Alberto Pech Cupul
Expediente 453/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 453/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Alberto Pech Cupul
Actuaciones
- Principal
Vistos, para resolver el juicio de amparo 1535/2021-VII, promovido por Marvin René Solís Campos contra el acto que reclaman del Presidente y Junta Especial Número Tres de la local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por violación a los artículos 1, 14, 16, 17 y 123 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el treinta de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, Marvin René Solís Campos solicitó el amparo contra actos del Presidente y Junta Especial Número Tres de la local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Segundo. Admisión de demanda. Por auto de uno de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo y se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se emplazó a la parte tercero interesada, se dio la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en el caso se reclama un acto cuya ejecución se realizó dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo aplicable, resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, pues constituye un todo, con la finalidad de fijar lo que el quejoso quiso decir y no únicamente el que en apariencia señaló como tal. Así, de constancias se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables Presidente y Junta Especial Número Tres de la local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, la resolución de fecha tres de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el juicio laboral 460/2013, mediante el cual se resolvió el recurso de revisión interpuesto por la tercero interesada Gas Tomza de Yucatán, Sociedad Anónima de Capital Variable. Tercero. Acto existente. Al rendir su informe justificado el Presidente y la Junta Especial Número Cuatro de la local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, autoridades señaladas como responsables, aceptaron la existencia del acto reclamado, por lo que se tiene por cierto. Cuarto. Estudio de fondo. Los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, son fundados pero inoperantes en una parte, e inoperantes en la otra. Primeramente cabe precisar que la quejosa se duele, de la resolución del tres de agosto de dos mil veintiuno, dictada en cumplimiento al diverso juicio de amparo 311/2020 del índice de este juzgado, constancias que serán tomadas en consideración en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el cual se concedió para los siguientes efectos: "...Dejar insubsistente la resolución de veintitrés de enero de dos mil veinte, dictada por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán en el juicio reclamatorio laboral número 460/2013, relativa al recurso de revisión, hecho valer respecto de la determinación de diez de febrero de dos mil diecisiete. Hecho lo anterior, emita una nueva resolución, en la que prescinda del razonamiento de que el convenio que fue sometido a su consideración por las partes contendientes no tiene validez por el sólo hecho de que no se celebró ante su presencia y no fue ratificado por el trabajador cuando se le citó para ese efecto; y con libertad de jurisdicción analice las pruebas periciales caligráficas y grafoscópicas que se desahogaron para determinar si la firma que obra en el convenio fue imprimida por Marvin Rene Solís Cámpos y sólo para el efecto de que determine que sí fueron puestas por él, entonces sancione el convenio determinando si lo aprueba o desaprueba conforme a los derechos y obligaciones pactadas por el trabajador actor..." Con motivo de la concesión del amparo, la Junta responsable dictó una nueva resolución en la que declaró procedente el recurso de revisión interpuesto por la demandada, ahora tercera interesada, declarando válido el convenio de fecha veintidós de marzo de dos mil dieciséis, pues independientemente de que no se celebró ante la autoridad ni ratificado por el quejoso, ello no le resta validez al mismo, lo que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. Ahora bien, la parte quejosa alega en sus conceptos de violación, lo siguiente: Que la responsable se limitó a reseñar las pruebas periciales en materia de documentoscopía, caligráfica, grafoscópica, grafológica y grafométrica propuesta por la parte demandada Gas Tomza de Yucatán Sociedad Anónima de Capital Variable y por lo que toca a la parte actora Marvin René Solís Campos, hoy quejoso, en materia de caligráfica, grafoscópica, grafométrica y documentoscopía, sin fundar ni motivar el valor que les otorgó; no obstante que son deficientes y carentes de fundamentos técnicos necesarios que apoyen sus conclusiones; además que la perito oficial María Antonia Domínguez Palma no dio contestación a todos y cada una de las interrogantes que le fueron formuladas por la aquí quejosa, de ahí que no puede producir efectos legales. Que la responsable actuó indebidamente al ordenar la sustanciación de un procedimientos de convalidación de un convenio ante su fe o ante la Junta, no establecido en la ley, pues no fue revisado, ni suscrito y mucho menos avalado o sancionado por la autoridad laboral, lo que causa agravio a sus derechos al no cumplirse las formalidades procesales esenciales. Sintetizados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, como se adelantó el primero de ellos resulta fundado pero inoperante, y el segundo, resulta inoperante. Lo anterior es así, toda vez que si bien resulta fundado que la responsable en la resolución reclamada sólo relacionó las pruebas ofrecidas, en especial las periciales desahogadas por los peritos de las partes, sin señalar los motivos por los cuales les otorgó valor probatorio, no