Alberto Peregrina Ramos

Expediente 1002/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1002/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
15/02/2021

Partes del expediente

  • Alberto Peregrina Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    ...en cumplimiento a lo ordenado en auto de once de febrero de dos mil veintiuno, se tiene presente a través de la plataforma Webex, al perito oficial ********** designado en este asunto en materia de Valuación Inmobiliaria, a quien se le pide se identifique con documento oficial vigente, para tal efecto exhibe su credencial número ******* expedida en su favor por la Procuraduría General de la República, actualmente Fiscalía General de la República, la cual contiene una fotografía que concuerda con los rasgos fisonómicos del compareciente y de la cual el secretario da fe de tenerla a la vista, de la cual obra copia simple en autos. Persona de quien se omiten sus datos generales, por obrar en los autos que integran este juicio; y en este acto se le hacen saber las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad judicial. Entendido de lo anterior y después de ponerle a la vista los dictámenes presentados vía electrónica el diez y dieciséis de febrero actual, y en uso de la palabra el compareciente manifiesta que únicamente ratifica el segundo dictamen pericial, esto es, el exhibido el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, lo anterior pues que en el primero de los dictámenes presentados de manera involuntaria asentó un dato erróneo, por lo que en el segundo dictamen pericial corrigió el dato, de ahí que el segundo sea el que ratifica. Con lo que se da por concluida la presente diligencia, firmando electrónicamente la presente únicamente la Juez y el secretario que actúa.

