridad responsable acordó y notificó lo correspondiente a dicho escrito, esto es, recibió el escrito signado por el quejoso, donde por una parte se le tuvo por interpuesto el Incidente de Modificación de Convenio, se admitió a trámite la demanda incidental de que se trata y se dio vista a la parte demandada, y respecto a la custodia de la menor se pronunció ello atendiendo al convenio celebrado entre las partes. En ese orden de ideas, es inconcuso que en el particular, la autoridad responsable ya acordó por una parte la solicitud del ahora quejoso, si bien es cierto, a la fecha de presentación del presente juicio de amparo, en cuanto a las medidas cautelares por el momento no se ha pronunciado, ello es así, pues aún se encuentra transcurriendo la vista que le dio a la demandada respecto a la demanda incidental de modificación de convenio; con lo que se estima que el acto reclamado no agravia al ahora quejoso, y por otra, una vez que se pronuncie respecto a las medidas cautelares solicitadas, de ser contrario a sus intereses el quejoso puede promover en su contra el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto; además el promovente se encuentra en aptitud de gestionar ante la responsable, acordar de conformidad su petición. Por analogía, es aplicable al caso la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Es aplicable por analogía la tesis con número de registro 353639, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3750, tomo LXIX, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "DENEGACION DE JUSTICIA, CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO QUE LA CONSTITUYE. Si el quejoso reclama en el amparo, el acto consistente en la violación del artículo 17 constitucional, por haber dictado el Juez, con demora, el proveído relativo a una petición que le hizo, debe estimarse que cesaron los efectos de ese acto, desde el momento en que se proveyó a la misma petición, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con la fracción III, 74 de la misma ley.". Del mismo modo por analogía jurídica la Jurisprudencia 2a./J.205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 605, Tomo XXIX, Enero de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente establece: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". Por otra parte, el quejoso hace descansar sus motivos de queja básicamente en el hecho de que el Juez Familiar responsable, al emitir el auto reclamado, violenta los derechos humanos de la menor quejosa, pues deja de velar por el interés superior del menor, al no proveer sobre las medidas cautelares solicitadas, expone como medadas de queja que la menor se encuentra en peligro, que ha sido objeto de violencia por parte de su madre, consistente en omisión de cuidados de salud, educación y de atención que la menor requiere, razón por la cual, el Juez responsable, previo a ordenar las medidas cautelares solicitadas, acordó restituir a su progenitora la custodia de la menor únicamente respecto al mes de marzo de este año, lo cual, únicamente está dando cumplimiento al convenio celebrado por las propias partes en el juicio de origen; por lo tanto, ordenar que no se lleven a cabo las mismas, hasta que se resuelva el incidente de modificación promovido por el padre de la menor, implicaría una modificación al convenio celebrado por las partes, lo cual es materia del incidente de modificación. Apoya a lo anterior la tesis de Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, número de Registro 179949, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, Materia(s) Civil, Tesis: XIII.2o.9 C, Página 1321, que dice: "CONVIVENCIA FAMILIAR PACTADA POR CONVENIO JUDICIAL ELEVADO A LA CATEGORÍA DE COSA JUZGADA. NO DEBE IMPEDIRSE MOTU PROPRIO. Si en un juicio de divorcio voluntario las partes celebran convenio el cual se eleva a la categoría de cosa juzgada, donde se pactan los días y horas en que el padre podrá convivir con sus menores hijos, la otra parte no puede motu proprio impedir que aquél ejerza ese derecho, porque sería tanto como dejar al arbitrio de un particular el cumplir o no lo concertado en dicho convenio, pues de existir alguna causa que pueda afectar a los menores, física o psicológicamente con la convivencia pactada, procedería tramitar la autorización respectiva mediante un juicio autónomo en el que por fuerza recaiga una sentencia constitutiva que decida si suspende o no dicha convivencia." Del mismo apoyo en lo conducente la tesis sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, número de Registro 2008284, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo III, Materia(s) Común, Civil, Página 1885, que menciona: "CONVENIO ENTRE PARTES EN EL JUICIO CIVIL. AL TENER LA CATEGORÍA DE COSA JUZGADA NO ES IMPUGNABLE, PUES SU APROBACIÓN POR EL JUZGADOR SÓLO TIENE EFECTOS PROCESALES DE LA EXPRESIÓN DE LA VOLUNTAD