Alberto Platón Herrera Vázquez
Expediente 51/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 51/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 02/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Alberto Platón Herrera Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión, contra la sentencia dictada en el juicio en que se actúa, misma en la que se negó el amparo; sin que las partes lo hayan hecho valer. En consecuencia, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y devuélvanse las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo, en virtud de que el sello de recibido por la citada autoridad hará las veces de acuse. Orden de archivo. De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que este expediente es susceptible de depuración toda vez que en el presente asunto se negó el amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, se hace constar que no obran documentos originales que deban ser devueltos a las partes. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
."agréguese la razón asentada por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, en la que hace constar el motivo por el cual no pudo notificar al quejoso Alberto Platón Herrera Vázquez, la sentencia dictada el dos de los cursantes. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a, de la Ley de Amparo, notifíquesele la sentencia mencionada, así como los subsecuentes proveídos que se dicten en forma personal, por medio de lista. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.---------------EN DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A QUEJOSO ALBERTO PLATON HERRERA VAZQUEZ, EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA DE DOS DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO DE LA FORMA SIGUIENTE:------."Sentencia..."En sus conceptos de violación el quejoso argumenta que la sala responsable violó en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica, pues dictó una sentencia incongruente al confirmar la sentencia emitida por la juez de origen en la que se le obliga a pagar cantidades estrafalarias por concepto de intereses moratorios. Continúa diciendo que la responsable no analizó todos los agravios hechos valer, y sin fundamentación y motivación determinó que la interlocutoria combatida se encontraba fundamentada. Aduce que la sala debió analizar de oficio la posible configuración de la usura y que contrario a lo sostenido por la responsable, no se respetó, ni promovió, ni garantizó sus derechos humanos, contenidos en la constitución y en los tratados internacionales de los que forma parte el Estado Mexicano. Que la responsable evade su responsabilidad de revisar una sentencia mal dictada, pues omitió analizar los agravios hechos valer. Aduce que los intereses se cuantíficaron desde el treinta y uno de agosto de dos mil catorce al treinta y uno de agosto de dos mil diecinueve, mientras que el juicio inicio en dos mil quince. Finalmente, señala que es ilegal que tenga que pagar por concepto de interés moratorio, casi la misma cantidad que la condena en la suerte principal. Los conceptos de violación se estiman infundados. Lo anterior, es así porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en jurisprudencia obligatoria que la regulación de intereses está limitada por la institución de la cosa juzgada, y por ello, la obligación de analizar de oficio los intereses de acuerdo al texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se comprende hasta antes del dictado de la sentencia definitiva. De otro modo, se generaría un ambiente de inseguridad jurídica, lo que a su vez provocaría pérdida de confianza en los órganos jurisdiccionales, como parte integrante del Estado. Por tanto, cuando ya existe cosa juzgada debe respetarse en sus términos, con todas sus consecuencias jurídicas, pues ésta no puede ser soslayada ni siquiera para aplicar algunos otros principios de origen constitucional, como el derecho de acceso efectivo a la jurisdicción, pues éste se encuentra debidamente garantizado en la medida que el propio sistema está integrado por diversas instancias y medios de defensa que en su momento procesal oportuno permitieron a los interesados impugnar oportunamente las decisiones jurisdiccionales, a fin de reparar cualquier vicio que pudieran tener. Además, no debe perderse de vista, que el principio de contradicción sustenta la estructura del juicio y, en esa medida, el derecho de acceso a la justicia no sólo implica que la controversia sea totalmente dirimida, sino que también comprende el derecho del vencedor a que se garantice la plena ejecución de la decisión del órgano jurisdiccional. En otras palabras, si la parte demandada estuvo en condiciones de ser escuchada en su defensa, ofrecer pruebas e incluso recurrir las decisiones que no le fueran favorables a sus intereses, es válido sostener que, dictada la sentencia definitiva, elevada a la categoría de cosa juzgada, ya no puede ser desconocida, ni siquiera frente a la actualización de circunstancias extraordinarias. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que no debe consentirse la impugnación de la cosa juzgada y no debe abrirse una nueva relación procesal sobre una cuestión jurídica que ya fue juzgada y cuyas etapas se encuentran definitivamente cerradas. