Alberto Perera Puc

Expediente 277/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
277/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
21/07/2017

Partes del expediente

  • Alberto Perera Puc
  • Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, quien sería la única legitimada, interpusiera recurso de revisión contra del auto dictado el veintinueve de junio de dos mil diecisiete (foja 49 a 52), dictado en el juicio en que se actúa, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales. En razón de ello, de conformidad con el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proceda a recoger los documentos que exhibió en autos, con el apercibimiento que de no hacerlo así, podrán ser destruidos junto con el expediente. Por otra parte, toda vez que de la segunda de las certificaciones de cuenta, se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción II, del referido acuerdo, se establece que después de transcurridos cinco años este expediente es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído fuera de audiencia.

  2. CITATORIOAcuerdo: Chetumal, Quintana Roo, veintinueve de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos las comunicaciones de cuenta signados por el Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo folio (7016), mediante el cual rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la autoridad responsable, las documentales que remite relativas al expediente DI-84/2002 consistentes en: Copia certificada del escrito de fecha dos de febrero de dos mil diecisiete. Copia certificada del escrito de fecha dieciocho de abril de dos mil diecisiete. Copia certificada del acuerdo de fecha veintitrés de junio de dos ml diecisiete. Copia certificada de comparecencia de fecha veintidós de junio de dos mil diecisiete Asimismo, se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por Juan Carlos Encalada Pech, autorizado de la parte actora (folio 7052), mediante el cual informa que en auto de veintitrés de junio del año en curso llego a un arreglo con su representando, por lo que solicita se sobresea el presente juicio de amparo, para justificar ello anexa la documentación consistente en: Copia simple de comparecencia de fecha veintidós de junio de dos mil diecisiete ante la Junta responsable, al expediente DI-84/2002. Una vez establecido lo anterior, cabe señalar que el análisis de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del Juez de amparo que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7º.P.13 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto.". Ahora, conviene precisar que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación con la causal de sobreseimiento a que se refiere la fracción V del numeral 63, ambos de la ley de la materia, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". Sin duda, de los preceptos y fracciones transcritas válidamente se puede establecer que el juicio de amparo deviene improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por tanto, es inconcuso que, al respecto, cesaron los efectos del acto reclamado en este juicio de derechos fundamentales, lo que hace imperioso el sobreseimiento del mismo fuera de audiencia constitucional, dado que se ha actualizado una causal de improcedencia manifiesta e indudable. Resulta pertinente destacar que en el presente asunto, Alberto Perera Puc reclamó lo siguiente: "IV.- Acto Reclamado: Reclamo del C. Presidente de la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, como autoridad responsable la indebida privación a mi derecho de acceso a la administración de justicia, médiate la pasividad de administrarme justicia en los autos del juicio laboral DI-84/2002, ya que son dos solicitudes sin respuesta que subsisten en mi perjuicio: la primera promovida en dos de febrero de dos mil diecisiete, solicitado a la responsable se dicte auto de requerimiento de pago y/o embargo para dar cumplimiento al pago del laudo condenatorio dictado en el juicio laboral, toda vez que la parte demanda no hicieron el pago total y se negaron a pagar a mi favor la cantidad de $ 3,736,901.48 (TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA SEIS MIL NOVECIENTOS UN PESOS 48/100 M.N.) en ese entonces; la segunda promovida en fecha dieciocho de abril de dos mil diecisiete solicitando de nueva cuenta a la responsable dicte auto de requerimiento de pago y/o embargo ahora por la cantidad de $ 3,801,749.49 ( TRES MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N.) salvo error aritmético, para dar cumplimiento total al adeudo, así como se continúe con el procedimiento de etapa de ejecución y pueda obtener el pago de las prestaciones que se me adeudan ya que fueron condenada a la parte demandada. Siendo el caso que hasta la presente fecha, ha transcurrido con exceso el término prudente de la ley que la responsable se pronuncie respecto a mis solicitudes, menoscabando mi derecho de acceso a una justicia pronta y expedita, con ello violando lo consignado al artículo 8 Constitucional y demás dispositivos, toda vez transcurrido más de tres meses sin que la responsable haya hecho pronunciamiento alguno sobre lo solicitado." Esto es, de la transcripción que antecede, así como del análisis integral del escrito de demanda de amparo, se desprende que la parte promovente se duele de la omisión de emitir los autos o acuerdos que resuelvan la solicitud presentada en oficialía de partes con fechas dos de febrero y dieciocho de abril ambos de dos mil diecisiete dentro del expediente DI-84/2002, mediante el cual solicita en ambos escritos se diera cumplimiento al laudo dictado en autos del citado expediente laboral. Por su parte, el Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, adjuntó al oficio de cuenta copia certificada de los acuerdos de fecha veintidós y veintitrés ambos junio de dos mil diecisiete. A las referidas constancias se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". En ese orden se estima notoria, manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que la autoridad responsable acordó en fecha veintitrés de junio de dos mil diecisiete, respecto a lo solicitado por la parte actora mediante escritos de fecha dos de febrero y ocho de abril ambos del año en curso dentro del expediente DI-84/2002; determinación que fue notificada por estrados el veintiséis de junio del año en curso, en ese tenor, se reitera, debe considerarse que en la especie cesaron los efectos del acto reclamado en este asunto. En efecto, cuando la causal de improcedencia que se actualiza es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sustentan las anteriores consideraciones la jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, febrero de 1998, tomo VII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Asimismo la tesis 97, visible en la página 71, noviembre de 1997, tomo VI, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, por virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las diez horas con treinta minutos del día trece de julio de dos mil diecisiete. