Alberto Quintero López
Expediente 782/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 782/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Alberto Quintero López
Actuaciones
- Principal
Intégrese al expediente el oficio signado por el secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual solicita información respecto al estado procesal que guarda el presente asunto. En atención a lo anterior, se hace del conocimiento que el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se desechó la demanda de amparo promovida por Alberto Quintero López, contra actos del Comité Técnico del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México y otras autoridades. En consecuencia, el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve se ordenó el archivo definitivo del presente asunto. Se ordena vinculación de expediente electrónico
- Principal
En atención a la cuenta, se declara que la determinación referida ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. El expediente principal transcurrido cinco años, se destruirá en su totalidad. Este expediente no es de relevancia documental, jurídica e histórica.
- Principal
Vista la demanda de amparo, se procede analizar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En la Ley Nacional de Ejecución Penal se prevé un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar cuestiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin mayores formulismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo. El procedimiento judicial se encuentra encaminado a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a la vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sean cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta, emisión de tarjetas informativas o reportes médicos, entre otros actos que son impugnables ante el juez de ejecución respectivo, como en el caso, los derechos de las personas que desean ingresar a los centros carcelarios con el carácter de visitantes. Así, la negativa a permitir el ingreso de Antonia Benites Perez al centro carcelario, debió ser analizada en el mecanismo previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es decir, debió agotarse ese procedimiento jurisdiccional y resolverse la controversia antes de promover el juicio de amparo indirecto; el que solo procederá una vez que se agote el recurso de apelación contra la resolución que emita la autoridad judicial. En consecuencia, se desecha de plano la demanda.
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