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el incidente de liquidación no tiene otra finalidad más que precisar la cuantía de las prestaciones que fue condenado a cumplir el perdidoso en el juicio y así perfeccionar el fallo en los detalles relativos a esas condenas, que no pudieron cuantificarse en el fallo y son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución. En tal virtud, al margen de que la autoridad de la cosa juzgada es absoluta, se estima que el incidente de liquidación, por su naturaleza, no es un medio procesal adecuado para modificar lo resuelto, ni por excepción se puede sacrificar, pues los principios que inspiran la inmutabilidad de aquélla son absolutos y no pueden soslayarse ni siquiera so pretexto de aplicar algún otro principio de índole constitucional. De ahí que, al momento de emitir el fallo correspondiente, el juzgador, atendiendo al principio de congruencia que rige a las determinaciones judiciales, no sólo debe pronunciarse con relación a la suerte principal, sino además, en relación con los intereses devengados. Por ello, si bien al momento de emitir la sentencia correspondiente en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con lo dispuesto en los artículos 1o. y 133 de la Constitución Federal, el juzgador está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, una vez que la resolución respectiva queda firme, esa decisión se vuelve inmutable, por lo que ésta debe ejecutarse en sus términos. No pasa inadvertido que mientras no se cubra la suerte principal, los intereses se siguen generando, empero, ello no puede conducir a considerar que, si bien ya no se puede ejercer el control de usura sobre los que se han producido hasta el momento en que se emitió la sentencia, sí podría hacerse respecto de los que se sigan generando después, pues no debe perderse de vista que cuando se emite la decisión respectiva, la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca los intereses que ya se devengaron, sino todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal. De ahí que, la circunstancia de que los intereses se sigan devengando, aun después de emitida la sentencia no autoriza a considerar que en la etapa de ejecución de sentencia pueda ejercerse el control de usura respecto de éstos, pues aun y cuando se están generando con posterioridad, lo cierto es que la condena que obliga a su pago a una tasa específica en monto porcentual, deriva de una sentencia que se encuentra firme, de ahí que pese a la obligación que tienen los juzgadores de proteger, respetar y promover los derechos humanos, no es dable que en la etapa de ejecución se pretenda ejercer un control de usura sobre los intereses devengados, ni siquiera aún de los que se siguen generando después de emitida la sentencia que condena a su pago. Por lo expuesto, se estima que la determinación de la sala responsable es correcta, pues contrario a lo argumentado por el quejoso, no es dable realizar un estudio de la usura en el presente asunto, pues como ya se plasmó en párrafos que preceden, el estudio de la citada figura tiene como límite la institución de la cosa juzgada; de ahí que no pueda realizarse el estudio que aduce el quejoso violó sus garantías. Ahora bien, se atiende a la violación formal en el sentido de que el acto reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado. Para ello, resulta necesario imponerse del contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto que en lo que interesa prevé: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]". La lectura del numeral transcrito permite establecer que en éste se consagra el derecho de legalidad que prevé la Constitución, consistente en la debida fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos. De ello resulta que por fundamentación del acto de autoridad se entiende que éste debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general; o sea, que la ley prevea una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad, es decir, que exista una ley que así lo autorice, de tal manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite de acuerdo al principio de legalidad. Ahora bien, por motivación del acto de autoridad, debe entenderse en el sentido que, al existir una norma jurídica, el caso o situación respecto del que se pretende realizar un acto autoritario de molestia, sean aquellos a que alude la disposición legal fundatoria; de esta suerte, la motivación indica que las circunstancias y modalidades del caso particular encuadran dentro del marco general correspondiente establecido por la ley, así, si una determinada conducta no corresponde o no encuadra en el caso concreto establecido por la ley, el acto de autoridad respectivo violará la exigencia de la motivación legal, por más que se hubiese previsto en una norma, es decir, aunque esté debidamente fundado. En síntesis, la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en el que éste va a operar o surtir sus efectos. En conclusión, para que una autoridad cumpla con la debida fundamentación y motivación a que se refiere el derecho de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución, es necesario que en sus determinaciones se citen los preceptos legales que le sirvan de apoyo y, además, debe expresar los