DE AQUÉLLAS. La aprobación por el juzgador, de un convenio entre el actor y el demandado en un juicio civil no es impugnable, porque no implica una decisión jurisdiccional que pueda ser cuestionada por aquéllos, toda vez que se trata de la simple aprobación, con efectos procesales, de la expresión de voluntad de los litigantes, a la que se le da eficacia y autoridad de cosa juzgada, pues justamente ésa fue la pretensión de aquéllos y así lo solicitaron a la autoridad judicial; considerar lo contrario, implicaría violentar la naturaleza de la cosa juzgada." Máxime que el estudio de sus argumentos, son tendientes a controvertir lo considerando en un convenio celebrado entre las partes dentro del juicio de origen 1059/2016, el cual se elevó a cosa juzgada; aunado a que, respecto de lo ahí considerado, esta Juzgadora Federal carece de competencia legal para realizar pronunciamiento alguno. Bajo ese contexto, dentro del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, el legislador local previó los medios procesales que estimó adecuados para alterar y modificar lo determinado en dicho convenio, incidente que a la fecha se encuentra en trámite, y dentro del cual se determinará sí resulta procedente la modificación del convenio en lo referente a que las convivencias entre la menor quejosa y su madre; por ende, es que se encuentra impedido para decretar una orden diferente en el juicio de origen, y en todo caso, es dentro del incidente de modificación planteado, en el que se deberá dilucidar si es factible la modificación de convenio demandado por el padre quejoso, pues decretarlo en los términos solicitados por el amparista, implicaría una modificación al convenio, lo cual es materia del incidente promovido por el propio quejoso. Esto es, de acuerdo a la legislación adjetiva civil, lo pretendido por el peticionario del amparo, en cuanto a que el juez responsable, altere y modifique lo determinado en un convenio aprobado y elevado a cosa Juzgada, resulta inadmisible, pues para ello la ley establece los medios eficaces para logar ello. Mayormente, que el Juez responsable resolvió apegado a la norma y al interés superior del menor, esto es, se encuentra obligado a cumplir las condiciones referidas en el convenio judicial firmado por las partes (conservar la guarda y custodia de la menor y realizar las acciones necesarias para que convivan con su progenitora), en beneficio de su menor hija, situación que en nada afecta su esfera de derechos, toda vez que, por encima de ése derecho se ubica el diverso derecho de los menores a una convivencia libre, sana y armónica, así como a un ambiente idóneo y amoroso que garantice su crecimiento y desarrollo pleno, de ahí que el quejoso pueda hacer valer la medida cautelar como lo estableció la responsable, siempre y cuando no se afecten las convivencias establecidas en el convenio judicial y con las reservas de lo que se decida en dicha incidencia. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis de jurisprudencia sostenida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, número de Registro 2008896, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Materia(s) Constitucional, Página 1651, del siguiente texto: "VISITA Y CONVIVENCIA DE LOS MENORES CON SUS PROGENITORES. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL QUE TIENDE A PROTEGER EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS SIENDO, POR TANTO, DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme a los artículos 635 y 636 del Código Civil para el Estado de Puebla, la convivencia de los menores con sus padres y con la familia de ambos, permite el sano desarrollo de aquéllos, pues conlleva al conocimiento y trato directo que tienen los infantes con sus ascendientes y demás parientes a fin de lograr su cabal integración al núcleo familiar y obtener identidad plena al grupo social al que pertenecen. En tal virtud, el desarrollo normal de un menor se produce en el entorno de éste y su armonía con la familia y grupo social al que pertenece, que le permite y otorga la posibilidad en atención a sus capacidades físicas y mentales, para su preparación a una vida independiente en sociedad, con la percepción de respeto en razón a los derechos que les asisten a los demás; lo cual se logra alcanzar cuando se garantizan sus derechos a la vida, integridad física y mental, salud, identidad, familia y fundamentalmente la convivencia con los padres, en tanto que ello no le resulte más perjudicial que benéfico. En esos términos, el artículo 637 de la aludida codificación categóricamente establece: "No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales ni la convivencia entre el menor y sus parientes, ni siquiera cuando la patria potestad o la guarda corresponda a uno de ellos, por lo que en caso de oposición a la solicitud de cualquiera de ellos o incumplimiento