  2. Principal

    I. Creación del expediente. Con la demanda de amparo a que se refiere la razón de cuenta que antecede, que promueve ****, por propio derecho, contra el acto atribuido al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos reconocidos en los artículos 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente y regístrese bajo el número ****/2020-I. II. Decisión sobre la procedencia de la demanda. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que ésta se examine y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Así, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla lo siguiente: "A. Retraso excesivo en la ejecución pronta, eficaz y completa del laudo de fecha veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral D-***/2015. B. La omisión de la aplicación de las medidas de apremio para lograr el cumplimiento del citado laudo, dentro del expediente D-****/2015. C. La abstención de ejecutar el laudo emitido el veintiséis de febrero del dos mil diecinueve, en el juicio laboral D-****/2015, promovido por el suscrito en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla." Lo anterior, dentro del expediente D-****/2015 del índice de la Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Cabe destacar que para las consideraciones no previstas en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, como lo son aspectos relativos a la dilación de los asuntos de su competencia, se tomaran como base las consideraciones que para ello ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en base a la Ley Federal del Trabajo, por ser ésta la supletoria la citada ley burocrática, de conformidad con su artículo 11 que establece: "Artículo 11. En todos los puntos no previstos en las instituciones que esta Ley establece, se aplicarán supletoriamente, en cuanto no contraríen sus disposiciones, la Ley Federal del Trabajo; en su defecto la costumbre o el uso y a falta de ellas, los principios generales del derecho y la equidad." Ahora bien, cabe señalar que, conforme a lo expuesto en la resolución de nueve de enero de dos mil diecinueve, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, debe observarse que el legislador federal ya estableció en el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, un lapso preciso (cuarenta y cinco días naturales) para que el Juntas oficiosamente provea lo necesario a fin de que el juicio continúe con su trámite, bajo la condición de que si no se activa éste por la parte actora, la sanción procesal será la caducidad; periodo que evidentemente tiene el propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, y resulta un referente útil, por identidad de razones, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduce en una paralización del procedimiento... En ese sentido, de un contraste entre lo antes expuesto y lo reclamado por la parte quejosa, no se advierte que exista una abierta o excesiva dilación procesal, ya que de la demanda que se acuerda, se observa que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que el once de marzo de dos mil veinte, el Tribunal responsable desahogó la audiencia de liquidación de laudo, en el expediente D-****/2020 del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, en la cual reservó el dictado de la interlocutoria respectiva; aseveración que apoyó con la copia simple que adjuntó a su demanda de amparo, respecto de la diligencia de desahogo de la referida audiencia de liquidación de laudo, celebrada el once de marzo de dos mil veinte, dentro del citado conflicto laboral. Por tanto, entre el lapso de la fecha en que se reservó el dictado del laudo correspondiente y la presentación de su demanda de amparo (once de noviembre de dos mil veinte), han transcurrido doscientos seis días naturales, sin embargo, constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo que con motivo del Fenómeno de Salud Pública Derivado del Virus COVID-19; que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, suspendió labores, -además de conformidad con el ACUERDO del Ejecutivo del Estado, por el que determina como actividad esencial las labores de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, las Juntas Especiales que la integran, así como del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, y su reincorporación a las actividades laborales presenciales, propias de su competencia, publicado el dos de octubre de este año, en el Periódico Oficial del Estado- se puede advertir que dicha suspensión se dio a partir del veintitrés de marzo de dos mil veinte hasta el cinco de octubre siguiente, sin correr términos legales en los procedimientos laborales de carácter individual. Entonces, desde la fecha en la que la quejosa refirió se reservó el dictado del laudo en cuestión, a la fecha en la que el Tribunal responsable reanudó labores han transcurrido treinta y seis días, y por ello, se concluye que no existe abierta o excesiva dilación, en el trámite del juicio de origen que implique su paralización, pues a criterio de esta autoridad federal no se verifica dicha hipótesis (abierta o excesiva dilación), por tratarse de un lapso de retardo que no deja sin defensa a la parte quejosa, dado que no se trata de una afectación autónoma al juicio natural, pues lo anterior responde a una circunstancia social que ha afectado la manera en la que las instituciones de gobierno trabajaban, a raíz de las medidas sanitarias -como lo son el distanciamiento y aislamiento social- para contrarrestar los brotes pandémicos derivados del Virus COVID-19; no obstante a eso, en caso de que dicha omisión persiste, continuará corriendo el plazo en comento (cuarenta y cinco días naturales) a efecto de pueda actualizarse la abierta o excesiva dilación. De ahí que se estima que la demanda de amparo origen de este juicio, es notoriamente improcedente contra el señalado acto (dilación u omisión procesal), al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte " Los numerales transcritos, interpretados conjuntamente, establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente contra actos emitidos durante el juicio que tengan sobre las personas o cosas, una ejecución de imposible reparación. De igual manera, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente un "acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, es aquel que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia definitiva favorable a su interés. Por lo que, con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el contenido del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, advirtió que el legislador dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, consistente en "que afecten materialmente derechos", equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo señalado implica -de una interpretación en sentido contrario-, que de no tener esa característica el acto reclamado, no puede ser combatido a través de juicio biinstancial; lo que ocurre en el caso concreto; de manera que, si un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un juicio, aun cuando alegue violaciones a los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8° constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del juicio en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Así, dicha Sala concluyó que tratándose de procedimientos procesales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca el asunto resuelva sobre la pretensión sometida a su consideración, por lo que es obligación del promovente sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que por regla general, no sea procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Por lo que, el criterio general es que la demanda de amparo que se promueva contra actos de naturaleza omisiva es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. De lo que se concluye que, el acto reclamado no trae como consecuencia una ejecución irreparable, que es contra los actos respecto de los que procede el juicio de amparo biinstancial, ya que no implica una afectación directa y material a sus derechos fundamentales que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se trata de una abierta o excesiva dilación. Sostener un criterio contrario, propiciaría la promoción de diversos juicios de amparo, haciendo nugatorio las reglas de procedencia que consagra el artículo 107 de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir que el acto reclamado es de imposible reparación para hacer procedente la acción constitucional. Además, esta determinación obedece a la prontitud y expedites que impone el artículo 17 Constitucional, pues aun cuando se llegara a admitir la demanda y se tramitara el presente juicio, no podrían dejarse de observar las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, al no tener el acto (dilación u omisión procesal) que hoy se reclama la naturaleza de irreparable, debido a que no se actualiza una abierta o excesiva dilación; con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción V, éste interpretado a contrario sentido y 113, de la misma Ley, se desecha de plano la demanda de amparo origen de este juicio, por su manifiesta e indudable improcedencia. III. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señaló en la demanda, y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que mencionó, puesto que el presente asunto deviene de un conflicto laboral en el cual la parte quejosa tiene el carácter de parte actora. IV. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los Actuarios Judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. V. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, así como 3 fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se comisiona al secretario que integre la presente en el expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 2, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se ordena al Secretario, a los Oficiales Administrativos correspondientes de mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a su debida integración del expediente impreso a más tardar el quince de octubre de dos mil veinte. En el entendido que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las cuáles son: Copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan; copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Sin embargo, es criterio de esta juzgadora que se digitalicen las pruebas, poderes, valores, garantías diversas, así como las constancias que sirvan de justificación al acto reclamado remitidas por las autoridades responsables, para el efecto de una debida integración del expediente electrónico. VI. Protección de datos personales. Por último, en atención a lo dispuesto en los artículos 9°, 11, fracción VI, 113, fracciones I y III, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; hágase saber a las partes que los datos considerados como confidenciales habrán de salvaguardarse en cualquier caso, a efecto de evitar su publicidad.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ya obran los acuses de notificación de la sentencia dictada en el presente juicio y del proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, por el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión. En consecuencia, como está ordenado en el proveído antes citado, remítanse el escrito original de agravios y el presente juicio de amparo, previo cuaderno de antecedentes que se forme para tal efecto, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno, a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito, a fin de que lo turne al que deba substanciar el citado recurso.

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