razonamientos lógicos y jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los supuestos de la norma que invoca. Esto es, el denominado silogismo jurídico, en el que debe partirse de dos premisas fundamentales que necesariamente arribarán a una conclusión, esto es, de una tesis fundamental (como normatividad general), debe ser contrapuesta una antítesis o fenómeno particular, que en el ámbito de la conducta de los gobernados, otorgue una síntesis o situación concreta y permita concluir un razonamiento adecuado y aplicable. .."Precisados los alcances de lo que debe entenderse por la fundamentación y motivación, el suscrito advierte que el motivo de disenso debe desestimarse. Es así, porque contrario a lo que propone el impetrante, la autoridad responsable, sí fundó y motivó su determinación, en la que resolvió confirmar la interlocutoria recurrida, pues consideró que eran infundadas las aseveraciones vertidas por el ahora quejoso y estableció lo siguiente: ". se estima pertinente precisar las consideraciones expuestas por el Juez para aprobar la liquidación de intereses ordinarios y de intereses moratorios formulada por el actor, que son: Examina la sentencia definitiva de fecha seis de octubre de dos mil diecisiete, para precisar la condena decretada en su segundo resolutivo, así como transcribe la parte conducente del considerando tercero de dicho fallo en que se resolvió sobre la procedencia del pago de los intereses ordinarios y de los intereses moratorios. Refiere que la incidentista sustentada en la resolución de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, señala que el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México para el año dos mil diecinueve era de $102.68 pesos, que multiplicada por el factor 30.4 que es el número de días que tiene un mes calendario para obtener el salario mínimo mensual atento a lo pactado en el documento base de la acción, daba como resultado la cantidad de $3,121.47 pesos. Precisó que, para corroborar las operaciones aritméticas realizadas por el actor, multiplicó el monto del salario mínimo mensual vigente por 80.96, monto de lo condenado por concepto de intereses ordinarios causados del treinta y uno de octubre de dos mil doce al treinta y uno de agosto de dos mil trece, obteniendo como resultado total la cantidad de $252,714.21 pesos, que es conforme con el estado de cuenta certificado. Estableció que respecto de la cuantificación de los intereses moratorios causados del treinta y uno de agosto de dos mil catorce al treinta y uno de agosto de dos mil diecinueve, tenía en cuenta lo estipulado en la cláusula sexta del contrato de crédito base de la acción; y conforme a dicha cláusula determinó que la tasa moratoria era 15.69, que al multiplicarla por 762.40 vsm que es el monto de lo condenado por concepto de intereses moratorios causados en el período indicado, daba como resultado la suma de $2,267,435.80 pesos, que es conforme con el estado de cuenta certificado. [.] En tal virtud, si acorde a la precisión de las consideraciones contenidas en la resolución impugnada que se hizo en párrafos anteriores, el A quo fijó las referidas bases mediante la transcripción del segundo resolutivo de la sentencia definitiva, así como del tercer considerando que rige la condena al pago de intereses ordinarios y moratorios; señaló el monto del salario mínimo diario determinado por la autoridad competente para definir el salario mínimo mensual y efectuó las operaciones aritméticas pertinentes para obtener el equivalente en moneda nacional de los importes en salarios mínimos a que fue condenado el demandado, entonces se concluye que se encuentra fundamentada la sentencia interlocutoria apelada, en términos de la jurisprudencia siguiente: "FUNDAMENTACIÓN. GARANTÍA DE. SE CUMPLE AUN CUANDO LA AUTORIDAD OMITA CITAR LOS PRECEPTOS QUE APOYAN SU DECISIÓN." De lo que se advierte que la sala responsable sí atendió la inconformidad hecha valer por el ahora quejoso y motivó su actuar como se advierte de la anterior transcripción, aunado a que, acertadamente también estableció que el examen de la usura encuentra su límite en la institución de la cosa juzgada. De lo narrado se tiene que, no le asiste razón al peticionario del amparo, al sostener que la decisión adoptada por la responsable, le vulnera derechos humanos y es carente de fundamentación y motivación, porque contrario a lo que arguye, la autoridad responsable sí fundó y motivó el por qué no prosperaron sus agravios. Finalmente, no ha lugar a emitir pronunciamiento en relación con los alegatos que hace valer la tercera interesada, ya que, al no constituir parte de la litis en el juicio de amparo indirecto, no existe la obligación de estudiarlos. IX. DECISIÓN Al resultar infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar al quejoso la protección de la Justicia de la Unión, en contra del acto reclamado a la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por lo anteriormente fundado y motivado se RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alberto Platón Herrera Vázquez, por propio derecho, contra los actos de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por las razones expresadas en el penúltimo considerando de este fallo. Notifíquese personalmente a las partes.