del convenio en que las partes hubieren fijado el tiempo, modo y lugar para que los ascendientes que no tengan la guarda del menor lo visiten y convivan con él, el Juez de lo familiar resolverá lo conducente, en atención al interés superior del menor. ...". Por ello el tribunal contará con los medios eficaces que considere necesarios para decretar la convivencia en el modo y forma que beneficie a los menores y en caso de incumplimiento parcial o total podrá decretar las medidas de apremio que concede la ley o dar vista al Ministerio Público si del comportamiento de quien deba permitir la convivencia se desprende algún delito; y que sólo por mandato judicial expreso y fundado en causa justa podrá impedirse, suspenderse o perderse el derecho de convivencia a que se refiere dicho dispositivo legal. Atento a lo cual, el derecho de visita y convivencia con sus progenitores, debe catalogarse como un derecho fundamental del menor porque es tendente a proteger su interés superior, siendo éste por tanto de orden público y de interés social, y sólo se impedirá esa convivencia con alguno de sus padres cuando se estime razonadamente que resultaría más perjudicial que benéfico al menor. Por lo que, ante tal situación, en aras de ese supremo derecho que tienen los niños a ser amados y respetados, sin condición alguna, por regla general sus progenitores deben ejercer tanto la guarda y custodia, como el derecho de visita y convivencia, en un ambiente de comprensión y respeto para con sus hijos, procurando en todo momento su pleno desarrollo físico y mental. Y, concatenadamente, la autoridad judicial se encuentra obligada a que los menores puedan gozar de ese máximo principio de convivir con ambos padres y las familias de éstos, para lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin de proteger ese interés superior." Sin que el sentido de la determinación, vulnere en perjuicio del quejoso, el principio pro persona o pro homine que dispone el artículo 1º de la Constitución General de la República, que consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, en virtud de que ello no significa que el órgano jurisdiccional deba admitir todas las demanda de amparo aunque resulten improcedentes, ya que el derecho de instar el juicio constitucional es limitado, puesto que para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica al gobernado. Orienta a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, en la tesis aislada XI. 1º. A. T.3 K (10ª), visible en la página 1494, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3, Materia Constitucional, Décima Época, que a la letra dice: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, de conformidad con los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, puesto que para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, ello no se traduce en violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo". Y por las razones que lo informan el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis asilada 1ª.LXXXIV/2013, visible en la página 890, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Décima Época, que reza: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Asimismo, no pasa inadvertido para quien resuelve que la presente resolución se emitió conforme a la normatividad prevista por la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y, no obstante ello, se aplicaron algunos criterios jurisprudenciales y aislados emitidos con antelación a la nueva legislación de amparo; sin embargo, ello no es óbice, dado que el artículo sexto transitorio de aquélla dispone: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley". Lo que implica que dichos criterios son aplicables, mientras no contravengan lo plasmado en la nueva legislación de amparo; de ahí que puedan ser invocados en el presente fallo, a fin de proporcionar soporte jurídico a la decisión adoptada por este Juzgado Federal. Es de invocarse en ese aspecto, la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA". En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 107, fracción V de la invocada Ley, esté último aplicado a contrario sensu, el cual que dispone que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo en vigor; con apoyo en los artículos 112 y 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de garantías que promueve Alberto Rafael González Basave, por propio derecho y en representación de su menor hija, por notoriamente improcedente. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia penal Federal; publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil quince, así como artículo 3 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, digitalice las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información y toda información con el presente expediente.

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