menos cierto es que en ambos dictámenes se describieron los documentos, estudios técnicos y métodos utilizados, la comparación de las firmas dubitadas e indubitadas, siendo coincidentes al determinar que las firmas cuestionadas sí fueron puestas del puño y letra de Marvin René Solís Campos. De ahí que la resolución impugnada no resulta ilegal, pues al advertir la Junta responsable que los únicos peritos que rindieron dictamen, el que le fue asignado al ahora quejoso y el propuesto por la empresa demandada, expusieron ampliamente los métodos científicos que utilizaron para llegar a la conclusión de que las firmas dubitadas fueron puestas por el trabajador, ello bastaba para concederles pleno valor probatorio, así ante la objetividad y coincidencia a la que arribaron los peritos no tenía necesidad de confrontarlos o de hacer un análisis mayor para concluir en la forma en que lo hizo. Sin embargo, es inoperante el argumento del quejoso cuando refiere que la perito María Antonia Domínguez Palma sólo dio contestación a uno de los cuestionarios propuestos, es decir al que corresponde al escrito de presentación y exhibición del convenio del veintidós de marzo de dos mil dieciséis, toda vez que del contenido íntegro de su dictamen se advierte que hace referencia en la descripción de los documentos de lo siguiente: "1 al 5. Firmas que se encuentran al margen derecho de la primera hoja, y al calce parte media bajo el texto impreso que dice "ELTRABAJADOR" en la quinta hoja, respectivamente, del documento consistente en un convenio celebrado por el C. Marvin René Solís Campos y "GAS TOMZA DE YUCATÁN S.A. DE C.V." fechado en esta Ciudad, el 22 de marzo de del año 2016, cuyo original se encuentra anexo al expediente laboral 460/2013 (DUBITADAS)..." Lo que resulta cierto, pues efectivamente el convenio en comento consta de cinco fojas, siendo que en la primera hoja y al calce parte media debajo del texto que se refiere al trabajador y arriba del nombre "Marvín René Solís Campos" en la quinta foja, obran las firmas que refiere fueron objeto de análisis y comparación con las firmas indubitadas. Así, contrario a lo que afirma el quejoso, si bien no fue contestado el cuestionario relativo al convenio, cierto es que en la foja cuatro de su dictamen la perito señaló que examinadas las firmas dubitadas que se encuentran en los documentos descritos en los apartados del a1 al 5, respectivamente, y comparadas con las indubitadas descritas en los apartados 6 al 14, de Marvín René Solís Campos denotan una estructura gráfica común, así como sus rasgos y trazos semejantes entre sí, indicando un mismo origen, lo que trae como consecuencia la plena voluntad del actor de celebrar el convenio. Como consecuencia de lo anterior procedió a cuantificar las cantidades pagadas al actor en el convenio de veintidós de marzo de dos mil dieciséis, con las cantidades condenadas en el laudo de veinte de marzo de dos mil quince, es decir todos sus salarios, prestaciones e intereses generados al momento del pago, determinado que no hay diferencia alguna que cubrir y no existe renuncia de derechos, por lo que aprobó el convenio o liquidación del trabajador , en términos de los dispuesto en los artículos 987, en relación al 33 de la Ley Federal del Trabajo. Además, no debe perderse de vista que la prueba pericial es un auxiliar en la administración de justicia y que en el caso que nos ocupa generó convicción a la responsable al coincidir ambos dictámenes en un mismo resultado, llevándolo a omitir argumentos para restarle valor a uno de ellos, máxime que los expertos como ya se dijo, señalaron a través de los métodos que utilizaron que la confrontación de las características de los trazos de las firmas dubitadas e indubitadas son coincidentes entre sí. De ahí, que resulte fundado pero inoperantes su concepto de violación. Por otra parte, en atención al último de los conceptos de violación, el propio resulta inoperante. En efecto, resulta inoperante la alegación de la parte quejosa, toda vez que las cuestiones relacionadas con la sustanciación del procedimiento de convalidación del convenio de pago de fecha veintidós de marzo de dos mil dieciséis, fueron materia de estudio en el diverso juicio constitucional 311/2020 del índice de este órgano jurisdiccional. En efecto, tal como quedó establecido en párrafos precedentes, mediante resolución firmada el nueve de marzo de dos mil veintiuno, pronunciada en el referido juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte actora en autos del juicio de origen, aquí tercero interesada, para los efectos ya establecidos. Ello, pues en la resolución en cita se alcanzaron, en lo que interesa, las siguientes determinaciones: La junta no debió negar validez al convenio presentado en juicio por el apoderado de la empresa Gas Tomza de Yucatán Sociedad Anónima de Capital Variable, por la sola razón de que no se celebró ante su presencia, pues el acto de la ratificación sólo implica hacer una revisión de la voluntad plasmada por el trabajador en el convenio a fin de dilucidar que no haya sido viciada o menoscabada, sin que la falta de ratificación de su firma implique también por ello desconocer de manera absoluta el otorgamiento de su voluntad, pues para ello existen mecanismos de prueba que pueden llevar a la junta a determinar si efectivamente el trabajador imprimió su firma en el contrato y con base en ello determinar que sí fue plasmada su voluntad. Luego entonces, en aras de resolver a verdad sabida y buena fe guardada, debió analizar las pruebas que rindieron las partes para resolver si la firma que obra en el convenio fue puesta de puño y letra del ahora quejoso, y una vez resuelto lo anterior, calificar el convenio a fin de determinar