- Principal
."Sentencia..."En sus conceptos de violación el quejoso argumenta que la sala responsable violó en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica, pues dictó una sentencia incongruente al confirmar la sentencia emitida por la juez de origen en la que se le obliga a pagar cantidades estrafalarias por concepto de intereses moratorios. Continúa diciendo que la responsable no analizó todos los agravios hechos valer, y sin fundamentación y motivación determinó que la interlocutoria combatida se encontraba fundamentada. Aduce que la sala debió analizar de oficio la posible configuración de la usura y que contrario a lo sostenido por la responsable, no se respetó, ni promovió, ni garantizó sus derechos humanos, contenidos en la constitución y en los tratados internacionales de los que forma parte el Estado Mexicano. Que la responsable evade su responsabilidad de revisar una sentencia mal dictada, pues omitió analizar los agravios hechos valer. Aduce que los intereses se cuantíficaron desde el treinta y uno de agosto de dos mil catorce al treinta y uno de agosto de dos mil diecinueve, mientras que el juicio inicio en dos mil quince. Finalmente, señala que es ilegal que tenga que pagar por concepto de interés moratorio, casi la misma cantidad que la condena en la suerte principal. Los conceptos de violación se estiman infundados. Lo anterior, es así porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en jurisprudencia obligatoria que la regulación de intereses está limitada por la institución de la cosa juzgada, y por ello, la obligación de analizar de oficio los intereses de acuerdo al texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se comprende hasta antes del dictado de la sentencia definitiva. De otro modo, se generaría un ambiente de inseguridad jurídica, lo que a su vez provocaría pérdida de confianza en los órganos jurisdiccionales, como parte integrante del Estado. Por tanto, cuando ya existe cosa juzgada debe respetarse en sus términos, con todas sus consecuencias jurídicas, pues ésta no puede ser soslayada ni siquiera para aplicar algunos otros principios de origen constitucional, como el derecho de acceso efectivo a la jurisdicción, pues éste se encuentra debidamente garantizado en la medida que el propio sistema está integrado por diversas instancias y medios de defensa que en su momento procesal oportuno permitieron a los interesados impugnar oportunamente las decisiones jurisdiccionales, a fin de reparar cualquier vicio que pudieran tener. Además, no debe perderse de vista, que el principio de contradicción sustenta la estructura del juicio y, en esa medida, el derecho de acceso a la justicia no sólo implica que la controversia sea totalmente dirimida, sino que también comprende el derecho del vencedor a que se garantice la plena ejecución de la decisión del órgano jurisdiccional. En otras palabras, si la parte demandada estuvo en condiciones de ser escuchada en su defensa, ofrecer pruebas e incluso recurrir las decisiones que no le fueran favorables a sus intereses, es válido sostener que, dictada la sentencia definitiva, elevada a la categoría de cosa juzgada, ya no puede ser desconocida, ni siquiera frente a la actualización de circunstancias extraordinarias. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que no debe consentirse la impugnación de la cosa juzgada y no debe abrirse una nueva relación procesal sobre una cuestión jurídica que ya fue juzgada y cuyas etapas se encuentran definitivamente cerradas. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el incidente de liquidación no tiene otra finalidad más que precisar la cuantía de las prestaciones que fue condenado a cumplir el perdidoso en el juicio y así perfeccionar el fallo en los detalles relativos a esas condenas, que no pudieron cuantificarse en el fallo y son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución. En tal virtud, al margen de que la autoridad de la cosa juzgada es absoluta, se estima que el incidente de liquidación, por su naturaleza, no es un medio procesal adecuado para modificar lo resuelto, ni por excepción se puede sacrificar, pues los principios que inspiran la inmutabilidad de aquélla son absolutos y no pueden soslayarse ni siquiera so pretexto de aplicar algún otro principio de índole constitucional. De ahí que, al momento de emitir el fallo correspondiente, el juzgador, atendiendo al principio de congruencia que rige a las determinaciones judiciales, no sólo debe pronunciarse con relación a la suerte principal, sino además, en relación con los intereses devengados. Por ello, si bien al momento de emitir la sentencia correspondiente en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con lo dispuesto en los artículos 1o. y 133 de la Constitución Federal, el juzgador