Alberto Pérez Zaragoza

Expediente 256/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 32 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
256/2023
Año
2023
Actuaciones
32
Última actuación
26/07/2023

Partes del expediente

  • Alberto Pérez Zaragoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación de cuenta, así como el estado de autos, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días hábiles previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra del acuerdo en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Ahora bien, ya que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, conservación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído fuera de audiencia, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción ll, del referido Acuerdo General. De igual forma, el cuaderno original del incidente de suspensión el cual es conservable, según lo dispone el numeral 17, fracción III, inciso b), del acuerdo en cita. En el entendido de que, el citado cuaderno, deberá ser transferido una vez que cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, lo que se estima acontecerá a partir del veintiséis de julio de dos mil veintiséis. El duplicado del incidente de suspensión es destruible, lo que acontecerá una vez transcurrido el plazo de seis meses a que alude el propio Acuerdo en el artículo 19, fracción II, inciso a). Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula de los expedientes. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/drm

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, siete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la constancia actuarial que antecede de la que se advierte la imposibilidad de notificar personalmente el acuerdo de cinco de julio de dos mil veintitrés, a los terceros interesados Juana Pacheco Alvarado, Jesús Morales León y Roberto Martínez Santisbaez, por los motivos ahí expuestos. Por tanto, se ordena notificarles por lista en los estrados de este Juzgado el auto de cinco de julio de dos mil veintitrés y las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto señalen domicilio para tal efecto; lo anterior, de conformidad por lo dispuesto por el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/drm

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, cinco de julio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III Y 29 DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE TERCERO INTERESADA, EL ACUERDO DE CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS: Tijuana, Baja California, cinco de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de veintisiete de junio del año en curso y remite las constancias solicitadas. Asimismo, se le tiene anunciando como pruebas de su parte el disco versátil digital que anexa, el cual será tomado en consideración en el momento procesal oportuno en términos del artículo 119 de la Ley de la materia, sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción del contenido de éste. En consecuencia, glósese a los autos el referido disco, quedando a disposición de las partes para su consulta; en el entendido de que, si es su deseo imponerse de éste, su reproducción se realizará en las instalaciones de este Juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece, al resolver la contradicción de tesis 455/2012 entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito) (actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito), pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación que al rubro dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Luego, de las constancias que se anexan al oficio que se atiende, consistente en copia digital de la audiencia inicial de tres de julio de dos mil veintitrés, desahogada en la causa penal 318/2022, se advierte que, con motivo del auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso, por el delito de despojo, la autoridad responsable ordenó la cancelación de la orden de aprehensión girada en su contra; constancias a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo expuesto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, debido a un cambio en la situación jurídica del quejoso. Para avalar la postura que antecede, es pertinente destacar el contenido del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica [...]" Del numeral transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento administrativo, cuando por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento, por no poder decidirse en éste sin afectar la nueva situación jurídica; lo que se considera acontece en el presente asunto. En efecto, de las constancias que integran el presente juicio de derechos fundamentales, se desprende que Alberto Pérez Zaragoza, reclama de las autoridades responsables lo siguiente: "[.] De las autoridades señaladas como responsables en su doble carácter de ordenadoras y ejecutorias; RECLAMO LA ORDEN DE APREHENSIÓN, CITACIÓN, PRESENTACIÓN, DETENCIÓN Y PRIVACIÓN DE MI LIBERTAD FUERA DE PROCEDIMIENTO misma que tratan de cumplimentas por conducto de sus agentes. [.]" Orden de captura que fue emitida el once de septiembre de dos mil veinte. Sin embargo, de las constancias que fueron remitidas y previamente valoradas, se desprende que la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, el tres de julio de dos mil veintitrés, celebró la audiencia inicial en la causa penal 318/2022, y en esa misma fecha dictó auto de vinculación a proceso en contra de Alberto Pérez Zaragoza, por su participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de despojo, motivo por el cual, se ordenó la cancelación de la orden de aprehensión girada en su contra; incluso, posterior a la emisión del auto de vinculación a proceso, se planteó y se concedió la suspensión condicional del proceso. En ese sentido, es claro que al haberse emitido una resolución -auto de vinculación a proceso- que determinó la nueva situación jurídica del quejoso en la causa penal 318/2022, quedaron consumadas en forma irreparable las violaciones reclamadas en relación con la orden de aprehensión, ello en virtud del cambio de situación jurídica que operó en la persona de Alberto Pérez Zaragoza, por no poderse decidir en el procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica creada con motivo del auto de vinculación a proceso de tres de julio de dos mil veintitrés. Sustenta lo anterior, la tesis VI.1o.P.4 P (11a.) sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, registro digital 2026821, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y EL JUEZ DE CONTROL RESPONSABLE INFORMA QUE DICTÓ AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO AL IMPUTADO. Hechos: El quejoso, con la calidad de imputado, promovió juicio de amparo indirecto en el que señaló como actos reclamados una orden de aprehensión y su ejecución. La Jueza Federal admitió la demanda y durante el trámite determinó sobreseer en el juicio de amparo indirecto fuera de audiencia constitucional, al advertir actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en tanto que el Juez de Control señalado como autoridad responsable, le informó la ejecución de la orden de captura y desahogo de la audiencia inicial, al grado de quedar bajo los términos de un auto de vinculación a proceso e, incluso, de una medida cautelar. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito avala la determinación de la Jueza Federal de sobreseer en el juicio fuera de audiencia constitucional, porque en el caso concreto se actualizó un cambio de situación jurídica con la ejecución de la orden de captura librada contra el quejoso, al grado de quedar bajo los términos de un auto de vinculación a proceso e, incluso, de una medida cautelar, emitidos por una autoridad judicial, lo cual actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional. Justificación: Cuando el acto reclamado consiste en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informa que se ejecutó, se celebró la audiencia inicial y se vinculó a proceso al imputado, necesariamente se genera un cambio en la situación personal que guardaba el quejoso antes de la ejecución de la orden de aprehensión reclamada, lo cual conlleva no poder resolver respecto a las violaciones que el solicitante de la tutela constitucional aduce entraña el dictado y ejecución de la orden de captura combatida, sin afectar la nueva situación jurídica creada al dictarse el auto de vinculación a proceso en su contra, tomando en cuenta que se consideran consumadas de modo irreparable las violaciones reclamadas que, asevera, se cometieron al librarse la orden de captura impugnada y, por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa al cambio de situación jurídica, lo cual hace procedente sobreseer en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional, porque ningún objeto tendría continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas en la audiencia constitucional, si nada podría desvirtuar esa conclusión, pues la causa de improcedencia es manifiesta e indudable. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 190/2022. 22 de septiembre de 2022. Unanimidad de votos. Ponente: Gabriel Alejandro Zúñiga Romero. Secretaria: Loreto Mejía Lucero. Esta tesis se publicó el viernes 30 de junio de 2023 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Así como la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008, página 270, Novena Época, registro digital 169410, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Contradicción de tesis 129/2007-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito. 30 de enero de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Bonilla López. Tesis de jurisprudencia 17/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha seis de febrero de dos mil ocho. Nota: Las tesis 2a./J. 10/2003 y P./J. 15/2003, citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XVII, marzo de 2003, página 386 y XVIII, julio de 2003, página 12, respectivamente." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En consecuencia, se ordena dejar sin efecto la audiencia constitucional señalada en autos; debiéndose hacer la anotación correspondiente en la agenda que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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