si al celebrarlo el trabajador renunció a sus derechos o si le pagaron las cantidades de dinero que no eran las que fueron determinadas en el laudo con el cual se resolvió el conflicto. De lo anterior, se advierte que lo esgrimido por la parte impetrante del amparo en el concepto de violación en estudio, se encuentra dirigido a combatir las cuestiones que fueron materia de estudio en la ejecutoria pronunciada en el diverso juicio constitucional 311/2020. Ello, pues esencialmente, se duele que el Presidente de la Junta responsable, al convalidar el convenio de pago de fecha veintidós de marzo de dos mil dieciséis, viola sus derechos laborales, al no cumplirse las formalidades del procedimiento, lo que conlleva su ilegalidad, al no ser suscrito, avalado o sancionado por la autoridad laboral en funciones. Sin embargo, la cuestión planteada en el concepto de violación de mérito, esto es, el procedimiento de validación del convenio por no haber sido suscrito ante la fe del Presidente o la Junta, constituyó la materia de análisis en el referido juicio constitucional. Pues este Juzgado Federal determinó que fue incorrecto el proceder de la Junta responsable al descalificar el convenio en comento por la única razón de que no se otorgó ante su presencia, pues con ello desconoció la libertad que otorga la ley federal del trabajo a la partes para terminar la controversia de manera privada. De ahí que la concesión del amparo fue para el efecto de que se dejara insubsistente la resolución reclamada, y se dictara otra, en la que debió analizar las pruebas que rindieron las partes para resolver si la firma que obra en el convenio fue puesta de puño y letra del ahora quejoso, y una vez resuelto lo anterior, calificar el convenio a fin de determinar si al celebrarlo el trabajador renunció a sus derechos o si le pagaron las cantidades de dinero que no eran las que fueron determinadas en el laudo con el cual se resolvió el conflicto. En ese sentido, atento a la técnica del amparo, las decisiones pronunciadas no pueden ser nuevamente cuestionadas ni modificadas, dada la firmeza de las sentencias dictadas por la potestad federal. Apoya la anterior consideración, la tesis del Primero Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, localizable en la página ochocientos ocho, Tomo XVII, febrero de dos mil tres, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 184935, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, SI EN ELLOS SE COMBATEN CUESTIONES ANALIZADAS EN UNA EJECUTORIA DE AMPARO ANTERIOR. Si en los conceptos de violación que se hacen valer en un juicio constitucional promovido en contra de la resolución dictada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, se combaten cuestiones que ya fueron analizadas en ésta, los argumentos formulados en la nueva demanda de garantías resultan inoperantes, pues la decisión pronunciada no puede ser cuestionada ni modificada en atención a la firmeza de las sentencias dictadas por la potestad federal al conocer de los juicios de amparo". Así como la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la página mil cuatrocientos diecinueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, junio de dos mil cuatro, Novena Época, registro 181368, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE COMBATEN UNA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO, Y REITERAN CUESTIONES SOBRE LAS QUE YA EXISTE PRONUNCIAMIENTO. Cuando en una ejecutoria se concede el amparo para efectos y se deja insubsistente la resolución reclamada, la autoridad responsable, al momento de cumplirla, no debe concretarse únicamente a formular consideraciones y resolver sobre el punto que dio lugar a la concesión del amparo, sino que debe abarcar todos los aspectos de las cuestiones planteadas en la litis, pues el hecho de haber dejado insubsistente la anterior determinación equivale a que no se hubiera pronunciado, sin que ello resulte óbice para que pueda repetir las argumentaciones que previamente sirvieron de fundamento a cuestiones sobre las que no se ocupó el fallo protector; por tanto, si los conceptos de violación que se enderezan en contra de la resolución pronunciada en acatamiento de la ejecutoria de amparo se encaminan a combatir cuestiones que ya fueron materia de análisis en la ejecutoria, tales argumentos son inoperantes porque la decisión pronunciada no puede ser cuestionada ni modificada, dada la firmeza de las sentencias dictadas por la potestad federal." Bajo esa tesitura, al haber resultado inoperantes los conceptos de violación hechos valer por el inconforme; lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se Resuelve: Primero. La justicia de la unión no ampara ni protege a Marvin René Solís Campos contra el acto que reclaman del Presidente y Junta Especial Número Tres de la local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, hasta el día de hoy once de marzo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta que inmediatamente antecede y toda vez que hasta el día de hoy, las autoridades responsables con residencia en la Ciudad de México, no han rendido sus informes previos, ni obran en autos las boletas acuse de recibo relativas a los oficios 31988/2021 al 31992/2021, a través de los cuales se les solicitó el mismo; por tanto, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintidós, a fin de dar oportunidad a las citadas autoridades responsables de rendir su informe previo, toda vez que tienen su domicilio fuera de la residencia de este juzgado. Sin que el presente acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, dado que no se considera de trascendencia, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
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