está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, una vez que la resolución respectiva queda firme, esa decisión se vuelve inmutable, por lo que ésta debe ejecutarse en sus términos. No pasa inadvertido que mientras no se cubra la suerte principal, los intereses se siguen generando, empero, ello no puede conducir a considerar que, si bien ya no se puede ejercer el control de usura sobre los que se han producido hasta el momento en que se emitió la sentencia, sí podría hacerse respecto de los que se sigan generando después, pues no debe perderse de vista que cuando se emite la decisión respectiva, la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca los intereses que ya se devengaron, sino todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal. De ahí que, la circunstancia de que los intereses se sigan devengando, aun después de emitida la sentencia no autoriza a considerar que en la etapa de ejecución de sentencia pueda ejercerse el control de usura respecto de éstos, pues aun y cuando se están generando con posterioridad, lo cierto es que la condena que obliga a su pago a una tasa específica en monto porcentual, deriva de una sentencia que se encuentra firme, de ahí que pese a la obligación que tienen los juzgadores de proteger, respetar y promover los derechos humanos, no es dable que en la etapa de ejecución se pretenda ejercer un control de usura sobre los intereses devengados, ni siquiera aún de los que se siguen generando después de emitida la sentencia que condena a su pago. Por lo expuesto, se estima que la determinación de la sala responsable es correcta, pues contrario a lo argumentado por el quejoso, no es dable realizar un estudio de la usura en el presente asunto, pues como ya se plasmó en párrafos que preceden, el estudio de la citada figura tiene como límite la institución de la cosa juzgada; de ahí que no pueda realizarse el estudio que aduce el quejoso violó sus garantías. Ahora bien, se atiende a la violación formal en el sentido de que el acto reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado. Para ello, resulta necesario imponerse del contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto que en lo que interesa prevé: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]". La lectura del numeral transcrito permite establecer que en éste se consagra el derecho de legalidad que prevé la Constitución, consistente en la debida fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos. De ello resulta que por fundamentación del acto de autoridad se entiende que éste debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general; o sea, que la ley prevea una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad, es decir, que exista una ley que así lo autorice, de tal manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite de acuerdo al principio de legalidad. Ahora bien, por motivación del acto de autoridad, debe entenderse en el sentido que, al existir una norma jurídica, el caso o situación respecto del que se pretende realizar un acto autoritario de molestia, sean aquellos a que alude la disposición legal fundatoria; de esta suerte, la motivación indica que las circunstancias y modalidades del caso particular encuadran dentro del marco general correspondiente establecido por la ley, así, si una determinada conducta no corresponde o no encuadra en el caso concreto establecido por la ley, el acto de autoridad respectivo violará la exigencia de la motivación legal, por más que se hubiese previsto en una norma, es decir, aunque esté debidamente fundado. En síntesis, la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en el que éste va a operar o surtir sus efectos. En conclusión, para que una autoridad cumpla con la debida fundamentación y motivación a que se refiere el derecho de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución, es necesario que en sus determinaciones se citen los preceptos legales que le sirvan de apoyo y, además, debe expresar los razonamientos lógicos y jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los supuestos de la norma que invoca. Esto es, el denominado silogismo jurídico, en el que debe partirse de dos premisas fundamentales que necesariamente arribarán a una conclusión, esto es, de una tesis fundamental (como normatividad general), debe ser contrapuesta una antítesis o fenómeno particular, que en el ámbito de la conducta de los gobernados, otorgue una síntesis o situación concreta y permita concluir un razonamiento adecuado y aplicable. .."Precisados los alcances de lo que debe entenderse por la fundamentación y motivación, el suscrito advierte que el motivo de disenso debe desestimarse. Es así, porque contrario a lo que propone el impetrante, la autoridad responsable, sí fundó y motivó su determinación, en