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Aarón Alberto Pereira Lizama, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, asistido del licenciado Marco Vinicio Alvarado Sanz, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. CITATORIOAcuerdo: Chetumal, Quintana Roo, veintinueve de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos las comunicaciones de cuenta signados por el Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo folio (7016), mediante el cual rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la autoridad responsable, las documentales que remite relativas al expediente DI-84/2002 consistentes en: Copia certificada del escrito de fecha dos de febrero de dos mil diecisiete. Copia certificada del escrito de fecha dieciocho de abril de dos mil diecisiete. Copia certificada del acuerdo de fecha veintitrés de junio de dos ml diecisiete. Copia certificada de comparecencia de fecha veintidós de junio de dos mil diecisiete Asimismo, se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por Juan Carlos Encalada Pech, autorizado de la parte actora (folio 7052), mediante el cual informa que en auto de veintitrés de junio del año en curso llego a un arreglo con su representando, por lo que solicita se sobresea el presente juicio de amparo, para justificar ello anexa la documentación consistente en: Copia simple de comparecencia de fecha veintidós de junio de dos mil diecisiete ante la Junta responsable, al expediente DI-84/2002. Una vez establecido lo anterior, cabe señalar que el análisis de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del Juez de amparo que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7º.P.13 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto.". Ahora, conviene precisar que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación con la causal de sobreseimiento a que se refiere la fracción V del numeral 63, ambos de la ley de la materia, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". Sin duda, de los preceptos y fracciones transcritas válidamente se puede establecer que el juicio de amparo deviene improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por tanto, es inconcuso que, al respecto, cesaron los efectos del acto reclamado en este juicio de derechos fundamentales, lo que hace imperioso el sobreseimiento del mismo fuera de audiencia constitucional, dado que se ha actualizado una causal de improcedencia manifiesta e indudable. Resulta pertinente destacar que en el presente asunto, Alberto Perera Puc reclamó lo siguiente: "IV.- Acto Reclamado: Reclamo del C. Presidente de la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, como autoridad responsable la indebida privación a mi derecho de acceso a la administración de justicia, médiate la pasividad de administrarme justicia en los autos del juicio laboral DI-84/2002, ya que son dos solicitudes sin respuesta que subsisten en mi perjuicio: la primera promovida en dos de febrero de dos mil diecisiete, solicitado a la responsable se dicte auto de requerimiento de pago y/o embargo para dar cumplimiento al pago del laudo condenatorio dictado en el juicio laboral, toda vez que la parte demanda no hicieron el pago total y se negaron a pagar a mi favor la cantidad de $ 3,736,901.48 (TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA SEIS MIL NOVECIENTOS UN PESOS 48/100 M.N.) en ese entonces; la segunda promovida en fecha dieciocho de abril de dos mil diecisiete solicitando de nueva cuenta a la responsable dicte auto de requerimiento de pago y/o embargo ahora por la cantidad de $ 3,801,749.49 ( TRES MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N.) salvo error aritmético, para dar cumplimiento total al adeudo, así como se continúe con el procedimiento de etapa de ejecución y pueda obtener el pago de las prestaciones que se me adeudan ya que fueron condenada a la parte demandada. Siendo el caso que hasta la presente fecha, ha transcurrido con exceso el término prudente de la ley que la responsable se pronuncie respecto a mis solicitudes, menoscabando mi derecho de acceso a una justicia pronta y expedita, con ello violando lo consignado al artículo 8 Constitucional y demás dispositivos, toda vez transcurrido más de tres meses sin que la responsable haya hecho pronunciamiento alguno sobre lo solicitado." Esto es, de la transcripción que antecede, así como del análisis integral del escrito de demanda de amparo, se desprende que la parte promovente se duele de la omisión de emitir los autos o acuerdos que resuelvan la solicitud presentada en oficialía de partes con fechas dos de febrero y dieciocho de abril ambos de dos mil diecisiete dentro del expediente DI-84/2002, mediante el cual solicita en ambos escritos se diera cumplimiento al laudo dictado en autos del citado expediente laboral. Por su parte, el Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, adjuntó al oficio de cuenta copia certificada de los acuerdos de fecha veintidós y veintitrés ambos junio de dos mil diecisiete. A las referidas constancias se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". En ese orden se estima notoria, manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que la autoridad responsable acordó en fecha veintitrés de junio de dos mil diecisiete, respecto a lo solicitado por la parte actora mediante escritos de fecha dos de febrero y ocho de abril ambos del año en curso dentro del expediente DI-84/2002; determinación que fue notificada por estrados el veintiséis de junio del año en curso, en ese tenor, se reitera, debe considerarse que en la especie cesaron los efectos del acto reclamado en este asunto. En efecto, cuando la causal de improcedencia que se actualiza es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sustentan las anteriores consideraciones la jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, febrero de 1998, tomo VII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Asimismo la tesis 97, visible en la página 71, noviembre de 1997, tomo VI, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, por virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las diez horas con treinta minutos del día trece de julio de dos mil diecisiete. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Aarón Alberto Pereira Lizama, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, asistido del licenciado Marco Vinicio Alvarado Sanz, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Visto el contenido de la certificación secretarial con que se da cuenta y en mérito al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que el tercero interesado se imponga de las constancias que integran este expediente. A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las diez horas con treinta minutos del trece de julio de dos mil diecisiete, para su celebración. Por otra parte de los presentes autos se advierte que mediante diligencia de doce de junio del año en curso, se tuvo por emplazado al tercero interesado, ****, a través de su apoderado legal ****, y en uso de la voz señaló domicilio para oír y recibir notificaciones el inmueble ubicado en ****. En consecuencia con fundamento en el artículo 108 de la Ley de Amparo, se tiene al tercero interesado señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica.

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