la que resolvió confirmar la interlocutoria recurrida, pues consideró que eran infundadas las aseveraciones vertidas por el ahora quejoso y estableció lo siguiente: ". se estima pertinente precisar las consideraciones expuestas por el Juez para aprobar la liquidación de intereses ordinarios y de intereses moratorios formulada por el actor, que son: Examina la sentencia definitiva de fecha seis de octubre de dos mil diecisiete, para precisar la condena decretada en su segundo resolutivo, así como transcribe la parte conducente del considerando tercero de dicho fallo en que se resolvió sobre la procedencia del pago de los intereses ordinarios y de los intereses moratorios. Refiere que la incidentista sustentada en la resolución de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, señala que el salario mínimo diario vigente en la Ciudad de México para el año dos mil diecinueve era de $102.68 pesos, que multiplicada por el factor 30.4 que es el número de días que tiene un mes calendario para obtener el salario mínimo mensual atento a lo pactado en el documento base de la acción, daba como resultado la cantidad de $3,121.47 pesos. Precisó que, para corroborar las operaciones aritméticas realizadas por el actor, multiplicó el monto del salario mínimo mensual vigente por 80.96, monto de lo condenado por concepto de intereses ordinarios causados del treinta y uno de octubre de dos mil doce al treinta y uno de agosto de dos mil trece, obteniendo como resultado total la cantidad de $252,714.21 pesos, que es conforme con el estado de cuenta certificado. Estableció que respecto de la cuantificación de los intereses moratorios causados del treinta y uno de agosto de dos mil catorce al treinta y uno de agosto de dos mil diecinueve, tenía en cuenta lo estipulado en la cláusula sexta del contrato de crédito base de la acción; y conforme a dicha cláusula determinó que la tasa moratoria era 15.69, que al multiplicarla por 762.40 vsm que es el monto de lo condenado por concepto de intereses moratorios causados en el período indicado, daba como resultado la suma de $2,267,435.80 pesos, que es conforme con el estado de cuenta certificado. [.] En tal virtud, si acorde a la precisión de las consideraciones contenidas en la resolución impugnada que se hizo en párrafos anteriores, el A quo fijó las referidas bases mediante la transcripción del segundo resolutivo de la sentencia definitiva, así como del tercer considerando que rige la condena al pago de intereses ordinarios y moratorios; señaló el monto del salario mínimo diario determinado por la autoridad competente para definir el salario mínimo mensual y efectuó las operaciones aritméticas pertinentes para obtener el equivalente en moneda nacional de los importes en salarios mínimos a que fue condenado el demandado, entonces se concluye que se encuentra fundamentada la sentencia interlocutoria apelada, en términos de la jurisprudencia siguiente: "FUNDAMENTACIÓN. GARANTÍA DE. SE CUMPLE AUN CUANDO LA AUTORIDAD OMITA CITAR LOS PRECEPTOS QUE APOYAN SU DECISIÓN." De lo que se advierte que la sala responsable sí atendió la inconformidad hecha valer por el ahora quejoso y motivó su actuar como se advierte de la anterior transcripción, aunado a que, acertadamente también estableció que el examen de la usura encuentra su límite en la institución de la cosa juzgada. De lo narrado se tiene que, no le asiste razón al peticionario del amparo, al sostener que la decisión adoptada por la responsable, le vulnera derechos humanos y es carente de fundamentación y motivación, porque contrario a lo que arguye, la autoridad responsable sí fundó y motivó el por qué no prosperaron sus agravios. Finalmente, no ha lugar a emitir pronunciamiento en relación con los alegatos que hace valer la tercera interesada, ya que, al no constituir parte de la litis en el juicio de amparo indirecto, no existe la obligación de estudiarlos. IX. DECISIÓN Al resultar infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar al quejoso la protección de la Justicia de la Unión, en contra del acto reclamado a la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por lo anteriormente fundado y motivado se RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alberto Platón Herrera Vázquez, por propio derecho, contra los actos de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por las razones expresadas en el penúltimo considerando de este fallo. Notifíquese personalmente a las partes.
- Principal
CITATORIO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A BBVA Bancomer, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero BBVA Bancomer, por conducto de quien legalmente le represente, EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA DE 02/08/2021
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